Comunidades originarias de la Puna emitieron un comunicado cuestionando la explotación minera y la cesión de tierras del gobierno jujeño, quien antes de las elecciones prometió defender y promover sus modos de producir. «Estas tierras deben ser aptas para la vida, la agricultura familiar, el desarrollo de nuestra cultura, tradiciones y cosmovisión», enuncian al tiempo que reconocen que la minería y su modo de vida no pueden convivir.
Las comunidades originarias llegaron a la conclusión que la actividad minera y la producción agroganadera, tal como la practican ellos, es decir respetando a la naturaleza no pueden convivir. También cuestionaron muy seriamente el otorgamiento de tierras, muchas veces dentro de sus territorios ancestrales, a empresas para que extraigan minerales, produciendo contaminación ambiental.
Pueblos originarios de Cochinoca, Yavi, Rinconada, Santa Catalina y Atacama emitieron un comunicado muy crítico hacia el gobierno de Gerardo Morales, quien ganó las elecciones con promesas reivindicativas hacia las comunidades aborígenes que viven en la puna, pero una vez en el gobierno, comenzó a pactar con las grandes empresas extractivistas, cediéndoles enormes porciones de tierra para la explotación minera.



Infobae entrevistó al experto Robert Moran, el primer perito independiente en ingresar en la mina Veladero. Habló de la guerra por el agua, las pruebas de Barrick Gold y la ley de glaciares
La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación aprobó el proyecto de remediación ambiental en la ex mina de uranio de Los Gigantes, cuyos desechos tóxicos se filtraron en la década del ochenta a la cuenca del lago San Roque. La premisa de los trabajos será evitar cualquier tipo de derrame que pueda producirse sobre los afluentes del embalse y además se prohibió que el complejo sea utilizado como «un basural de desechos nucleares».
Entre las observaciones que hizo el especialista Robert Moran en la mina Veladero, se destaca que en relación al derrame del 12 y 13 de septiembre de 2015, se han hecho muchas correcciones que no se habían concretado durante 10 años, las cuales fueron señaladas como falencias en el informe que emitió el ministerio de Ambiente de la Nación. Moran informó que la precariedad en materia de seguridad en la mina Veladero durante años es alarmante. Dijo que el glaciar Almirante Brown esta seccionado y cortado a la mitad por el camino minero.
“Todo lo que sucede en la cordillera, dónde está el emprendimiento, termina en el Atlántico”, señaló. Se estima que la rotura del caño generó cerca de un millón de litros de solución cianurada. La contaminación atravesaría varias provincias hasta llegar al río Colorado.
La asamblea Jáchal «No se toca» consiguió pagarle un pasaje a Robert Moran, el hidrogeólogo y perito oficial contratado por la Comunidad Económica Europea en el caso de derrame de cianuro en Baia Maree, en Rumania; llega hoy al país para iniciar su tarea en el marco de la causa federal que investiga el derrame en la mina Veladero de Barrick Gold.
Es una de las advertencias de un reporte oficial cajoneado por el Gobierno y filtrado a los medios. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Segio Bergman, aportó una versión más «light» al expediente de la justicia federal. El estudio completo incluye una larga lista de críticas a la minera por gravísimas falencias. Al pie del artículo se puede leer el informe técnico completo.
La ciudad de Jáchal comenzó a recibir a los representantes de todo el país para iniciar un debate que se extenderaá hast el domingo. El encuentro de asambleas, colectivos y movimientos sociales promete un «productivo debate de los colectivos ciudadanos que aportarán sus experiencias».
Bergman participó ayer domingo de una acalorada asamblea en Jachal, provincia de San Juan. El lema del encuentro era claro: «Nuestra vida y el agua de nuestro pueblo no valen 145 millones de multa a la Barrick. Cierre, remediación y prohibición». Después de un viaje cancelaado el martes pasado, ayer el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, llegó hasta el departamento de Jáchal para reunirse con los vecinos que integran la asamblea Jáchal No Se Toca.
La empresa brasilaña transfirió derechos de varias minas que tenía en Mendoza y busca vender el proyecto de sales de potasio. Vale no presentó la Declaración de Impacto Ambiental, algo que debe cumplir periódicamente en caso de una mina activa o en construcción. El Gobierno de Mendoza está buscando inversores. El plazo máximo para el abandono de una mina es de 4 años según el Código de Minería, a partir de allí se puede decretar la caducidad de la concesión.