El Gobierno de España firma el fin del carbón autóctono. La nueva política de transición ecológica del Ejecutivo de Pedro Sánchez cierra cualquier resquicio de esperanza y condiciona la continuidad de la actividad en los tajos más allá del 31 de diciembre de 2018 a la devolución de las ayudas a la Minería.

De esta forma, da un vuelco a la política del ministro popular Álvaro Nadal que, en su convencimiento de que las empresas rentables y competitivas debían mantener su actividad a partir del 2019, había abierto la puerta a negociar con la Unión Europa para buscar una solución.

Así lo ratifica el Ministerio para la Transición Ecológica, con Teresa Ribera a la cabeza, en el documento que, bajo el título ‘Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras’, fija el 31 de diciembre de 2018 como fecha de cierre de la minería española.

El documento, al que ha tenido acceso leonoticias, se presentará este jueves en la Mesa del Carbón en la que está previsto la asistencia de la ministra que, previsiblemente, se encontrará con la oposición en bloque de patronal y sindicatos al entender que condena al sector minero al cierre y, con él, a las centrales térmicas de carbón.

La realidad, advierten desde la parte social, es que la nueva hoja de ruta del Gobierno impediría la continuidad de ninguna de las empresas que en la actualidad mantiene su actividad en León – Hijos de Baldomero García, Uminsa y la Hullera Vasco Leonesa- y pone en riesgo la continuidad de las instalaciones de generación eléctrica de La Robla y Compostilla.

De esta forma y tal y como acordó en diciembre de 2010 la Unión Europea, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la minería española escribiría este año su último capítulo pese al frente común de las regiones mineras de intentar modificar la medida para garantizar la actividad de las empresas rentables.

Medidas «excepcionales»

En el documento, el Gobierno asume el «alto nivel» de dependencia económica de la industria minera del carbón en áreas como León, Asturias y Aragón a pesar de los «esfuerzos» realizados en los últimos Planes del carbón y entiende «urgente y esencial» paliar la repercusión inminente del cierre de aquellas minas no competitivas.

Un escenario que hace necesario, recoge el acuerdo que busca el Gobierno, ampliar el número de destinatarios de las ayudas previstas en el real decreto de 2014, para que el cierre de las compañías no impida a los trabajadores acceder a las ayudas por prejubilación.

Consiste, continúa, en abordar el impacto social y regional que llevará el cierre de las unidades de producción. Por ello, las ayudas se complementarán además con un Plan de Acción Urgen en Transición Justa 2018-2021 que se consensuará con las comunidades, los ayuntamientos y los actores sociales.

Un plan que promoverá una economía alternaba en las zonas y favorecerá un impulso económico, teniendo como objetivo fundamental la creación y mantenimiento del empleo.

Dos líneas de ayudas

En este sentido, el gobierno plantea dos tipos de ayudas de carácter social. La primera de ellas, relativas a las bajas indemnizadas voluntarias para evitar la salida traumática de aquellos trabajadores que permanezcan en las labores de restauración y clausura de las explotaciones.

En este sentido, podrán acogerse aquellos cuyos contratos se extingan con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y en un máximo de 36 meses siempre que acumulen una antigüedad de al menos tres años en el Régimen Especial de la Minería del Carbón y sea trabajador de la plantilla con anterioridad al 2013.

Estos trabajadores percibirán una cantidad fija común de 10.000 euros así como 35 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades. El pago se incrementará en 26.000 euros en el caso de los trabajadores silicóticos de primer grado.

La segunda línea de ayudas que establece son para los trabajadores de avanzada edad o prejubilaciones y se podrán acoger aquellos que tengan 50 o más años, al menos tres años de antigüedad en la empresa así como un mínimo de nueve años cotizados en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. La extinción de sus contratos además deberá llevarse a efecto antes del 31 de diciembre del actual ejercicio.

Ayudas que, desde la parte social, ya califican de «trampa« al dejar fuera a un importante número de trabajadores del sector que, en ningún caso, podrána acogerse a ninguna de las líneas.

Fuente:https://www.leonoticias.com/mineria/gobierno-opcion-futuro-20180912193033-nt.html

La tranquila Ávila despertó, hace casi dos años, con la amenaza de la minería a cielo abierto. En apenas seis meses, cuatro eran los expedientes que pretendían abrir tres explotaciones de feldespato en la Sierra de Ávila, la Sierra de Yemas y el Valle del Corneja. Una reducida población, muy envejecida, parecía ser el caldo de cultivo para una escasa resistencia. Algo de lo que, a todas luces, la empresa pantalla que tramitaba el expediente: Antonio y Javi S.L., se jactaba, al afirmar que sería muy fácil abrir en este territorio una mina a cielo abierto por la escasa oposición que, según ellos, se plantearía al ser sus habitantes “pocos, viejos y analfabetos”…

No contaron con que detrás de ellos había una gran masa de personas dispuesta a plantar cara a quien quisiera violar el medio de vida y el medio ambiente de los pueblos que albergaron a las generaciones que les dieron vida y hoy, aunque la Sierra de Yemas y el Valle del Corneja siguen luchando por dar carpetazo a sus expedientes, la Sierra de Ávila ha conseguido que la Declaración de Impacto Ambiental tumbe su proyecto.

Sin embargo, esto tan solo es la punta del iceberg en una España en la que sobrevuelan unos 2.000 expedientes ya solicitados, según Ecologistas en Acción. Ya son varias las Comunidades Autónomas que luchan contra la minería a cielo abierto: Castilla y León, Murcia, Aragón, Galicia, Extremadura, Andalucía… en lo que Beatriz Pérez, antropóloga y profesora de la Universidad a Distancia (UNED), denomina como “una amenaza global. Un saqueo a los recursos naturales, que lleva produciéndose desde la última década del siglo XX”.

Si bien la reacción por parte de las diferentes provincias españolas no se ha hecho esperar, constituyendo su forma de lucha a través de plataformas ciudadanas, la población todavía no es muy consciente de los peligros que la minería a cielo abierto esconde, tras la denominada minería sostenible, algo a lo que Beatriz Pérez denomina como “una estrategia de marketing”.

América Latina sería un buen ejemplo para describir los efectos que este tipo de minería conlleva, y que podrían llegar a nuestro país. No en vano, tal y como explica la antropóloga, “es una de las regiones en la que en los últimos 20 años se ha producido una mayor explotación de minerales por parte de las multinacionales, a una gran escala, en países como México, Perú, Brasil o Colombia”, provocando conflictos que aquí, todavía, no podemos llegar a prever.

Los mayores problemas

La despoblación del territorio sería uno de los primeros parecidos entre la problemática de América Latina y España. Vaciar el lugar en el que se podría llevar a cabo la mina a cielo abierto, “ya que si no vive nadie, no se hará daño a nadie”, explica Beatriz Pérez. Esto, que en Ávila ocurriría en pequeños pueblos, con personas de avanzada edad, en Latinoamérica afecta, especialmente, a los pueblos indígenas. Territorios ancestrales que luchan por la sostenibilidad del medio ambiente porque “es quien mantiene el equilibrio de la naturaleza”, asegura Rigiberto Wilches, estudiante de comunicación del pueblo indígena colombiano Uwa.

Flexibilizar la legislación laboral y medioambiental es otra de las características. La Ley de Minas española de 1973, en plena época franquista, allana el terreno a las multinacionales mineras que quieran instalarse en territorio español. Una ley que despoja a los propietarios de los terrenos en los que se encuentre el mineral, al considerarse el mismo un bien común, y por lo tanto pertenecer al Estado los minerales que hay en el subsuelo.

Y cuando no se tienen estas leyes se hacen, tal y como ocurrió en Colombia, país en el que la mayor parte de los recursos minero energéticos están en territorio de los pueblos indígenas. En el año 2001 se aprobó un nuevo código de minas, con un Estado asesorado por la firma de abogados que en ese momento representaba a la mitad de las empresas inscritas en el registro minero nacional colombiano. Momento en el que la minería pasó a ser de interés nacional.

Óscar Montero, Consejero de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, (ONIC), reconoce que, a pesar de que el Gobierno Colombiano debe consultar, tal y como marca la ley, con la población indígena los proyectos y normas legislativas que afecten a sus territorios, no lo hizo. “El estado colombiano sigue creyendo que es dueño del territorio y del subsuelo”, reconoce Montero, en lo que denomina como “una segunda colonización de las multinacionales canadienses”, en su país.

En España, la Junta de Castilla y León aprobó, hace un año, la Estrategia de Recursos Minerales para el periodo 2017-2020. En ella se da todo tipo de facilidades a las multinacionales mineras para que se asienten en esta comunidad.
Pancarta antiminas.

Por otro lado, la vulnerabilidad a la que se enfrenta la población impactada por este tipo de minería es brutal. Rigiberto Wilches alude a varios factores que están haciendo mucho daño a la población indígena: una gran contaminación, un mayor número de enfermedades o la desnutrición, por poner algunos ejemplos, en un país en el que hay 102 pueblos indígenas, 36 de ellos en riesgo de extinción, que conviven con la minería a cielo abierto.

Óscar Montero relata que “en el departamento del Chocó, la parte del mundo con mayor número de biodiversidad, se explota minería ilegal de oro, con una situación muy compleja de contaminación de los ríos, al utilizarse altos índices de mercurio que afectan a la pesca y la alimentación de la comunidad alrededor de los mismos”. “Muchos pueblos están en peligro de extinción por temas respiratorios y gastrointestinales, que llevan al exterminio físico a comunidades enteras”, prosigue, “sin olvidar las malformaciones de los niños recién nacidos”. “En el caso del pueblo Wayuu, con la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la desnutrición de sus habitantes es notable”, reconoce Montero. “Una desnutrición derivada de la falta de agua potable para el pueblo, que sí usa la mina del Cerrejón para sus necesidades y sus empleados”. “Al final la tierra acaba estéril”, apunta Wilches y “no sirve para nada, no se puede cultivar”

Otro tipo de violaciones de derechos humanos

Rigiberto Wilches no quiere dejar pasar por alto otro tema espinoso, el de los desplazamientos forzosos para iniciar la explotación. El comunicador del pueblo Uwa apunta a los grupos armados fuera de la ley, como los encargados de llevar a cabo las amenazas para ocupar el territorio.

Óscar Montero dice que “las empresas mineras no amenazan directamente, pero desde la ONIC tienen presente que utilizan a estos grupos para llevar a cabo este tipo de actuaciones”. El líder de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia reconoce que “esta organización ha llevado a cabo estudios en los que han comprobado que llegan los paramilitares, hacen una masacre, logran un confinamiento o un desplazamiento y, en un breve periodo de tiempo, hay una multinacional haciendo estudios previos o exploraciones”, relata, “por lo que creemos que eso obedece a una estrategia en la que hay una complicidad entre las multinacionales con grupos paramilitares, que buscan que las comunidades campesinas y rurales abandonen su territorio, para dejar el campo abierto a estas multinacionales”. Y advierte de las estrategias con las que las multinacionales cuentan para ganarse a la población: “otorgan becas, reparten dinero para acondicionar viviendas, ofrecen cursos o vinculan a miembros de la comunidad con las empresas mineras, aunque relacionados con la mano de obra barata, nunca en altos cargos”. Algunas de estas estrategias ya se están poniendo en práctica en España.

Ayuda y denuncia

Algunas de las personas amenazadas por defender sus territorios, de este y otro tipo de extractivismo, han recalado en el Programa de Protección Temporal de líderes, y lideresas, en Defensa de los Derechos Humanos, que hace diez años puso en marcha, en España, el Gobierno Vasco. Un programa de protección temporal del que Jesús González, miembro de la organización Mugarik Gabe, participante en la cobertura que se da a estas personas durante su estancia en el País Vasco, resalta su importancia, al ofrecerles la posibilidad de dar a conocer su situación, reunirse con otras organizaciones e instituciones o recibir talleres de la mano de organizaciones especializadas en protección, revisando algunas pautas a tener en cuenta para una mayor seguridad a su regreso. Cuando finaliza el programa, González explica que se organiza un viaje con un representante de cada fuerza política, junto con la dirección de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, CEAR y la organización que ha propuesto a la persona para formar parte del programa de protección. Durante una semana permanecen en el país, intentando hacer ver que, aunque este líder ha regresado, desde el País Vasco se lleva a cabo un seguimiento sobre la situación personal del mismo, intentando trasladar a los sectores económicos interesados en estos procesos de criminalización, que se continúa con la protección de esta persona, por lo que si le ocurre algo, inmediatamente se activaría un proceso de protestas. “Es una especie de aviso”, admite, “y de momento todos los que se han acogido a este programa están vivos”, asegura.

González ve una similitud entre lo que ocurre en América Latina y las multinacionales mineras que están llegando a España, “por todo lo que tiene que ver con destrucción del territorio o altos niveles de contaminación”, admite.

De la minería a cielo abierto destaca las características positivas para las transnacionales extractivas mineras, como su rapidez, “porque llegan a un territorio, ponen cargas de dinamita, vuelan la montaña, lo que supone volar el bosque, y en cinco o diez años han extraído todo el mineral”, “Esto abarata enormemente los costes”, subraya, “ya que ahorran un gran número de impuestos”.

La manera de actuar de estas pasa, tal y como sostiene, por “comprar terrenos, generalmente implicando a terceros, nunca de forma abierta. Cuando los mismos han sido comprados, o los dueños han sufrido presiones para vender, es el momento en el que la transnacional aparece”. “Cuando la comunidad empieza a enterarse de qué es lo que está ocurriendo, han pasado dos o tres años”, advierte. Al tiempo que recuerda que “activar la protesta no se hace de la noche a la mañana. Hay que organizar e informar y si la multinacional consiguen ralentizarla dos o tres años, cuando nos hemos dado cuenta, ha acabado con la explotación minera y se ha ido. Y el terreno queda sin restaurar”.

Denuncia que, sobre todo en América Latina, “a veces se saltan la ley y cuando la población articula procesos de protestas, viene la represión directa, utilizando a diferentes estamentos del Estado al servicio de los intereses de las transnacionales”. Considera que de ahí viene la persecución a líderes y lideresas, con acusaciones sobredimensionadas. Al tiempo que desvela que “en este momento hay decenas de personas que están encarceladas o que sufren amenazas permanentes”. “Tan solo en el mes de junio se produjo el asesinato de seis líderes en Guatemala, en Colombia ocurre lo mismo y desde el 1 de enero de 2016 se han llevado a cabo más de 300 asesinatos de líderes en Colombia”, remarca.

González admite que no es capaz de asegurar que en España no podría llegarse a este tipo de situaciones, si tenemos en cuenta “que en nuestro país ya se están llevando a cabo procesos de criminalización en contra de la libertad de expresión en el mundo de la cultura. Se están dando casos de procesos de instalación de dominio absoluto de neoliberalismo que, entre otras cosas, trae parejo toda una serie de recortes en derechos políticos, sociales y civiles”, por lo que, en su opinión, “no podemos decir que los procesos de criminalización que hoy afectan al mundo del espectáculo, no afecten a otros mundos como el que tiene que ver con la protesta social contra las empresas mineras”, puntualiza.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/09/mineria-a-cielo-abierto-lo-que-la-ambicion-esconde/

¿Pueden asegurar las materias primas en el espacio exterior el futuro de la industria alemana? Respuestas a seis preguntas clave.

La minería en aguas profundas para metales como cobre, cobalto, níquel, manganeso y plata está a un paso más de hacerse realidad ya que los países miembros de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) siguen redactando este año regulaciones para permitir la explotación minera comercial en aguas profundas.

El ISA es el organismo de las Naciones Unidas (ONU) encargado de gestionar la explotación minera de los fondos marinos en la mitad del océano mundial que se encuentra más allá de la jurisdicción de cualquier nación individual. Si se hiciera realidad, tal minería eclipsaría a cualquier extracción realizada en tierra por su escala.

La Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas (DSCC en inglés), que representa a más de 80 organizaciones no gubernamentales dedicadas a proteger las profundidades marinas, estuvo en Jamaica, donde el Consejo y la Asamblea de la ISA debatió hasta el 27 de julio las regulaciones. La DSCC buscará garantizar que la versión final del código adoptado sea adecuada para proteger a las profundidades marinas vulnerables de la destrucción masiva inherente a la minería.

Las cuestiones claves que la DSCC planteará durante esta 24ª Sesión Anual de la ISA incluyen la necesidad de transparencia, establecer un Comité de Medio Ambiente, el desarrollo de planes de gestión ambiental regional y de procedimientos para unas evaluaciones de impacto ambiental (EIA) sólidas, el establecimiento de un régimen de responsabilidad fuerte.

La DSCC trabajará también para garantizar que las reglamentaciones que se están redactando actualmente garanticen la protección efectiva del medio ambiente marino, un requisito de la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas.

La DSCC continuará solicitando a los países miembros que hagan que la ISA sea mucho más transparente y abierta al escrutinio y a la participación del público. Esto incluye una llamada para que los “contratos” ya emitidos para la exploración del lecho marino y los que podrían emitirse para la minería comercial se pongan a disposición del público, y que el principal órgano asesor de la ISA, la Comisión Jurídica y Técnica, que opera actualmente a puertas cerradas empiece a celebrar reuniones abiertas. Estas llamadas son necesarias para que el mandato de la ISA bajo la Convención del Derecho de las Naciones Unidas funcione “en beneficio de la humanidad como un todo”.

Hasta ahora, la ISA ha emitido 29 contratos con empresas o agencias gubernamentales para explorar minerales en más de 1.3 millones de kilómetros cuadrados de las profundas llanuras abisales, en los montes submarinos y en los sistemas oceánicos en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Estos contratos de ‘exploración’ podrían convertirse en contratos de ‘explotación’ una vez que se adopten las regulaciones mineras comerciales.

La empresa belga Global Sea Mineral Resources NV (GSR) y el Instituto Federal Alemán de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) serán los primeros contratistas de ISA en probar equipos comerciales de minería en sus áreas de reclamo de ISA. Ambos presentaron Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) a la ISA para la prueba de los equipos en la zona Clarion-Clipperton del Océano Pacífico en 2019.

Los “estados patrocinadores” de los dos contratistas, tanto el gobierno alemán como el belga han acordado celebrar consultas públicas sobre las EIA, una medida bienvenida por la DSCC. La DSCC solicita también que las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) estén abiertas para comentarios públicos y escrutinio por parte de la ISA.

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*DSCC es una coalición de más de 80 organizaciones no gubernamentales (ONG) comprometidas con la protección de las profundidades del mar. Fue fundada en 2004 para abordar la cuestión de la pesca de arrastre en alta mar en ausencia de una gobernanza efectiva.

*La ISA es un organismo intergubernamental establecido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS) para organizar, regular y controlar todas las actividades mineras en el área internacional de los fondos marinos más allá de los límites de la jurisdicción nacional, así como en proteger “el medio marino contra los efectos nocivos de la minería”. Este área del fondo marino, conocido en derecho como “la zona”, subyace aproximadamente a la mitad del océano. El ISA se encarga de administrar el Área para “el beneficio de la humanidad como un todo” bajo UNCLOS. En la actualidad, 167 países y la Unión Europea son miembros de la ISA.

Un proyecto de plan estratégico para los próximos cinco años diseñado para guiar la dirección y los objetivos del ISA se debatirá en la 24 ª Sesión Anual de la Asamblea de la ISA (23-27 de julio). Según la Secretaría de ISA, el plan estratégico “constituye un instrumento clave para la gobernanza y el liderazgo transparente y responsable de la Organización”. La ISA está también en el proceso de desarrollar regulaciones de “explotación” que permitirían la minería comercial.

Fuente:https://werkenrojo.cl/mathew-gianni-alerta-sobre-la-mineria-submarina/

Los intentos por llevar a cabo la extracción de uranio en el estado de Meghalaya, en el noreste de la India, se suspendieron con la decisión de la Uranium Corporation Limited (UCIL) de cerrar sus oficinas en la región y terminar los servicios de sus trabajadores contratados. El motivo es la fuerte oposición de la población local por temor a la degradación de la salud y el medio ambiente de los terrenos montañosos ecológicamente sensibles de Meghalaya.

Meghalaya es el tercer estado más rico en términos de reservas de uranio, y representa aproximadamente el 16% de las reservas totales de uranio del país después de Jharkhand y Andhra Pradesh.

UCIL ha estado tratando de llevar a cabo la minería de uranio en Meghalaya durante los últimos 15 años, pero no ha tenido éxito en obtener un arrendamiento minero del gobierno estatal, aunque ha comenzado las actividades previas a la explotación minera.

El gobierno estatal no pudo otorgar ningún arrendamiento minero ante la fuerte oposición de la población local por temor a la degradación de la salud y el medio ambiente de los terrenos montañosos ecológicamente sensibles de Meghalaya.

La decisión de UCIL de bajar las percianas de sus oficinas y su operación en el estado se produjo tras enfrentarse la población local a funcionarios del Departamento federal de minerales atómicos, los habitantes se oponían al inicio de perforaciones exploratorias previas a la explotación minera en dos distritos de Meghalaya bordeando Bangladesh.

Los servicios de todos los trabajadores subcontratados de UCIL han sido rescindidos aunque este último emitió una garantía de que los trabajadores serían reinstalados una vez que se reanudara la extracción. Sin embargo, los funcionarios locales dijeron que la reanudación de la extracción de uranio en la región era una posibilidad remota, ya que el gobierno de Meghalaya ya había cancelado el arrendamiento de tierras otorgado a UCIL en 2009.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/asia/item/41906-en-la-india-un-pueblo-impide-la-explotacion-de-uranio

Poco se oye hablar de Guyana Francesa, el único territorio no soberano de Suramérica. Esta Guyana se encuentra ubicada al Noreste de Suramérica y limita con Brasil y Surinam. Aunque parte de su territorio continental son costas del océano Atlántico, pensar en este es evocar, en gran medida, las selvas amazónicas pues el 90% de su superficie corresponde a este bioma.

La sociedad guayanesa se encuentra fuertemente dividida frente a su lugar como departamento de ultramar francés, y recientemente un polémico proyecto de minería de oro a cielo abierto, contribuye a profundizar el fraccionamiento social. En esta Guyana se tienen datos de extracción minera desde el siglo XIX, la cual se ha realizado, de manera exclusiva a pequeña escala y con técnicas artesanales, específicamente, minería de aluvión o barequeo. No es de extrañar pues que el proyecto suscite grandes preocupaciones para distintos sectores, en tanto se trata de técnicas y escalas hasta ahora jamás empleadas.

El proyecto en cuestión, denominado Montagne d’or (Montaña de oro), sería el primero de extracción minera a gran escala en la Guyana y se localizaría en pleno escudo guayanés, al Sur de Saint-Laurent-du-Maroni y a 180km de Cayena, la capital. Dicho emprendimiento es propiedad de un consorcio conformado por la sociedad rusa Nordgold y la canadiense Colombus Gold, quienes resaltan su adhesión a la iniciativa de minería responsable promulgada por el presidente francés, Emmanuel Macron; igualmente promocionan las obras por la creación de 750 empleos directos y 3000 empleos indirectos y porque, según los directivos del consorcio, un proyecto de esta envergadura contribuiría a reducir la minería aluvial realizada de forma ilegal.

Sin embargo, la mayor parte de habitantes de este país no se deja convencer con estas razones, ni con las casi 30 de toneladas de oro en reservas probadas (que pueden ascender a 85 toneladas) que de acuerdo a defensores del proyecto en Europa y en Guyana, reportarían significativos ingresos a este territorio; tampoco les tranquilizan las regulaciones europeas para actividades mineras. Como lo reconoce el presidente de la compañía minera, Pierre Paris, en declaraciones al diario La Croix “La situación es muy tensa. Es extremadamente difícil tener discusiones serenas y esto tiende a empeorar”.

Los opositores de este proyecto, hermanos y hermanas que defienden su territorio, denuncian la magnitud de los daños ambientales que tendría para dos Reservas Biológicas Integrales cercanas, y la posibilidad de contaminación de los ríos con cianuro, una sustancia, que a pesar de los intentos de algunos eurodiputados, no ha sido prohibida en los Estados miembro de la Unión Europea. Además, denuncian que estos riesgos ecológicos no se verán traducidos en los empleos mencionados en tanto los 750 puestos laborales no tienen en cuenta las capacidades locales o la formación; o en ganancias económicas para la Guyana, pues menos del 0,36% valor del oro declarado irá a parar a manos de los colectivos locales.

De acuerdo a información suministrada por la WWF, ⅔ de la población guayanesa rechaza el proyecto y no lo asocia a alternativas económicas y laborales estables y duraderas. Sin embargo, éste cuenta con el apoyo de influyentes personalidades, incluyendo al presidente francés Emmanuel Macron. La polémica se siente en las calles de Guyana, en Francia e incluso en el Parlamento Europeo, pero poco se ha conocido de este conflicto en los demás países que integramos la Panamazonía.

Por tal, como defensores y defensoras de la Amazonía, desde el Foro Social Panamazónico manifestamos nuestro rechazo a este proyecto que amenaza la Amazonía, nos solidarizamos con el pueblo guayanés en esta lucha y hacemos un llamado a fortalecer la unidad entre pueblos andino-amazónicos para poder enfrentar de forma mancomunada las amenazas a todas las formas de vida que se ciernen sobre nuestros territorios.

¡Por la vida, defendemos la Amazonía!

Fuente:http://censat.org/es/noticias/rechazamos-montana-de-oro-que-amenza-a-la-guyana-francesa

La minería en los fondos marinos provocaría un daño irreversible en los ecosistemas del mar profundo, señala un nuevo estudio sobre las propuestas de explotación minera del fondo marino en todo el mundo.

El mar profundo cubre casi la mitad de la superficie de la Tierra y alberga un enorme rango de especies. los investigadores de la Universidad de Exeter y Greenpeace dicen que la minería podría tener “consecuencias duraderas e inesperadas”, y no solo en los lugares de extracción sino también en áreas mucho mayores.

El estudio es el primero que ofrece una perspectiva global de todos los proyectos actuales de minería del suelo marino, tanto en aguas nacionales como internacionales y examina las consecuencias potenciales, incluida la destrucción física de los hábitats del suelo marino, la creación de enormes columnas submarinas de sedimentos y los efectos de la contaminación química, acústica y lumínica resultantes de estas operaciones.

Además, el coordinador de relaciones internacionales del Instituto Español de Oceanografía (IEO), Carlos García Soto, durante la Asamblea General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) de la ONU en una reunión de Kingston, Jamaica, la semana pasada, afirmó que “la explotación minera submarina puede implicar la desaparición de ecosistemas marinos antes de que los cataloguemos”.

Esta organización busca un equilibrio internacional entre la “inminente” explotación minera generalizada por parte de diversas empresas y la protección medioambiental de los fondos marinos profundos.

Los costes medioambientales de esta actividad serían “importantes” puesto que el fondo marino es el hábitat más desconocido del planeta y las especies que viven a esas profundidades son altamente sensibles, con una tasa de recuperación muy lenta y a veces de imposible recuperación.

La creciente demanda de minerales y metales en todo el mundo, incluido en el uso de nuevas tecnologías, ha provocado un interés en la explotación del suelo marino.

Sin embargo, ambientalistas aseguran que estas operaciones arrasarían con especies desconocidas por el hombre. (I)

1% De luz llega al fondo marino
A más de 700 metros de profundidad el océano es como una especie de agujero negro en el que la presión es extraordinariamente alta

Fuente:https://www.eluniverso.com/vida/2018/08/05/nota/6890405/mineria-submarina-afectaria-especies-sensibles

Más de 1.500 personas se manifestaron ayer por la localidad salmantina de Villavieja de Yeltes, uno de los dos municipios donde está situado el yacimiento, en contra del proyecto de explotación de la mina, bajo el lema “Por unas fiestas patronales sin uranio”.

No a la mina, sí a la vida”, “menos minería, más ganadería” y “Berkeley minera, del campo charro fuera” figuraron entre los lemas coreados por los asistentes a la protesta, que portaron pancartas, entre ellas del Ayuntamiento, de Asaja, UPA, COAG y UCCL.

El alcalde de Villavieja, Jorge Rodríguez, explicó a Efe que el empeño del consistorio es que el proyecto minero se desactive y demostrar “a las autoridades que hay una concienciación contra el proyecto muy profunda”, pero de forma pacífica.

Los detractores del proyecto ha firmado un manifiesto en el que se declaran firmes defensores de la tierra heredada de los ancestros y que será un legado para sus descendientes.

Apoyos de los ciudadanos locales, según Berkeley

Por su parte, la empresa minera australiana ha asegurado hoy que cerca de 1.500 personas de las localidades de Retortillo (el otro municipio donde está ubicado el yacimiento), Villavieja de Yeltes, La Fuente de San Esteban y Ciudad Rodrigo han mostrado su apoyo al proyecto.

En un comunicado, la compañía ha indicado que “los ciudadanos locales se han posicionado a favor de la mina, destacando el impacto del proyecto en términos de empleo y considerándola la única alternativa para evitar la temida despoblación que afecta al área, ya que el proyecto permitiría a los jóvenes permanecer en la región”.

A juicio de Berkeley, el apoyo entre la comunidad local “es muy significativo”, ya que “toda la población de Retortillo y la mitad de los residentes permanentes de Villavieja han firmado a favor”.

La empresa dice que la oposición nada tiene que ver con el interés local

Francisco Bellón vicepresidente de Berkeley Minera, ha señalado que las firmas de las ciudades y pueblos cercanos aún están llegando y se espera que la cifra siga aumentando, “ya que cada vez más gente está expresando su apoyo a la mina, haciendo bien patente que la oposición nada tiene que ver con el interés local, y nada ofrece como alternativa para desarrollar la comarca”.

250 millones de inversión y 2.500 puestos de trabajo

Según ha indicado la empresa, el proyecto de explotación de la mina de uranio de Retortillo supondrá una inversión de 250 millones de euros y la creación de 2.500 empleos directos e indirectos.

La compañía ha recibido más de 23.000 solicitudes de empleo y espera cubrir hasta 400 vacantes, entre titulados superiores y de grado medio (ingenieros/as de minas, industriales, informáticos, geólogos físicos y químicos) y técnicos y operarios de maquinaria minera.

Fuente:https://www.efeempresas.com/noticia/apoyos-y-rechazos-de-la-poblacion-local-la-mina-de-berkeley-en-salamanca/

La Comisión Europea lanzó su iniciativa para fomentar “el liderazgo mundial de la UE en el ámbito de los vehículos limpios”. El desafío es doble: por un lado, lograr posicionar la industria automovilística europea a la vanguardia de la innovación y el desarrollo tecnológico necesario; por otro, reducir nuestras emisiones de CO² en un 40% de aquí a 2030, que es el compromiso adoptado en el Acuerdo de París.

En este sentido, la piedra angular del nuevo paradigma de la “movilidad limpia” son los denominados “coches híbridos o eléctricos” que, poco a poco, van haciéndose con una cuota de mercado cada vez mayor. En España, por ejemplo, los coches híbridos y eléctricos suponen sólo el 0,69% del mercado, pero, en los últimos dos años, las matriculacionesse han duplicado (de 6.180 vehículos en 2016 a 13.021 en 2017). De hecho, el Gobierno ya está buscando la manera de incentivar su compra. Y no es el único. Se trata de una tendencia global, incluso en aquellos países donde su arraigo es mayor.

En esa línea, Inglaterra y Francia han anunciado recientemente su intención de prohibir la venta de automóviles diésel y gasolina a partir de 2040. Las grandes ciudades europeas como Londres, Roma, Barcelona o Madrid están implantando medidas similares para reducir la contaminación de los tubos de escape: desde zonas de acceso limitado para ciertos vehículos a motor hasta prohibiciones de estacionamiento, pasando por restricciones de velocidad.

Todos estos incentivos públicos contribuirán, sin duda, a incrementar la demanda de coches eléctricos en los próximos años. No obstante, nada de esto sería posible sin las innovaciones técnicas que han visto la luz en la última década, las cuales han posibilitado la creación de una nueva generación de baterías de litio. Sus costes de fabricación siguen siendo más elevados que el de las baterías de plomo-ácido que emplean los coches convencionales. Sin embargo, ofrecen cada vez mayor autonomía y mejores prestaciones, al tiempo que reducen significativamente la contaminación y sus efectos nocivos sobre la salud y el medioambiente.

Es evidente que todo ello es positivo. Pero no deberíamos perder de vista que, como todo desarrollo científico-técnico, el horizonte de posibilidades que nos abre es ambivalente. Si algo nos enseñó la sociología del difunto Ulrich Beck es que la voluntad de combatir los problemas de la sociedad industrial ha terminado generando nuevas problemáticas (como el cambio climático) que cuestionan las certezas del pasado y, en consecuencia, nuestra capacidad para resolver los desafíos del presente, sumiéndonos en la incertidumbre. La diferencia con otras épocas anteriores es, como diría el sociólogo alemán, que cada vez somos más conscientes de los riesgos que entraña cada nueva innovación técnica y eso nos obliga a considerar sus consecuencias antes -y después- de que se produzcan.

Desde este punto de vista, la expansión del coche eléctrico debería plantearnos interrogantes más allá de su desarrollo tecnológico o los incentivos comerciales que requiere. Es necesario considerar también sus impactos sociales y medioambientales. Estos últimos llevan tiempo sobre la mesa, pero apenas hemos oído acerca de los primeros, y a día de hoy son pocas las reflexiones que sobre las consecuencias que va a tener la “movilidad limpia” en los mercados de materias primas.

Las baterías de litio, por ejemplo, llevan en su composición entre un 40% y un 15% de cobalto, dependiendo del modelo. Las que impulsan los coches eléctricos emplean en su fabricación unos 26 kilos de este mineral. Así pues, entre 2016 y 2018, el precio del cobalto por tonelada métrica se ha cuadruplicado, y su evolución nos muestra que los picos más altos se alcanzan a medida en que las diferentes compañías automovilísticas (Tesla, BMW, Volvo) han ido anunciando sus nuevos modelos híbridos o eléctricos. Las estimaciones más conservadoras hablan de una demanda global que se va a quintuplicar de aquí a 2030 y hay quien duda de que las reservas mundiales puedan satisfacerla.

Más allá del quebradero de cabeza que plantea el encaje entre la oferta y la demanda, no deberíamos perder de vista otro tipo de problemas. El azar geográfico ha querido que las principales reservas de cobalto (dos tercios de la producción mundial, para ser exactos) se concentren en la República Democrática del Congo (RDC). El año pasado dicho país exportó alrededor de 64.000 toneladas métricas, una cifra muy superior al segundo importador más importante, Rusia, que se quedó en 5.600 toneladas métricas. Todo indica a que el “boom” del cobalto podría convertirse en una inmensa fuente de riqueza para el país y en un potencial motor para su desarrollo.

Se trataría de una buena noticia de no ser porque el país africano es uno de los países más afectados por eso que los economistas han denominado como la “maldición de los recursos”. La correlación entre recursos naturales y alta conflictividad es evidente en la RDC, y de hecho, a la “Segunda Guerra del Congo” que asolo el país entre 1997 y 2003 se la conoce como la “Guerra del Coltán” por la importancia que desempeño dicho mineral. Aunque, como suele suceder, la correlación no implica causalidad entre ambas cosas (pues en los conflictos inciden otros factores de tipo histórico, sociopolítico o cultural), lo cierto es que estas materias primas son una importante fuente de ingresos para el crimen organizado y las partes en conflicto. En consecuencia, si bien no son la causa que desata la violencia, sí podría decirse que son el combustible que los prolonga en el tiempo. Una idea que sirve para entender no sólo las dinámicas de conflicto en la RDC, sino también las que suceden en algunas zonas de Colombia, Venezuela, República Centroafricana o Birmania, por citar algunos casos conocidos.

La Unión Europea es consciente de este problema y, por ello, aprobó el año pasado un reglamento para regular el comercio de minerales procedentes de zonas en conflicto y promover prácticas de suministro responsable entre las empresas. Desafortunadamente, es un reglamento que presenta limitaciones importantes; la principal de ellas es que cubrirá únicamente a los importadores directos de los denominados 3TG (estaño, tantalio, wolframio y oro). No afectará a las empresas que importen productos manufacturados con estos minerales y, por otra parte, estos cuatro no son los únicos minerales asociados a conflictos.

El cobalto, por ejemplo, también ha sido vinculado a casos de explotación infantil. Por lo tanto, las empresas que emplean este mineral, si bien no tienen obligación legal de cumplir con las directrices OCDE de diligencia debida, sí tienen la obligación moral de hacerlo. Como suele decirse, lo que hoy es “soft law” mañana se convertirá en “hard law” (aunque eso es un tema que daría para otro “post”).

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/la-voluntad-de-combatir-los-problemas-de-la-sociedad-industrial-ha-terminado-generando-nuevas-problematicas/