Las comunidades originarias de Realenga, Toraca Alta y Toraca pertenecientes a la provincia Pantaleon Dalence del departamento de Oruro – Bolivia, reunidos en una asamblea el 2 de julio del presente, resolvieron de manera unánime, en defensa de su vocación agro ganadera y su derecho a la libre determinación, no permitir ningún tipo de instalación de ingenios mineros en sus terrenos, por ser una amenaza directa a la calidad de vida, ya que implica la contaminación del medio ambiente, el agua y los suelos por agentes químicos.
Luego de tener la experiencia de atravesar problemas de contaminación debido a la empresa Huanuni y la contaminación del rio Huanuni, que arrastra la contaminación por sus tierras y debido a la falta de responsabilidad en mitigación ambiental, diques de cola y licencias ambientales en el país, sienten como una gran amenaza a sus derechos, su producción y su vida, el intento de instalación de una fundición de zinc en sus terrenos.
Además denuncian que este intento de instalación del ingenio está acompañado por el apoderamiento de sus terrenos de parte de la comunidad Sora Sora, quienes atribuyéndose el derecho propietario intentan ceder estos terrenos como suyos para dicha instalación.
El reciente hecho de contaminación ocurrido en uno de los afluentes al río Pilcomayo desnudó la falta de control a la actividad minera en el país y los vacíos legales que hay a la hora del cuidado del medio ambiente.
Los comunarios de la sub Cuenca Poopó piden se aplique un análisis médico a nivel internacional para verificar si la contaminación de minerales pesados en las aguas provoca cáncer de vísceras en seres humanos, señaló.
Mario Cano Cruz, representante legal del ingenio minero Santiago Apóstol, fue aprehendido ayer en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de Betanzos.
La Gobernación de Potosí, en febrero de este año, fue advertida y ya conocía el riesgo de una ruptura del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol, de acuerdo con un informe presentado por el Ministerio Público.
Comercializadores de pescado de la ciudad de Tarija se movilizaron este martes por la contaminación del río Pilcomayo, tras el colapso del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol de Potosí que botó los desechos químicos a ese afluente.
En Oruro, la Fiscalía del Distrito imputó formalmente a los responsables de la empresa minera Inti Raymi por delitos contra la salud pública a raíz de la contaminación de aguas con minerales pesados como el plomo.
La Alcaldía del municipio potosino de Puna emitió la Ley 015/2014 que prohíbe los asentamientos mineros y toda actividad que genere contaminación en el agua de las lagunas que sirven para el riego de la producción agrícola de la región, reportó radio Aclo de la Red ERBOL.
La Gobernación de Potosí anunció ayer que ya se tomó la decisión de clausurar de forma definitiva las operaciones de la empresa Minera Santiago Apóstol, con asiento en la localidad de Canutillos, en el municipio de Tacobamba. 
La contaminación del río Pilcomayo, provocado por el «sifonamiento» de una de las «bóvedas» de la empresa minera Santiago Apóstol en Potosí, podría provocar en la población que vive en sus riberas el aborto espontáneo, afecciones gastrointestinales, cáncer, malformaciones congénitas y retardo mental en los niños, advirtió el director departamental de salud de la Gobernación de Chuquisaca, Martín Maturano.