DE DESECHOS TÓXICOS EN DURANGO
En días pasados, diversos medios de comunicación informaron que la empresa Exportaciones de
Minerales de Topia derramó desechos tóxicos en las inmediaciones del río Humaya que fluye por
los Estados de Durango y Sinaloa, poniendo en riesgo la salud de la población de las comunidades
cercanas, situación que se agrava ante la imposibilidad de contar con agua suficiente y limpia durante
el resto de la contigencia por el COVID-19.
Mediante un comunicado oficial publicado el lunes pasado, la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), señaló que el derrame supone un total aproximado de 6 mil metros cúbicos
de jales por lo que clausuró de manera “temporal total” la operación de la empresa que se dedica
al beneficio de minerales metálicos (plomo y zinc) en el municipio de Canelas, Durango
Aunque en su comunicado no se específica el tipo de jales que se derramaron, en términos generales
se trata de los desechos integrados por una mezcla pastosa y acuosa que contienen altas concentra –
ciones de metales pesados tóxicos que son potencialmente peligrosos para la salud y el ambiente, los
cuales son el resultado de los procesos de la molienda de las rocas, y en algunos casos derivados de
los procesos de lixiviación, una vez que han sido extraídos los minerales de interés.
De acuerdo con el comunicado, fue la propia empresa quien informó sobre el derrame de 5 mil litros
de jales en sus instalaciones; sin embargo, luego de una visita de inspección, la PROFEPA concluyó
que en realidad se trataba de un derrame de aproximadamente 5 millones 780 mil litros de jales
líquidos, por lo que luego de recorrer las zonas afectadas y recabar información sobre los daños
ambientales causados, entre otros, se observó que el jale se había impregnado sobre el cauce del
Arroyo San Bernabé en una longitud de 2 km sobre su margen y que la contaminación se extendió
hasta la localidad de San Bernabé, lo que permitió determinar la “clausura total temporal de la
operación de la empresa”.
PROFEPA informó que el derrame se debió a la ruptura de una presa de jales tóxicos, la cual fue
sobrecargada más allá de los límites de su capacidad, lo cual demuestra una vez más la
irresponsabilidad en la que operan estas empresas, al no respetar sus procesos de control internos.Además de la clausura total temporal de sus operaciones, la PROFEPA impuso, como medidas hacia la
empresa, la contención del derrame proveniente de la ruptura de la presa y la limpieza de los
jales en las zonas afectadas, así mismo, la PROFEPA presentó una denuncia penal ante la Fiscalía
General de la República contra quien resulte responsable por la comisión de delitos contra el
ambiente.
Desde la REMA hemos advertido el deber de cuidado que las empresas del modelo extractivo
minero no suelen incorporar en sus operaciones diarias ni en el manejo de insumos y residuos
tóxicos. Desde este punto de vista, la ruptura de una presa de jales por sobresaturación implica
negligencia y una gestión deficiente e irresponsable por parte de la empresa y de las autoridades
responsables quienes deberían de supervisarles de forma preventiva.
Desde la REMA exigimos una investigación seria, a fondo y ejemplar, que concluya con resoluciones y
sentencias condenatorias, así como con la clausura total definitiva de la empresa Exportaciones de
Minerales de Topia. Nos mantendremos atentos y vigilantes al cumplimiento de la ley.
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
!FUERA MINERAS DE NUESTROS TERRITORIOS!
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

▲ Vecinos de Tlatlauquitepec y Yahonáhuac, en una asamblea en Cuetzalan, donde concluyeron que no permitirán la instalación de hidroeléctricas y minas en la región.

Ley en la materia no los afecta, según proyecto de sentencia
Foto
Vecinos de Tlatlauquitepec y Yahonáhuac, en una asamblea en Cuetzalan, donde concluyeron que no permitirán la instalación de hidroeléctricas y minas en la región.Foto José Castañares / La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Periódico La Jornada
9/5/2020
Puebla, Pue., La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con un proyecto de sentencia que, de aprobarse tal como lo elaboró el ministro Javier Laynez Potisek, mantendría el sistema de explotación de recursos mineros con el cual se violentan los derechos indígenas. Se trata de la tesis elaborada por el ministro Javier Laynez Potisek, publicada en Internet esta semana.

En ella asevera que la Ley Minera no se vincula de ninguna manera a los derechos indígenas y, por tanto, no los afecta, por lo que plantea no amparar las comunidades poblanas.

Organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos y del ambiente consideran que la decisión no sólo afectaría a las comunidades de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, que tramitaron un juicio de garantías contra el Estado mexicano por haber transgredido su derecho de autodeterminación, sino que deja intacta la Ley Minera que protege los megaproyectos depredadores y conflictos socioambientales en todo el país.

El 17 de marzo de 2014 el pueblo maseual que habita los municipios poblanos de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonáhuac, interpuso un amparo que fue admitido por el juzgado segundo de distrito con sede en la capital del estado. El acto reclamado fue la concesión de esos territorios a la industria minera sin que los pueblos indígenas que los habitan hubieran sido consultados, como obliga el artículo 2 constitucional y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por esos hechos fueron demandados el Estado Mexicano, representado por el Presidente de la República y el Congreso de la Unión, entre otros. El juicio de garantías no se interpuso sólo contra las concesiones, sino sobre todo contra la Ley Minera que permite la entrega de los territorios y viola los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas, recordó Leonardo Durán, del Órgano técnico del ordenamiento integral de Cuetzalan.

Una semana después, el pueblo nahua de la comunidad de Zacualpan, en Colima, ingresó su propia demanda de amparo, la cual fue aceptada por el juzgado primero de distrito con sede en la capital de esa entidad.

El 7 de abril del mismo año la comunidad de Tecoltemic, municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, presentó un juicio de garantías que admitió el juzgado cuarto de distrito con sede en la ciudad de Puebla.

De esta manera, el Poder Judicial de la Federación ordenó la suspensión de plano de las concesiones mineras a favor de los pueblos originarios en los tres casos, lo que implica que mientras duren los litigios las compañías no podrán realizar actividades tendientes a la explotación.

En su momento, el Consejo Titay Tlatli, el Consejo Maseual Altepetajpianij, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, destacaron que “la relevancia de estas acciones jurídicas reside en que ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera.

La Ley Minera actual ha sido el instrumento que posibilita la expedición de los títulos de concesión para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye discriminación, pues viola la Constitución y los acuerdos internacionales que obligan al Estado Mexicano a respetar los derechos humanos, sobre todo el de los pueblos originarios y equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han usado ancestralmente.

A la par de la defensa legal, las comunidades indígenas de la Sierra Norte, Nororiental y de Veracruz emprendieron asambleas informativas y deliberativas para enfrentar a la industria minera que las asola y a otros denominados «proyectos de muerte», como las hidroeléctricas y el fracking.

Desde 2014, cada dos meses, se han realizado asambleas, hasta ahora 29, en municipios de Puebla y Veracruz, la menor de 2 mil participantes y la mayor de 10 mil. En todas ellas los indígenas han dejado claro su rechazo absoluto a la minería, al punto que ni siquiera piden que se les consulte, pues su repudio es más que evidente, no quieren saber nada de ese asunto, aseveró en entrevista Nazario Diego Téllez, representante del Consejo Maseual Altepetajpianij.

El litigio del pueblo maseual llegó estos años a la SCJN en la revisión al juicio de amparo 928/2019, cuyo proyecto de sentencia fue presentado por el ministro Laynez Potisek y esta semana se hizo público.

A decir de Xavier Martínez Esponda, abogado del Cemda, el aserto del ministro es desconcertante, es poco comprensiva de la realidad indígena de México y sin duda constituye un retroceso en la construcción del Estado pluricultural que ordena el artículo segundo constitucional.

Martínez Esponda explicó que los perjuicios son evidentes, tan es así que existen al menos tres investigaciones del relator especial de la ONU para derechos indígenas que documentan las afectaciones, amén de documentos elaborador por Fundar, la Rema y el Cemda que confirman los conflictos socioambientales derivados de la minería.

Además, mencionó que el ministro tiene a su alcance el protocolo de actuación para este tipo de casos que elaboró la propia SCJN.

Según el abogado del Cemda, en este caso la SCJN tiene la oportunidad no sólo de fallar en favor de los indígenas poblanos, sino de corregir la Ley Minera, que sustenta una estructura que viola sistemáticamente los derechos humanos, de consolidar la transición de un Estado monocultural a uno pluricultural y así contribuir a la construcción de procesos duraderos de paz.

«Este amparo debe ser entendido como parte de una lucha colectiva que busca transformar el rostro del Estado y hacer posible un México donde se reconozcan los muchos Méxicos existentes», dijo el abogado.

https://www.jornada.com.mx/2020/05/09/estados/026n1est

Fuente REMA

Sergio Elías Uribe Sierra* Miembro de la Red OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina)
Desde hace varios meses estamos enfrentando una pandemia por el SARS-CoV2 (covid-19)
que ya es considerada como la más fuerte pandemia de los últimos cien años. Como bien lo
han apuntado diversas posturas, el covid-19 y la crisis global que detonó es apenas la gota que
derramó el vaso, es decir, ha sido el detonante de una crisis múltiple que involucra aspectos
sanitarios, ambientales, sociales, políticos y económicos. Una de las cuestiones más
importantes se refiere a la relación entre los procesos sociales y ambientales, mismos que
traen a relucir el debate sobre los límites del crecimiento económico y la capacidad finita de la
naturaleza. Por lo tanto, estamos frente a una encrucijada que no sólo ha desnudado las más
profundas desigualdades sociales, de género y raza, o entre lo rural y lo urbano; sino que, al
mismo tiempo, demanda la necesidad de transformar la relación dominante entre la sociedad y
la naturaleza.

En México, el covid-19 ha evidenciado algunas problemáticas y contradicciones sobre los
procesos económicos que involucran la apropiación de la naturaleza, particularmente la
minería. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comunicó en el Diario Oficial de
la Federación, publicado a finales de marzo, que las actividades mineras tendrían que ser
suspendidas debido a que no son consideradas como actividades prioritarias, esto como parte
de las medidas de contención frente al covid-19. Este panorama abre las puertas para poner
sobre la mesa algunos elementos de análisis que pueden ser interesantes y detonar una
reflexión respecto a la imagen dominante de la minería en México, considerada como sinónimo
de desarrollo.
En primer lugar, las medidas de contingencia nacional por la emergencia sanitaria como el
confinamiento han incrementado la violencia y el riesgo de agresión hacia los defensores de los
territorios por parte de las empresas mineras. Sobre todo, en aquellos casos donde las
compañías se aprovechan de la situación para continuar con su propósito de despojar a los
pueblos y comunidades indígenas y campesinas de sus territorios, ya sea para imponer un
nuevo proyecto de extracción o para ampliar sus operaciones (https://www.sinembargo.mx/28-
04-2020/3775822).

En segundo lugar, hay empresas que han violado las disposiciones gubernamentales y
decidieron continuar con sus actividades. Esto pone en riesgo la salud de los trabajadores y
sus familias, así como de la población local donde se sitúan los proyectos extractivos. El
problema es que los centros médicos de los lugares donde hay actividades mineras,
generalmente establecidos en espacios rurales, son muy precarios y no cuentan con el equipo
ni el personal necesario para atender a la población, por lo cual, un brote de contagios sería
catastrófico ya que dejaría a estas personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Además,
hay que tomar en cuenta que los trabajadores mineros están dentro de la población de riesgo
debido a las enfermedades asociadas a su rubro como los padecimientos pulmonares
(https://www.t13.cl/noticia/negocios/bbc/coronavirus-en-america-latina-el-problema-para-la-
mineria).
En tercer lugar, las mismas empresas que han violado las disposiciones gubernamentales
y continúan con sus operaciones mantienen condiciones de trabajo muy precarias para los
empleados mineros. Han aprovechado el escenario para rebajar el pago de sueldos o
utilidades. En otros casos, donde sí se aplicó la suspensión, han despedido a trabajadores o
los han descansado haciendo una reducción considerable de su remuneración económica
habitual. En este contexto, los mineros subcontratados o que se rigen por sindicatos blancos
son los más perjudicados.

Uno de los ejemplos más claros de los elementos señalados anteriormente, lo
encontramos en Veracruz, donde incrementó la violencia contra los defensores del territorio y el
pasado 08 de abril fue asesinado Adán Vez Lira, quien defendía los humedales costeros y
manglares y también luchaba contra la minería a cielo abierto
(https://www.sinembargo.mx/28-04-2020/3775822).

En Mazapil, Zacatecas, encontramos que la empresa Ocampo Mining Tayahua, filial de
Grupo Frisco, violó el decreto de suspensión y mantuvo sus actividades, poniendo en riesgo la
salud de los trabajadores, sus familias y las personas que habitan la comunidad de Salaverna,
donde se localiza la mina. El problema escaló cuando Roberto de la Rosa Dávila, delegado
municipal, decidió encarar a los trabajadores de la minera para pedirles que se retiraran. En
respuesta, recibió amenazas por parte de los empleados y hostigamiento judicial por personal
de la Casa de Justicia del vecino municipio de Concepción del Oro
(https://www.jornada.com.mx/2020/04/26/estados/025n2est).

Don Roberto ha estado activo desde hace más de diez años en la defensa de su territorio
frente a la iniciativa de Grupo Frisco para despojar y desplazar a los habitantes de Salaverna y
explotar la mina de cobre subterránea “Tayahua” localizada en esta comunidad, con la técnica
de tajo a cielo abierto. Esta empresa es propiedad de Carlos Slim, el hombre más rico de
México y uno de los hombres más ricos del mundo. De este modo, la compañía violó las
disposiciones gubernamentales y puso en riesgo la salud de los mineros, donde ya se han
reportado dos casos positivos con covid-19 y se ha denunciado que no se están recibiendo los
insumos necesarios para protegerse de la pandemia, en vez de suspender las operaciones,
decidió pagar una multa y seguir laborando (http://ljz.mx/2020/05/02/realizan-paro-
trabajadores-de-la-mina-frisco-tayahua-por-falta-de-pago-y-bajos-sueldos/). De igual
forma, violó el juicio legal por la certeza jurídica de los terrenos entre la empresa y miembros de
la comunidad en resistencia. Por lo cual, se puede calificar esta medida como una provocación
puesto que aún no existe una resolución sobre el juicio, además, de que estamos atravesando
una emergencia sanitaria global.

En la misma mina operada por Ocampo Mining Tayahua se realizó un paro de labores que
contó con la presencia de entre 500 y 700 trabajadores por falta de pagos y bajos sueldos,
(http://ljz.mx/2020/05/02/realizan-paro-trabajadores-de-la-mina-frisco-tayahua-por-
falta-de-pago-y-bajos-sueldos/). Esto demuestra que al mismo tiempo que se intensificó el
hostigamiento hacia don Roberto de la Rosa y se puso en riesgo la salud de los empleados
frente al covid-19, la empresa de Carlos Slim mantiene pésimas condiciones laborales para los
trabajadores mineros.

Otras situaciones alarmantes las ubicamos en Durango, ya que la minera canadiense
Excellon Resources decidió parar las actividades y declararse en bancarrota, negándose a
liquidar a los más de 200 trabajadores sindicalizados
(https://laguna.telediario.mx/laguna/trabajadores-de-mina-la-platosa-bloquean-la-caseta-
gomez-palacio-jimenez-por-falta-de-pagos). Por su parte, en Morelos, Zacatecas, la mina
Peñoles Madero, propiedad de Alberto Bailleres (cuarto hombre más rico de México), ha
despedido al menos 1,200 empleados mineros durante el confinamiento
(https://www.ecodiario.com.mx/despiden-a-mas-de-mil-trabajadores-en-penoles-madero/).
Bajo este contexto, el covid-19 ha evidenciado lo peor de la “voracidad empresarial” en el
sector minero de México, por ello, se hace pertinente cuestionar y desmontar la idea dominante
que pone a la minería como sinónimo de desarrollo. Es importante señalar que las grandes
ganancias que genera la minería se traducen en beneficios empresariales a costa de los
impactos socioambientales que se transfieren a los lugares donde se instalan los proyectos de
extracción (https://www.cronica.mx/notas-
consecuencias_de_la_mineria_beneficios_empresariales_contra_pobreza_en_comunidades-
1129034-2019).

Asimismo, el número de trabajos que genera esta actividad es muy reducido, al mismo
tiempo que las aportaciones al Producto Interno Bruto Nacional (PIB) y a los ingresos federales
son cifras muy bajas en contraste con el monto de la concentración de riqueza que realizan los
empresarios mineros (https://www.cronica.mx/notas-
consecuencias_de_la_mineria_beneficios_empresariales_contra_pobreza_en_comunidades-
1129034-2019).

De este modo, la crisis del covid-19 representa un oportuno panorama para reflexionar
sobre los procesos sociales y ambientales que implican la actividad minera en México. Sobre
los minerales que son indispensables para la economía nacional, la cantidad y la modalidad de
la extracción. Este es un ejercicio que debemos realizar todos, no sólo las autoridades. Para
ello, es fundamental retomar la palabra y la experiencia de quienes luchan contra las ofensivas
mineras, ya que nos permite conocer sus demandas y las formas en que entienden la
naturaleza. Quizás de esta manera sea posible limitar al máximo esta actividad y con ello, la
devastación ambiental y la erosión social.

29/04/2020
Integrantes del Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas denunciaron un intento de acoso judicial contra el principal opositor a un proyecto minero que devastó un pueblo para explotar su yacimiento de cobre.
Denuncian acoso y hostigamiento contra el campesino que desafía en México a una minera del magnate Carlos Slim
Roberto de la Rosa muestra los escombrosen Salaverna, Mazapil, Zacatecas, México, en junio de 2018.
Manuel Hernández Borbolla / RT
Organizaciones civiles denunciaron un acoso judicial contra el campesino Roberto de la Rosa, quien desde hace años libra una lucha contra la minera que devastó su pueblo, que pertenece al magnate Carlos Slim, el hombre más rico de México.

El campesino, cuya casa se ubica en el poblado de Salaverna, en el municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas, encabeza desde hace años la defensa comunitaria contra la minera Ocampo Mining Tayahua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Slim.

En 2016, maquinaria pesada destruyó casas y edificios del pueblo de Salaverna en complicidad con el gobierno estatal de Zacatecas, con el objetivo de favorecer a la empresa minera.

Un caso emblemático de los conflictos sociales provocados por la industria minera en México.

¿Qué ocurrió?
A través de una petición en internet, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas emitió una solicitud para juntar firmas y ejercer presión para frenar el «hostigamiento y posible detención arbitraria» de Roberto de la Rosa, luego de algunos incidentes registrados por el avance de la minera sobre el territorio del pueblo.

«Desde diciembre de 2019 comenzó la minera a cercar alrededor de la comunidad, agarrando terreno y más páramos varias veces, pero como nosotros tenemos nuestras ocupaciones no podemos estar vigilantes siempre, así fueron avanzando», explicó Roberto de la Rosa en entrevista con RT en Español.

Los abogados defensores de la comunidad de Salaverna habían llegado a un acuerdo con el Gobierno de Zacatecas para impedir el avance de la minera y evitar, así, que escalaran los enfrentamientos entre la gente y los trabajadores de la empresa, en lo que se resolvía un conflicto judicial que se encuentra en tribunales.

A pesar de que existe un litigio para determinar la propiedad de los terrenos donde se ubican la comunidad de Salaverna y la minera, la empresa incrementó el número de detonaciones en la zona durante las primeras semanas de abril.

Cráter provocado por explosiones en Salaverna, Mazapil, Zacatecas, México, en junio de 2018.
Manuel Hernández Borbolla / RT
El pasado 13 de abril, en medio de la epidemia por coronavirus, 20 trabajadores de la minera realizaron obras en terrenos cercanos a la milpa donde siembra el campesino. Esta situación provocó una discusión entre Roberto de la Rosa y el grupo de trabajadores encabezado por Jaime Alberto Contreras.

Durante el altercado, el campesino, quien lleva años siendo amenazado por su resistencia a la mina, sacó una pistola de calibre reglamentario (que usa para defenderse de los asaltantes), lo que hizo que los trabajadores abandonaran las tierras.

Las secuelas
El pasado 25 de abril, presuntos integrantes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, adscritos a la Casa de Justicia de Mazapil, fueron a buscar al campesino a su casa para entregarle una notificación judicial para declarar ante el Ministerio Público por este altercado.

El hecho provocó que el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas iniciara la recolección de firmas por internet para solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que intervenga en el caso y se evite una persecución judicial contra Roberto de la Rosa.

Las organizaciones que respaldan al campesino, y han acompañado el caso, temen que el altercado pueda ser utilizado para encarcelar a Roberto de la Rosa y beneficiar a la empresa minera en su intento por desalojar a los habitantes del poblado de Salaverna.

De acuerdo con Grecia Eugenia Rodríguez, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, esta no es la primera vez que la minera propiedad de Carlos Slim «utiliza a las instancias de poder del estado de Zacatecas, para intimidar, hostigar y amenazar a quienes, en el ejercicio de su derecho por la vida, se oponen a sus proyectos extractivos, como sucede en este caso con la Ocampo Mining Tayahua».

El poblado de Salaverna se ubica sobre un depósito de cobre de alta pureza, donde además se extraen otros minerales como oro, plata y zinc.

La activista explicó que desde hace algunos años, la minera inició «un violento proceso de saqueo y de desplazamiento forzado, en total contubernio con el gobierno estatal y federal, para cambiar su proyecto extractivo subterráneo a la modalidad de tajo a cielo abierto, en un área que abarca 300 hectáreas donde se excavará un enorme cráter de 40 hectáreas y 230 metros de profundidad, con la pequeña salvedad de que encima del potencial tajo se encuentra el poblado y las viviendas de Salaverna».

De este modo, los directivos de la empresa minera, junto con distintas autoridades gubernamentales, han realizado una serie de maniobras de desalojo forzado para que los habitantes de este poblado sean echados de sus casas y la minera pueda explotar los minerales bajo la modalidad de cielo abierto.

En 2016, el Gobierno de Zacatecas, a cargo del gobernador Alejandro Tello Cisterna, organizó una reunión en la capital del estado al mismo tiempo que maquinaria pesada entró al pueblo para destruir las casas, escuela e iglesia de Salaverna, con el objetivo de expulsar a la gente de su lugar.

Por este motivo, los abogados de Roberto de la Rosa han solicitado a la CNDH y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que atraigan el caso y se otorguen medidas cautelares para el campesino, mientras las autoridades judiciales resuelven el conflicto por la tenencia de la tierra.

Esto, mientras el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, tiene pendiente publicar un estudio científico sobre una falla geológica que atraviesa los terrenos del poblado, argumento que, de acuerdo con los habitantes de Salaverna, ha sido utilizado para desalojarlos de sus casas sin que exista evidencia que sustente un supuesto riesgo para la población.

Manuel Hernández Borbolla, México
https://www.enlineadirecta.info/noticia.php?&article=372188

Alfredo Valadez Rodríguez, Corresponsal
Periódico La Jornada
17/04/2020
Zacatecas, Zac., Legisladores federales y locales, académicos e investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como ocho organizaciones sociales, dirigieron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigirle que se sancione a empresas mineras nacionales y extranjeras que operan en la entidad y «lo están engañando», pues no han suspendido sus actividades, no prioritarias, exponiendo a miles de trabajadores al Covid-19.

Los inconformes solicitaron al Presidente que garantice a Roberto de la Rosa de Ávila, delegado municipal de Salaverna, que no sea agredido por guardias de seguridad de la empresa Ocampo Mining, y que paren las explosiones subterráneas con las cuales la minera ha dañado viviendas de esa comunidad.

“Ocampo Mining, filial de Frisco-Tayahua, concesionada a Carlos Slim Helú, está desacatando flagrantemente la declaratoria de emergencia sanitaria, así como el acuerdo mediante el cual se establecieron las acciones extraordinarias para atenderla, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 y 31 de marzo.”

Según los firmantes, la minera de Carlos Slim en Salaverna “sigue laborando diariamente (tres turnos por día), exponiendo a cientos de trabajadores y a sus familias al contagio de Covid-19.

“Lo más grave, sin embargo, es que la empresa minera sigue implacablemente con sus acciones encaminadas a la destrucción física de la comunidad de Salaverna, avasallando de manera prepotente los derechos humanos más esenciales de sus habitantes, así como sus garantías constitucionales de seguridad jurídica.

«Sigue realizando detonaciones en el subsuelo de la comunidad, hasta tres veces por día, resquebrajando el suelo y las viviendas, ante la increíble indiferencia y pasividad de toda clase de autoridades, municipales, estatales y federales.»

Por eso demandaron a López Obrador que «ordene la inmediata suspensión de las obras y trabajos de la empresa minera Ocampo Mining en términos del Acuerdo de Emergencia Sanitaria del Consejo de Salubridad General, y de los artículos 43 y 45 de la Ley Minera y su reglamento, y además que se instruya a la dependencia respectiva la cancelación del proyecto de explotación minera a cielo abierto en Salaverna», municipio de Mazapil.

Entre otros, signaron el documento los legisladores federales del partido Morena Óscar Rafael Novella Macías, Mirna Maldonado Tapia y Samuel Herrera Chávez, así como su correligionaria, la diputada local Alma Gloria Dávila Luévano.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/17/estados/031n3est#.XpownJjYRxQ.facebook