Con pronunciamientos en contra de la reforma energética “que continúa favoreciendo al sector privado en detrimento de las comunidades indígenas y campesinas” y la propuesta de “decretar en todo el país territorios libres de minería y proyectos de muerte; a construir espacios comunes de resistencia y buscar estrategias que representen alternativas dignas de vida” construidas desde la vida comunitaria, concluyó hoy aquí el Encuentro de Pueblos en Resistencia ante el modelo extractivo minero que durante tres días convocó a más de 600 personas, indígenas, campesinos, mestizos/as de ocho estados del país, así como de Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala e Italia.

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Nos reunimos comunidades en resistencia y en defensa del agua, la tierra y la vida de la Sierra Norte de Puebla de los municipios con conseciones mineras de Zautla, Ixtacamaxtitlán, Tlatlauqui y Tetela; y con proyectos hidroeléctricos como Olintla y San Juan Tahitic. También estuvimos presentes, delegadas y delegados de los estados de Chiapas, Guerrero, Colima, Guanajuato, Oaxaca, Morelos, Estado de México y Veracruz; y de los países de Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala e Italia. Contamos con la participación de diferentes organizaciones de base, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior.

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Pobladores de al menos siete estados del país que resisten a la imposición de proyectos mineros y enfrentan la violación de sus derechos por parte de empresas nacionales y extranjeras de este sector, se reunirán el próximo fin de semana en Zautla para fortalecer sus luchas a través del intercambio y el hermanamiento de experiencias.

Hasta el momento, de acuerdo con el Consejo de la Tierra Tiyat Tlali, más de 500 personas han confirmado su asistencia al denominado Encuentro de Pueblos en Resistencia Contra el Modelo Extractivo Minero, a celebrarse los días 14, 15 y 16 de marzo próximos en la comunidad de Tlamanca, municipio de Zautla.

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Veinte organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, presentaron el día de ayer en la Ciudad de México, el informe “Justicia para San José del Progreso”, donde se documentan violaciones a más de una decena de derechos humanos (DH) en la comunidad, por parte de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, así como de los gobiernos oaxaqueño y federal, luego de la imposición de un proyecto minero.

El informe es resultado de una Misión de Observación realizada a finales de 2012, y da cuenta de los derechos que han sido violados a la población a consecuencia de la minería, entre los que destacan: el derecho a la vida, al consentimiento previo, libre e informado; el respeto a la propiedad colectiva e integridad del territorio; a la libre determinación, a un medio ambiente sano, de asociación y reunión, de las defensoras y defensores de derechos humanos y a la administración de justicia (por mencionar algunos).

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Un video elaborado por investigadores del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM aborda los impactos ambientales, económicos y sociales de esta modalidad extractiva en México.

La minería del siglo XX trajo consigo una nueva técnica de extracción llamada «lixiviación con cianuro de sodio», a la que se le considera muy eficaz porque en su proceso se recuperan más metales. La aplicación de este procedimiento consiste, básicamente, en lavar piedras en cianuro y extraer así todos sus minerales, como plata, oro, arsénico, fluoruro de calcio, grafito natural. Sin embargo, el agua que se utiliza para el lavado queda impregnada de cianuro, afectando los recursos hídricos cercanos, comenzando así una larga lista de afectaciones al ambiente, entre las que destaca la contaminación de los suelos.

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Dentro de la lucha por impedir que se instale una mina de oro en la comunidad indígena de Zacualpan, este martes la nueva mesa directiva acudirá al Registro Agrario Nacional (RAN) para conocer si dicha dependencia registró la última acta de la asamblea.

El pasado 23 de febrero destituyeron de sus puestos a los integrantes de la mesa directiva de Bienes Comunales que encabezaba Carlos Guzmán Teodoro, a quien acusaron de estar coludido con el empresario promotor del proyecto minero, Rigoberto Verduzco Rodríguez. 

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“Los procesos extractivos de la gran minería son intensivos en agua y energía, de modo tal que por cada tonelada de mineral exportado, se utilizan también varias toneladas de agua y grandes cantidades de energía, y los que unos consumen a otros se les quita”, mencionó Horacio Machado Aráoz, investigador del CEIICH de la UNAM.

La minería en México, no importando qué método extractivo utilice, es una actividad de gran importancia económica y la legislación actual no es muy restrictiva en cuanto a sus impactos ambientales. Aún así, los promotores (compañías explotadoras) requieren la autorización en materia del impacto ambiental de la Semarnat y para ello necesitan hacer análisis del impacto, estudios de riesgo, informes preventivos y acciones “(…) que terminan por no cumplirse”, dijo el académico.

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El creciente número de conflictos derivados de la actividad extractiva en la Sierra Norte de Puebla, va en aumento. Comunidades campesinas e indígenas de los pueblos nahua, totonaco y otomí se enfrentan a la violación constante de sus derechos que han sido atropellados por compañías transnacionales del sector minero, al violentar su derecho a un medio ambiente sano su derecho al agua, a lasalud y a la autodeterminación de los pueblos.

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