No aludo ahora al envenenamiento cotidiano del imaginario colectivo a través de la monumental golpiza propagandística del régimen, que cuesta millones a los bolivianos causando daño a sus conciencias. Es como si pagáramos por nuestra propia lobotomía o tratamiento de shock al estilo de La naranja mecánica.
Me refiero esta vez a un daño físico irreversible: nos están envenenando a través del agua. No es broma ni titular sensacionalista: el agua que consumimos en La Paz y en otros lugares de Bolivia es venenosa porque contiene partículas de químicos y minerales muy superiores a los tolerados según normas internacionales.
Lo dicen estudios documentados realizados por Cedib, uno de los centros de investigación más serios de nuestro país. Sus pruebas son contundentes porque exponen no solo la calidad del agua que consumimos sino también las políticas económicas neoliberales que alientan el extractivismo y la minería salvaje.
El agua que recibimos en las ciudades o que recolectan en los ríos quienes viven en áreas rurales, está lejos de ser el líquido prístino y puro que nos regalaban los nevados, porque en su recorrido se carga de veneno. Es escalofriante: el agua nos llega cargada de arsénico, cadmio, mercurio, plomo y otros residuos de la minería que se ha instalado en las faldas de las montañas y que los vierte nada menos que en las reservas del sistema de distribución de agua “potable”.
Estos residuos venenosos aumentan exponencialmente la predisposición a problemas gástricos y de la piel, afectan al sistema nervioso, al hígado y los riñones, provocando cáncer y otras enfermedades. De nada sirve hervir el agua porque aunque se eliminen bacterias y partículas fecales, no podemos deshacernos de los residuos minerales.
La descripción puede sonar alarmista pero está científicamente documentada por los investigadores de Cedib y respaldada por años de seguimiento, que los gobiernos deberían agradecer en lugar de atacar para esconder la verdad. La Fundación Solón ha contribuido con estudios similares y otras organizaciones lo saben, pero son demasiado pusilánimes para enfrentar al Gobierno.
No hay minería sin agua, y si bien es cierto que la explotación minera salvaje e irresponsable se ha dado durante décadas, nunca había llegado a los extremos registrados en el gobierno extractivista de Evo Morales, campeón por su política neoliberal. Como ejemplos tenemos la invasión de aventureros chinos para la extracción clandestina de oro en los ríos del Beni y Pando (cuenca amazónica) o la minería salvaje en las faldas de los nevados cercanos a La Paz.
Contra la propia Constitución Política del Estado, el gobierno de Morales ha cambiado leyes y normas para acentuar el desastre ecológico, triplicando –por ejemplo, la extensión de deforestación para las plantaciones de soya transgénica, o desregulando medidas ambientales para favorecer la explotación minera e hidrocarburífera. El Decreto Supremo 3856 del 3 de abril de 2019 es la prueba más reciente de que el Gobierno atenta contra la ya vapuleada y violada “Pachamama”.
Veamos si lo siguiente conmueve a quienes viven en La Paz: las represas de agua de Alto Hampaturi, Peñas, Huayna Potosí, Janqo Khota, de los sistemas Pampahasi y Achachicala, que brindan agua “potable” a la ciudad, están envenenadas, ya que a poca distancia operan compañías mineras cuyos residuos acaban en las lagunas.
En Incachaca las empresas Los Pioneros, El Progreso y Somet vierten residuos directamente en la represa. Para favorecer a las empresas mineras sucesivos gobiernos han autorizado, mediante disposiciones “transitorias”, niveles de contaminación del agua superiores a las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud.
La cacareada inversión en redes de distribución de agua posterga lo más importante: la calidad de las fuentes de agua, la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, el alcantarillado y saneamiento. En otras palabras: el Estado es muy eficiente para distribuir agua envenenada.
Lo anterior es complejo y está estrechamente vinculado con el modelo de desarrollo extractivista (deforestación masiva, minería salvaje, agricultura con agroquímicos): el Gobierno malogra la salud de los bolivianos en el corto plazo y agrava el cambio climático en el mediano y largo plazo.
¿Esto mueve un pelo a los ministros de Agua o de Minería, o a la Ministra de Salud? Para nada: les importa un comino aunque algunos funcionarios tengan en su pasado la “mancha” de haber profesado la defensa de la naturaleza. Parafraseando a Marx (Groucho, claro): “Esos eran mis principios, pero como al jefazo no le gustan, ahora tengo otros”.
En Bolivia la madre tierra es considerada por las comunidades indígenas como un ser vivo quien también posee derechos, esta visión ancestral es la que ha permitido que generación a generación las familias indígenas hereden a sus descendientes tierras fértiles, un hogar y un futuro. Pero esta forma de vivir ha sido cambiada a la fuerza por la industria extractivista, y las concesiones mineras que el gobierno actual de Bolivia está otorgando a empresas extranjeras están destruyendo tierras que una vez habían sido sagradas para estas comunidades.
En Bolivia la madre tierra es considerada por las comunidades indígenas como un ser vivo quien también posee derechos, esta visión ancestral es la que ha permitido que generación a generación las familias indígenas hereden a sus descendientes tierras fértiles, un hogar y un futuro. Pero esta forma de vivir ha sido cambiada a la fuerza por la industria extractivista, y las concesiones mineras que el gobierno actual de Bolivia está otorgando a empresas extranjeras están destruyendo tierras que una vez habían sido sagradas para estas comunidades.
Los ríos del norte de Bolivia lloran. Sus aguas corren y en cada metro que avanza se mezcla con tóxicos que las cambian de color y las envenenan. La población que vive en las riberas amazónicas del país se intoxica y poco puede hacer. El mercurio, que se usa para explotar oro, está matando los afluentes que día a día están más contaminados.
Oruro, 7 may 2019 (ATB Digital).- En Oruro, pobladores de 89 comunidades se declararon en emergencia por la contaminación minera y la falta de un plan de remediación ambiental. Piden una reunión con el Ministro de Medio Ambiente y Agua, caso contrario amenazan con iniciar movilizaciones.
Los comunarios de los municipios de Villazón, Tupiza, Cotagaita, Vitichi y Caiza “D” anunciaron ayer que. si la Gobernación no informa sobre los avances establecidos para frenar la contaminación minera, el sábado 25 de mayo iniciarán un bloqueo en las mencionadas regiones.
Defensoras de la Madre Tierra incidiendo sobre el agua y la producción sin contaminación
Tras la aplicación de la justicia y resolución de sentencia de Justicia Indígena Originaria Campesina, respaldada por una Declaración Constitucional Plurinacional, expulsarán esta semana de su comunidad a una empresa minera por «discriminación, explotación laboral, desconocimiento a determinación al autogobierno, daño a la fauna andina y contaminación ambiental.
Los comunarios de la cuenca de La Lava y el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí acordaron crear una comisión que evaluará el daño ambiental existente en esa región.
Nos acabamos de enterar de que el Presidente Evo se ha puesto de acuerdo con las cooperativas mineras en modificar la Ley 845 para que dichas cooperativas puedan explotar áreas protegidas, reservas forestales, cabeceras de cuencas fluviales y Tierras Comunitarios de Origen (TCO). ¿Se puede entender que el mismo Presidente que sorprendió al mundo con su afirmación de que “los derechos de la Madre Tierra son más importantes que los derechos humanos” ahora se dedique sistemáticamente a liquidar a la Madre Tierra y a ignorar sus derechos?