Hasta ahora no hay entidad estatal en Chuquisaca que haga públicos los resultados de los exámenes de laboratorio al agua del río Pilcomayo que se mandaron a realizar tras el sifonamiento del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol de Potosí.
El «desastre ambiental» se registró el 4 de julio, cuando se vertieron al río Canutillos unos 10.000 metros cúbicos de agua y 11.000 metros cúbicos de colas o lodo, con metales pesados; empero, ese material contaminante recorrió de cuatro a cinco kilómetros de los 28 kilómetros que hay hasta llegar al río Pilcomayo. Dos días después, la empresa minera comenzó a retirar el lodo para que el mismo no fuera arrastrado en la temporada de lluvia.
Tras conocerse el accdiente, las secretarías de Medio Ambiente de las Gobernaciones de Potosí, Chuquisaca y Tarija, además de los servicios departamentales de salud y los ministerios de Minería y Medio Ambiente, anunciaron análisis de laboratorio para determinar el grado de contaminación de las aguas del Pilcomayo, pero a casi dos meses de haberse registrado el hecho, no hay ninguna información al respecto.
La Policía y el Órgano Judicial son las dos instituciones más denunciadas en 2013 por vulnerar derechos humanos en el país, de acuerdo con el Informe sobre las Denuncias por Vulneración de Derechos Humanos Recibidos y Gestionados por la Defensoría del Pueblo.
El responsable de la Unidad de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Regional de Villamontes del departamento de Tarija, Erick Araos, informó que se convocó para los días 28 al 30 de agosto a una cumbre nacional para analizar la situación del río Pilcomayo.
Las comunidades originarias de Realenga, Toraca Alta y Toraca pertenecientes a la provincia Pantaleon Dalence del departamento de Oruro – Bolivia, reunidos en una asamblea el 2 de julio del presente, resolvieron de manera unánime, en defensa de su vocación agro ganadera y su derecho a la libre determinación, no permitir ningún tipo de instalación de ingenios mineros en sus terrenos, por ser una amenaza directa a la calidad de vida, ya que implica la contaminación del medio ambiente, el agua y los suelos por agentes químicos.
El reciente hecho de contaminación ocurrido en uno de los afluentes al río Pilcomayo desnudó la falta de control a la actividad minera en el país y los vacíos legales que hay a la hora del cuidado del medio ambiente.
Los comunarios de la sub Cuenca Poopó piden se aplique un análisis médico a nivel internacional para verificar si la contaminación de minerales pesados en las aguas provoca cáncer de vísceras en seres humanos, señaló.
Mario Cano Cruz, representante legal del ingenio minero Santiago Apóstol, fue aprehendido ayer en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de Betanzos.
Comercializadores de pescado de la ciudad de Tarija se movilizaron este martes por la contaminación del río Pilcomayo, tras el colapso del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol de Potosí que botó los desechos químicos a ese afluente.
En Oruro, la Fiscalía del Distrito imputó formalmente a los responsables de la empresa minera Inti Raymi por delitos contra la salud pública a raíz de la contaminación de aguas con minerales pesados como el plomo.