Para responder a esta pregunta el gobierno y Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) deben hacer públicos los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) de la extracción de salmueras, las piscinas de evaporación y las plantas industriales de cloruro de potasio y carbonato de litio.

Actualmente las plantas industriales de Cloruro de Potasio y Carbonato de Litio del salar de Uyuni cuentan con Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA). Sin embargo, sus EEIAs no son de acceso al público y las universidades. No sabemos que comprenden estos EEIAs, cómo se realizaron ni cuales fueron los escenarios que consideraron.

No es posible equiparar automáticamente los impactos ambientales del salar de Atacama u otro lago de sal, al salar de Uyuni. Cada uno de estos salares es un ecosistema singular, con características singulares como niveles de precipitación fluvial, relación magnesio/litio[1], tasa de evaporación de la salmuera y otros (Tabla I). No podemos afirmar que las problemáticas ambientales y sociales en los salares chilenos y argentinos se reproducirán de manera automática en el salar de Uyuni, sin embargo, son un punto de referencia muy importante a tomar en cuenta.

La minería del litio, como cualquier actividad minera, inevitablemente contrae un impacto socio-ambiental. En términos generales, la extracción de litio sobre los lagos salados andinos – como ser el salar de Uyuni, salar de Atacama, salar del Hombre Muerto, entre otros – se traduce en el uso de químicos tóxicos, en la salinización del suelo y del agua, en la contaminación del aire, en la pérdida de biodiversidad y sobre todo en el desequilibrio del sistema hidrológico de la región[2].

Las experiencias de Chile y Argentina

El método convencional de extracción de litio sobre los lagos salados es por evaporación solar. La salmuera (agua salada) que se encuentra por debajo de la capa salina es bombeada a piscinas de evaporación donde, por la radicación solar, es evaporada en distintos pasos hasta concentrar el litio. Como se trata de salmuera, se argumenta que es agua no apta para consumo humano y por tanto no representa una amenaza al suministro de agua dulce. Sin embargo, lo que no se dice es que el consumo de agua dulce es significativo en el proceso de extracción y el procesamiento para obtener carbonato de litio, así como para el mantenimiento de los campamentos mineros, entre otras actividades mineras. Asimismo, este consumo de agua se realiza en una región caracterizada por un ecosistema árido (puna xerofítica), que posee precipitaciones que oscilan entre unos 50mm/año de lluvia en el salar de Atacama (Chile), 166mm/año en el salar de Uyuni (Bolivia)[3] y unos 300 mm/año en el salar del Hombre Muerto[4].

La extracción de salmuera repercute, en diferente medida, y dependiendo de las características de cada salar, en el balance del sistema hidrológico de estos ecosistemas. Puesto que el consumo de agua por la actividad minera del litio está, por lo general, por encima de la capacidad de recarga de la capa freática (agua subterránea)[5]. En el caso chileno, por ejemplo, a SQM y Albemarle se les permite extraer del salar de Atacama hasta 1.700 y 442 litros por segundo (l/s) de salmuera y hasta 240 y 24 l/s de agua dulce respectivamente. Volúmenes de consumo mucho mayores a los de precipitación mencionado en el párrafo anterior. Este mismo patrón se observa en otros salares de la región. En Argentina, en los salares de Olaroz-Cauchari, la sociedad entre la LithiumAmericas, SQM y JEMS planea extraer 360 l/s de salmuera y 80 l/s de agua dulce, y OROCOBRE plantea extraer 240 l/s de salmuera y 20 l/s de agua dulce. En tanto que para el proyecto en el salar de Uyuni algunos estudios estiman que se requerirá unos 168 l/s de salmuera y 42 l/s de agua dulce[6].

Estos volúmenes de consumo agua se deben principalmente al método de extracción de litio por vía de la evaporación solar. Mediante este método, y dependiendo de la concentración de litio en la salmuera que varía de salar a salar (Tabla I), se requiere evaporar ingentes cantidades de agua. En el caso del salar de Atacama se estima que se necesita evaporar alrededor de 2 millones de litros de agua para obtener una tonelada de litio. Por cual, sin duda se puede afirmar que “la minería del litio en salares es una minería del agua.”[7]

Igualmente, la extracción de salmuera incide sobre los niveles de agua dulce subterránea en estas cuencas. En general, un salar es una cuenca donde quedo almacenada agua debajo de la capa salina y que está siendo alimentada por corrientes de agua subterránea. Estas corrientes generan entre la salmuera y la superficie capas de agua dulce que se retienen a los márgenes del salar. De modo que, el agua dulce, al ser más liviana que la salmuera, es descargada hacia la superficie mediante manantiales, vertientes y bofedales. Entonces, al extraer la salmuera para obtener litio no sólo se reduce los niveles de agua salobre, sino también los niveles de agua dulce subterráneas de la cuenca. Repercutiendo en última instancia en la disponibilidad de agua dulce en vertientes, manantiales y bofedales fuera de los bordes del salar, esenciales para la subsistencia de la fauna y flora local[8].

Otro elemento fundamental a señalar es que mucha del agua subterránea extraída se constituye de aguas fósiles; es decir, aguas milenarias que se captaron y almacenaron en condiciones climatológicas mucho más húmedas a las presentes y las cuales no lograrán ser recargadas con el nivel de precipitación actual[9]. Por tanto, una vez extraídas estas aguas fósiles dejaran de existir, alterando el balance de todo el sistema hidrológico de una manera aún no enteramente comprendido.

Impactos sociales en los países vecinos

Este escenario repercute directamente en el acceso del agua de las poblaciones locales – la mayoría de distintas etnias y naciones indígena – que viven alrededor de estos lagos salados. Al reducirse el volumen de agua en las vertientes naturales, se pone en riesgo el acceso al agua para el consumo humano, como también el acceso al agua para el ganado y para el sistema agrícola local. Lo que repercute tanto en la seguridad alimentaria y en el sustento económico local, como en la capacidad de estas comunidades de reproducir sus medios de vida. A esto hay que añadir el hecho de que muchas de estas actividades mineras fueron adjudicadas sin una consulta previa a las comunidades locales – de acuerdo a la norma 169 de la OIT que fue suscrito tanto por Argentina, Bolivia y Chile – o se llevaron a cabo de forma poco transparente. Situación que derivó en varios conflictos sociales entre comunidades y empresas mineras.

En el salar de Atacama en Chile, por ejemplo, existe una tensa y ambivalente relación entre las empresas mineras (SQM y Albemarle) y las comunidades. Relación que se procura salvaguardar mediante el discurso de “responsabilidad social empresarial” y la firma de convenios para otorgar mínimas regalías – 3% en el caso de Albemarle con el Concejo Pueblos Atacameños que aglutina 18 comunidades – a cambio de la extracción de sus recursos y deterioro ambiental de sus territorios. No obstante, estos convenios no están exentos de controversias y denuncias, llegando incluso a escalar en importantes tensiones y enfrentamientos, como es el caso de SQM con la comunidad de Tocanao[10].

De la misma manera, en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en Argentina, desde que la empresa australiana OROCOBRE y la francesa Bolloré comenzaron a realizar actividades de exploración sin previo consentimiento de los pobladores locales, existen tensas relaciones entre las empresas y las comunidades. Lo que derivó en la conformación de la “Mesa de las 33 Comunidades de la cuenca de las Salinas Grandes y la Laguna Guayatayoc”, colectivo conformada de manera mancomunal para asumir la defensa de la cuenca, de su territorio y de su derecho a consulta previa[11]. Recientemente estas comunidades lograron frenar y expulsar a las empresas Ekekos SA y AIS Resources Limited que pretendía iniciar nuevamente actividades de exploración minera en esta cuenca.[12]

Por otro lado, si bien en los salares de Olaroz-Cauchari no hubo tanto conflictos como en Salinas Grandes, existen una ambigua relación entre la empresa Sales de Jujuy[13]con las comunidades agro-pastoriles que habitan alrededor de ese salar. Si bien muchos líderes comunales apoyan y colaboran con la actividad minera, recientemente se conformó el colectivo “La Apacheta de Susques” que rechaza el asentamiento de empresas mineras en su territorio. Este colectivo manifiesta que la actividad minera del litio afecta directamente su actividad agropastoril debido al secamiento de los humedales, bofedales y ojos de agua del cual depende su ganado. Existen igualmente denuncia sobre procesos fraudulentos de consulta previa en estas comunidades, realizándose a puerta cerrada y con miembros de la comunidad afines al gobierno y a la empresa minera, para lograr  “consentimientos aparentes.”[14]

Falta de transparencia en el caso de Bolivia

El caso boliviano es sin duda particular en todo el “triángulo del litio” sudamericano, ya que se trata de un proyecto estatal con miras no sólo a la explotación, sino también a industrializar el recurso. No obstante, es importante resaltar una vez más que toda actividad minera de litio sobre los salares andinos, indiferentemente de que sea un proyecto estatal o del sector privado, posee un impacto socio-ambiental importante.

Uno esperaría que por el hecho de ser un proyecto fundamentalmente estatal hubiera mucha más transparencia que en otros casos donde sólo prima el lucro privado, sin embargo, la situación no es tal. Muchas interrogantes no han sido esclarecidas: ¿Cuál será el grado de contaminación de los residuos mineros derivado de las piscinas de evaporación por medio de la línea de los sulfatos? ¿Cómo será afectada la cuenca del Río Grande, el único afluente del salar, y las aguas subterráneas – la misma que ya son explotadas por la Mina San Cristóbal[15]? ¿Cuál será la proporción de aguas fósiles que se usará para todo el proyecto? y ¿Cuál será el impacto de la reducción de la capa freática y el acceso al agua en los manantiales y bofedales sobre la fauna y flora especifica que habita alrededor del salar de Uyuni?

Y tampoco existe transparencia en relación a los impactos sociales: ¿existió una consulta previa, libre e informada a todas las comunidades que serán directa e indirectamente afectados por este proyecto minero de litio? ¿cuál será el impacto en la actividad económica local de estas comunidades, por ejemplo, en la producción de quinua, en la ganadería y el turismo, una vez que se comience a bombear en grandes cantidades la salmuera y afectar la capa freática y el suministro de agua?

[1] La relación magnesio/litio se refiere a la “calidad de la salmuera”, ya que el magnesio se considera como una impureza en el proceso de obtención del litio. Así, mientras más concentración de magnesio en relación a cada parte de litio más impuro se considera la salmuera, y por lo mismo encarece la recuperación del litio.

[2] https://www.wired.co.uk/article/lithium-batteries-environment-impact

[3] Anlauf, A. 2015. ¿Secar la tierra para sacar litio? Conflictos socio-ambientales en la minería del litio. En: ABC del litio Sudamericano. Soberanía, ambiente, tecnología e industria. Nacif, F. y Lacabana, M. (coord.), Universidad Nacional de Quilmes, 1ª ed., Buenos Aires, p. 172.

[4] https://www.mets2018.eu/files/4315/2465/8926/Day2_W2_03_Daniel_
Ricardo_Blasco_presentation.pdf

[5] En términos generales, se estima que debajo de 100mm/año de precipitación es insuficiente para recargar los acuíferos y generar escurrimiento superficial; mientras que con precipitaciones entre 100 y 200 mm/año la recarga de acuíferos subterráneos y el escurrimiento superficial es débil y ocasional. Véase: Molina, J. (2007). Agua y recursos hídricos en el sudoeste de Potosí. FOMADE/CGIAB, La Paz, p. 23.

[6] Anlauf, A. 2015. Ob. Cit. p. 176-178.

[7] Gallardo, S. 2011. Extracción de litio en el norte argentino. La fiebre comienza. En: Exacta Mente. No 48. Pp. 26-29. Disponible en: http://www.fcen.uba.ar/fotovideo/EXm/NotasEXm48/exm48litio.pdf

[8] Gallardo, S. 2011. Extracción de litio en el norte argentino. La fiebre comienza. En: Exacta Mente. No 48. Pp. 26-29. Disponible en: http://www.fcen.uba.ar/fotovideo/EXm/NotasEXm48/exm48litio.pdf

[9] Anlauf, A. 2015. Ob. cit. p. 174.

[10] Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL. 2018. Impacto socioambientales de la extracción de litio en las cuencas de los salares alto andinos del Cono Sur. Santiago de Chile. pp. 26–28. Disponible en: https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2018/08/Impacto-Sociambiental-Litio.pdf

[11] OCMAL. Ob. cit. p 37-41.

[12] https://estadodealerta.com.ar/comunidades-kollas-expulsaron-a-mineras-de-litio-de-las-salinas-grandes-jujenas/

[13] Empresa conformada por la australiana OROCOBRE (72.68%), la japonesa Toyota Tsucho (27.32%) y la minera estatal-provincial de Jujuy la JEMSE (8.5%) Véase: https://salesdejujuy.com/about-us/

[14] OCMAL. Ob. cit. pp. 34-35.

[15] Empresa minera que se dedica a extraer zinc, plomo y plata y que por sí sola consume 39.000m3/día de agua. Véase: https://de.slideshare.net/Oxigenobolivia1/informe-agua-nittetsu-s-umitomo-corporation

Fuente:https://latinvestment.org/2019/07/02/cuales-seran-los-impactos-socio-ambientales-de-la-explotacion-del-litio-en-el-salar-de-uyuni/?fbclid=IwAR0Nd6K9Z0IqVcvK2tKFjrQsOi2Mb6kU406KWW_3nOe8nxOnjZ2eC7C-tWY

La herencia de la minería, de por los menos 200 años, ha dejado rasgos visibles de afectación a la naturaleza, por ejemplo, en los ríos del departamento de Tarija, donde los ríos presentan elevados niveles de arsénico y plomo. No es un caso distinto en las lagunas de Milluni de La Paz, donde también se puede observar grandes niveles de mercurio y arsénico.

La Oficina Técnica Nacional de Bolivia encontró 1.800 puntos de contaminación en un río, donde el caudal lleva los residuos por decenas de hectáreas de tierra fértil hasta cruzar la frontera en el sur del país.

Fuente:https://www.atb.com.bo/seccion/sociedad/expediente-agua-contaminaci%C3%B3n-de-los-r%C3%ADos-el-resultado-de-200-a%C3%B1os-de-miner%C3%ADa

Diversas empresas mineras están contaminando las represas Incachaca y Milluni, que proveen el agua que consumen las ciudades de La Paz y El Alto, según estudios especializados realizados recientemente.

Ello implica que metales pesados llegan al agua que consumen los paceños y alteños, causando problemas que pueden ir desde ocasionar enfermedades como el cáncer o problemas gástricos, hasta dolores de cabeza y otros. Se vierten en las aguas minerales como arsénico, mercurio, cadmio y plomo, que ocasionan enfermedades.

En el caso del arsénico, que es altamente nocivo, el país permite su presencia de hasta 100 microgramos por litro, es decir 10 veces lo recomendado por la OMS. Este es un récord mundial de autorización de la presencia de un metal tan tóxico para la vida de las personas y los animales.

Las actividades mineras que se desarrollan en las cercanías de las represas Incachaca y Milluni, muchas de ellas de tipo cooperativizado (es decir “informal”), son difíciles de controlar y de hecho incumplen las normas del tratamiento de agua. El gobierno les ha permitido actividades a las cooperativas mineras en todo el país.

Pablo Villegas, responsable de investigación del CEDIB, explicó a Brújula Digital que las represas que proveen agua potable a La Paz y El Alto están dentro de una “franja minera activa”.

En la represa de Incachaca, por ejemplo, el cerro está lleno de socavones. “Hay un gran movimiento, el cerro está lleno de socavones, no es una pequeña empresa sino varias, se ven palas, volquetas, maquinaria y en el lecho mismo de la represa tienen sus depósitos de combustibles y parqueos”, expresó Villegas.

Cuando el CEDIB denunció este problema, Villegas contó que el Ministerio de Minerías respondió que las empresas no procesan el mineral en la represa de Incachaca y que se lo llevan a otra parte. “Eso muestra una ignorancia impresionante respecto a las fuentes de contaminación del agua porque no necesitan procesar ahí para contaminar las aguas, porque que la lluvia se encarga de llevar la carga minera (el movimiento de tierras) a la represa”,

Por otra parte, la represa de Milluni, que provee agua al norte y centro de La Paz y a parte de El Alto, está muy contaminada porque le ingresa agua de un dique de colas (infraestructura que almacena los sólidos remanentes del tratamiento del mineral).

“El problema es muy serio porque la represa está a una corta distancia del dique de colas, tiene un canal y una compuerta que están abiertos, sale el agua y entra a la represa; las corrientes entran porque hay un montón de filtraciones y otras emanaciones de aguas de mina que se ha canalizado hacia la represa”, explicó.

“Ese dique de colas lo estaban ampliando (hacia arriba) y ello será aún peor porque la carga minera será mayor y filtra toda el agua hacia abajo, hacia la represa”, contó.

María Eugenia García, exvicedecana de la Facultad de Ciencias Puras de la Universidad Mayor de San Andrés, contó a Página Siete que investigadores establecieron que la contaminación es atribuible principalmente a más de 70 años de explotación minera en la zona.

“La represa de Milluni corresponde a una operación minera que data de hace muchos años. Se ha venido explotando polimetálicos, es decir, zinc, plomo, plata. También hay níquel, wolfram y, por supuesto, bastante hierro. Por la composición geológica de la mineralogía de la zona hay bastantes sulfuros, sulfatos. (…) Estas minas han operado sin control ambiental porque en ese entonces no había una reglamentación”, explicó.

Estos residuos venenosos aumentan exponencialmente la predisposición a problemas gástricos y de la piel, afectan al sistema nervioso, al hígado y los riñones, provocando cáncer y otras enfermedades, expresó hace poco el columnista Alfonso Gumucio. “De nada sirve hervir el agua porque, aunque se eliminen bacterias y partículas fecales, no evita los residuos minerales”, dijo.

Norma transitoria y récord mundial

La norma boliviana NB512 establecía los parámetros y límites establecidos por la OMS de presencia máxima para diferentes metales. Sin embargo, el año 2000, como el país no logró mantenerse dentro de esos límites, estableció una norma “transitoria” que autoriza que se sobrepase los límites establecidos internacionalmente.

“En Bolivia tenemos un récord mundial en ello”, dijo Villegas. “La OMS fija 10 microgramos de arsénico por litro, pero la norma transitoria sube esa cantidad a 100 microgramos”. No hay país que permita esas cantidades, contó.

En Bangladesh hubo una gran polémica al hallarse pozos de agua con 50 microgramos de arsénico por litro y eso se conoció como un caso de envenenamiento generalizado y masivo de la población.

El gobierno no hace nada

Este problema es muy grave y preocupante para todos, pero el gobierno no hace nada ante esta situación. “Este argumento debería bastar en cualquier país para parar el problema, que es grave”, expresó Villegas.

Aparte de que el Ministerio de Minería trató de restarle importancia al problema diciendo que había poca actividad minera y que no se procesa el mineral en el lugar de la represa, ni el ministerio de Salud ni el municipio no dice nada.

El investigador contó a Brújula Digital: “cuando presentamos esta denuncia el año 2016 e hicimos los mapas de concesiones mineras, utilizamos el catastro del 2014 y el Ministerio de Minería nos dijo que estábamos utilizando un catastro pasado y que podíamos haber pedido el último catastro (2015), de manera que lo solicitamos. Pero nos lo han negado”.

El investigador recordó que la Constitución Política del Estado dice que los recursos mineros son propiedad del pueblo. Pero las autoridades están actuando como si el país fuera ocupado por una fuerza extranjera.

Agregó que si hubiera un gobierno realmente preocupado por esta situación, lo que tendrían que hacer es parar toda actividad minera cerca de las represas y buscar fuentes de agua más arriba para encontrar agua limpia. Nada de eso está en los planes del oficialismo.

Fuente:http://brujuladigital.net/reportajes/mineria-contamina-represas-incachaca-y-milluni-que-proveen-de-agua-a-la-paz-y-el-alto-y-amenaza-la-salud-de-la-poblacion

Frente al temor de EE.UU.que acaba de emitir un manual para la gobernanza de los recursos de energía en plena guerra comercial con China, el insaciable apetito del gigante asiático por el litio no preocupa a los expertos que consideran que se trata de un posicionamiento estratégico más que un peligro hegemónicos, según publicó ayer El Deber.

Como ya lo hizo en otros sectores estratégicos, China ha desembolsado miles de millones de dólares para comprar activos en firmas productoras de Australia, Argentina, Chile, México o Bolivia, y desarrollar una competitiva industria de baterías de ion litio para vehículos eléctricos en la transición a las energías limpias en plena crisis climática.

«La demanda china está creciendo porque saben que deben suministrar litio a su demanda interna; también es un punto estratégico para ellos», dijo Daniela Desormeaux, fundadora y directora de la consultora chilena especializada en minería Signumbox.

Fuente:https://elpotosi.net/nacional/20190613_china-compra-activos-en-firmas-productoras-de-litio.html

Dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), en conferencia de prensa, denunciaron ayer que «agua copajira» de una bocamina entra a la laguna de Chalviri y supuestamente esa agua está contaminada.

El presidente de la institución cívica, Marco Pumari, apunta directamente a las autoridades de la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (Aapos) como «cómplices» de permitir que esa actividad minera que se efectúa a casi 100 metros del principal reservorio.

Chalviri, construida 1673-1575 y refaccionada  el 10 de noviembre de 1936, es la principal laguna de donde Aapos distribuye, luego de su tratamiento, a la población potosina.

«Lo más penoso y peligroso es de que esas aguas ácidas que salen de este socavón están yendo a parar a la laguna de Chalviri, una de las principales lagunas que abastecen de agua a la ciudad de Potosí», denunció.

El dirigente mostró imágenes y fotografías en el que se observa que el agua turbia desemboca directamente a la represa.

Pumari anunció que presentará una querella al Ministerio Público contra las autoridades por el supuesto incumplimiento de deberes.

«Esta agua no es chicha, no es chicha. Esta agua está bajando a las lagunas», aseveró al mostrar un recipiente descartable con «agua turbia».

Además, el dirigente cívico anticipó que su denuncia será minimizada pero, a la vez, retó a las autoridades departamentales y municipales a «tomar» esa agua. «Les reto a que tomen esta agua delante del pueblo, tanto al alcalde, gerente de Aapos, como al gobernador, si quieren minimizar este hecho», afirmó Pumari visiblemente desafiante y exaltado.

«¡Ya basta! Están jugando con la vida de los niños, de los jóvenes y de la población. Les reto a aquellas personas que quieren minimizar esta denuncia a tomar esta agua», aseveró.

Al respecto, al gerente interino de Aapos, Cristian Viñola, anunció que presentará una contrademanda contra los dirigentes cívicos por alarmar sobre las denuncias que simplemente son «mentiras».

Una vez que se conoció la denuncia de los dirigentes cívicos se organizó una inspección ocular al lugar donde supuestamente hay actividad minera, de la cual participaron autoridades de medioambiente y el Ministerio Público.

«Se está sacando muestras (del agua), estamos evidenciado lo que dice Comcipo es falso, una vez más nos está mintiendo», aseveró y solicitó a la población potosina estar «tranquila».

Viñola dijo que en presencia del fiscal se sacó las muestras y negó que las aguas «ácidas», del cual habla Concipo, esté llegando a la laguna Chalviri.

Consultado de que el agua de esa laguna no se utilice para dotar a la población, Viñola dijo que no existe la necesidad de llegar a aquello porque el agua primeramente es tratada antes de distribuir a la población en general.

Recordó que una vez también denunciaron contaminación de las lagunas, pero esa denuncia jamás se comprobó.

Ingenios

El presidente de Comcipo, Marco Antonio Pumari, también denunció que se verificó nuevas conexiones de tubería que bajan directamente a los ingenios mineros de la zona alta.

Afirmó que supuestamente Aapos está comercializando el agua a los ingenios y no prioriza la distribución a los usuarios. Pumari señaló que la distribución a los ingenios es durante las 24 horas.

Al respecto, Cristian Viñola, gerente interino de Aapos, volvió a negar este hecho, como lo hizo la semana pasada, e invitó a los medios a realizar una inspección de ocular a las lagunas.

Lamentó que desde la entidad cívica, una vez más, se pretenda desacreditar a la empresa de servicio con acusaciones que no son ciertas. «Estamos dispuestos a realizar una inspección con los medios», señaló.

Los datos

1. Agua

Para Marco Pumaria el agua que entra a la laguna es ácida o «copajira».

2. Inspección

El Ministerio Público y otras autoridades de medioambiente realizaron una inspección ayer a Chalviri.

3. Venta

El gerente de Aapos, Cristian Viñola, negó que se venda agua de las lagunas del Kari Kari a los ingenios mineros.

Fuente:EL Potosi.net

No aludo ahora al envenenamiento cotidiano del imaginario colectivo a través de la monumental golpiza propagandística del régimen, que cuesta millones a los bolivianos causando daño a sus conciencias. Es como si pagáramos por nuestra propia lobotomía o tratamiento de shock al estilo de La naranja mecánica.

En Bolivia la madre tierra es considerada por las comunidades indígenas como un ser vivo quien también posee derechos, esta visión ancestral es la que ha permitido que generación a generación las familias indígenas hereden a sus descendientes tierras fértiles, un hogar y un futuro. Pero esta forma de vivir ha sido cambiada a la fuerza por la industria extractivista, y las concesiones mineras que el gobierno actual de Bolivia está otorgando a empresas extranjeras están destruyendo tierras que una vez habían sido sagradas para estas comunidades.

Margarita Aquino es la Coordinadora de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT) en Bolivia, esta red es una articulación de mujeres indígenas y campesinas de comunidades afectadas por actividades mineras y cuyos territorios han sido destruidos a causa de la contaminación.

“Nosotras nos comparamos con ella, porque la madre tierra nos da frutos y nosotras damos vida, en ella vivimos. Las leyes que emite nuestro gobierno están violando los derechos de la madre tierra y ella no tiene voz, por eso las mujeres nos hemos puesto al frente de defender a la madre tierra, especialmente al agua”, dice Margarita.

La RENAMAT fue creada en el año 2013 por algunas mujeres que estaban participando en una escuela piloto de conflictos ambientales con justicia de género organizada por el Colectivo Casa. “Al finalizar el 2013 las mujeres empoderadas decidieron articularse en Red y formaron la RENAMAT, porque se sentían apoyadas entre ellas y unidas en una misma lucha” relata Angela Cuenca, quien a su vez es Coordinadora del Colectivo Casa.

Violencia medioambiental contra las mujeres

“Hemos identificado a esta clase de violencia que existe contra las mujeres indígenas como violencia medioambiental porque hemos visto que está siendo violado el primer derecho que está en nuestra constitución política: el derecho a la vida” menciona Margarita.

La Violencia Medioambiental Contra las Mujeres es un término que ha sido creado por las mujeres de la RENAMAT y cuyo significado es: “Toda acción u omisión, que al dañar el medio ambiente impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres, perjudicando su calidad de vida, su integridad, su salud, su economía, su trabajo, su patrimonio, su identidad cultural y es ocasionada por las personas”.

A través de la creación de una Cartilla de Difusión la RENAMAT trabaja con las mujeres indígenas de diferentes comunidades capacitándolas sobre el tema de la violencia medioambiental y sobre sus derechos.

En la Cartilla explican de qué se trata este tipo de violencia y cómo se puede identificar. Asimismo, enumera cuáles son los derechos que tienen las mujeres en general según la Constitución Política de Bolivia, y cuáles son los derechos específicos de las mujeres indígenas.

Según la Cartilla “negar los derechos de las mujeres también es violencia, porque cada uno de las derechos están interconectados para garantizar el principal derecho que es el derecho a la vida”. Al negarles por ejemplo el derecho al agua, también se vulneran los derechos a la salud, al trabajo, el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria.

Los textos de la Cartilla vienen acompañados de dibujos que ilustran las diferentes situaciones que viven las mujeres indígenas cuando los proyectos mineros llegan a sus territorios. “Hemos creado las cartillas a consecuencia de que muchas hermanas no saben leer ni escribir, los dibujos les atraen, los dibujos les quedan en la memoria a nuestras hermanas, es por esa razón que nosotras llevamos estas cartillas a todas las comunidades para poder visibilizar cómo estamos trabajando, cómo se están violando nuestros derechos” cuenta Margarita.

“Cuando hacemos los seminarios nosotras les decimos que dibujen cómo era su terreno, dónde tenían sus fuentes de agua, y las hermanas que ni tan siquiera sabían leer ni escribir hacen un esfuerzo grande y lo plasman, cómo era su terreno anteriormente y cómo es ahora nuestro terreno” dice Margarita.

El trabajo de la RENAMAT consiste en visitar diferentes comunidades indígenas que aún no han sido afectadas por las mineras. A través de talleres, charlas, presentaciones de videos y otras actividades, comparten las vivencias de las mujeres que ya perdieron su territorio y fuentes de agua a causa de la contaminación, el objetivo es empoderar a las mujeres para que se conviertan en defensoras de la madre tierra.

Una lucha que nos pertenece a todas

El camino no ha sido fácil, su trabajo ha sido cuestionado por diferentes autoridades, las han difamado y han dicho que ellas “son pagadas”. A esto se suma una nueva ley minera que está siendo promovida por el gobierno actual, en la cual se elimina el proceso de consultar e informar a las comunidades sobre los proyectos mineros.

Margarita dice sentirse decepcionada pues habían confiado en que un presidente indígena se iba a preocupar por sus hermanos y hermanas, “nuestros líderes políticos son muy capitalistas y extractivistas, piensan en el presente, no piensan en el futuro como nosotras. Nosotras pensamos qué vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, tierras devastadas, tierras áridas”.

A pesar de los obstáculos, la RENAMAT continúa con su trabajo en defensa de la madre tierra e invitan a las mujeres de todo el mundo a que se unan a esta lucha que es de todas, “ahora nosotras estamos tejiendo redes de solidaridad y acción para defender a la madre tierra, tienen que ser muy fuertes las mujeres de latinoamérica a las que también les están siendo violados sus derechos por el extractivismo, que no se sientan solas que aquí la RENAMAT está para apoyarlas para seguir adelante defendiendo los derechos de la madre tierra y del agua”, dice Margarita.

Fuente:https://gaggaalliance.org/es/news/giving-mother-earth-a-voice-in-bolivia/?fbclid=IwAR3Az3n5jVb9_0xUtPWE-KZf4HQCllKIRXSZ84v4kViAljYQH_WGeFHVNiU

Los ríos del norte de Bolivia lloran. Sus aguas corren y en cada metro que avanza se mezcla con tóxicos que las cambian de color y las envenenan. La población que vive en las riberas amazónicas del país se intoxica y poco puede hacer. El mercurio, que se usa para explotar oro, está matando los afluentes que día a día están más contaminados.

No existe control en las operaciones mineras, que de a poco matan a las corrientes hí- dricas, a los peces y a la gente. Juan Chávez tiene 52 años. Vive en las orillas del río Kaká, ubicado en el departamento de La Paz y que nace de la confluencia de los ríos Mapiri y Coroico, uniéndose luego al río Beni. Juan camina por sus maizales para llegar a lo que antes era una playa de arena.

Hoy hay solo piedras que llegaron por la actividad minera. Llora al mirar las dragas, que unos metros más arriba, buscan oro. “Estamos peor que en la época de Goni (expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada). Goni tenía una draga, ahora hay más de 20. Yo soy del lugar y me alarma lo que está pasando. Están deshaciendo el río, están saqueando nuestros recursos. Y lo peor es la contaminación. Utilizan mercurio y nos están da- ñando, claro, ellos luego se irán”, lamenta Juan Chávez.

Las piedras que están a las orillas del río fueron tomadas por una materia negra. Parece grasa de un motorizado. Waldo Valer vive en Teoponte, un municipio paceño azotado por la minería ilegal. Él trabajaba con turistas que se lanzaban a la aventura navegando por el río Kaká hasta llegar a la localidad de Rurrenabaque, en Beni.

Hoy existe una mínima actividad turística en esa zona, ya que las dragas se adueñaron del afluente. Waldo recuerda que hace años se podía pescar en esas aguas, lo que ahora es imposible. “Pescar acá era una belleza. Se podía sacar peces, pero ahora, por la contaminación con mercurio, ya no es posible. Jugar en el río era posible.

«Hoy los niños no vienen por toda la actividad minera”,reprocha Waldo. La relación entre el oro y el mercurio es fascinante, pero también mortal.

Los mineros utilizan el mineral para separar el metal precioso. Desde 2005 hasta 2016, las importaciones de mercurio hacia Bolivia se incrementaron 646 veces, de 369 kg a 238.330 kilogramos, según el Instituto Boliviano de Comer – cio Exterior (IBCE). Bolivia es parte del convenio de Minamata.

El acuerdo, controlado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), tiene el objetivo de proteger la salud humana y el medioambiente de las emisiones y liberaciones del mercurio y sus compuestos a la atmósfera, al suelo y al agua. En el agua, el mercurio se transforma en una molécula orgánica altamente tóxica, el metilmercurio, que es rápida – mente absorbido por algas y plancton. Estas son el alimento de peces y otros animales que son consumidos por humanos.

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, explica que Bolivia activó los protocolos del convenio de Minamata para evitar el ingreso de mercurio. Sin embargo, evade responsabilidad sobre las operaciones mineras en los ríos amazónicos, donde se emplea el metal pesado. “Bolivia ha suscrito el convenio de Minamata, somos parte de ese compromiso internacional y parte de ese compromiso es regular la utilización del mer – curio. Nosotros tenemos aplica – dos acciones y métodos de con – trol, incluyendo restricciones a la internación y comercializa – ción del mercurio. Ahora, en el caso específico de denuncias de contaminación, hay diferentes protocolos y procedimientos de verificación, no podemos ac – tuar a sola denuncia de prensa o anónima”, remarca Ortuño.

La autoridad habla del caso de los ríos que nacen en La Paz y llegan a Beni. Dice que la Autoridad Jurisdiccional Admi – nistrativa Minera (AJAM) debe verificar si las operaciones son legales o ilegales. “Si es una actividad legal, esa actividad debería haber establecido su licencia ambiental”, añade el ministro. La AJAM informa que en julio se realizó un operativo en el río Kaká. Se detuvo a 22 personas (14 chinos, siete colombianos y un boliviano) por montar dragas que operan ilegalmente en esa zona. Los extranjeros llegan a acuerdos con las cooperati – vas, quienes otorgan sus cuadrículas para que los foráneos exploten oro.

Las cooperativas reciben el 30% de la ganancia sin invertir ni un boliviano. Mayaya es una localidad del municipio de Teoponte. Está a orillas del río Kaká y se convirtió en el cuartel de los ciudadanos extranjeros que explotan oro. El poblado lo tiene todo, pero el negocio más competitivo es la venta de diésel. Una comerciante tiene un pedido grande. Tiene que llenar 30 barriles de 159 litros cada uno en dos horas. Su contacto es un ciudadano chino que opera con dragas. El mercurio llega desde La Paz.

Un comerciante explica que el metal no es ofertado en las comunidades en las orillas de los ríos. Según el estudio Mercurio en Bolivia: Línea base de usos, emisiones y contaminación, difundido en 2016 por los ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente y Agua, el país emite y libera en promedio 1.331,1 toneladas del metal pesado al medioambiente, lo que representa el 6,8% de las emanaciones en el mundo en 2005. No obstante, en 2014 ese porcentaje fue elevado al 12%, lo que convierte al país en el segundo emisor de mercurio en América Latina.

Estudio oficial Este mismo estudio establece que el sector minero es responsable de cerca del 70% de las emisiones y el consumo de productos con mercurio. De esa cifra, el 47% es producto de la explotación aurífera. Las aguas del río Kaká llegan a Beni totalmente contamina – das. El senador Yerko Núñez revela que en 2000 se realizó un estudio que detectó que las poblaciones indígenas cercanas a la población de Rurrenabaque están afectadas por el consumo de peces contaminados con mercurio.

“Antes no había tanta explotación de oro y ya había problemas. Ahora las poblacio – nes indígenas consumen pesca – do contaminado”, lamenta. El sociólogo Ricardo Calla señala que en la explotación aurí – fera se utilizan 100 toneladas de mercurio al año, de las cuales el 55% se va hacia las aguas y sue – los y el 45% son emisiones de mercurio que se van al aire. Las aguas siguen su paso y dejan sus tóxicos en cada población. La fiebre del oro está matando los afluentes del norte y, lo peor, está dañando a las poblaciones indígenas de esas zo – nas que consumen peces conta – minados con mercurio.

Fuente: https://www.eldeber.com.bo/septimodia/El-mercurio-convierte-rios-amazonicos-en-un-panteon-20180803-0055.html?fbclid=IwAR1QYop0JFH9khvBJVQJncKq5YexAhT3vFDauNu7kQf3PTOQAQuMj6Chex8