Cientos de comuneros, campesinos, y habitantes de alrededor de 20 comunidades de Guanajuato han protagonizado desde 2019 una lucha para que no opere una mina de la empresa Canadiense Argonaut Gold; denuncian que de implementarse generará caos ambiental y daños en la salud de las y los probadores.

Dolores Hidalgo, Guanajuato, 1 de enero (Zona Franca).– En 2019 la población de Dolores Hidalgo, Guanajuato,  y en específico quienes habitan alrededor de 20 comunidades aledañas a San Antón de las Minas, han iniciado una lucha ciudadana que tiene como objetivo concientizar a los habitantes de la región y de otros municipios, así como hacer saber al Gobierno municipal, estatal y federal que no quieren la explotación de la mina ubicada dentro de su territorio.

La compañía canadiense Argonaut Gold precisa en su página oficial que: “Argonaut adquirió el proyecto Cerro del Gallo por 15 millones de dólares en noviembre de 2017. Es el tipo de proyecto que históricamente hemos operado bastante bien y se sitúa justo dentro del nivel de habilidades de nuestro equipo. Los recursos y reservas conocidos de mineral solo representan una porción muy pequeña de la tenencia minera controlada a través de varios objetivos de exploración en San Antón”, según muestra en palabras de Bob Rose, vicepresidente de Servicios Técnicos.

EL PROYECTO

La empresa canadiense Argonaut Gold pretende desarrollar su etapa de explotación en el Cerro del Gallo en las inmediaciones de la Cuna de la Independencia, misma que ya se encuentra operando en nuestro país, entre ellos en el complejo El Castillo, en Durango, y en la mina La Colorada ubicada en Sonora.

Entre sus proyectos de exploración avanzada está trabajando en la mina de San Antonio, en Baja California Sur,  y en la del Cerro del Gallo; es en este último proyecto donde la compañía canadiense se ha encontrado con el rechazo frontal de pobladores, activistas y ambientalistas .

De realizarse su proyecto abarcaría un área total de más de 20 mil hectáreas y los minerales extraídos serían beneficiados con cianuro de sodio mediante la técnica de lixiviación en pila que suele producir graves afectaciones a la salud de las poblaciones aledañas.

A ello se suma que se prevé el uso y contaminación de grandes cantidades de agua, según han señalado ambientalistas y activistas de la Cuenca de la Independencia.

El contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del Acuífero Cuenca de la Independencia, estará acompañado del acaparamiento de grandes volúmenes de concesiones de agua subterránea por empresas y la aguda escasez para los habitantes de las comunidades rurales, donde hace años se señalado la crisis hídrica.

ORGANIZACIONES EN LUCHA

Son diversas organizaciones las que se han sumando de manera activa a los pobladores en el diseño y ejecución de acciones de concientización sobre las consecuencias negativas que traería la explotación de la mina.

Las comunidades vecinas de San Antón de las Minas y ella misma tienen organizaciones campesinas y comunales que han estado trabajando en métodos alternativos de producción comunitaria, entre ellas se encuentra el Centro de Desarrollo Agropecuario y Social (CEDESA), con más de 50 años en coadyuvancia con los campesinos y pobladores de esa región.

Otras organizaciones que han encabezado la lucha de “No a la Mina“ son la Coalición por la Defensa de la Cuenca de la Independencia (CODECIN) y junto a ellos un colectivo de jóvenes denominado “Guardianes de la Cuenca de la Independencia”, todas ellas con trabajo continuo municipal y regional.

En otra vertiente otras organizaciones con presencia estatal, nacional e internacional como la Red de afectados por la Minería Rema, Acción Colectiva Socio-ambiental, A.C. y la Hermandad de la Cuenca han estado trabajando en el mismo objetivo.

Todos ellos han realizado actividades que han tomado resonancia nacional e internacional. Iniciaron con foros de información, convocaron a una marcha en julio pasado y desde entonces se han sumado plenarias, conversatorios, platicas, así como activistas y pobladores de otros municipios, en específico de San Miguel de Allende y San Luis de la Paz.

¿CÓMO VA EL PROYECTO?

El avance del proyecto minero dependería de tres principales factores: los permisos correspondientes del Gobierno municipal y federal y la permisibilidad de los propietarios de la tierra para que la empresa pueda usar sus terrenos y explotar la mina, según dijo el activista y abogado Gustavo Lozano, miembro de Acción Colectiva Socio-ambiental.

Gustavo Lozano precisó que actualmente la empresa está en el proceso de exploración de la zona para posteriormente, si obtiene los permisos necesarios por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pasar a a la etapa de la explotación de la mina.

En septiembre pasado Semarnat le anunció a la empresa que en ese momento no podría determinar los permisos para explotar la mina y la institución dio un plazo más largo para analizar el permiso solicitado.

En términos municipales, el Edil Miguel Angel Rayas Ortiz se ha solidarizado con las organizaciones civiles locales, a las cuales les manifestó su apoyo en contra la minera, y hasta el momento el Gobierno no ha otorgado ningún permiso de cambio de uso de suelo, ni de construcción.

La mayoría de los pobladores con propiedades de tierras en la zona de la mina no han accedido a vender sus terrenos. En conclusión señaló, Gustavo Lozano, ”al cierre del año 2019 tenemos un trámite en Semarnat mismo que esperemos que sea negado a la brevedad y, de acuerdo a lo declarado por el Gobierno de Dolores Hidalgo, quien ha manifestado que no ha otorgado ni un permiso de cambio de suelo, ni de construcción; así como los pobladores de San Anton de las Minas, DONDE un mayoría de ellos no han negociado sus tierras para que la minera pueda realizar sus actividades”.

Fuente:https://www.sinembargo.mx/01-01-2020/3704980?fbclid=IwAR2Uk2hQ5ph-DjduHyYUpiNWUvgcDy1pwmEew6yyyb4JkwALQsCV9bhShjI&__cf_chl_jschl_tk__=22e140acbc399853c1fbb6bb5864299fef5b3ecd-1578002186-0-AaLIKNvvRXxUQ3jwg5Sn31HbFc1mZomfwdLGUsm6f1uBaJTPo3sRFbDK8g_h8XOsZXYT7j2OCBhz1o7SgvKJUYQmyjIR51q3Lj3w43cqtaxEJSDQVimz0LSxfjQk7vHSz8VHUWnuxpERNGDNrDsZKKVECv5fwiCCanjQ54u5HHwiQpbYQS48J1m2SXIg9oTRHP4Td7p5J1rYIzy_jJRLHEXYz9Zp6Bzu7yG89j2qMptwdH5TlNjNNMHjYp8QfjCLn2wx_pUQJQXeMAAD1Z-XisNA26EBm6DfbZPkQfX_Pe74vLCzfUimOl93UoBLWsyyeZERStJTZFCV5k17JDiocwBgJYNL_7PALivlt1IrzGTqHWsYUrSN0NyMQjxmqroTRg

CONVOCADO POR LA ASOCIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO SE REALIZÓ EL FORO PROBLEMAS SOCIOAMBIENTALES Y EXTRACTIVOS EN DOLORES HIDALGO, DONDE SE EXPUSIERON ALTERNATIVAS PARA SER UNA CIUDAD DE “BASURA CERO”

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto. – La asociación Lázaro Cárdenas del Río realizó un foro donde se expusieron diferentes alternativas que se tienen en la actualidad para lograr que una ciudad deje de producir basura y esta se transformen en residuos que debido a su composición puedan ser recuperados para la industria o compostados para el campo, con lo que se lograría una dinámica que protegiese al medio ambiente.

Para ello también presentaron el cuadernillo informativo titulado “Construyendo dignidad protegiendo el medio ambiente ¿Qué es la basura cero”, donde e resalto que el principal obstáculo es la voluntad política, en donde se tendrían que adecuar las leyes para poder normar el actuar de la población conforme a un plan que ayude a la generación de residuos aprovechables y el compostaje comunitario donde se aproveche todo el material orgánico, con esto se reduciría un poco mas de la mitad lo que llega a los rellenos sanitarios, expuesto por el biólogo marino Jorge Tadeo Vargas coordinador de centro de desarrollo comunitario y sustentabilidad.

De la misma forma se habló de los problemas que a los que se enfrentará el municipio de abrirse la mina a cielo abierto del proyecto de San Antón de las Minas, la problemática de contaminación ambiental al que se enfrentará el municipio en el caso de la apertura de la mina a cielo abierto en la comunidad de San Antón de las minas, siendo el principal la contaminación del agua y el subsuelo de la cuenca de la independencia, señalado por Gustavo Lozano de la Red Mexicana de afectados por la minería.

Esto se suma al riesgo de los lixiviados producidos por la basura como lo señalo Abel Balderas Ramírez quien señala que este es el principio para buscar alternativas que den resultados para todos donde también estén incluidos los trabajadores recicladores (pepenadores del relleno Sanitario)

Fuente:https://masdeaca.com/analizar-y-concientizar-los-problemas-de-basura-y-las-afectaciones-de-la-mineria-reto-de-los-dolorenses/?fbclid=IwAR0lVfQ1CuiOIfnpMuGs2mS2zveqeeRpFIKO5debBU6VyqUTHiJWpt9yHkM

En 2014 ocurrió el peor desastre ambiental, que impactó a más de siete localidades, indicó el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, en referencia a la contaminación del Río Sonora por un derrame del Grupo México.

Este asunto, indicó en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, se atendió desde agosto. “Hemos respondido de dos formas: el tema jurídico y también se acudió a ocho reuniones con comunidades afectadas. La próxima semana, junto con el secretario de Salud, estaremos en Sonora viendo este asunto”.

Por su parte, Blanca Alicia Mendoza, procuradora federal del Ambiente, dijo que a la empresa Buenavista del Cobre se le revisan sus obligaciones en materia ambiental y el tema relativo al derrame.

“Las autoridades ambientales consideraron en 2017 que se había cumplido con la remediación”, detalló. No obstante, indicó, ahora “estamos inspeccionando la nueva presa de jales y toda la zona que incluye una mina ya cerrada”.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/12/12/derrame-de-grupo-mexico-en-rio-sonora-peor-desastre-ambiental-secretario-toledo/?fbclid=IwAR2THtq5BNlr1zCg2sVZohXWx9SKqbqpaFJhCi6PBNr_Pl8t3ZjRz4W9iG8

Especialistas de la UNAM y la UAM, así como activistas de la a coordinadora de Planeación del Centro Para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, plantearon los diversos conflictos que vive la población mexicana para acceder al derecho humano al agua.

Para explicarlos, se remontaron a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la promulgación de Ley de Aguas Nacionales, que no contempló el acceso al agua como un derecho humano en la Constitución.

Aunque el agua es de titularidad pública, está “de facto” en manos de grandes empresas en México, las cuales controlan buena parte de su uso amparadas por una Ley que no contempla el derecho humano a este recurso. Además de esto, un 10 por ciento de la población mexicana no tiene acceso al agua potable, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con expertos consultados por Efe con motivo del Día Mundial del Agua, desde 1992 un 7 por ciento de –mineras, embotelladoras, lecheras– controlan el 70 por ciento de las concesiones del agua, cuya escasez afecta a los ciudadanos más vulnerables.

El coordinador del área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez, explicó que para entender las desigualdades hay que conocer el derecho humano al agua, que incluye obligaciones para el Estado y las empresas.

Por derecho, el agua debe tener un flujo constante y continuo, estar limpia y en condiciones óptimas, estar físicamente accesible, ya sea en el hogar del ciudadano o a una distancia mínima.

También el agua debe ser fácil de obtener desde el punto de vista económico y el ciudadano debe tener acceso a información exacta sobre la situación del líquido en el país, pero no siempre sucede en México.

Además, el agua tiene que distribuirse de forma equitativa a todos los sectores de la población, algo que tampoco termina de cumplirse como es debido en el país. Tampoco sucede.

Tomando esto en cuenta, Gutiérrez entiende que en México, “en general”, se está violando el derecho humano al agua.

Para afirmar esto se basa en la citada desigualdad a la hora de distribuir el agua, pues a menudo no se sabe “qué cantidad de agua se tiene ni qué calidad”.

Además, algunas familias que viven en condiciones de pobreza tiene acceso a agua una vez cada 8 días, o deben gastar el 15 por ciento de su salario para obtenerla.

A esto, el coordinador del programa de sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Pedro Moctezuma, agregó en entrevista con Efe que 10 millones de mexicanos no tienen acceso al agua.

TLCAN Y LEYES DEL AGUA

Para entender cómo se llegó a esta situación es necesario remontarse a 1992, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el año pasado fue reemplazado por otro pacto denominado T-MEC y que está pendiente de su ratificación.

El TLCAN, entre Estados Unidos, Canadá y México, establecía que el acceso al agua es un componente importante para las inversiones.

Ese mismo año se creó la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en la cual no se contempla el derecho humano al agua pues todavía no este no aparecía en la Constitución.

Se dio un proceso opaco en torno a la entrega de concesiones bajo el principio de que el agua pertenecía al primero que la solicite.

Sobre este contexto, los oligopolios empresariales vieron una gran oportunidad.

“Esa ley concibe al agua como un recurso que hay que distribuir, pero todos esos elementos que contiene el derecho humano al agua nunca fueron contemplados”, asegura Gutiérrez.

En aquel entonces, el agua “era concebida casi como un recurso infinito que había que llevar de un lado a otro sin tomar en cuenta las necesidades de las personas ni de la naturaleza”.

La coordinadora de Planeación del Centro Para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (Centli) de la UAM, Elena Burns, indicó a Efe que el objetivo de la ley anterior fue “crear un mercado del agua”.

“Las concesiones fueron objetos de compra y venta con la idea de que el agua quedara en manos de los que podrían hacer un uso más productivo y rentable de ella”, precisó.

En 2012 se incluyó en el articulo 4 de la Constitución el derecho humano al agua y se dio a los legisladores 365 días para publicar una Ley General de Aguas, algo que finalmente nunca sucedió.

Moctezuma va más allá y habla del llamado “huichicoleo del agua”, que se da a través de desviación ilegal del recurso a grandes empresas.

El huachicoleo es una palabra que en México alude al robo y venta ilegal de hidrocarburos, ahora extrapolado a la distribución del recurso hídrico.

“Estas empresas tienen a pozos clandestinos”, sostiene el especialista.

No obstante, identificar a esas empresas beneficiadas resulta sumamente complicado: una empresa puede dividirse en cientos de filiales.

Gutiérrez considera esto como “el gran problema para monitorear a las empresas”.

“Las grandes multinacionales del agua tienen una cantidad increíble de empresas diversificadas”, asegura.

Sobre este escenario se ciernen dos imágenes contrapuestas: en la localidad de Alpuyeca, en el estado de Morelos, la gente tiene agua una vez a la semana durante tres horas.

Enfrente, un gigantesco campo de golf se riega diariamente con agua potable.

“Como este caso hay cientos en el país, ahí descubres cómo las concesiones están siendo otorgadas a actores que hacen mucho dinero con el agua”, concluye.

UN 10% NO TIENE ACCESO A AGUA POTABLE

En un boletín, el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) de la UNAM, Manuel Perló precisó que son entre 12.5 y 15 millones de personas las que sufren la falta del recurso en el país latinoamericano.

La falta de agua potable se da principalmente en áreas rurales, pero también en las zonas marginadas de las grandes ciudades.

“Esas personas padecen problemas de salud y de higiene ligados a la falta de agua. Tenemos una deuda con ellos”, señaló.

De las personas que sí reciben el líquido, alrededor del 30 por ciento no lo obtiene con la cantidad ni la calidad suficiente.

“El derecho al agua se encuentra en nuestra legislación, pero no se cumple”, recordó.

Fue en 2012 cuando se incluyó en la constitución el derecho humano al agua y se dio entonces a los legisladores 365 días para hacer una Ley General de Aguas, algo que nunca se hizo.

El doctor en planificación urbano-regional destacó que en territorio mexicano los recursos hídricos están distribuidos de forma desigual.

“La mayoría están en el sur-sureste, pero en el centro y norte, donde se encuentra la mayor cantidad de población y la economía, hay menos”, expuso.

Esto influye en la compleja infraestructura para llevar agua a algunas zonas del país.

El especialista apuntó también que de los 653 acuíferos en México, 105 están sobreexplotados.

Los acuíferos son fuentes subterráneas de las que se extrae el líquido a través de pozos y bombeo, que pueden estar a diferentes profundidades: de 50 a 300 metros.

“Pero se les extrae mucha más agua de la que pueden captar de forma natural, y el número de acuíferos sobrexplotados ha aumentado en los últimos años”, apuntó.

En 1975 solamente 32 estaban en esa condición, en 2018 la cifra aumentó a 105.

Al respecto, Perló recomendó potenciar una política de reutilización del agua. En el país solo se trata la mitad del líquido, cuando lo ideal sería hacerlo en un 90 por ciento.

El consumo promedio es de 322 litros por persona al día, además, el 40 por ciento del agua se pierde en fugas.

La captación de agua de lluvia podría ser una buena solución para la escasez que sufren algunos grupos poblacionales.

“En lugares con parques públicos se puede captar agua de lluvia. Estos espacios no deberían depender solo del agua que reciben del sistema general de distribución, sino que ellos mismos deben captar, almacenar y utilizar el recurso para su propio uso”, propuso.

Fuente:https://www.sinembargo.mx/22-03-2019/3554451

En cualquier país del mundo aspiramos a tener marcos regulatorios, leyes, normas, etc., que sean prominentes generadoras de mejores condiciones de calidad de vida en su sentido amplio, pero sucede que, en el caso de los bienes naturales; la conservación, la protección, la restauración y el buen manejo y aprovechamiento de los mismos, desde hace décadas son parte del lenguaje jurídico, de derechos y de un rebasado discurso de desarrollo sustentable, que ha sido avasallado por la imposición global de una política decidida para sí misma hacia la mercantilización de la naturaleza.

Actualmente las consecuencias y agravantes que todos vivimos y que han empeorado de manera acelerada durante los últimos 50 años, no hay duda alguna que se deben a causa de la ponderación del enfoque neoliberal, la tecnología de “vanguardia” acompañada por ciencia, científicos y tecnócratas de corte comercial, y la homogeneización del consumo que a nivel planetario se dinamiza literalmente desde la leche que consumimos proveniente de sistemas de producción depredadores de los bienes naturales, los cuales, además de crear dependencia económica y suplantar sistemas productivos y de gobernanza locales, durante los procesos de competencia comercial crean despojo y desplazamiento forzado de la población.

Así es como actualmente nos encontramos al inicio de la 4T, y así se encuentra el resto de las naciones de Latinoamérica y del mundo, quienes prácticamente al mismo tiempo transitamos por cambios constitucionales y reformas estructurales que en su conjunto retrocedieron y desregularizaron leyes y reglamentos abonando a la degradación de los derechos colectivos, el abandono del estado en sus funciones sociales, incrementando las asimetrías durante las relaciones de competencia y la productividad basada en el enfoque comercial, apostando a la descampesinización y en consecuencia al abandono del campo que no sólo se relaciona con la pérdida de soberanía alimentaria, sino también al abandono de estructuras sociales y debilitar las resistencias contra el embate de las empresas que desean bienes naturales relacionados con la acumulación por despojo, lo que a su vez generó la aglomeración poblacional en zonas urbanas para convertirlos en centros de consumo masivos y homogeneizados creando una alta dependencia de servicios privados.

Esta política tiene décadas que se elabora y se instrumenta desde las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) encabezadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por mencionar los más comunes, quienes envían a sus órganos operadores que deben paliar el proceso de despojo utilizando marcos regulatorios amigables, menos violentos, de buen comportamiento, pero que al final funcionan como administradores del despojo, al mismo tiempo que regulan los conflictos, tal como sucede con organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras instancias que proponen y disponen marcos normativos algunos audaces, otros deprimentes, pero cualquiera que sea tendrá muy pocas posibilidades de aplicación en su sentido amplio, porque un marco justo en el modelo actual de consumo es contradictorio con el mejoramiento de la calidad de vida.

Luego interviene cada país quienes, de acuerdo a las mal llamadas riquezas naturales que tenga disponibles para el mercado, ajustará el marco normativo que facilite el saqueo en su sentido más amplio o lo matice y lo vuelva adecuado y sustentable si todavía las resistencias y las rebeldías comunitarias no se encuentran totalmente domesticadas al proyecto del consumismo global, que en una simple frase significa invitarlos, por ejemplo, a través de las consultas, a cambiar la calidad de vida (agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria) por dinero, empleo y aspiraciones materiales que el modelo global pone como bocadillos para la población, a partir de un fuerte despliegue publicitario, de medios y con reglas comerciales que nos atrapan en lo cotidiano.

Por supuesto que esta condición crea paradigmas y confrontaciones y ahí aparecen grupos organizados, sociedad civil, académicos sueltos, pero también desde sus instituciones y agrupaciones, toman la bandera por los derechos humanos y se plantean apoyar y defender a los pueblos, a la naturaleza y otros temas que el propio sistema va degradando, pero que, desde una posición piensan que el despojo del modelo extractivo sí puede resolverse con leyes más fuertes y robustas, más justas, más igualitarias, más horizontales, más participativas, más democráticas.

Todo lo anterior viene pasando desde hace varios años en toda la región de Latinoamérica. En cada país, sino al mismo tiempo, sí en términos geopolíticos en la misma fase del neoliberalismo se han abierto y cerrado coyunturas para la participación social en marcos normativos, desde la regulación de consultas, hasta leyes verdes para temas significativos, como el agua, los minerales, la biodiversidad, hidrocarburos, los bosques y selvas, las energías verdes, etc. Los resultados están a la vista en el contexto latinoamericano y cada caso ha derivado en la administración de conflictos que se dirimen en tribunales, mientras el planeta continúa incrementando su temperatura, las tierras mueren paulatinamente por el enfoque de los agrotóxicos para los agronegocios, el agua se agota y se contamina, la gente se enferma de manera irreversible por habitar en amplias regiones contaminadas por tóxicos que llegan a la gente por contacto, ingesta e inhalación, la desigualdad crece y las comunidades se dividen más y más, quedando a la deriva y con la esperanza de que sea la justicia de la ley que finalmente dirima su destino.

La desregulación es un hecho, el cambio climático y sus consecuencia una realidad, el despojo y el desplazamiento forzado una expresión creciente que pronto también empezará a administrase de forma política, aunque muy pronto, como ya sucede en otros lados, sólo se podrá contener con represión mandatada desde los estados y, en esa vorágine, por supuesto el mismo sistema busca más y más fórmulas para legitimar el despojo, tal como sucede, con el paquete de consultas que de manera vergonzosa el INPI y el indigenista Adelfo Regino, opera de forma rampante, en los estados donde se proyecta el Tren Maya, por cierto uno de los proyectos más neoliberales de la 4T, aunque aun hay otro más neoliberal, conocido como Corredor Transístmico, un proyecto que desde hace muchos años AMLO trae en su cabeza.

Entender de facto ese contexto para quienes integramos REMA, nos sirve para evitar enredarnos en lo que legitima el modelo neoliberal, y por ello preferimos dedicar nuestros esfuerzos a cuidar y defender la continuidad de tener agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria y por ello, no entendemos por qué otros defensores del territorio, continúan aspirando a la incidencia política, cuando son acompañantes de procesos en donde el despojo se ha hecho presente.

Querer garantizar estándares internacionales que han sido construidos desde la estructura vertical del sistema económico que no está dispuesto a cambiar el modelo de producción y consumo, para nosotros es un contrasentido, y sólo debemos abrir un poco los ojos para darnos cuenta que, incluso reconocidos y distinguidos investigadores que hoy ocupan cargos en la 4T ya tienen en el discurso que, “gracias” a que México tiene Litio, podemos ser potencia mundial y que contribuiremos a la transición de un nuevo modelo energético, en el cual venderemos energía solar, etc., poniendo en duda y en evidencia parte de las promesas y de los discursos de la 4T, la cual al parecer, parece terminará por entregar nuevas concesiones a mineras como ya se mira en el horizonte de la explotación de Litio.

El modelo energético del mundo entero no es sustentable, ni verde, ni justo, ni responsable socialmente, ni soporta tampoco la aplicación de los más altos estándares internacionales, porque en si mismo es un modelo que atenta contra la vida en su sentido amplio, peor aun si se trata del modelo extractivo minero, el más rapaz de todas las actividades extractivas, a tal grado que si la clase gobernante de este país realmente tuviera una buena intención de mejorar la ley minera o hacer una nueva minera, esta debería tener un sólo artículo: La minería debe estar prohibida en México.

Sin contexto y realidad, de verdad no entendemos como grupos legislativos, Ong´s y académicos pretenden caminar una vez más, porque tampoco están transitando en un tema inédito, a seguir impulsando marcos normativos relacionados a la Ley Minera en México, que en sí misma es una actividad violatoria de derechos humanos, agrarios y ambientales que deja a las comunidades en desamparo prácticamente sin opciones para defenderse de estos proyectos.

Hace unos días, en el marco de la conferencia Megaminería en México: escenarios y consecuencias, impulsada por Morena, diputadas del partido sostuvieron que “es necesaria una legislación justa y respetuosa de las comunidades y el medio ambiente” y apuestan a incorporar la consulta como un mecanismo que la legitime, sin siquiera observar o detenerse a dirimir las barbaridades y vergüenzas que el INPI y Fonatur actualmente implementan en las comunidades de la península maya. Para los no legisladores que actúan en esa misma dirección, creer que la tribuna es una expresión de democracia, participación, igualdad, equidad e incidencia, sin siquiera detenerse a observar por qué el senador Monreal detuvo algo más simple y necesario como la regulación del Outsourcing que daña tanto los derechos laborales de millones de trabajadores, nos parece un sinsentido, pero además consideramos que en el fondo reta, confunde y golpetea la as diversas expresiones para la defensa del territorio que hay en contra de los megaproyectos, en donde la prohibición minera es un proceso que ha y está costando vidas, nos parece aun más grave no se considere en su análisis. De verdad hacernos creer que desde la ley se puede regular “adecuadamente” el saqueo, el despojo, los daños irremediables y las muertes de personas entre otras barbaridades, nos parece totalmente desproporcionado, y peor aun de soñador, es creer que el estado, este gobierno o el que siga, van reconocer los daños y a atender a la población y el medio ambiente.

La minería es una amenaza para las comunidades porque atenta contra las formas de organización política y social, elimina sus referentes socio-culturales, mercadea por falsas promesas la permanencia de las actividades para la subsistencia económica, con lo cual evaporiza la autonomía alimentaria, lo que en consecuencia destierra la existencia de factores subjetivos, emocionales y afectivos, que son un pilar en la afectividad y comunalidad y solidaridad de los pueblos. Es una burla y un despropósito hablar de “beneficios” en un contexto de muerte, enfermedad, desplazamiento forzado y con impactos ambientales irreversibles que ponen en riesgo la vida de todo lo viviente. Peor aún es reducir, a la retórica de las consultas, lo que se considera “justo” para imponer y legitimar la destrucción de la vida de las comunidades. En ese contexto, no tenemos duda alguna; hay un gran desconocimiento de quienes legislan sobre la temática.

Hacer leyes siendo ignorante de diversas temáticas, como en este caso la minería, debería estar prohibido en México, esa si sería una buena ley para el país, porque entonces si aspiraríamos a levantar un país con sujetos políticos que construimos en colectivo nuestro futuro, porque mientras ello no suceda, todo lo que se legisle seguirá teniendo como eje una visión colonialista y neoliberal; de arriba para abajo, de las clase medias, altas y empoderadas para luego preguntarles, a las clases bajas y desposeídas si están de acuerdo en continuar con el despojo de su vida. No hay que mirar muy lejos para corroborar lo anterior, basta observar como la 4T sigue aplicando una política indigenista que tributa bajo el tradicional mecanismo del subsidio y aprovechando esos procesos de coacción para crear la misma situación que ya estaba arraigada desde hace años. La sumisión.

Mientras este modelo económico persista, nunca habrá condiciones ni de equidad, ni de igualdad, por lo tanto, en consecuencia, las asimetrías seguirán incrementándose. Nuestra estancia en comunidades que conviven con empresas mineras, nos permite tener contundencia en nuestros argumentos y con gusto lo compartimos con quienes quieran mirar desde adentro esa experiencia, para ver si esa vivencia les ayuda a reflexionar con mayor seriedad sobre la temática. Necesitamos leyes y marcos que terminen con la impunidad que protejan a los pueblos y no leyes que legitimen el despojo con el clásico lenguaje que se impone desde las multinacionales o la ONU.

De verdad invitamos a aquellas y aquellos diputadas/os, funcionarios, organizaciones y académicas/os que pretenden impulsar la Ley Minera, para que pasen uno o dos días con nosotros en proyectos mineros, por ejemplo en Guerrero o en San Luis Potosí o en Zacatecas, y ahí, en el mismísimo infierno, tengamos un análisis y reflexión seria, profunda, con datos concretos, científicos pero también con datos construidos desde la epistemología social y entonces, ahí mismo debatir si hay que mejorar el despojo minero. Reflexionar desde la curul, el salón, el confort, sin saber ni entender cada uno de los vericuetos del modelo extractivo minero y sólo pensar que las normas, los estándares o lo que manda el Banco Mundial o la ONU es la ruta o lo que dictaminan los derechos humanos, es para nosotros legitimar el despojo. Esto ya ha sucedido en muchos países y acá pareciera que de nuevo estamos descubriendo el agua tibia.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos expreso nuestro desacuerdo en seguir apostándole a mecanismos de simulación y a procesos de consulta que legitiman el despojo.

Hacemos un llamado a legisladas/es, organizaciones, academia y otros actores a repensar y replantear su papel y a tomar una postura seria y respetuosa para los pueblos que viven las atrocidades de la minería.

A T E N T A M E N T E,

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Fuente:https://movimientom4.org/2019/12/ley-minera-permiso-para-el-depojo/?fbclid=IwAR277h2717L-PJkzPrzK9WDq4bLINRoka_rNgJeSf_kZXV924fFBYD-lkdc

La activista indígena Epitacia Zamora Teodoro, defensora del territorio de la comunidad de Zacualpan en contra de la minería, fue reconocida de manera post mortem con la condecoración “Eleanor Roosevelt”.

Dicho reconocimiento es otorgado cada año por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) a quienes destacan en la promoción y protección de los derechos humanos en la entidad.

El organismo también reconoció al fallecido activista Jorge Iglesias de la Cruz, quien se distinguió por la lucha a favor de los derechos de los pacientes con VIH.

Además, reconoció al teniente coronel Zenón Cisneros Martínez, por sus propuestas en materia de derechos humanos al interior del Ejército.

El galardón a Epitacia Zamora fue recibido por sus hijas Carmen y Leticia Guzmán Zamora, mientras que el de Jorge Iglesias fue entregado a su hermana Guadalupe Iglesias de la Cruz.

Epitacia Zamora murió en febrero de 2015, a los 57 años de edad, a causa de una anemia mielodisplásica contraída por el contacto con agroquímicos durante su trabajo como jornalera en plantaciones de papaya.

Fundadora del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan, en el municipio de Comala, Zamora Teodoro luchó los últimos años de su vida contra la instalación de una mina de oro en terrenos de su comunidad.

Fue la primera mujer secretaria de la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales, desde donde fue parte fundamental de la declaratoria de Zacualpan como “territorio libre de minería”.

Casada a los 15 años de edad, Epitacia Zamora fue madre de cuatro hijas y dos hijos, estos últimos ya fallecidos, y durante las dos últimas décadas de su vida se involucró en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres del campo.

También participó en Comunidades Eclesiales de Base y comités de apoyo a la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con los que recorrió poblados del Colima, Jalisco y Michoacán.

“Hay muchas mujeres tímidas que prefieren dejarse maltratar por miedo, que les dicen que no valen nada. Yo les digo que sí valemos y debemos hacernos valer.”

“A todas esas mujeres yo les diría que se rebelen, que se defiendan y denuncien, y si no les hacen caso que exijan en las calles con marchas y que digan: somos mujeres y aquí estamos”, señaló en una entrevista con el portal Colima3.0 antes de su muerte.

Denuncian escasez de agua

Al acto de entrega de la condecoración “Eleanor Roosevelt”, en el Teatro Hidalgo de esta ciudad, acudieron decenas de comuneros de Zacualpan, quienes aseguraron que la lucha continuará hasta hacer que los sueños de Epitacia Zamora se hagan realidad y se respeten los derechos de tierra y dignidad de las comunidades indígenas.

Ante el secretario del Trabajo, Vicente Reyna García, quien acudió en representación del gobernador, y frente al presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias, los comuneros denunciaron también la escasez de agua que han sufrido en su comunidad durante los últimos meses, a pesar de que irónicamente en su territorio se encuentra el manantial que abastece a cerca de 300 mil habitantes de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.

En su intervención, tras recibir el reconocimiento a su madre, Carmen Guzmán Zamora recordó al pueblo de Colima que la lucha contra los daños ambientales que provoca la minería no la han realizado sólo por el pueblo de Zacualpan, sino por toda la población.

“En mi pensamiento digo que no lo hagamos por querer tener más dinero, hagámoslo porque nuestro planeta, nosotros, estamos en peligro de extinción, ya basta: reconozcan nuestros derechos, reconozcan que somos indígenas, tengan un poco más de respeto porque lo merecemos, no estamos empezando a tener dignidad, la dignidad la estamos recuperando porque esa ya era de nosotros”.

Con la voz entrecortada por la emoción, la hija de la luchadora social prosiguió: “Nos sentimos indígenas de corazón, no dejemos que nuestro planeta se destruya poco a poco porque tenemos hijos todos y queremos dejarles algo mejor, que era lo que quería Epitacia Zamora”.

Víctima del desabasto de medicamentos

Jorge Iglesias de la Cruz, el otro activista homenajeado y quien murió en 2015, víctima del desabasto de medicamentos contra hepatitis C, contraída a consecuencia de ser portador del VIH.

A lo largo de casi 20 años participó en el Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH (Frenpavih) y fundó la asociación Amigos Colimenses contra el VIH/Sida (Acolsida), desde donde luchó contra la discriminación y la mejor atención a los pacientes con esta enfermedad.

También fue integrante del Consejo Municipal contra la Discriminación en la capital del estado.

En su discurso, el presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores, destacó que quienes se esfuerzan y dan el último aliento de vida para dejar un legado de lucha y generosidad, confieren el reto de no abandonar esa lucha, sino sostenerla y acrecentarla.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/610533/reconocen-a-epitacia-zamora-activista-contra-la-mineria-en-colima?fbclid=IwAR2suDcJ7z7mqHa7ADBXWuzDq2YpYrGhUrX85YFZl6MBDPc2JKg0kzYwG_k

En el primer recorrido que realizaron por las comunidades que se encuentran en los márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi, funcionarios federales descubrieron que el gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó un segundo derrame de tóxicos mineros, la existencia de más de mil enfermos “no reconocidos” en la zona, y que el agua de ese importante caudal sigue contaminada.

José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), reveló el primero de los secretos mejor guardados sobre la contaminación de esas cuencas, que afectó a más de 22 mil personas en siete municipios ribereños.

“Recuerden que hubo dos sucesos: un convenio se firmó por el derrame del 6 de agosto (de 2014), pero 40 o 42 días después hubo otro derrame, del que sus acuerdos no están establecidos en ningún convenio, por lo que todo hay que revisarlo”, externó.

El funcionario federal expuso que ese otro vertimiento –desconocido para todos– aconteció entre el 16 y el 18 de septiembre del mismo año.

“Fue un pequeño escape, no comparable con el primero, pero sí se sumó a él”, afirmó Novelo Baeza.

Este segundo “escape”, dijo, se suscitó porque había un “resquebrajamiento” en la estructura del represo Tinajas 1 y el represo Tinajas 2. “Todavía no estaba terminado; había unas válvulas que todavía no estaban instaladas y ahí ocurrió”.

La revelación se dio mientras el grupo de funcionarios recorría el Hospital General de Ures, después de visitar la infraestructura –en obra negra– de lo que sería la Unidad de Vigilancia Epidemiológica.

El titular de Cofepris expresó que hasta ahora no se había hecho pública la información del segundo derrame porque la investigación se encuentra en “litigio”, pero los afectados –subrayó– pueden hacerse de la información a través de sus autoridades municipales o estatales. “No la puede solicitar cualquiera”, aclaró.

En el primer recorrido también participó Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), quien descubrió que además de los 381 afectados a los que se les ha dado atención tras el derrame, se tiene registro de otros mil enfermos “no reconocidos” por el Fideicomiso Río Sonora, la empresa Grupo México y las estadísticas del gobierno federal.

En esto cinco años, apuntó, la atención médica de este millar de afectados corrió a cargo de los gobiernos federal y estatal (en caso de ser derechohabientes de algún servicio de salud) y del propio bolsillo de los enfermos.

La información se obtuvo cuando Ferrer Aguilar recorría las instalaciones de la Clínica de Vigilancia Epidemiológica y preguntó al titular de ese espacio de atención, Joel López Villagómez, por el uso que se le daba a un pequeño cuarto al fondo del traspatio.

El director de la clínica respondió que se trataba de un archivero, y al abrirlo explicó el contenido de los documentos allí guardados.

Eran los mil expedientes de los que no se sabía públicamente. Habían sido resguardados en ese lugar bajo el argumento de que ese millar de personas no estuvo en “contacto directo” con el agua contaminada, ya sea por “inhalarla”, “ingerirla” o “presentar algún padecimiento” en el periodo comprendido del 6 de agosto al 6 de octubre de 2014.

“Estos mil (casos) que no entraron en ese rango no fueron reconocidos. Presentan los mismos padecimientos, muy similares”, confesó Joel López Villagómez.

Y después justificó: “La Cofepris en su momento definió una estrategia operacional de cada caso. A esos mil (no reconocidos) los atendíamos y los derivábamos a los centros de salud estatales y federales”.

Tras el recorrido, los funcionarios enviados a Sonora por instrucción directa del presidente Andrés Manuel López Obrador se reunieron con los afectados de los siete pueblos ribereños, quienes se dieron cita en el auditorio de la ciudad que lleva por nombre Jesús “El Chobi” Ochoa, en honor al histrión sonorense.

Antes de la intervención con los habitantes, el titular de la Cofepris soltó una nueva revelación ante los representantes de los medios de comunicación allí presentes.

“Definitivamente, las aguas de la zona están contaminadas fuera de normas de metales pesados y eso hay que corregirlo. Se necesitan plantas de tratamiento, análisis continuos, para tener una certeza sobre el asunto, sobre este tema”, puntualizó.

Se trata de 60 muestras tomadas en pozos y tomas domiciliarias que fueron analizadas por el laboratorio de Cofepris, donde se encontraron metales pesados por encima de los estándares nacionales.

“Nosotros vamos a volver a tomar muestras en marzo o en mayo, cerca de la sequía, porque durante la sequía los valores varían, porque se concentran los metales pesados y durante la época de lluvia se diluyen”, profundizó Novelo Baeza.

Los enviados presidenciales ofrecieron volver y se comprometieron a resarcir los daños ambientales y de salud ocasionados por el vertedero de sulfato de cobre acidulado al caudal de los ríos Sonora y Bacanuchi, por una irresponsabilidad de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.

El hecho fue considerado el mayor desastre ambiental en la historia moderna de la minería.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/610498/caso-rio-sonora-cofepris-revela-segundo-derrame-el-gobierno-de-pena-lo-oculto?fbclid=IwAR2yWh8J6_-kjZaRkEF7f69Jlg7STqvTUU2HMmp3g0aZZQ79QJhDiJNw7wI

Integrantes del Frente Unido de los Pueblos de La Laguna manifestaron su rechazo a la planta de cianuro de sodio Chemours, mediante una protesta en la explanada de la presidencia municipal de Gómez Palacio.

Fuente:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1648753.manifiesta-frente-unido-su-rechazo-a-planta-chemours.html?fbclid=IwAR2RPfXh_mUCHqys-c81X94hkdxwD1qjkYAUr3LLBQKf3sklXnpq8U1OPYs

– A un año de su arribo al poder, pueblos y comunidades indígenas de al menos 11 estados reprocharon al presidente Andrés Manuel López Obrador incumplir su palabra de cancelar megaproyectos depredadores, como el Proyecto Integral Morelos (PIM), y denunciaron que la 4T pretende arrasar con la biodiversidad en sus regiones para seguir imponiendo “proyectos de muerte”.

“Queremos denunciar que la vida de nuestras comunidades está en riesgo, no aceptamos este tipo de proyectos que despojan a nuestras comunidades de sus modos y costumbres de vida. No aceptamos este tipo de progreso y desarrollo en nuestros territorios”, afirmó Lourdes Flores, integrante del Movimiento morelense en contra de las concesiones mineras por metales.

En conferencia de prensa, los defensores de la tierra revelaron que de los 560 conflictos socioambientales que reconoce la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 15 afectan directamente a sus comunidades, entre ellos, el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, y el PIM.

En el caso del aeropuerto de Santa Lucia, los activistas criticaron la falta de un informe sobre el impacto ambiental de la obra, pues para su construcción se requerirían seis millones de litros de agua al día que serían extraídos de la Cuenca del Valle de México, y representarían afectaciones graves para los capitalinos, por lo que hicieron un llamado al mandatario para que recapacite.

Mario Quintero, defensor del Istmo de Tehuantepec, señaló el peligro que representa el Corredor Interoceánico o Tren Transístmico, unos de los más ambiciosos proyectos de la actual administración, cuyos recursos fueron incrementados 808% en el presupuesto para 2020, en comparación al del tren maya, que, dijo, registró una reducción de 20% y al de la refinería Dos Bocas a la que se le retiró la mitad del monto asignado.

Con este proyecto, precisó, se pretende convertir a la región oaxaqueña en un corredor industrial y energético que, a su paso, dejará desplazamientos, graves afectaciones a la naturaleza y a las formas de organización comunitarias.

Por su parte, Miryam Vargas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua-Morelos, Puebla, Tlaxcala, denunció que en los últimos días sus integrantes han recibido amenazas de muerte en Zacatepec, Puebla, por oponerse al PIM y su abogado Juan Carlos Flores Solís sido intimidado por llevar su defensa; además, recordó que en vísperas de cumplirse un año del crimen de Samir Flores no hay detenidos.

Asimismo, señaló que el PIM implica la construcción de un acueducto que despojaría a los morelenses del acceso al agua, dos termoeléctricas, y un gasoducto, mismo que pasaría por 24 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala y por la zona de peligro del Popocatépetl, lo que tendría resultados desastrosos para la población en caso de alguna erupción.

Los activistas también se quejaron de las afectaciones que han padecido a causa de la minera canadiense Álamos Gold que pretende extraer oro, plata y otros minerales en Morelos, la Sierra Norte de Puebla, con los proyectos Esperanza e Ixtaca, a pesar de que la manifestación de impacto ambiental le fue negada por sobreexplotar el acuífero de Cuernavaca y afectar la zona arqueológica de Xochicalco.

Los habitantes de aquellas regiones alertaron el impacto que tiene la minería a cielo abierto sobre la salud de las comunidades, su patrimonio y el medio ambiente, pues tan sólo en Puebla se necesitarían 5.5 millones de litros de agua al día, lo que desabastecería a 29 municipios de la cuenca del Río Apulco.

Asimismo, los pobladores de la zona del golfo de México en Veracruz manifestaron que las empresas Azucar Minerals y Candelaria Mining, quieren explotar con sus proyectos “El Cobre” y “Caballo Blanco” en las proximidades de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, lo cual implicaría un riesgo para toda la población mexicana.

Mientras que en Chihuahua, cuatro concesiones mineras fueron otorgadas a tres a particulares y a la minera Evrim sin garantizar el derecho de la comunidad rarámuri de Coloradas de La Virgen, ubicada en la Sierra Tarahumara, a sus tierras ancestrales y a una consulta previa, libre e informada.

Además, señalaron que en la región impera un clima de violencia extrema que cobró la vida de su compañero Julián Carrillo, de la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, el pasado 24 de octubre 2018, poco después de que la comunidad denunciara la existencia de estas concesiones.

A los intereses de las mineras, indicaron, se suman los de las empresas cerveceras y refresqueras, como la Constellation Brands en Mexicali, Baja California, y Coca Cola en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) permitió a la primera extraer 20 mil millones de litros de agua potable por año y construye una nueva planta de 400 hectáreas en la zona, mientras que la segunda extrae más de 1 millón 300 mil litros diarios y busca abrir un tercer pozo.

“La lucha por el agua nos une a todos los guardianes y guardianas de la vida en México”, expresaron pues al frente de batalla están también los pequeños productores de Michoacán que la protegen ante al avance del crimen organizado que se ha ido disfrazado dentro de la agroindustria.

Por todo lo anterior, los defensores del territorio En particular exigieron justicia para sus compañeros Samir Flores en Morelos y Julián Carrillo en Chihuahua, así como para todos los defensores de la vida y los territorios asesinados y criminalizados en México; respetar su derecho a la libre autodeterminación.

Además, demandaron cancelar el Corredor Interoceánico, así como los proyectos eólicos, mineros, presas y todo megaproyecto de muerte en el Istmo de Tehuantepec, el Proyecto Integral Morelos; las concesiones mineras metálicas en Morelos, Puebla, Veracruz y Chihuahua y declararlos libres de minería; así como cancelar las concesiones de agua a la cervecera Constellations Brands y a la empresa Coca-Cola.

Y expresaron su rechazo a las consultas, que consideraron simuladas y manipuladas, para construir megaproyectos e hicieron un llamado a la sociedad civil para defender el futuro de las próximas generaciones protegiendo sus ríos, mares, bosques y montañas.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/609809/activistas-reprochan-a-lopez-obrador-incumplimiento-en-cancelacion-de-megaproyectos-depredadores?fbclid=IwAR1CkpGtwZGltoVZq8ZuztF9R0wSu65v2yLP7UvkoIrS6rH_Jc6ClFpm-JQ