¿Dónde está la justicia en Oaxaca? Hace tres años, el 15 de marzo de 2012, el activista antiminero Bernardo Vásquez Sánchez, fundador de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUCO), fue asesinado a balazos porque luchaba contra la empresa minera Cuzcatlán (filial de la minera canadiense Fortuna Silver Mines Inc.). Tres personas fueron inculpadas y encarceladas por este homicidio, pero no basta. Nosotros integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) exigimos ante Procuraduría General de Justicia de Oaxaca que los autores intelectuales de este crimen también sean juzgados.

No se trata de un acto de delincuencia común sino de un acto de represión. Vásquez Sánchez luchaba contra esta minera que se instaló en 2006 en el municipio de San José del Progreso sin el consentimiento de la población y sigue explotando allí una mina de oro y plata. Junto con la COPUCO, responsabilizamos a Cuzcatlán S.A. de C.V. y Fortuna Silver Mines Inc. por su implicación en este crimen así que al ex alcalde de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez Muñoz, quien ayudó la empresa a instalarse ilegalmente en el municipio.

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Apenas se mira el letrero que anuncia la llegada a esta comunidad nahua, situada a pocos kilómetros de la capital, y también se advierte el divisionismo y el abandono oficial. Los ánimos están caldeados –tanto como en el principio de un conflicto que prevalece en la mixteca oaxaqueña (en el municipio de San Juan Copala), del que se ha llegado al asesinato de decenas de personas, despojo y desplazamiento de familias enteras, en el que gobiernos local y federal parecen apartarse de la solución–, las familias divididas y el pueblo entero en disputa.

Aquí, enormes rocas interrumpen el paso, inamovibles al primer esfuerzo. Sólo un carril queda libre para el acceso limitado de los oriundos. También hay hombres y mujeres que dicen “no” a la entrada de la zona indígena, menos al ojo de agua y al parque recreativo que desde hace 3 meses no tiene acceso ni al turismo.

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El día de hoy 23 de marzo de 2015, el COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE ZACUALPAN, el CONSEJO INDÍGENA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO DE ZACUALPAN y representantes electos en ASAMBLEA POR USOS Y COSTUMBRES PARA QUE REPRESENTEN A NUESTRO PUEBLO INDÍGENA DE ZACUALPAN, presentaron ante el Juez de Distrito en turno en el Estado de Colima, un juicio de amparo del proceso de aprobación y otorgamiento de las CONCESIONES MINERAS que ilegalmente se han dado en la Comunidad Indígena de Zacualpan.

La acción busca lograr el AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A FAVOR DE NUESTRA COMUNIDAD Y PUEBLO en contra de la emisión y otorgamiento de los Títulos de Concesión Minera 227572 y 201872, relativas a los lotes TIGRILLA y HELIOTROPO, en virtud de que resultan ser violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Mexicana, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en aplicación de los inconstitucionales artículos de la Ley Minera.

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Comisarios y habitantes, de al menos ocho comunidades del distrito minero de La Cañada, conformaron en una asamblea un frente en defensa del medio ambiente y en contra de los daños que ha generado la empresa Industrial Minera México (IMSSA) por el inadecuado manejo de los desechos tóxicos extractivos que se encuentran a cielo abierto en las poblaciones ocasionando problemas de salud.

En El Frayle varios campesinos se reunieron en la primera asamblea para presionar a la empresa minera a resarcir el daño.

En la Comisaría se dio lectura a un documento que fue enviado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a los comisarios que presentaron la denuncia de hechos en cuanto a la contaminación que se ha generado en los ríos Taxco y Cacalotenango.

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La minera Buenavista del Cobre pagó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 23 millones 565 mil 938 pesos de multa por 50 irregularidades detectadas ante el derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi del año pasado.

En un comunicado, Profepa explicó que esas sanciones fueron impuestas apenas el 2 de marzo pasado tras inspecciones posteriores al derrame y añadió que el monto es independiente al fideicomiso de dos mil millones de pesos iniciales que el gobierno federal impuso a la empresa para remediar el daño.

Entre las irregularidades encontradas destacan que la empresa carecía de la Licencia Ambiental Única actualizada; no había instalado plataformas y puertos de muestreo ni ductos de descarga de diversos equipos y, tampoco había realizado la evaluación de sus emisiones.

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El dictamen de la Ley General de Aguas, detenido en la Cámara de Diputados, permite a la industria minera explotar el recurso sin necesitad de concesión, alertó la especialista Elena Burns, integrante de la asociación civil Agua para Todos, Agua para la Vida.

El uso minero sin concesión es «aberrante», dijo. «No será contabilizado el uso del agua y no se va a poder ver si va a afectar a terceros».

Advirtió también que el artículo diez de la ley incorpora el uso de agua para la extracción de cualquier sustancia que se requiere en un proceso productivo. «Ahí está el hoyo para la autorización del uso de agua para el fracking».

Nathalie Seguin, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, aseguró que «los trasvases abren la posibilidad para que las empresas dedicadas a la fracturación hidráulica puedan utilizar grandes volúmenes de agua».

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En asamblea comunitaria, más de un centenar de comuneros que pertenecen a la comisaría comunal del municipio de Ciudad Ixtepec en la región del Istmo de Tehuantepec, reiteraron su rechazo y negativa al proyecto minero que se pretende instalar en la zona norte del municipio.

Manifestaron que se mantienen en la negativa de aceptar la explotación de sus recursos minerales a pesar de que sea una obra licitada por el gobierno federal, porque aseguraron será para beneficiar solo a empresas trasnacionales y lo unico que se logrará es afectar a la población en general  y al  medio ambiente como son rios y lagos aledaños al lugar.

Los comuneros expresaron que desde el año pasado, en el mes de  junio del 2014 , en asamblea, todos los presentes ratificaron  su postura de no aceptar un proyecto que pretende extraer minerales pesados como el oro, plata y zinc del suelo de Ciudad Ixtepec, debido que el proyecto manifieta que sería a cielo abierto, lo cual es un grave riesgo para la salud de todos los ciudadanos.

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Los campesinos de las comunidades de Tezuitlán, norte de Puebla, fueron aprendiendo paso a paso a descubrir los métodos que aplican las empresas mineras y funcionarios estatales para “cuentearlos” y apropiarse de sus terrenos desde que el Grupo Ferrominero, propiedad de José Larrea, y la Minera Autlán incursionaron hace cuatro años en la zona.

Ante una asamblea de más de 2 mil delegados de la región –náhuatl, totonacos y mestizos– reunidos para definir estrategias en defensa de su territorio, el relato corre a cuenta del presidente auxiliar de Atoluca, José Cruz Reyes, y del comisariado ejidal, Juan Casanova, a propósito de cómo se formó el movimiento para rechazar la construcción de la hidroeléctrica Atexaco. Primero aclaran: “No se trata de una obra para generar electricidad para la población, sino para unir las futuras hidroeléctricas del río Apulco y servir al proyecto extractivo conocido como El Aretón, en Tlatlauquitepec, de la minera Autlán”.

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Mujeres de todas las edades se unieron a la caravana ciudadana de habitantes de los pueblos aledaños al río Sonora, contaminado por el derrame de metales pesados el 6 de agosto de 2014. De madrugada, ayer inició en Hermosillo, capital del estado, la procesión de vehículos particulares que se fueron uniendo a otros, que a su vez formaron una larga caravana en protesta por los derrames venenosos que ha vertido la mina Buena Vista de Cananea, de Grupo México. La caravana se dirigió directo al lugar conocido como “Los Patos”, donde se concentra el agua para rebombeo. Poco después del mediodía del pasado lunes 16 de marzo, integrantes de la sección 65 del sindicato minero tomaron las instalaciones. Cientos de granaderos cuidaban las puertas de la minera, mismos que se quedaron inactivos, pues el cierre en esta ocasión no fue directo a las instalaciones de la mina como se esperaba, sino al suministro de agua. “Si no hay agua para consumo humano en los pueblos del río, ¿por qué va a haber para la mina?”, dijo uno de los oradores del mitin.

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CONTEXTO

La organización Bios Iguana, A.C., de Colima, México, es una organización ambientalista y defensora de los derechos humanos creada hace más de 20 años.

Desde 2013 Bios Iguana, A.C., trabaja con la Comunidadad Indígena Nahua de Zacualpan, perteneciente al municipio de Cómala, en el estado de Colima, en torno a la imposición, por parte del gobierno Federal y Estatal, de una concesión minera a nombre del Sr. Pineda Martínez, para que la empresa Gabfer, S. A. de C. V., pueda extraer oro de las tierras comunales de Zacualpan.

Por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y asesoría al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Nahua de Zacualpan, así como a sus autoridades legalmente establecidas, Bios Iguana, A.C., ha enfrentado una campaña de difamación implementada contra la organización, así como una serie de calumnias y agresiones que han venido aumentando hasta llegar a las amenazas de muerte, intimidaciones, agresiones físicas, entre otras formas de violencia a los fundadores de la organización Esperanza Salazar Zenil y Gabriel Martínez Campos, así como al resto de los integrantes de la organización Víctor Andrés Cruz Chi, Pavel Misael Andrade Simental, Alejandro Bueno Salazar, Giovanna Jazmín Ramírez Pimentel y Montserrat Cárdenas Rojas.

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