Lunes, 16 Mayo 2016

A partir de la difusión de información y manifestaciones de los movimientos sociales que resisten y rechazan la instalación de proyectos de minería a gran escala en Argentina, siete provincias poseen leyes que limitan o prohíben la actividad. Las leyes vigentes en Chubut, Córdoba y Mendoza, poseen fallos que ratifican su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el primer caso, y por los máximos tribunales de sus provincias para los otros dos. Transcribimos la nómina de esta leyes incluyendo enlaces para leer sus textos y los fallos de constitucionalidad.

Por Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO A LA MINA

Provincias argentinas que dictaron leyes que prohíben algún aspecto de la actividad minera

Chubut
– Ley 5001 (abril de 2003), prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. Texto aquí. Leer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmando su constitucionalidad. Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UAC Ch) impulsamos desde 2014 la sanción de una ley superadora mediante el mecanismo contstitucional de Iniciativa Popular. Aquí el texto del proyecto de ley y su fundamentación.

Río Negro
– Ley 3981 (julio de 2005) (Derogada en diciembre de 2011), prohibía la utilización de cianuro y/o mercurio en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos.

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Comunidades originarias de la Puna emitieron un comunicado cuestionando la explotación minera y la cesión de tierras del gobierno jujeño, quien antes de las elecciones prometió defender y promover sus modos de producir. «Estas tierras deben ser aptas para la vida, la agricultura familiar, el desarrollo de nuestra cultura, tradiciones y cosmovisión», enuncian al tiempo que reconocen que la minería y su modo de vida no pueden convivir.

Las comunidades originarias llegaron a la conclusión que la actividad minera y la producción agroganadera, tal como la practican ellos, es decir respetando a la naturaleza no pueden convivir. También cuestionaron muy seriamente el otorgamiento de tierras, muchas veces dentro de sus territorios ancestrales, a empresas para que extraigan minerales, produciendo contaminación ambiental.

Pueblos originarios de Cochinoca, Yavi, Rinconada, Santa Catalina y Atacama emitieron un comunicado muy crítico hacia el gobierno de Gerardo Morales, quien ganó las elecciones con promesas reivindicativas hacia las comunidades aborígenes que viven en la puna, pero una vez en el gobierno, comenzó a pactar con las grandes empresas extractivistas, cediéndoles enormes porciones de tierra para la explotación minera.

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Infobae entrevistó al experto Robert Moran, el primer perito independiente en ingresar en la mina Veladero. Habló de la guerra por el agua, las pruebas de Barrick Gold y la ley de glaciares

Sólo la conocían empleados y miembros de la Policía Minera de San Juan. La mina Veladero que desde hace más de una década explota Barrick Gold es prácticamente un misterio para la mayoría de la gente. Nadie puede llegar al lugar donde, entre el 12 y 13 de septiembre del año pasado, se derramaron más de un millón de litros de solución cianurada. El hidrogeólogo Robert Moran fue la primera persona sin intereses políticos ni económicos que rompió con esa regla, cuando la semana pasada visitó el yacimiento por orden del juez federal Sebastián Casanello. Lo hizo junto a una traductora y al abogado Diego Seguí, que representa a la asamblea de vecinos Jáchal No Se Toca. Poco antes de que exponga su experiencia ante una comisión del Senado, Infobae lo entrevistó.

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La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación aprobó el proyecto de remediación ambiental en la ex mina de uranio de Los Gigantes, cuyos desechos tóxicos se filtraron en la década del ochenta a la cuenca del lago San Roque. La premisa de los trabajos será evitar cualquier tipo de derrame que pueda producirse sobre los afluentes del embalse y además se prohibió que el complejo sea utilizado como «un basural de desechos nucleares».


Según pudo conocerse, la remediación se llevará a cabo con la participación y la fiscalización de organismos independientes nacionales e internacionales y de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Para ello, se impulsará nuevamente el Programa de Remediación de Material de Uranio (PRAMU) del gobierno nacional que se encontraba paralizado en los últimos años. El proyecto dispone además la prohibición expresa de autorizar futuras explotaciones en el lugar y/o trasladar residuos tóxicos al mismo, una de las demandas que tenían los vecinos de Punilla.

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Entre las observaciones que hizo el especialista Robert Moran en la mina Veladero, se destaca que en relación al derrame del 12 y 13 de septiembre de 2015, se han hecho muchas correcciones que no se habían concretado durante 10 años, las cuales fueron señaladas como falencias en el informe que emitió el ministerio de Ambiente de la Nación. Moran informó que la precariedad en materia de seguridad en la mina Veladero durante años es alarmante. Dijo que el glaciar Almirante Brown esta seccionado y cortado a la mitad por el camino minero.

Además, corroboró que en el Valle de Lixiviación, donde se depositan las pilas del mineral para rociar con cianuro, está dispuesto sobre la naciente del Río Potrerillos, que es un enorme ambiente periglacial. Algo grave: el curso del Río Potrerillos fue desviado para pasar por debajo de todo el Valle de Lixiviación. Como si todo fuera poco: el camino a las minas Veladero y Pascua Lama está violando la ley de glaciares, vale decir, la ley 26.639.

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“Todo lo que sucede en la cordillera, dónde está el emprendimiento, termina en el Atlántico”, señaló. Se estima que la rotura del caño generó cerca de un millón de litros de solución cianurada. La contaminación atravesaría varias provincias hasta llegar al río Colorado.

“El humano está haciendo demasiado exterminio con la naturaleza y las consecuencias serán nefastas para las próximas generaciones”, indicó Virginia Carpio, hidróloga, e integrante de la Asamblea “Jáchal no se toca”, en declaraciones radiales al programa GPS, a propósito de las repercusiones que empiezan a aflorar luego del derrame de cianuro que provocó el emprendimiento que está llevando adelante la empresa Barrick Gold en Veladero.

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La asamblea Jáchal «No se toca» consiguió pagarle un pasaje a Robert Moran, el hidrogeólogo y perito oficial contratado por la Comunidad Económica Europea en el caso de derrame de cianuro en Baia Maree, en Rumania; llega hoy al país para iniciar su tarea en el marco de la causa federal que investiga el derrame en la mina Veladero de Barrick Gold.


Rifas, tortitas de grasa y huevo, una tómbola con 100 números para disfrutar de un chivo y dos docenas de empanadas, además de aportes de las asambleas antimimeras de todo el país, fueron necesarias para afrontar el pago del pasaje aéreo desde Denver, en los Estados Unidos hasta Jáchal, en San Juan. El pasajero, el experto hidrogéologo estadounidense Robert Moran que llega hoy, es la esperanza que tienen los jachaleros para saber cuál fue la consecuencia real del derrame de cianuro, responsabilidad de la minera Barrick, en el suelo y el agua de los sanjuaninos.

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Es una de las advertencias de un reporte oficial cajoneado por el Gobierno y filtrado a los medios. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Segio Bergman, aportó una versión más «light» al expediente de la justicia federal. El estudio completo incluye una larga lista de críticas a la minera por gravísimas falencias. Al pie del artículo se puede leer el informe técnico completo.

Es nesesario saber la verdad. Hasta ahora hay certeza de que no fueron un millón de litros, como informó Barrick Gold. El derrame de solución cianurada desde la mina Veladero al río Potrerillos, en San Juan, sería mucho mayor, según el borrador de una lapidaria evaluación encargada por la Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental. El reporte fue ocultado, hasta que lo filtraron sus empleados. Una vez hecho público, el actual ministro de Ambiente, Sergio Bergman, lo presentó en la Justicia, pero le quitó las partes más contundentes. El estudio asegura, entre otras cosas, que la empresa deliberadamente brindó datos que tenía sobre el probable vertido de metales pesados y manipuló las mediciones de cianuro. También cuestiona el sistema de seguridad del yacimiento.

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La ciudad de Jáchal comenzó a recibir a los representantes de todo el país para iniciar un debate que se extenderaá hast el domingo. El encuentro de asambleas, colectivos y movimientos sociales promete un «productivo debate de los colectivos ciudadanos que aportarán sus experiencias».

La ciudad de Jáchal, de unos 10.000 habitantes y ubicada a 170 kilómetros al norte de San Juan, «vive, desde hace seis meses, en permanente debate por el impacto del derrame», dijo Miriam Corso, una de las voceras de la Asamblea que comenzó a recibir a los delegados de todo el país para iniciar un debate que se extenderá hasta el domingo.

«Jáchal está muy atenta a los resultados del encuentro, porque el pueblo aguarda esperanzado que haya respuestas que hasta ahora no llegaron, a pesar de nuestra lucha de todos los días», dijo Corso quien aseguró que con este encuentro «recibimos el apoyo de nuestros hermanos de todo el país».

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Bergman participó ayer domingo de una acalorada asamblea en Jachal, provincia de San Juan. El lema del encuentro era claro: «Nuestra vida y el agua de nuestro pueblo no valen 145 millones de multa a la Barrick. Cierre, remediación y prohibición». Después de un viaje cancelaado el martes pasado, ayer el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, llegó hasta el departamento de Jáchal para reunirse con los vecinos que integran la asamblea Jáchal No Se Toca.

Con una oposición total a la explotación de minería metalífera a cielo abierto, Bergman, ante miles de jachalleros, escuchó a los principales referentes que le plantearon las consecuencias que dejó el derrame de un millón de litros de solución cianurada en la mina Veladero.

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