Juan Pablo Oritja teme escraches de vecinos de la región porque no procesó a funcionarios provinciales responsables de los controles mineros ni a directivos de Barrick Gold.
El juez de San Juan Pablo Oritja, que investiga el derrame de cianuro de la mina Veladero en ríos de la provincia, solicitó custodia policial luego de haber recibido insultos debido a las medidas adoptadas en esa causa, por lo que comenzó a ser acompañado por policías tanto en su casa como en su despacho de los Tribunales.
Oritja, juez de Segunda Circunscripción provincial de la ciudad de Jáchal, en el norte de San Juan, dictó la semana pasada el procesamiento de nueve ejecutivos de la empresa Barrick, a quienes acusó de contaminación.
El magistrado investiga el derrame de alrededor de un millón de litros de solución cianurada, ocurrido en setiembre pasado en Veladero. Oritja habría sufrido algunos episodios de agresiones verbales a la salida del Juzgado y en un bar de la localidad de Jáchal, cuando ya había iniciado la investigación sobre lo ocurrido en la mina Veladero.
La empresa mantuvo una reunión con el gobierno. Busca inversores para reactivar el funcionamiento de Potasio Río Colorado. Así lo manifestó el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, luego de mantener reuniones con el concesionario de la mina y con potenciales inversores. Empresarios japoneses están interesados en la extracción de sales de potasio en Malargüe. La minera Vale es de capitales brasileños y junto a BHP Billiton es la responsable del reciente desastre minero en Mina Garias (Brasil) donde la empresa que comparten, Samarco, derramó toneladas de lodos tóxicos en la cuenca del río Doce matando al menos diecisiete personas.
La minera canadiense Barrick Gold confirmó este viernes la multa por más de 9 millones de dólares que le impuso una provincia argentina como sanción por el derrame de cianuro que contaminó tres ríos y por el cual fueron encausados nueve ejecutivos de la empresa.
El Superior Tribunal de Justicia deberá expedirse en el corto plazo sobre una acción de amparo de vecinos que integran la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UAC Ch) cajoneada desde hace un año, que podría obligar a la Cámara de Diputados a tratar el proyecto de ley presentado mediante el mecanismo constitucional de iniciativa popular para prohibir la minería metalífera y de radioactivos en Chubut, acompañado de frondozos fundamentos.
Los defensores lobbystas de la minería a cielo abierto resaltaron en más de una oportunidad que no había posibilidad alguna de filtraciones y derrames del cianuro -y otros químicos- que se utilizan en la práctica de moda en las montañas argentinas y chilenas. Sin embargo, el 12 de septiembre del 2015, se produjo un derrame de más de un millón de litros de solución cianurada en la mina Veladero, en la provincia de San Juan. La empresa canadiense -una de las beneficiadas con la liberación de las retenciones por parte del gobierno nacional- reconoció la rotura de una cañería. Eso no bastó y la Justicia procesó a nueve de sus ejecutivos por el derrame de alto grado de contaminación. Cabe mensionar, que más allá del derrame, cuando las mineras abandonan el espacio explotado, el panorama es desolador por la ausencia total de vida silvestre por el grado de toxicidad que dejan las mineras. El 12 de septiembre de 2015 se produjo un derrame de más de un millón de litros de solución cianurada en la mina Veladero, en San Juan. La minera Barrick Gold reconoció que hubo un incidente derivado de la rotura de una cañería. Ahora, procesaron sin prisión preventiva a los nueve empleados de esa multinacional que fueron imputados.
Se hizo presente en Esquel el “espía” de la Agencia Federal de Inteligencia que el año pasado entregó en los tribunales de esta ciudad información sobre la vida privada, actividades profesionales, políticas y asamblearias de más de una veintena de vecinos. Fue en el marco de una declaración indagatoria y aporte de documentación al Juzgado Federal de Esquel.
El 16 de febrero los manifestantes entregaron un petitorio a la Corte Suprema de Justicia con miles de firmas juntadas en Andalgalá y en la ciudad de Buenos Aires, para exigir la sentencia. El amparo ambiental que los vecinos presentaron en 2010 en el Poder Judicial catamarqueño demandó al Estado provincial y a la minera Yamana Gold, empresa de capitales canadienses dueña del proyecto Agua Rica, reclamó la prohibición de ese emprendimiento, y solicitó que se protegieran las fuentes de agua y la salud de los habitantes locales.
Este año marcharemos por décima vez contra la megaminería en el Carrusel de Vendimia. Como hace nueve años, como Pueblo de Mendoza nos manifestamos contra un sistema que busca saquear, secar y contaminar nuestro planeta y sus pueblos. El modelo extractivista cree no tener límites y busca mercantilizar hasta las relaciones humanas, a través de sus alianzas con los gobiernos de turno, como es el caso de la criminalización de la protesta y la connivencia política.
El juez federal Fernando Poviña emitió la cédula para citar a los directivos por una causa que tiene catorce años. Las declaraciones se realizarán los días 14,15 y 16 de Marzo. Las citaciones indagatorias que llevará adelante el juez federal Poviña los días 14,15 y 16 de Marzo a los directivos de Minera la Alumbrera es por una causa penal por contaminación ambiental que lleva catorce años.
El 1er de febrero de 2016 llegaron al jardincito que está frente a la Corte suprema, Buenos Aires, vecinos de Andalgalá (Catamarca,), se instalaron en la misma plaza Lavalle, sus carpas y pancartas. Me acerqué y Sergio Martínez, uno de los pobladores, aceptó contestar a mis preguntas.