La organización conservacionista ha señalado que la «minería especulativa apoyada por la Diputación de Ciudad Real amenaza de nuevo a la conservación de la biodiversidad de la provincia de Ciudad Real»

Ecologistas en Acción Ciudad Real ha denunciado públicamente la intención de la empresa Alcudia Mining de desarrollar una mina de fosfatos a cielo abierto, con explosivos, en el municipio ciudadrealeño de Fontanarejo, situada a tan sólo diez kilómetros al sur del Parque Nacional de Cabañeros.

En un comunicado de prensa, la organización conservacionista ha señalado que la «minería especulativa apoyada por la Diputación de Ciudad Real amenaza de nuevo a la conservación de la biodiversidad de la provincia de Ciudad Real».

Esta vez, según Ecologistas, «la amenaza se cierne sobre el Parque Nacional de Cabañeros» y uno de los corredores ecológicos más importantes de la Península Ibérica, el que une los Montes de Toledo con Sierra Morena, actualmente utilizado por el lince ibérico, ha informado en un comunicado de prensa.

Alcudia Mining, empresa vinculada al socialista y profesor de la Escuela de Minas de Almadén Pedro Aranguez, quiere abrir una mina a cielo abierto a menos de 3 kilómetros al este del pueblo de Fontanarejo y a 10 kilómetros al sur del Cabañeros, ocupando una superficie de 60 hectáreas.

La mina, que se abrirá mediante maquinaria y explosivos, tendrá una profundidad de 150 metros y se compondrá de una zona de extracción o corta al aire libre, una escombrera de 40 metros de altura y 30 hectáreas de superficie, además de una planta de tratamiento para concentrar los fosfatos que generará aguas ácidas como las que afectaron a Doñana tras la rotura de la balsa de Aznalcóllar.

La mina esta previsto que dure 35 años, tiempo en el que se pretende remover un total de 7,7 millones de metros cúbicos de rocas de los que se esperan obtener unos 8 millones de toneladas de reservas mineras de fosfatos con una ley media del 23 %.

Para que el proyecto sea viable económicamente los promotores no piensan rellenar por completo el hueco minero, por lo que se creará una escombrera aledaña a la corta minera de 30 hectáreas de superficie y 40 metros de altura que acumulará unos 5 millones de metros de materiales estériles.

Según los promotores la mina creará tan solo 25 puestos de trabajo que intentarán sean en su mayoría de los pueblos de la comarca, aunque matizan que los puestos técnicos y los que requieran experiencia previa deberán ser contratados fuera de la misma.

La defensa del bosque de Hambach, cerca de Colonia (Alemania) se ha convertido en los últimos años no solo en una acción ecologista regional sino también en un símbolo internacional de la resistencia ante fuentes de energía tan contaminantes como el carbón.

El pasado verano se vivieron en Hambach escenas de gran violenciacontra los centenares de personas que ocupaban pacíficamente algunos de los mayores árboles de este bosque antiguo para evitar su tala y posterior entrada de las máquinas de mineria de carbón a cielo abierto. La contundente y desproporcionada acción de la policia estaba alentada por las demandas presentadas contra los conservacionistas por el consorcio energético RWE.

El pasado sábado 6 de octubre la situación cambió radicalmente cuando miles de personas se concentraron en Hambach para celebrar la paralización, por decisión judicial, de la tala de parte de este bosque milenario donde RWE pretende ampliar una mina de carbón a cielo abierto. La paralización ordenada por el juez es temporal, a la espera de la sentencia definitiva, pero supone una victoria importante en un país que vive dividido entre las acciones que proponen impulsar las energías renovables y la realidad cotidiana de explotaciones mineras de carbón.

“Es con diferencia la mayor manifestación que ha visto la cuenta minera renana”, aseguró Dirk Jansen, gerente del colectivo ecologista Liga de Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente (BUND) en el estado Renania del Norte-Westfalia, donde se encuentra este bosque.

Los organizadores hablaron de unos 50.000 manifestantes, mientras que la policía evitó dar una estimación de participación, según la información recopilada por Efe.

La concentración -mitad manifestación de protesta, mitad acto festivo- discurrió de forma absolutamente pacífica entre última hora de la mañana y primera de la tarde.

Michael Müller, presidente de la ONG NuturFreunde, aseguró por su parte que la manifestación persigue mucho más que la preservación del bosque de Hambach: “Se trata de si podemos evitar o no la autodestrucción ecológica de la humanidad. No sólo queremos el fin del carbón, sino también el del petróleo y el gas”.

La manifestación estuvo temporalmente prohibida, después de que la policía decidiese no permitirla, al considerar que no podía garantizar la seguridad de una concentración así, pero el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Aquisgrán dio la razón a los ecologistas.

De forma paralela el Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Münster decidió este viernes paralizar la tala del bosque hasta conocer el resultado de la denuncia interpuesta por la Liga de Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente (BUND en sus siglas en alemán) contra el plan de RWE, al que se han opuesto de forma frontal los movimientos ambientalistas.

La batalla contra la tala del bosque de Hambach, de unos 12.000 años de antigüedad, lleva más de seis años en marcha, desde que en 2012 grupos de activistas ocuparon el área forestal para evitar su destrucción.

RWE logró recientemente el apoyo de las autoridades locales para extender su cercana mina de carbón a cielo abierto en cien hectáreas y la policía empezó hace unas semanas a desalojar a los activistas que se habían instalado en el bosque en decenas de casas colgantes en las copas de los árboles.

El desalojo se topó con una gran resistencia por parte de los activistas y de los vecinos de la zona, que comenzaron a manifestarse en los alrededores.

Los bosques de Hambach cubrían hasta los años 80 del siglo pasado unos 85 kilómetros cuadrados, pero la mitad han sido ya talados por RWE, que estima hay aún 2.500 millones de toneladas de lignito por extraer. JEC – Efe

Fuente:https://www.lavanguardia.com/natural/20181008/452233588178/el-emblematico-bosque-hambach-gana-una-batalla-judicial-a-la-mineria-de-carbon.html

Es con repugnancia e indignación que laKolektif Jistis Min (la Colectiva de Justicia en la Minería, o KJM) escucha a Jean Henry Céant proclamar ante el Parlamento que el proyecto de la ley de la minería posee extenso apoyo en todos los sectores del país. KJM, con toda su fuerza, denuncia los comentarios del Primer Ministro, los cuales se realizaron ante la Cámara de Deputados y el Senado, que “todo el mundo está de acuerdo” con el proyecto de la ley de la minería. La ley es “medicina para caballos,” redactada por el Banco Mundial y el gobierno haitiano.

En realidad, la historia es la siguiente: el 21 de febrero de 2013, la Comisión de Obras Publicas, Transportación y Comunicación del Senado llamó al ex director de la Oficina de Minas y Energía, Ludner Remarais, a dar testimonio sobre los permisos de explotación que su oficina había aprobado a puerta cerrada. El 22 de febrero del mismo año,el Senado pasó una resolución para detener todas las actividades mineras en las comunidades y pausar el otorgamiento de permisos al respecto. Siguiendo el slogan popular que Haití estaba “abierto para negocios,” el gobierno de Martelly-Lamothe invitó al Banco Mundial a redactar una ley que remplazara el Decreto de las Minerías de 1976. El objetivo principal de la nueva ley era de remover el control de supervisión parlamentario para liquidar los recursos del país.

KJM y muchos otros sectores en el país denunciaron, con toda su fuerza, la explotación minera. La minería presenta un perjuicio grave a la vida del pueblo haitiano. El proyecto de la nueva ley es un engaño, “medicina para caballos” inventado por el gobierno haitiano y el Banco Mundial, quienes concurrentemente redactaron la nueva ley e invirtieron en una compañía de minería con operación en Haití.

El comentario de Jean Henry Céant que la ley de la minería posee extenso apoyo, es falso; en efecto, la ley ha sido rechazada a causa de la falta de transparencia y de los derechos al acceso a la información y a la participación en toma de decisiones de las comunidades afectadas, según el artículo 40 de la constitución haitiana. Como una coalición de organizaciones haitianas que trabaja en el área de la anti-minería, KJM se ha comunicado varias veces con el Senado y con la Oficina de Minas y Energía pidiendo un borrador de la nueva ley.Hasta hoy, no hemos recibido ninguna respuesta. Entretanto, las empresas que mantienen permisos ilegítimos sí han podido acceder un borrador de la nueva ley.

La declaración de Céant demuestra no solamente su deshonestidad, sino también que él no ha considerado la posición de las organizaciones de movimiento social, de las comunidades afectadas ni del resto de la población que ya ha manifestado su posición. Nosotros hemos realizado una serie de actividades que han dejado bastante claro nuestra posición: cartas abiertas, ocupación, conferencias de prensa, comunicados de prensa, demonstraciones denunciando ambas la minería y el proyecto de la ley de la minería, etc.

La declaración del Primer Ministro Céant, la cual incluye falsedades sobre la ley de la minería, no ofrece ningún comentario sobre como nuestro país abordará el problema del cambio climático. Al parecer, Céant es un pion de la comunidad internacional, instalado para continuar el pillaje de los recursos haitianos; para destruir el medio ambiente; para destruir la agricultura a pequeña escala; para envenenar el agua y el aire que respiramos; para deforestar el país todavía más; para saquear la tierra que produce los alimentos para regalarlos a las empresas multinacionales y dejar al pueblo en peores condiciones.

La declaración asimismo nos ha hecho percibir claramente que Céant no proporciona ninguna respuesta a las preocupaciones del pueblo, incluso a cuestiones de la inseguridad, el desempleo, la infraestructura, el apoyo para los agricultores para producir alimentos y la corrupción, particularmente en el caso de PetroCaribe.

KJM le recuerda al pueblo haitiano, incluyendo a las comunidades afectadas por la minería, del proyecto de la ley de la minería que el gobierno haitiano quiere que el Parlamento apruebe – una ley que fue redactada en las sombras, sin transparencia, sin información, sin consulta y sin la participación del pueblo haitiano, particularmente de las comunidades afectadas. La ley que no respeta ni protege al medio ambiente, que falla en combatir la corrupción, que no respeta el derecho de las comunidades a la participación y a la autodeterminación, o los derechos del pueblo haitiano a participar y dar su opinión sobre todas las decisiones acerca de la nación.

En este sentido, KJM de nuevo advierte al Parlamento haitiano a no votar por la ley de la minería, un proyecto de ley que invitaría la muerte al abrir las puertas del país a las empresas extranjeras, las cuales han llegado a pillar, explotar y llevarse los pocos recursos de nuestro país pequeño y destruir el medio ambiente. KJM llama la atención de todo el pueblo, de las comunidades afectadas, de organizaciones de agricultores y campesinos que creen en su derecho al libre acceso a la tierra para la agricultura, para alimentar a los niños de esta nación, quienes representan nuestro futuro. Estas organizaciones progresivas podrían redirigir la trayectoria de nuestra nación, lejos de la crisis de la escasez de alimentos, y acabar con la filosofía colonial y capitalista del extractivismo. Las organizaciones de derechos humanos creen en vivir en armonía con el medio ambiente, en la buena salud, en el acceso a los alimentos, en el agua—todos derechos humanos fundamentales. Estas organizaciones, a la par de grupos de la ecología y de la protección del medio ambiente, deben luchar juntas para responderles a Céant y al Banco Mundial con respecto a este proyecto de muerte que desean implementar en nuestro país.

¡Sí a la vida, NO a la minería!

Organizaciones firmantes:
BATAY OUVRIYE
CE /JILAP
GARR
MODEP
TET KOLE TI PEYIZAN AYISYEN
PAPDA
POHDH

Fuente:http://movimientom4.org/2018/10/denuncia-sobre-los-comentarios-del-primer-ministro-jean-henry-ceant-sobre-la-mineria-en-su-politique-generale-declaracion-de-politica-general/

Anula la autorización ambiental de la mina onubense al admitir un recurso de Ecologistas en Acción.

La participación y la información constituyen sendos pilares esenciales del trámite de evaluación de impacto ambiental y la emisión del informe de verificación de compatibilidad ambiental así como la documentación indispensable del expediente aportada a posteriori, constituyen una fase relevante», de forma que «si no se somete» a aquéllas, «se desatienden ambos principios». Este párrafo forma parte de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha enturbiado la actividad en la mina de Riotinto, en Huelva. La historia de ese fallo se remonta a julio de 2014 cuando la federación andaluza de Ecologistas en Acción interpuso un recurso contra la Resolución de 27 de marzo de 2014 de una dirección de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta que otorgó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) al proyecto de explotación del complejo minero, cuya reapertura impulsó entonces Emed Tartessus S L U, reconvertida ahora en Atalaya Riotinto Minera.

Los ecologistas pedían su nulidad apoyados en un rosario de motivos y el Alto Tribunal autonómico ha desechado algunos y hecho suyos otros. Sostiene el TSJA en su fallo, consultado por LA RAZÓN, que, en efecto y como aseveraban los conservacionistas, «se incumplió la normativa que regula el procedimiento» de otorgamiento del mencionado permiso, ya que «el Decreto 356/2010 en su artículo 19 exige la previa verificación de la compatibilidad ambiental para someter el expediente a información pública a fin de cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación». Ese informe se emitió el 13 de enero de 2014 y fue «con posterioridad al mismo y por tanto a la información pública, entre enero y febrero de 2014», cuando, según ha constatado el tribunal, «la empresa Emed Tartessus S L U presentó numerosa documentación que se consideraba indispensable para la tramitación del expediente». Entre ella constaban datos relativos a suelos contaminados, a la ampliación del estudio acústico, a escombreras activas y pasivas, al estudio específico de afecciones a la Red Natura 2000 o a la aplicación de mejoras técnicas disponibles en el proceso de deposición de estériles y al análisis de alternativas a éste, entre otras cuestiones. Todas ellas «no han sido objeto de información pública» y, aunque «efectivamente el dictamen ambiental posterior fue notificado a los interesados personados en el expediente», anota el TSJA, «se ha impedido la participación pública en una de las fases del procedimiento tal como exige el artículo 19 del Decreto», recalca.

En la sentencia se matiza que, si bien es cierto que «existe información pública en el expediente» y por tanto no se puede «hablar de nulidad de pleno derecho», sí se sostiene la «anulabilidad por acordarse en un momento previo al informe de compatibilidad como exige la norma y, lo que es más importante, sin posibilidad en esa fase de examinar toda la documentación aportada después de la información pública e informe de compatibilidad ambiental» y que suponía «una modificación del Proyecto de Explotación elaborado por la Nueva Dirección General de la Compañía resultando ser un ‘brownfeld’ y no un ‘greenfield’ y que se referían entre otras cosas al tema más sensible desde un punto de vista ambiental como eran los depósitos de estériles mineros». En definitiva, el Alto Tribunal regional estima el recurso de Ecologistas en Acción e invalida, «por no ser ajustada a derecho», la Resolución de la Junta ligada al yacimiento de Riotinto.

Fuentes de la organización «verde» destacan que lo que sí se entiende en el fallo «ajustado a derecho» es que, «en junio de 2014, el viceconsejero de Medio Ambiente denegara la suspensión de la autorización ambiental, ‘ya que la AAU por sí misma no autoriza la actividad minera, corresponde a una fase anterior al otorgamiento de los derechos mineros y al de aprobación del proyecto de explotación y del plan de restauración por las autoridades competentes en la materia’». Al hilo de esa afirmación, el miembro del área de Minería de Ecologistas Antonio Ramos subraya a LA RAZÓN que «en estos momentos» la empresa «está trabajando ilegalmente», tras tumbar el TSJA la AAU, y «la Administración es también responsable de ello». En ese sentido, los ecologistas recuerdan que «los permisos se le concedieron a la mina justo antes de las elecciones andaluzas que Susana Díaz –la presidenta del Gobierno regional– adelantó a marzo de 2015». «Primaron los intereses electoralistas sobre la legalidad ambiental, los derechos de información y la participación ciudadana», lamentan. Y suma Ramos: «Si hubiese un accidente en las balsas que contienen lodos en una cantidad 10 veces superior a la de Boliden que se rompió en Aznalcóllar en abril de 1988 en estas circunstancias, ¿qué pasaría?». Su entidad lleva años advirtiendo de que «las consecuencias podrían ser catastróficas» y en concreto desde 2015 poniendo en duda que «el proyecto Riotinto pueda garantizar la seguridad de sus grandes presas mineras, Gossan, Cobre y Aguzadera», durante la década de «vida útil» autorizados. La Junta ya ha anunciado que interpondrá un recurso ante el Supremo y lanzado un mensaje de tranquilidad a la Cuenca Minera ¿a las puertas de otros comicios? Atalaya Riotinto Minera, de su lado, ha apuntado que el fallo no «pone en tela de juicio la gestión y seguridad de las instalaciones mineras» y que «no tienen ningún efecto sobre las operaciones actuales ni futuras de la compañía». Habrá próximo capítulo.

Polémicas reaperturas de varios yacimientos

Desde el Gobierno andaluz se ha impulsado la reapertura de minas como la de Riotinto, Cobre Las Cruces o Aznalcóllar, pero sobre ellas pesan algunas sombras, como demuestra el hecho de que hayan acabado en los tribunales. Distintos juzgados investigan ya en la comunidad causas con ellas como protagonistas.

Fuente:https://www.larazon.es/local/andalucia/varapalo-del-tsja-a-la-politica-minera-de-la-junta-de-andalucia-al-tumbar-un-permiso-de-riotinto-BE19957798

La explotación de la minería de tierras raras que se dedica a la extracción de elementos químicos como el escandio, el itrio y los pertenecientes al grupo de los lantánidos, ha reunido en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) a defensores y detractores de esta actividad industrial.

El encuentro, que se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real, ha pretendido «clarificar» la realidad de la minería de tierras raras desde una perspectiva científica «y lo más plural posible», según ha explicado el coordinador del encuentro, el profesor de la UCLM José Ángel Toro.

Esa pluralidad se ha manifestado en la defensa de este tipo de explotaciones por parte de quienes señalan que este tipo de materiales son imprescindibles en la fabricación de multitud de objetos, desde teléfonos móviles hasta aerogeneradores; y en su rechazo por aquellos que priman los impactos ambiental y social derivados de estas industrias.

Entre los primeros se encuentra el consultor senior del Instituto Europeo de Tecnología de Materias Primas, Tony Hand, quien, tras admitir que los conceptos «minería» y «sostenible» son incompatibles por la propia naturaleza de los recursos mineros, ha explicado que es posible diseñar un procedimiento minero que minimice su impacto, «aplicando garantías al tratamiento del agua, de los residuos o de la energía empleada».

Tanto Hand como su compañera en EIT España, Lorena Jurado, han recordado que las tierras raras se consideran recursos críticos para la Unión Europea en función de la dependencia exterior (y casi siempre de países inestables) para su abastecimiento y su relevancia para la industria.

A pesar de este carácter crítico, aún no hay ninguna mina de tierras raras en la Unión Europea y la mayor parte de los minerales se importan de China.

En la misma línea que Hand se ha manifestado el director del Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León (ICAMCYL), Santiago Cuesta-López, quien aboga por lo que denomina «nueva minería sostenible del siglo XXI» que incluye desde una regulación armonizada para la Unión Europea, a la aceptación social de los proyectos mineros allí donde se vayan a implantar, el análisis detallado del impacto ambiental, una explotación inteligente.

Sobre el taller ha planeado el proyecto de la empresa Quantum deabrir una mina de tierras raras en el Campo de Montiel (Ciudad Real), una iniciativa descartada tras la denegación de las concesiones de explotación como consecuencia de la declaración de impacto ambiental negativa por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El Grupo de Investigación Geomorfología, Territorio y Pesaje en Regiones Volcánicas (GEOVOL) de la UCLM fue una de las organizaciones que presentó alegaciones contra el proyecto atendiendo a las consecuencias ambientales de la explotación.

Uno de sus firmantes, el profesor del Departamento de Geografía Rafael Gosálvez Rey, está convencido de que la mina habría tenido repercusiones nefastas para la zona y ha señalado que el Campo de Montiel es «una de las mejores zonas de reproducción de águila imperial y de águila perdicera; y es precisamente aquí donde se está produciendo la reintroducción del lince ibérico».

Gosálvez ha señalado que la minería de tierras raras o cualquier otra actividad minera en esta zona es manifiestamente incompatible con la conservación del medio ambiente.

El profesor descarta, también, el traslado del proyecto a ubicaciones alternativas, como El Tesorillo, en Navas de Estena, junto al Parque Nacional de Cabañeros, por las mismas razones.

Fuente:http://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/411007407/Partidarios-y-detractores-de-la-mineria-de-tierras-raras-han-debatido-en-la-UCLM.html

Una inversión de 400 millones de euros y cientos de empleos directos e indirectos hasta rozar el millar para extraer del subsuelo sevillano cobre, zinc, plomo y plata. Éste es, de forma resumida, el proyecto que el pasado mes de marzo presentó Cobre Las Cruces, la filial de la multinacional canadiense First Quantum, para ampliar el yacimiento minero que explotan en los términos municipales de Gerena, Salteras y Guillena, en Sevilla, de forma que de una previsión de cierre en 2021 se pasaría a un horizonte mucho mayor, en 2034.

Sin embargo, el futuro del que ahora mismo es el mayor proyecto inversor en la minería andaluza está comprometido por las dificultades técnicas que se ha encontrado y, sobre todo, por las sospechas de irregularidades y de daños al medio ambiente que está investigando un juzgado sevillano.

Según ha podido saber EL MUNDO de Andalucía, se han abierto diligencias en los tribunales después de que la Fiscalía de Medio Ambiente presentara una denuncia en la que apunta a la posibilidad de que Cobre Las Cruces haya podido saltarse la ley en las obras iniciales de su proyecto de ampliación, que contempla pasar de la extracción del mineral a cielo abierto a la explotación subterránea en galerías.

Precisamente ha sido en la construcción de una rampa -«de investigación», precisa la empresa- donde los planes de la compañía minera han empezado a torcerse.

La versión de Cobre Las Cruces apunta a problemas técnicos, pero la Fiscalía es más contundente y sospecha que se han producido filtraciones y detracciones de agua del acuífero Niebla-Posadas -sobre el que se asienta el yacimiento- muy por encima de los niveles autorizados. Hasta el punto de que, según consta en la denuncia del Ministerio Público a la que ha tenido acceso este periódico, podría haberse causado un daño «sustancial» al acuífero y el entorno que se abastece de estas aguas, además de suponer un «peligro de perjuicio grave para el equilibrio» de este sistema natural.

La denuncia presentada por el Ministerio Público es, a su vez, la respuesta a la que presentó a mediados del mes de enero Ecologistas en Acción, que acusa a la compañía minera por los daños al acuífero, pero que además habla de delitos de prevaricación ambiental por parte de los funciones y autoridades que han permitido que sucedan estos hechos.

Según los cálculos de la organización conservacionista, la construcción de la rampa se ha traducido en la pérdida de cien litros por segundo del acuífero y, aunque la obra tenía autorización de la Junta, no contaba, argumentan, con la autorización ambiental preceptiva ni de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), un organismo que, por cierto, mantiene abierto un expediente sancionador a Cobre Las Cruces.

Los trabajos, paralizados

Fuentes de la CHG explicaron que han recibido una petición judicial para informar sobre las supuestas irregularidades en la mina y que están elaborándolo en estos momentos. Respecto a medidas cautelares, las mismas fuentes señalaron que no han ordenado la paralización de las obras, algo que correspondería a la Junta, dicen.

En cualquier caso, la propia empresa minera admite que los trabajos en la rampa están paralizados desde hace meses, desde la pasada primavera. Ello se debe, manifestaron fuentes autorizadas de Cobre Las Cruces, a la iniciativa de la propia empresa nada más detectarse la filtraciones de agua.

Desde la compañía minera se asegura, asimismo, que la transparencia ha sido máxima y que de todo el proceso se ha mantenido informada a la Administración.

Sobre el futuro del proyecto de ampliación de la mina de cobre, las fuentes mostraron su confianza en que las dificultades actuales se superen y desvincularon la viabilidad del proyecto.

Cobre Las Cruces ya cuenta con antecedentes de infracciones ambientales y, de hecho, llegó a ser condenada por detraer agua del acuífero así como por contaminarlo con arsénico.

Fuente:http://www.elmundo.es/andalucia/2018/09/19/5ba13a05e5fdea55648b4622.html

«Quantum Minería se queda sin agua en el Campo de Montiel«, celebran desde la Plataforma Sí A la Tierra Viva, tras el archivo del expediente de sondeo de  investigación de aguas subterráneas solicitado por Quantum Minería, promotora de los proyectos mineros de tierras raras en la provincia de Ciudad Real. El documento viene de la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La Plataforma señala que este archivo coincide con las más de 4.000 alegaciones presentadas por la Plataforma.

Sí a La Tierra Vive explicaba que la Confederación «no podía ir en contra de sus propios actos» después de los «múltiples» informes negativos emitidos por el mismo organismo de cuenca y obrantes en el «fallido proyecto de explotación de tierras raras». En este sentido señalan que la resolución de la Confederación Hidrográfica es un «éxito de la razón y de la ciudadanía» «Han sido muchas las asociaciones de todo tipo, ayuntamientos, cooperativas, organizaciones agrarias que habían solicitado, con argumentos jurídicos el archivo del expediente», aseguran, y rematan que el nuevo «revés» para Quantum se suma a los ya obtenidos con la denegación de los derechos mineros.

En los antecedentes que señala el Ministerio de Transición Ecológica, se explica que Quantum Minería pidió una autorización de investigación de aguas subterráneas en junio de 2016 para «en su caso» solicitar una concesión de aguas subterráneas para el lavado de material mineral. La plataforma Sí a la Tierra Viva presentó alegaciones en noviembre de ese año, reclamando la «clara incompatibilidad» del permiso y la concesión de masa subterránea «al existir un pronunciamiento negativo del órgano medioambiental», así como las «carencias» del estudio, y la «falta de precisión» en los sondeos, entre otras.

El PSOE también presentó alegaciones, a través de su agrupación en la localidad de Torrenueva, en marzo de este año, recalcando que la Junta de Comunidades había denegado los permisos de explotación minera, así como que la Confederación Hidrográfica del Guadiana «negó en su momento» el uso de los recursos hídricos. Pedían igualmente que se valorase el uso de agua para fin industrial, «en contraposición» al uso de agua para consumo humano. En este sentido se expresó también la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que pidió que se denegase el permiso al considerar que se trataba de una actividad «incompatible» con la protección del medio ambiente y con los abastecimientos de la comarca.

Igualmente, recordaban que este proyecto se destinaría a una actividad cuya concesión fue denegada a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minería en noviembre de 2017. Otros Ayuntamientos, como Castellar de Santiago, Cózar, Villanueva de la Fuente, y asociaciones como Ecologistas en Acción o la Asociación Española contra el Cáncer se interesaron igualmente por el procedimiento y enviaron sus propias alegaciones; lo mismo hizo el PP de Torrenueva y la diputada de Unidos Podemos, Eva García Sempere.

Finalmente, la Confederación Hidrográfica del Guadiana constata la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente en la que se señala que dicho proceso industrial es «inviable medioambientalmente», lo que supuso que se denegasen los títulos concesionarios. «Por tanto, la solicitud de autorización de investigación de aguas subterráneas ha perdido su finalidad y objeto al ser inviable medioambientalmente el desarrollo de la actividad industrial de lavado de mineral al que se destinarían las aguas subterráneas» y se acuerda así el archivo del expediente.

Fuente:https://www.eldiario.es/clm/Nuevo-archivado-expediente-investigacion-subterraneas_0_815768561.html

El Gobierno da sólo 110 días de vida a la minería. La propuesta que el Gobierno Estatal presentará esta mañana en la Mesa del Carbón a los agentes sociales y a la patronal mantiene el 31 de diciembre como fecha de cierre de las minas que hayan recibido ayudas para tal fin por ser no competitivas sin tener las empresas que las hayan recibido más opción de futuro que la devolución de las mismas. El borrador del documento titulado ‘Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras’, al que ha tenido acceso La Voz de Asturias, deja claro en las tres primeras líneas de la introducción que «este Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas sociales excepcionales necesarias para una transición justa de los trabajadores de la minería del carbón y las comarcas mineras a partir del 31 de diciembre de 2018» aludiendo, seguidamente, al marco normativo de la Decisión 2010/787 de la Unión Europea, con la que no plantea ninguna negociación para dar continuidad al sector. Así, el documento contempla prejubilaciones, indemnizaciones y bajas voluntarias para los trabajadores; propone un plan para la transición energética de la empresa estatal Hunosa; y cita en un anexo las unidades de producción de la minería privada que tienen plan de cierre derivado de esa Decisión 787 y que de forma «irrevocable, insiste, debe concluir el 31 de diciembre de 2018».

Los planteamientos del borrador del Acuerdo los hace el Gobierno asumiendo el «alto nivel de dependencia económica de la industria minera del carbón» que aún tienen las áreas en las que se localiza la producción de carbón en Asturias, Aragón y Castilla y León, por lo que señala que para que se produzca una transición justa, resulta «urgente y esencial» paliar la repercusión «que el inminente cierre de las minas no competitivas puede provocar en dichas zonas mineras.

Para «abordar el impacto social y regional que conllevan esos procesos de cierre» concreta el documento que se diseñará «un Plan de Acción Urgente» para llevar a cabo esa transición justa entre los años 2018 y 2021, el cual se consensuará con las comunidades autónomas, las entidades locales y los actores sociales. Éste propondrá, entre otras actuaciones, un Plan para la Transición Energética de la empresa estatal Hunosa; un plan para la restauración de explotaciones en las comarcas mineras; un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética; o el lanzamiento de estos territorios en la Plataforma Europea de Regiones Mineras para que éstos tengan acceso a los fondos que se establezcan para las regiones mineras en transición. Con el Plan Urgente se buscará promover una economía alternativa en las zonas y favorecer su impulso económico, «teniendo como objetivo fundamental la creación y mantenimiento del empleo en las mismas».

Entre los objetivos que fija el borrador está también el de atenuar «el impacto que produce la pérdida de puestos de trabajo y las repercusiones» que tiene el cierre de las minas de carbón en las economías regionales. Por ello, contempla como «imprescindible extender el alcance de las medidas sociales» previstas para los trabajadores, «de modo que el mayor número de trabajadores de las plantillas propias de las empresas de la minería privada del carbón puedan tener acceso a prestaciones económicas e indemnizaciones ajenas al sistema legal como consecuencia de la pérdida de su puesto de trabajo».

Bajas voluntarias y prejubilaciones

En la propuesta del Gobierno se establecen dos tipos de ayudas destinadas a la plantilla de unidades de producción de carbón que cierren: ayudas sociales por costes laborales mediante bajas indemnizadas de carácter voluntario y ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad avanzada o prejubilaciones.

Las primeras están dirigidas «a los trabajadores del sector que permanezcan en las labores de restauración y clausura de las explotaciones», de forma que se produzca «una salida no traumática». Podrán acogerse aquellos trabajadores cuyos contratos se extingan con posterioridad al 31 de diciembre de 2018, dentro del plazo máximo de los 36 meses siguientes a dicha fecha siempre y cuando lleven tres años en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. Para ellos el importe de la indemnización será la suma de una cantidad fija común de 10.000 euros más una cantidad variable calculada individualmente, correspondiente a 35 días de salario por año trabajado con un límite de 30 mensualidades. La cuantía de la indemnización se incrementará en 26.000 euros en el caso de los trabajadores silicóticos de primer grado que acrediten dicha circunstancia.

Las segundas prestaciones que propone el Gobierno en el «Acuerdo de Medidas Excepcionales para una Transición Justa de la Minería del Carbón» serían destinadas específicamente «a trabajadores de edad equivalente avanzada», con lo que se podrán acoger a estas ayudas quienes tengan 50 o más años de edad equivalente, con la aplicación del coeficiente reductor que corresponda, con una antigüedad en la empresa de al menos tres años y nueve cotizados en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. Para acceder a estas prestaciones, la extinción de su contrato habrá de producirse con anterioridad al 31 de diciembre de 2018.

Este es el Acuerdo que hoy presentará el Ministerio de Transición Ecológica en la Mesa del Carbón a los sindicatos y a la patronal, aunque en el mismo documento se apostilla que «la vigencia efectiva del mismo está condicionada a su aprobación por parte de la Comisión Europea».

Fuente:https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2018/09/13/propuesta-gobierno-da-solo-110-dias-vida-mineria/00031536815179539303814.htm

El Gobierno de España firma el fin del carbón autóctono. La nueva política de transición ecológica del Ejecutivo de Pedro Sánchez cierra cualquier resquicio de esperanza y condiciona la continuidad de la actividad en los tajos más allá del 31 de diciembre de 2018 a la devolución de las ayudas a la Minería.

De esta forma, da un vuelco a la política del ministro popular Álvaro Nadal que, en su convencimiento de que las empresas rentables y competitivas debían mantener su actividad a partir del 2019, había abierto la puerta a negociar con la Unión Europa para buscar una solución.

Así lo ratifica el Ministerio para la Transición Ecológica, con Teresa Ribera a la cabeza, en el documento que, bajo el título ‘Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras’, fija el 31 de diciembre de 2018 como fecha de cierre de la minería española.

El documento, al que ha tenido acceso leonoticias, se presentará este jueves en la Mesa del Carbón en la que está previsto la asistencia de la ministra que, previsiblemente, se encontrará con la oposición en bloque de patronal y sindicatos al entender que condena al sector minero al cierre y, con él, a las centrales térmicas de carbón.

La realidad, advierten desde la parte social, es que la nueva hoja de ruta del Gobierno impediría la continuidad de ninguna de las empresas que en la actualidad mantiene su actividad en León – Hijos de Baldomero García, Uminsa y la Hullera Vasco Leonesa- y pone en riesgo la continuidad de las instalaciones de generación eléctrica de La Robla y Compostilla.

De esta forma y tal y como acordó en diciembre de 2010 la Unión Europea, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la minería española escribiría este año su último capítulo pese al frente común de las regiones mineras de intentar modificar la medida para garantizar la actividad de las empresas rentables.

Medidas «excepcionales»

En el documento, el Gobierno asume el «alto nivel» de dependencia económica de la industria minera del carbón en áreas como León, Asturias y Aragón a pesar de los «esfuerzos» realizados en los últimos Planes del carbón y entiende «urgente y esencial» paliar la repercusión inminente del cierre de aquellas minas no competitivas.

Un escenario que hace necesario, recoge el acuerdo que busca el Gobierno, ampliar el número de destinatarios de las ayudas previstas en el real decreto de 2014, para que el cierre de las compañías no impida a los trabajadores acceder a las ayudas por prejubilación.

Consiste, continúa, en abordar el impacto social y regional que llevará el cierre de las unidades de producción. Por ello, las ayudas se complementarán además con un Plan de Acción Urgen en Transición Justa 2018-2021 que se consensuará con las comunidades, los ayuntamientos y los actores sociales.

Un plan que promoverá una economía alternaba en las zonas y favorecerá un impulso económico, teniendo como objetivo fundamental la creación y mantenimiento del empleo.

Dos líneas de ayudas

En este sentido, el gobierno plantea dos tipos de ayudas de carácter social. La primera de ellas, relativas a las bajas indemnizadas voluntarias para evitar la salida traumática de aquellos trabajadores que permanezcan en las labores de restauración y clausura de las explotaciones.

En este sentido, podrán acogerse aquellos cuyos contratos se extingan con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y en un máximo de 36 meses siempre que acumulen una antigüedad de al menos tres años en el Régimen Especial de la Minería del Carbón y sea trabajador de la plantilla con anterioridad al 2013.

Estos trabajadores percibirán una cantidad fija común de 10.000 euros así como 35 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades. El pago se incrementará en 26.000 euros en el caso de los trabajadores silicóticos de primer grado.

La segunda línea de ayudas que establece son para los trabajadores de avanzada edad o prejubilaciones y se podrán acoger aquellos que tengan 50 o más años, al menos tres años de antigüedad en la empresa así como un mínimo de nueve años cotizados en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. La extinción de sus contratos además deberá llevarse a efecto antes del 31 de diciembre del actual ejercicio.

Ayudas que, desde la parte social, ya califican de «trampa« al dejar fuera a un importante número de trabajadores del sector que, en ningún caso, podrána acogerse a ninguna de las líneas.

Fuente:https://www.leonoticias.com/mineria/gobierno-opcion-futuro-20180912193033-nt.html