Internacional

Las mafias de la arena callan a periodistas en la India

Cada año se extraen en todo el mundo hasta 50 mil millones de toneladas métricas de arena y grava. La inagotable necesidad de arena de este país en rápido desarrollo es el caldo de cultivo propicio para las actividades ilegales que se conocen como las “mafias de la arena”. Forbidden Stories, un consorcio internacional de 40 periodistas, que publican en 30 medios de comunicación de todo el mundo, ha investigado la censura, la violencia y el daño medioambiental que han provocado estos magnates de la arena. Estas investigaciones forman parte de la serie, “Green Blood”, un proyecto que indaga las historias de los periodistas que han sido amenazados, encarcelados o asesinados mientras investigaban temas medioambientales.

En automóvil se tardan casi cuatro horas para ir desde Lucknow, la capital de Uttar Pradesh, hasta la ensordecedora ciudad de Shahjahanpur.

Una ciudad en la que no es fácil moverse por sus calles estrechas, llenas de bicicletas y vendedores ambulantes. En el aire resuena constantemente un concierto de bocinas.

Lejos del bullicio de las calles principales, encontramos una plaza rodeada de casitas. Entre ellas, una vivienda tranquila de dos habitaciones, queda oculta a los transeúntes por una pared verde de tres metros y unas puertas de hierro azul. Dentro de esas paredes, todavía no se ha resuelto el misterio de lo que le sucedió al periodista independiente indio, Jagendra Singh, hace cuatro años.

El 1 de junio de 2015, Singh, estaba esperando una visita aun así no sabía exactamente lo que le esperaba. Durante semanas, había estado escribiendo sobre la supuesta participación del político local, Rammurti Singh Verma, en el negocio ilegal de la extracción de arena. Había llegado el momento de un encuentro.

Sin embargo, a primera hora de la tarde, fue la policía la que se presentó en su casa. La familia de Jagendra Singh dice que los partidarios de Verma también se presentaron. Al rato, Singh ingresó agónico en el hospital con quemaduras en más del 50% de su cuerpo.

“¿Qué necesidad tenían de matarme?”, dijo en un video grabado en el vestíbulo del hospital local al que fue rápidamente transportado. “Los hijos de puta me rociaron con gasolina. Saltaron por encima del muro y entraron en mi casa. Si hubieran querido, pudieron haberme arrestado en lugar de hacer eso”.

Con los ojos cerrados y sin poder siquiera mirar a la cámara, acusó a los oficiales de policía y simpatizantes de Verma de prenderle fuego. En el video, se pueden ver sus quemaduras devastadoras. Murió a causa de sus heridas siete días más tarde. Tenía 46 años.

Más allá de las fechas y los protagonistas involucrados, los hechos de ese día son discutidos. La familia de Singh, dijo que el periodista fue atacado y quemado vivo. La policía, en cambio, concluyó que se trataba de un suicidio. El único testigo presencial del incidente, una amiga de Singh que estaba en la casa con él, inicialmente apoyó la versión de los hechos del periodista, pero cambió su historia varias veces. Incluso en una entrevista reciente, muy nerviosa, dio tres relatos completamente diferentes de lo que sucedió ese día.

Forbidden Stories, un consorcio internacional de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación de todo el mundo, recopiló testimonios que desdicen la versión oficial del suicidio de Jagendra Singh. Forbidden Stories, cree que su muerte forma parte de la historia de represión y silenciamiento llevada a cabo por los magnates de la arena en la India en estos últimos años.

“Se metió en problemas desde el momento en que escribió contra el ministro [Verma]”, dijo la viuda de Singh. “Lo regañé. Le dije que no debería escribir tales historias y él me contestó que quería llegar hasta el final”.

Desde el comienzo de su carrera periodística en 1999, Singh, cambió de empleador varias veces porque se sentía regularmente censurado. “A veces, a sus jefes se les pedía que abandonaran una historia o les pagaban dinero para asegurarse de que las noticias nunca se publicarían y mi padre se enfadaba”, dijo Rahul, el segundo hijo de Singh.

El 27 de abril de 2015, Singh, posteó su primera publicación en Facebook acusando a Verma, el entonces Ministro de Bienestar en Uttar Pradesh, de dirigir operaciones ilegales. Sus publicaciones periodísticas en Facebook las seguían miles de personas.

“No queda casi ningún negocio ilegal que no esté siendo administrado por el ministro Ramamurthi Singh Verma”, posteó en uno de ellos. Uno de los negocios del ministro, escribió, era la extracción ilegal de arena. Junto con las fotos, Singh, publicó una historia acusando a los trabajadores del Ministro de extraer ilegalmente la arena del río Garra. Singh, afirmó que Verma sobornó a la policía local con 10,000 rupias (150 dólares) por día, para permitir la extracción.

Un portavoz de Verma dijo que no podía responder porque estaba hospitalizado.

Las relaciones entre los dos hombres se fueron tensando durante meses. Simpatizantes de erma presentaron denuncias supuestamente falsas contra el periodista. Solo se fueron empeorando la situación ya que Singh continuaba escribiendo sobre el Ministro. Las amenazas pasaron a ser físicas. Según Singh, los secuaces de Verma le rompieron un tobillo tras un ataque.

Aun así Singh persistió. Su desesperación era tal, que decidió jugar con las mismas cartas que el Ministro. Sus amigos confiesan que, exasperado – en lo que describen como un acto impropio de él – ayudó a presentar una denuncia por violación supuestamente falsa, contra Verma. La denuncia fue retirada tras la muerte de Singh.

El día del funeral de Singh, el 9 de junio de 2015, su hijo presentó una denuncia contra Verma y cinco policías por conspiración para cometer asesinato e inmolación. No pasó mucho tiempo antes de que el ministro se pusiera en contacto con la familia.

Por primera vez, los miembros de la familia Singh han reconocido a Forbidden Stories y a un periodista de Le Monde (Francia), que abandonaron el caso después de llegar a un acuerdo con Verma.

Después de la muerte de Singh, la presencia y la atención de los medios de comunicación mantuvo a la familia esperanzada durante un par de semanas. Pero pasado un cierto tiempo los periodistas tuvieron que irse y la familia comenzó a sentirse aislada e indefensa frente a Verma. Los familiares y amigos comenzaron a presionarlos para que aceptaran un acuerdo con el ex ministro. La viuda de Singh dijo que temía por la vida de sus hijos.

“Muchos de nuestros familiares se pusieron de repente contra nosotros”, recuerda. “Nos dijeron que la vida de mis hijos estaba en peligro”.

La familia afirma que Verma les dio en efectivo el equivalente a tres millones de rupias (45 mil 000 dólares). La familia comprendió que esta generosa donación estaba condicionada a una declaración en la que se dijera que Singh se había suicidado.

Finalmente, el 23 de julio de 2015, el hijo de Singh retiró su denuncia.

Un mes más tarde, el 27 de agosto de 2015, Verma, hizo una deposición ante la policía en la que estipulaba que la denuncia presentada por Singh era “falsa”. Verma también declaró que nadie había acosado a Singh, ni nadie lo había quemado. En esta declaración, Verma, no mencionó el acuerdo con la familia ni el dinero que les donó.

Según la familia, Verma, quería que la familia destinase el dinero a la hija de Singh, Diksha. “Educadla y dejad que estudie hasta que ella quiera y que luego se case, usad ese dinero para su matrimonio”, así es como recuerda el hijo de Singh las palabras de Verma.

Hoy, la familia está destrozada por culpa de este acuerdo. La hija de Singh, determinada a que su padre sea reconocido como asesinado, se niega, en contra de los deseos de su familia, a tocar el dinero y a casarse.

“Él quería luchar para obtener justicia y siepre quiso hacer algo bueno por Shahjahanpur”, recuerda la hija. “Muy pocas personas son tan valientes como para enfrentarse a un ministro tan poderoso. Mi padre fue uno de los pocos que expuso la verdad”.

En India, Singh, no era el único periodista presuntamente atacado por escribir sobre las mafias de arena. Sandeep Kohari murió solo un par de semanas después de Singh. Karun Misra lo hizo en febrero de 2016 y Sandeep Sharma en marzo de 2018. Todos estaban investigando la extracción ilegal de arena cuando fueron asesinados.

Según Aunshul Rege, profesor asociado en el departamento de justicia penal de la Universidad de Temple, en Filadelfia, “la `mafia de la arena´ es considerada actualmente como uno de los grupos de crimen organizado más prominentes, violentos e impenetrables de la India”. Y está claro que estás mafias harán todo lo posible para mantener en secreto su negocio.

En el terreno, las ONG y los periodistas que intentan esclarecer el funcionamiento de la industria de la minería de arena, se enfrentan a una batería inmediata de amenazas. A medida que van acercándose a la verdad, las advertencias son fulminantes. Cuando se investiga el negocio de la arena, la intimidación es frecuente y la corrupción es sistemática.

Porque, a pesar de estar disponible para cualquiera, la arena es un producto lucrativo. Las playas son fuente de minerales valiosos como el granate, la ilmenita y el circón. Minerales que se utilizan principalmente en el campo de los abrasivos de voladura (a menudo llamados chorro de arena), comunes tanto en la fabricación de aeronaves, como en la construcción naval y en la industria automotora.

La extracción ilegal de arena se ha extendido desde 2000 a lo largo de la costa de Tamil Nadu. En 2013, las autoridades estatales finalmente decidieron tomar medidas. Se prohibió la extracción mientras se iniciaban las inspecciones de las actividades ilegales de las compañías mineras privadas.

Sin embargo, entre 2013 y 2016, las mineras privadas continuaron exportando por todo el mundo más de dos millones de toneladas métricas de minerales, según un informe de expertos presentado ante el Tribunal Superior de Madras.

En una declaración a Forbidden Stories, Vaikundarajan indicó que “el cese de la minería hasta que se complete la inspección no equivale a la prohibición de la minería”. En cuanto al informe pericial presentado ante el tribunal, Vaikundarajan dijo que “todas las alegaciones formuladas carecían de fundamento y no eran conformes a la ley”.

Sandhya Ravishankar, periodista de Chennai en Tamil Nadu, es una de los pocos profesionales que han investigado este tema.

Tan pronto como apareció su primera historia en 2013, recibió un aviso muy claro: “El mismo día de la publicación, en tan solo una hora o dos, demandaron al periódico por difamación e incluyeron mi nombre entre los acusados ”.

La periodista de Chennai continuó escribiendo una serie de seis artículos más, pero nadie quería publicar sus reportajes. Finalmente, en enero de 2017, el sitio web de noticias indio, The Wire, publicó los resultados de su investigación. Como consecuencia recibió más amenazas telefónicas y fue espiada. La periodista dice que empezó a recibir llamadas telefónicas amenazantes, que grabaciones de seguridad de una de sus reuniones con una de sus fuentes fueron publicadas en Internet.

“Sandhya Ravishankar tiene una enemistad personal contra nuestra compañía”, dijo Vaikundarajan en una larga declaración criticando largamente a la periodista que, según él, trabaja para uno de sus competidores.

Tras estas intimidaciones, Ravishankar, decidió continuar su investigación a distancia. Por razones de seguridad, nunca ha regresado a la zona. Forbidden Stories ha unido esfuerzos para trabajar con ella y seguir informando sobre la minería ilegal de arena en la playa en Tamil Nadu.

En uno de los distritos donde la extracción ilegal ha sido más intensa, la gente tiene miedo de hablar. El temor es tal que algunos habitantes no se atreven a mencionar el nombre del imperio local de extracción de arena en la playa: V.V. Mineral.

La compañía la dirije S. Vaikundarajan, cuyo nombre aparece más de una vez en las investigaciones estatales y judiciales. “Alrededor de, digamos, entre el 85 y el 90% de la extracción de arena de playa, tanto legal como ilegal, está monopolizada por esta familia”, afirma Ravishankar.

Hay un recordatorio de V.V. Mineral en cada esquina de Thisayanvilai. El más importante es el V.V. Colegio de Ingeniería, un nuevo e imponente edificio construido en 2010 y protegido por guardias de seguridad. La fachada rosa y blanca está impoluta, destacando en medio de este pueblo rural y pobre. A una corta distancia, un centro de salud lleva el nombre de este magnate del negocio de la arena. Sin embargo, el impacto ambiental a largo plazo de la minería de arena, empaña este cuento de hadas.

En un informe publicado en mayo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, subrayó los impactos medioambientales y sociales de la extracción de arena afirmando que se trataba de una cuestión de importancia mundial. “El aumento del volumen de minerales extraídos, la mayoría ilegalmente, de los ecosistemas marinos y fluviales, da lugar a la erosión fluvial y costera, amenazando a la pesca en agua dulce y marina, y a la biodiversidad”, señaló.

Los minerales de arena de playa requieren mucha menos cantidad de arena que la construcción, pero aún así pueden perturbar el ecosistema. “Somos la única empresa que opera con una autorización ambiental válida… así que la degradación ambiental es una historia imaginaria que se difunde con un motivo oculto”, dijo Vaikundarajan, quien culpó de la erosión del litoral al calentamiento global.

Hasta ahora, tanto autoridades, como periodistas y organizaciones no gubernamentales, han hecho poco hasta ahora para medir el coste medioambiental de la extracción de arena en Tamil Nadu. Pero lo cierto es que todos los testimonios apuntan en una misma dirección: “Un impacto evidente es que las dunas de arena han desaparecido, y el mar está entrando en la tierra”, dice Ravishankar.

Los periodistas de Forbidden Stories se reunieron en Kovali – una aldea de Tamil Nadu – con un pescador que se quejaba de que el mar se expanda cada año un poquito más sobre la arena, un fenómeno llamado erosión que el pescador considera ser el resultado de la minería ilegal en la zona.

Los aldeanos tienen que retirar sus casas, lejos de la costa o son tragadas por el mar. “Todas las casas que como la nuestra, estaban aquí hace 3 o 4 años, se han ido para siempre”, declaró. El pescador también afirmó que alrededor de 300 personas perdieron sus hogares en la área.

Debido a la pérdida de la barrera natural que supone la arena, se sospecha que el agua salada se ha filtrado en el agua subterránea. “El agua se volvió salada”, dijo un granjero local. “Las plantas de banano no pudieron adaptarse a la salinidad del agua y tras un tiempo tuve que vender la tierra ”.

El impacto podría ser un problema a muy largo plazo. “La erosión costera puede continuar incluso décadas después de que se haya detenido la extracción de arena”, afirma Pascal Peduzzi, jefe de la Unidad de Cambio Global y Vulnerabilidad del Programa de Medio Ambiente de la ONU.

Mientras tanto, los periodistas que intentan denunciar los actos perpetrados por las mafias de la arena que devoran las costas indias, viven bajo constante amenaza. En mayo de 2019, el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, denunció un nuevo ataque en Odisha, un estado costero al norte de Tamil Nadu. Según el CPJ, “Seis individuos no identificados que empuñan un machete y otros objetos afilados, atacaron al periodista Pratap Patra”.

El periodista dijo creer que el ataque estaba relacionado con un artículo que había publicado sobre una empresa local de extracción de arena que estaba trabajando ilegalmente, según CPJ.

“Antes de que yo empezara a publicar, solía haber más periodistas informando, pero fueron acosados y sus familias se asustaron con las amenazas, y, simplemente, tuvieron que abandonar, no tenían otra opción”, afirma Ravishankar sobre el trabajo de los periodistas que investigan sobre la minería ilegal de arena en Tamil Nadu. “Hoy probablemente soy la única que todavía se atreve a meter la nariz en este asunto”.

 

Fuente:https://www.proceso.com.mx/589093/las-mafias-de-la-arena-callan-a-periodistas-en-la-india

Internacional

Empresas mineras quieren explotar el fondo de los océanos

Si bien los minerales siempre han sido necesarios en los diversos avances tecnológicos, sus nuevos usos – particularmente en las industrias digitales y automotriz – crean una demanda cada vez mayor a nivel mundial.

Aunque las reservas son extensas, la explotación masiva conduce inevitablemente a un fenómeno de rarefacción y a una alza de los precios en el mercado global – además de un número creciente de conflictos sociales en varias regiones del planeta. Como consecuencia y para abastecerse, industriales y Estados miran hacia áreas vírgenes de minería entre los que se encuentran los fondos marinos.

Océanos: abundancia en minerales

Depósitos de minerales se encuentran en todos los océanos, a profundidades que van desde unos cientos hasta varios miles de metros. De entre todos los recursos minerales submarinos existentes, los más importantes, debido a su potencial económico e industrial, son los yacimientos de minerales polimetálicos: nódulos de manganeso, costras de ferromanganeso ricas en cobalto y sulfuros hidrotermales polimetálicos . Estos depósitos se distribuyen a lo largo de todos los fondos oceánicos.

Esa mineralización profunda contiene metales muy codiciados: cobalto, hierro, manganeso, platino, níquel, oro, plata, titanio, cobre, mercurio, tierras raras, etc. Sus concentraciones tienden a ser mucho más altas que en los depósitos terrestres y las áreas que podrían ser explotadas bajo los océanos son más extensas ya que los mares y océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra.

Así lo demuestra un informe realizado por los investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS por sus siglas en francés) y del Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (Ifremer) el cual estima “el peso total de los nódulos en el área de Clarion-Clipperton, el más rico en el Pacífico (15% de la superficie del océano pacífico), a 34 mil millones de toneladas: 6,000 veces más talio, tres veces más cobalto y más manganeso y níquel que todos los recursos que se encuentran fuera de los océanos”.

Según el mismo informe, a diferencia de las minas terrestres, no sería necesario cavar túneles para acceder a los recursos submarinos ya que “los recursos minerales marinos accesibles se encuentran en la superficie del fondo marino”.

Sabiendo que la mayor parte de los fondos marinos permanecen aún inexplorados, no cabe duda de que los recursos en metales estratégicos que albergan son inmensos.

Los mares y océanos están reglamentados

Mientras las actividades de prospección pueden realizarse sin permiso, el acceso a los recursos minerales marinos para su exploración y explotación no es libre, sino que está reglamentado por una serie de normas que varían según su ubicación.

En base a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Internacional del Mar de 1982, los mares están divididos en cuatro categorías:

  • El ‘Mar Territorial’ es el área hasta las 12 millas náuticas sobre el cual un país tiene derecho de soberanía sobre el espacio aéreo, el agua, suelo y subsuelo marino;

  • La ‘Zona Económica Exclusiva’ (ZEE) se encuentra entre las 12 y 200 millas. Un país tiene soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales vivos o no (minerales y recursos energéticos) en sus aguas, suelo y subsuelo marino;

  • La ‘Plataforma Continental’ puede extenderse hasta las 350 millas. Dentro de esta zona un país tiene derechos para explorar y explotar recursos naturales del suelo y subsuelo marino, sin embargo, incluye pagos o contribuciones previas a favor de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de las Naciones Unidas (AIFM, o ISA por su siglas en ingles).

  • El resto de los fondos marinos constituyen ‘La Zona’, que es considerada “patrimonio común de la humanidad”. Su exploración o explotación requiere la aprobación de la AIFM.

El Código de Minería

El acceso a los fondos marinos internacionales que conforman “la Zona” es reglamentado por el Código de Minería, el cual se refiere a “la totalidad de un amplio conjunto de normas, reglamentos y procedimientos promulgados por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para regular la prospección, exploración y explotación de minerales marinos en la Zona de los fondos marinos internacionales”.

En los últimos 20 años, la AIFM ha establecido reglamentos que regulan la exploración para los depósitos de nódulos de manganeso (2000), sulfuros polimetálicos submarinos (2010) y costras de ferromanganeso con alto contenido en cobalto (2012). Con base a esas regulaciones, la autoridad ha firmado contratos de exploración con 23 consorcios de diferentes países hasta el año 2015, sobre una superficie total de 2.2 millones de km² en los fondos marinos de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico.

En cuanto a la explotación de los minerales encontrados, todavía no se cuenta con una reglamentación, pese a que ciclos de negociación están en curso para determinar las reglas.

Aquí puedes consultar los mapas de todas las exploraciones en curso.

Proyecto minero oceánico Solwara 1 en Papúa Nueva Guinea

Sin embargo, algunas empresas no han esperado el texto definitivo para empezar a desarrollar sus proyectos. Debido a que los Estados conservan su soberanía sobre los fondos marinos costeros, las compañías negocian directamente con los gobiernos. Es el caso de la empresa canadiense Nautilus Minerals, que se presenta como “la primera compañía en explorar comercialmente los fondos marinos”, la cual podría extraer minerales en un futuro próximo en las aguas territoriales de Papúa Nueva Guinea. Su proyecto Solwara 1 pretende extraer cobre, oro y otros metales valiosos a 1,500 metros de profundidad en el mar de Bismarck.

La mina sería excavada por máquinas robóticas dirigidas desde un barco en la superficie. La construcción del artefacto más grande, una máquina cortadora de 310 toneladas, fue completada por el fabricante británico especializado Soil Machine Dynamics según datos de la Fundación Nuestro Mar.

La zona elegida para ejecutar Solwara 1 alberga ricas comunidades coralinas y es el hábitat de especies de cetáceos como el cachalote. Comunidades locales han interpuesto una demanda en contra del permiso de explotación del proyecto.

Proyecto minero oceánico Don Diego en Baja California, México

En México, en las costas de Baja California, la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations – que opera a través de su filial mexicana Exploraciones Oceánicas – pretende dragar más de 91,000 hectáreas de fondo marino para extraer varios millones de toneladas de fosfato en el Golfo de Ulloa, uno de los depósitos de arena de fosfato más importantes del mundo.

Draga de fosfato de alta mar en operaciones

Según datos del Environmental Atlas Justice, es a inicios del año 2013 que pescadores artesanales de Bahía Magdalena se dieron cuenta de que algo estaba pasando en su territorio cuando comenzaron a observar una gran mortandad de animales marinos. Se pusieron a investigar y “se percataron que la empresa operaba ilegalmente el proyecto minero denominado Don Diego, ya que solo contaba con el permiso de Secretaría de Economía, quien le otorgó una concesión por 50 años para la extracción de arenas fosfáticas, pero no contaban con ninguna autorización ambiental”.

Después de organizarse en oposición al proyecto, las comunidades locales lograron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negará la autorización de impacto ambiental al proyecto, en una decisión emitida el l7 de abril de 2016.

Dos de las cinco especies de tortugas que habitan el Golfo de Ulloa están clasificadas como especies en peligro de extinción.

Tras la decisión de la Semarnat, Odyssey notificó el 9 de enero 2019 a la Secretaría de Economía su decisión de reclamar al gobierno mexicano una indemnización de tres mil 540 millones de dólares ante un panel binacional al amparo del capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente para la solución de controversias Inversionista-Estado.

 

Riesgos

Aunque todavía hace falta mucha información, no cabe duda de que los riesgos de este tipo de proyectos mineros son enormes para el planeta.

Según la investigación del CNRS y del Ifremer intitulada Los impactos ambientales de la explotación de recursos minerales marinos profundos. Experiencia científica colectiva”, las principales operaciones de una explotación minera tendrían como consecuencias “la destrucción permanente del hábitat y la fauna asociada, la formación de una nube de partículas finas que pueden impactar una zona más amplia que la zona de extracción después de la resedimentación, así como una perturbación en la columna de agua. Las especies migratorias también podrían enfrentarse a la contaminación electromagnética-acústica y acústica relacionada con la importante introducción de energía en el ecosistema por parte de equipos y dispositivos usados para la extracción del mineral”.

La investigación también señala que la descarga de desechos mineros tras las operaciones también provocaría grandes cambios en las aguas, lo cual tendría “una influencia en los ciclos del carbono, fosfato, sulfuros, oxígeno y alteraciones en la organización de los ecosistemas. El aumento potencial en las concentraciones de metales pesados y otros compuestos tóxicos también afectará la biodiversidad del ecosistema”.

Los investigadores resaltan lo difícil de realizar una estimación real de los impactos que podrían provocar técnicas de explotación, las cuales todavía están en proceso de desarrollo.

Por otro lado, la campaña Deep Sea Mining promovida por The Ocean Foundation denuncia: “Todas estas actividades ocurren en ausencia de áreas reguladoras o de conservación para proteger ecosistemas de aguas profundas únicos y poco conocidos. La investigación científica sobre los impactos es extremadamente limitada y no ofrece ninguna garantía para la salud de las comunidades costeras y las actividades pesqueras de las que dependen”, por ello el mensaje principal es que las actividades mineras en aguas profundas sean prohibidas.

 

Fuente:https://avispa.org/empresas-mineras-quieren-explotar-el-fondo-de-los-oceanos/

Internacional

La mayor y más destructiva industria minera de la que nadie habla

La industria minera más grande del mundo, y quizás la más destructiva, rara vez la vemos en los medios de comunicación o hablamos sobre ella. Aproximadamente el 85 % de todo el material extraído de la tierra es un recurso simple y ampliamente disponible: la arena.

Por lo que, al ser tan barato y fácil de conseguir, es extraído por todos, desde un tipo con una pala, hasta máquinas multimillonarias. La mayor parte de la arena se usa para hacer hormigón, pero la extracción de arena condena a la destrucción de los ecosistemas costeros, de los fondos marinos y fluviales y de la topografía.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que cada año se extraen 40.000 millones de toneladas de arena, pero como el mercado es corrupto, oculto y descentralizado, hasta la fecha no se han realizado estudios exhaustivos.

Con el fin de obtener una cifra aproximada, las Naciones Unidas utilizaron las cifras de producción y ventas de cemento a nivel mundial para aproximarse a la cantidad de arena que se recolecta. Por ejemplo, cada tonelada de cemento requiere de seis a siete toneladas de arena y grava.

El impacto ambiental.

La extracción de arena, especialmente cuando se realiza sin regulación o supervisión, puede dañar los ríos, causar erosión de las playas y destruir los ecosistemas costeros. Al menos 24 islas indonesias desaparecieron del mapa sólo para construir Singapur.

Dado que el dragado de arena se realiza principalmente con fines de construcción, los mineros se concentran en los ecosistemas fluviales y costeros donde la arena es ideal. La arena de río es particularmente perfecta para hormigón porque es gruesa y no contiene sal que de otra manera corroería el metal y otros materiales de construcción. Además, la alteración del caudal y la capacidad de los ríos puede causar sequías o inundaciones desastrosas, aunque rara vez se reconoce como un factor contribuyente.

En Kerala, India, se demostró que las inundaciones fueron causadas parcialmente por el dragado de arena que sacó 40 veces más arena del lecho del río de la que el río podría reemplazar naturalmente.

El dragado del suelo marino también puede hacer que los sedimentos se desplacen a la deriva durante millas causando erosión costera y asfixiando ecosistemas como los arrecifes de coral. La erosión, el hundimiento de tierras y la introducción de maquinaria y vehículos pesados en hábitats delicados también amenazan la integridad de la infraestructura cercana, como carreteras y puentes.

Un estudio demostró que cada tonelada de arena extraída de un río en California cuesta a los contribuyentes 3 $ en daños a la infraestructura.

La demanda de arena de las ciudades.

El desarrollo y la urbanización se expanden rápidamente en todos los rincones del mundo para dar cabida a una población en crecimiento exponencial y a nuestras insaciables tasas de consumo y expansión.

Según las Naciones Unidas, el número de personas que viven en las ciudades es más de cuatro veces mayor que en la década de 1950. Más del 50 % de la población mundial vive ahora en zonas urbanas, y se espera que casi tres mil millones de personas más emigren a las ciudades en los próximos 30 años.

Además de los edificios nuevos, la arena también se usa para ganar terreno al mar. En China, es una práctica común arrojar arena sobre los arrecifes de coral para ganar terrenos. Dubai es también famosa por sus islas artificiales, que requerían millones de toneladas de arena.

Singapur ha añadido más de 50 millas cuadradas de tierra en las últimas cuatro décadas y más rascacielos en los últimos 10 años que toda Nueva York, una hazaña que requirió más de 500 millones de toneladas de arena. La construcción de Singapur fue tan rápida que Indonesia, Malasia y Vietnam prohibieron la exportación de arena, pero los mineros simplemente se trasladaron al lago Poyang en el río Yangtze. WWF llama a este lago la mayor mina de arena del mundo, pero trágicamente también es el mayor destino de Asia para las aves migratorias. Las actividades de dragado de arena han duplicado con creces la capacidad del río en algunas zonas, drenando partes del lago y reduciendo las principales pesquerías.

“Es la misma historia que la sobrepesca y la sobreexplotación forestal, es otra forma de ver el desarrollo insostenible.”

Pascal Peduzzi, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

La escala del problema es enorme y las consecuencias de mover grandes cantidades de material para la vida y el mantenimiento de la tierra de un lugar a otro son evidentes, pero el mundo sigue siendo funcionalmente inconsciente, cegado por el deseo de nuevos edificios y barrios modernos.

¿Se puede dragar la arena de forma sostenible?

Los ecologistas fluviales sugieren que el dragado de arena en los ríos sólo debe realizarse hasta un cupo predeterminado que permita al río reponer anualmente los sedimentos. Sin embargo, este número sostenible nunca igualará la necesidad insostenible de desarrollo de la humanidad.

Hay una serie de sugerencias para mejorar la sostenibilidad de la industria, pero ninguna es perfecta:

Extracción de arena en alta mar.

Gran Bretaña ahora obtiene gran parte de su arena más lejos de la costa para proteger los ecosistemas fluviales y costeros, sin embargo, gran parte de esta arena sólo se utiliza para proyectos de recuperación de tierras en los que el contenido de sal no es motivo de preocupación.

Depósitos de fondo arenoso.

Otra fuente sin explotar es la arena que se acumula en el fondo de los embalses. Estos no sólo podrían proporcionar arena, sino que también ayudan a ampliar la capacidad de almacenamiento. Los ecologistas, sin embargo, argumentan que esta arena debería ser devuelta técnicamente a los ríos que alimentan los embalses.

Reciclaje de vidrio y escombros.

Los escombros de los edificios demolidos pueden usarse para producir hormigón, lo que reduce la necesidad de arena fresca. El vidrio también se puede reciclar, lo que reduce de nuevo la necesidad de arena.

Minería en llanuras aluviales.

Se considera que la minería limitada en las llanuras aluviales, en lugar de en las orillas y los lechos de los ríos, es menos destructiva. Sin embargo, las llanuras aluviales también tienen ecosistemas frágiles. En Australia, las llanuras aluviales son el hogar de especies raras de plantas carnívoras que ahora se encuentran en riesgo debido a las actividades mineras.

Sustitución de la arena en el hormigón.

La ceniza de los incineradores y el polvo de las canteras de piedra pueden utilizarse en la producción de hormigón para reducir la demanda de arena.

 

Fuente:https://ecoinventos.com/mayor-destructiva-industria-minera-nadie-habla/?fbclid=IwAR27xnDqrdmuUoBQy9ILL_iUrWZdj0z5BtTsDeMZzwumB2ffdz9OcALa3eo

Internacional

China amenaza con dejar a Estados Unidos sin tierras raras

Medios chinos advierten que Pekín podría dejar de exportar material para fabricaciones en Estados Unidos como consecuencia de la guerra comercial.

Se intensifica la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Luego que el presidente Donald Trump anunciará nuevos aranceles y decidiera poner a Huawei en su lista negra, China amenaza con dejar de exportar tierras raras al país norteamericano, según indican los medios chinos.

Los medios oficiales del país asiático consideran que Estados Unidos está suprimiendo el desarrollo de China, por lo que esta es una medida que deberá tomarse tarde o temprano.

La semana pasada se publicaron imágenes del presidente Xi Jinping visitando una fábrica de tierras raras en Ganzhou, en el centro de China, lo cual se ha tomado como una advertencia. Sin embargo, la Comisión de Desarrollo Nacional y Reforma, que planifica la economía china, aún no se ha aclarado la posición del gobierno.

«Al librar una guerra comercial contra China, Estados Unidos corre el riesgo de perder el suministro de materiales vitales para mantener su fortaleza tecnológica», señaló a agencia oficial de noticias Xinhua.

Cabe señalar que China produce más del 95% de las tierras raras del mundo, y Estados Unidos depende de China para el 80% de sus importaciones. Además, este miércoles las acciones de las compañías de tierras raras subieron en las bolsas de Shangái y Shenzhen.

Esta no sería la primera vez que China usa las tierras raras como arma política. Fuentes de la industria japonesa explicaron que en 2010 China cortó temporalmente las exportaciones por una disputa territorial, lo que Pekín niega.

Por su parte, los analistas indican que China duda en usar las tierras raras como arma comercial por temor a que sus clientes busquen fuentes alternativas de suministro.

«Si China decide prohibir la exportación de tierras raras a Estados Unidos, producirá efectos complejos, incluso incurriendo en pérdidas en la propia China», asegura el periódico Global Times. Pese a esto, China sabe que Estados Unidos sufriría mayores pérdidas.

 

Fuente:https://rpp.pe/economia/economia/china-amenaza-con-dejar-a-estados-unidos-sin-tierras-raras-noticia-1199758

Internacional

Aun hay necesidad de un Defensor del Pueblo en Canadá para investigar casos de minería, no un asesor del Ministro de Comercio Internacional u otro Consejero de RSE

El 8 de abril de 2019, el Ministro de Diversificación del Comercio Internacional nombró a Sheri Meyerhoffer funcionaria pública, en virtud de la Ley de Empleo del Servicio Público [1], y «asesora especial del Ministro de Comercio Internacional». [2]

Posición de MiningWatch Canada

El Gobierno de Canadá ha incumplido, tanto su promesa electoral de 2015 como su compromiso de fecha 17 de enero de 2018, de crear un Defensor del Pueblo : independiente tanto del gobierno como de la industria; con poderes suficientes de investigación que le permitan requerir documentos y testigos, cuando sea necesario, en el curso de la investigación sobre denuncias presentadas contra empresas mineras canadienses por abusos de derechos humanos perpetrados en el extranjero; y la capacidad de determinar la responsabilidad de compañías canadienses en relación con la posible vulneración de los derechos humanos. [3] Quince meses después de que se adoptara, en 2018, el compromiso de crear un Defensor del Pueblo con poderes suficientes, el gobierno ha creado un puesto de asesoría para el Ministro con un mandato defectuoso e inadecuado.

Promesas incumplidas

Promesa incumplida – Sin poderes para requerir documentos y testigos

En enero de 2018, el Gobierno de Canadá se comprometió a otorgar al Defensor del Pueblo las facultades necesarias para investigar y requerir documentos y testigos.

Para tener el poder requerir testigos y documentos, en los casos en que las empresas no presenten la información necesaria, la figura del Defensor del Pueblo debería haber sido establecida mediante una Orden en el mandato del Consejo amparada por la Ley de Investigación (Inquiries Act).

El Gobierno de Canadá y el Ministro de Comercio Internacional fueron informados de este extremo. En su lugar, el asesor especial del Ministro fue creado bajo la Ley de Empleo de Servicio Público, norma que no otorga poderes suficientes para requerir documentos o testigos. El Ministro Carr afirma que ha encargado una revisión legal adicional para analizar la cuestión acerca de cuál es la mejor manera de otorgar al asesor del Ministro el poder suficiente para obligar a las empresas a que divulguen documentos y respondan a las preguntas que se les planteen. Esta revisión se realizará a principios de junio.

Dado que el Gobierno de Canadá, pasados 15 meses desde su anuncio de creación del Defensor del Pueblo, no ha logrado establecer una figura capaz de requerir documentos y testigos, MiningWatch es muy escéptico sobre el compromiso del gobierno de cumplir esta promesa.

El 29 de abril de 2019, la Presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, Surya Deva, dijo: “No seamos ingenuos. Las empresas, no solo en Canadá, en todo el mundo, no comparten documentos fácilmente. Es un hecho bien establecido. De hecho, no entregan los documentos, incluso si hay un caso judicial en curso, y el demandante los está solicitando «, […]» Me sorprendería mucho si las compañías canadienses se desviaran de esta línea de actuación. Este es el motivo por el que se necesita este poder, de lo contrario, estaríamos ante un [Punto de contacto nacional], y ¿cuál es el sentido de tener otro PCN? ”[4]

El 30 de abril de 2019, el profesor Deva señaló que: “si el gobierno se conforma con algo que no disponga del poder suficiente para obligar a las empresas a presentar testigos y documentos en las investigaciones de Meyerhoffer, esto afectará a la reputación de Canadá como líder en derechos humanos. «Si van a dar marcha atrás a esa promesa, no se estará enviando una buena señal a la comunidad internacional». [5]

Promesa incumplida: no hay posibilidad de recomendar la imposición de sanciones a las empresas que han causado o contribuido a abusar contra los derechos humanos

En enero de 2018, el Gobierno de Canadá se comprometió a crear un Defensor del Pueblo con capacidad para recomendar que el gobierno niegue o retire el apoyo y promoción comercial, así como el posible apoyo financiero de Export Development Canada a una compañía que haya causado o contribuido a abusos en materia de derechos humanos.

El mandato de la Orden del Consejo sobre el asesor del Ministro solo permite a esta figura recomendar la denegación y la retirada del apoyo a la promoción y defensa comercial y el posible apoyo financiero de Export Development Canada a una compañía «si la compañía canadiense no ha actuado de buena manera fe durante el transcurso o el seguimiento del proceso de revisión «. [6]

El incumplimiento de esta promesa rota está estrechamente relacionado con el incumplimiento del compromiso de otorgar poderes suficientes para poder requerir los documentos y testigos que se consideren oportunos. Para poder determinar fehacientemente un hecho, y poder informar públicamente acerca de la responsabilidad de una compañía en materia de derechos humanos, el Defensor del Pueblo tiene que poder tener acceso a documentos o testimonios críticos con la compañía en cuestión respecto de un caso determinado. Únicamente si el Defensor del Pueblo dispone de los elementos necesarios para evaluar la posible responsabilidad de una compañía respecto de la vulneración de derechos humanos, el Defensor del Pueblo podrá recomendar que el Gobierno de Canadá niegue o retire la promoción y defensa comercial y el posible apoyo financiero de Export Development Canada a una compañía sobre la base de haber causado o contribuido a vulnerar los derechos humanos.

No se ha establecido un Defensor del Pueblo con poder suficiente. En este sentido, el Gobierno de Canadá ha creado un asesor para el Ministro que podría no disponer de las herramientas necesarias para determoinar sin lugar a dudas si una empresa ha causado o contribuido a un abuso en materia de derechos humanos.

Promesa incumplida – Falta de independencia

En enero de 2018, el Gobierno de Canadá se comprometió a crear un Defensor del Pueblo independiente. [7]

Al crearse un asesor para el Ministro en virtud de la Ley de Empleo del Servicio Público, y declararse en el mandato de la Orden del Consejo que todos los informes preparados por el asesor para el Ministro deben enviarse, antes de su publicación, al Ministro de Comercio Internacional, [8 ] el Gobierno de Canadá no ha establecido un Defensor del Pueblo independiente, sino un funcionario público cuya actuación dependerá en última instancia de la aprobación de su informe por el Ministro. Dado que los ministros pueden ser presionados por las mismas compañías bajo investigación, este requisito se constituye en un obstáculo para la independencia de esta figura. Cabe asimismo señalar que, el ex Consejero de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), tenía la misma obligación de presentar los informes a los Ministros con anterioridad a su publicación.

Además, cuando el informe del asesor del Ministro hace referencia a las empresas de los sectores de la minería, el petróleo o el gas, el informe debe ser presentado también al Ministro de Recursos Naturales antes de poder ser publicado. No se ha proporcionado ninguna explicación acerca de por qué dos ministros deben conocer con anterioridad los informes relativos a las empresas de minería, petróleo y gas, pero no a las empresas del sector de la confección. Esto muestra claramente la excesiva influencia que tiene el sector extractivo en la política canadiense y el éxito de su grupo de presión.

¿Por qué la figura del «asesor del Ministro» es tan similar al ineficaz ex Consejero de RSE y al desacreditado Punto de Contacto Nacional (PNC)?

Tanto la Orden del Consejo sobre el mandato del asesor del Ministro, como la gran cantidad de preguntas y respuestas (Q&A) en la página web del Gobierno de Canadá [9], que se modificaron el día que se anunció la creación del asesor del Ministro, no habiendo sido modificadas desde que se anunció el Defensor del Pueblo en enero de 2018, han tenido como resultado que el mandato y los procedimientos del asesor del Ministro estén muy en línea con el desacreditado ex Consejero de RSE y el criticado Punto de Contacto Nacional para las Directrices de la OCDE. [10]

Ejemplo:

Mientras que las preguntas y respuestas relacionadas con el Defensor del Pueblo de 17 de enero de 2018 hablaban sistemáticamente de que el Defensor del Pueblo emprendía «investigaciones», la página de Preguntas y Respuestas revisada en fecha 8 de abril de 2019 habla de «revisiones» de casos. Este es el lenguaje utilizado por el NCP y por el ex Consejero de RSE, ambos organismos que no llevan a cabo, ni realizaron, investigaciones.

Mientras que las preguntas y respuestas relacionadas con el Defensor del Pueblo del 17 de enero de 2018 mencionaron las «sanciones» [11] que podrían incluir la retirada de ciertos servicios gubernamentales, como la promoción comercial y el posible apoyo de Export Development Canada, para las empresas con mala praxis. La palabra “sanción” ha sido eliminada de la página de Preguntas y Respuestas revisada el 8 de abril de 2019, y la retirada del apoyo político o financiero a una empresa por parte del Gobierno de Canadá solo se describe como una posible respuesta a la falta de cooperación de un Empresa en el proceso de investigación. Este es también el caso para el NCP.

Se ha eliminado una sección completa que se encontraba en las preguntas y respuestas relacionadas con el Defensor del Pueblo de fecha 17 de enero de 2018. Esta sección cubría: “¿Qué sanciones se aplicarán a las empresas si el Defensor del Pueblo descubre irregularidades en el extranjero? / ¿Qué remedio pueden esperar los reclamantes?  ”Ni el ex Consejero de RSC ni el PNC existente aplican sanciones o penalizaciones sobre la base de la determinación de abusos en materia de derechos humanos. Tampoco aumentan las expectativas de resarcimiento para aquellos que han sido perjudicados.

En las preguntas y respuestas eliminadas que se publicaron en la página web del Gobierno en el momento en que el Gobierno de Canadá anunció la Defensoría del Pueblo (17 de enero de 2018), la figura del Defensor del Pueblo se presenta como «independiente». Esa descripción ha sido eliminada de la versión revisada de las Preguntas y respuestas publicadas el 8 de abril de 2019. Todavía se menciona la posibilidad de que el asesor del Ministro realice una investigación independiente.

En la sesión de preguntas y respuestas de fecha 17 de enero de 2018, se dio a entender que el Defensor del Pueblo podría “hacer recomendaciones al Gobierno sobre el cumplimiento de las obligaciones de Canadá en materia de derechos humanos, y la implementación y el desarrollo efectivo de sus leyes, políticas y prácticas relacionadas con la conducta comercial responsable de las compañías canadienses que operan en el extranjero en todos los sectores. Este texto se ha eliminado. Además, todas las recomendaciones que el asesor del Ministro desee implementar están ahora limitadas a casos específicos bajo revisión. [12] Este es el caso para el NCP, así como también lo era en la OIC para el Consejero de RSE al estipularse que «[el] consejero de RSE no hará recomendaciones políticas o legislativas al Gobierno de Canadá». [13]

Preocupaciones adicionales

Hay otras inquietudes relacionadas con el asesor establecido por la Orden del Ministro en el mandato del Consejo.

1) Uno de los aspectos más llamativos de la asesoría establecida por la Orden del Ministro es el hecho de que puede «examinar una queja presentada por una compañía canadiense que considere que es objeto de una acusación infundada en materia de abusos de derechos humanos cuando el abuso supuestamente se hubiera producido el día siguiente en que se nombró al primer Defensor del Pueblo o, si supuestamente ocurrió antes de ese día, continúa en el momento de la denuncia». [14] Esta inclusión del derecho de las empresas a presentar quejas ante el asesor del Ministro contra quienes los acusan de abusos en materia de derechos humanos también era posible en la OCI del Consejero de RSE. Este hecho pone en evidencia una falta de comprensión alarmante de los Principios Rectores de la ONU, por los cuales el asesor del Ministro debe guiarse [15]. El reconocimiento de una “brecha de gobernabilidad”, que deja a las personas vulnerables cuyos derechos humanos han sido objeto de abuso por las actividades de las multinacionales con poco o ningún acceso a la justicia, es fundamental para las recomendaciones de los Principios Rectores de las Naciones Unidas. En estas se incluye la recomendación de crear mecanismos para mejorar el acceso a la justicia de las personas perjudicadas por las actuaciones de las multinacionales. Es por este motivo que las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los académicos de Canadá trabajaron durante más de una década en la creación de un Defensor del Pueblo que pudiera ayudar a abordar la necesidad de acceso a la justicia para los perjudicados por las multinacionales canadienses que operan en el extranjero. Las corporaciones, por su parte, disponen de amplios medios para reclamar justicia por los errores producidos en su contra. Además, el asesor del Ministro puede desestimar cualquier caso que considere frívolo o vejatorio, en virtud del artículo 8 de la Orden del mandato del Consejo [16].

2) Resulta problemático que el asesor del Ministro pueda negarse a considerar los casos y recomendar que las cuestiones se remitan a las autoridades policiales u organismos reguladores [17] cuando, por diferentes razones, incluidos los factores que caracterizan la brecha de gobernabilidad reconocida por el Principios rectores de la ONU, esto puede conllevar que las víctimas de algunos delitos penales o de incumplimientos normativos, nunca tengan acceso a la Justicia. En muchos casos, las denuncias presentadas ante un Defensor del Pueblo es el único medio del que disponen los afectados de acceder a la justicia.

3) Es igualmente problemático que el asesor del Ministro pueda rechazar una denuncia en base a que «está siendo revisada, o ha sido revisada, en otro foro». La Guía de Procedimientos de las Directrices de la OCDE (párrafo 26) establece claramente que los PNC no deben rechazar un caso simplemente porque están en curso procedimientos paralelos. [18]

4) El asesor de la OIC del Ministro realiza una interpretación vaga sobre las compañías canadienses que se escinden de empresas que cotizan en las bolsas de valores canadienses y que se benefician del apoyo financiero a través de las corporaciones de la corona canadiense, departamentos gubernamentales u otras agencias. Esta definición no está alineada con los Principios Rectores de la ONU, que definen la obligación corporativa de respetar los derechos humanos como una extensión de las «relaciones comerciales» de una corporación, lo que incluye a sus empresas subsidiarias y contratistas sin excepción. Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales también contienen una definición amplia de corporación con el fin de alentar las mejores prácticas de todos. [19]

Fuentes:

[1] Vease Order in Council mandate p. 4.

[2] Ibid., p. 1

[3] El Defensor del Pueblo tenia que haber recibido los poderes investigativos para investigar a casos contra los sectores mineros, petroleros, gaciferos y de maquilas y se espero de que podrían ser expandidos a otros sectores en el primer año de operación.

[4] Hill Times, https://www.hilltimes.com/2019/04/29/canada-must-walk-the-talk-give-corporate-ombudsperson-more-powers-and-budget-un-expert/198285

[5] Canadian Broadcasting Company, https://www.cbc.ca/news/politics/un-watchdog-carr-corporate-ethics-1.5116399

[6] Véase Order in Council mandate p. 7.

[7] En la version original de Preguntas y Respuestas del sitio web sobre el Defensor del Pueblo del gobierno de Canada on fecha 17 de enero, 2018, se hace referencia repetitiva a que la oficina sera una entidad «independente». Esta descripción fue cambiada el 8 de Abril, 2019. Ahoa no hay ninguna referencia a que el Defensor pueda indagar una investigación de forma independiente.

[8] Véase Order in Council mandate pp. 8-9.

[9] Véase Responsible business conduct abroad – Questions and answers.

[10] Para ver su crítica de MiningWatch Canada’s  del anterior oficia del Consejero de RSE véase: MiningWatch Canada: https://international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/publications/2011-arp-rap.aspx?lang=eng; y para el anterior proceso del RSE véase: https://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/review_process_inbrief-processus_examen_enbref.aspx?lang=eng

[11] Cabe notar que ambos terminos, «Sanccionar» y «Reparación» son conceptos claves para los «Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos Humanos» de la ONU que se suponia iba a formar la base del mandato del Defensor del Pueblo. Véase Order in Council mandate p. 5. En los principios rectores reparación puede incluir: «disculpas, restitución, rehabilitación, compensaciones económicas o no económicas y sanciones punitivas (ya sean penales o administrativas, por ejemplo multas), así como medidas de prevención de nuevos daños como, por ejemplo, los requerimientos o las garantías de no repetición.» (p.34)

[12] Order in Council mandate p. 6-7.

[13] Véase la critica que tuvo MiningWatch Canada’s critique del anterior Consejor de RSE.

[14] Ibid., p. 5.

[14] Ibid., p. 5.

[16] Ibid., p. 6.

[17]  Ibid., p. 6.

[18] Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 2011.

[19] Ibid., pp.17-18.

Fuente: https://miningwatch.ca/es/blog/2019/5/13/aun-hay-necesidad-para-un-defensor-del-pueblo-en-canad-para-investigar-casos-de-miner

Internacional

La resistencia de las mujeres contra la minería: articulando, fortaleciendo y construyendo solidaridad

“Nuestros abuelos les dijeron que tenían que garantizar buenos caminos, electricidad y hospitales. Pero no cumplieron con ninguna de esas condiciones. Acá no hay electricidad. Desarrollo… ni siquiera sabemos qué es eso realmente porque no podemos sentirlo”.

Pascaline, República Democrática del Congo (RDC)

A lo largo y ancho de los continentes africano, asiático y americano, no escasean historias de comunidades que han sido forzadas a abandonar sus tierras para dar paso a la extracción de recursos naturales impulsada por corporaciones y aprobada por el gobierno. No hace falta hacer una búsqueda exhaustiva para encontrar áreas donde dichos proyectos se llevan a cabo en nombre del desarrollo y del progreso. En esas áreas, las comunidades se ven obligadas a vivir bajo condiciones cada vez más inseguras y sus principales fuentes de vida y de sustento—el acceso a las tierras comunales, el agua y los bosques—así como su protección y seguridad son amenazadas por las industrias extractivas y sus megaproyectos.

Mujeres Defensoras del Medio Ambiente en Resistencia ante la Minería

Las mujeres son las que más sufren las consecuencias del extractivismo, tales como la devastación social y ambiental. Las acciones y omisiones del estado y la empresa privada destruyen el medio ambiente, amenazan las leyes y afectan y restringen el ejercicio de los derechos de las mujeres.

“Pensé en mi comunidad y cómo era antes, cómo vivíamos a las orillas del lago, pescando y viviendo de la pesca. Sentí mucha tristeza al recordar a los grupos indígenas y comunidades que han desaparecido porque ahora no tenemos agua ni lagos. Se han secado debido a la minería. Y sentí el agua que las empresas mineras han contaminado, y cómo esta agua contaminada está en mi cuerpo, y me sentí triste porque no podemos hacer nada al respecto. Me sentí impotente y furiosa, con ganas de luchar contra el gobierno extractivista que nos pone en peligro”.

Margarita Aquino—RENAMAT, Bolivia, [en Mujeres Protegiendo sus Territorios (Tierra y Cuerpo), Tercera Reunión de Subvenciones Estratégicas de la UAF-LAC para Mujeres Defensoras del Medio Ambiente. Paraguay, noviembre de 2018]

A pesar de estas realidades, las mujeres están levantando su voz en contra de los impactos negativos y destructivos de la minería en sus vidas y su entorno. Sin embargo, los espacios para el disentimiento y la auto-representación corren cada vez más riesgos debido a las amenazas de la empresa privada, el estado y el ejército, que impulsan políticas y toman decisiones sobre la explotación de los recursos. Hoy, en todos los continentes, las mujeres defensoras del medio ambiente están siendo perseguidas, amenazadas, criminalizadas y asesinadas, ya que sus declaraciones públicas y su activismo para proteger los bienes comunales representan una amenaza para las grandes corporaciones.

Las mujeres defensoras del medio ambiente están siendo penalizadas por “oponerse al progreso”, y en algunos países, el sistema judicial las acusa de terrorismo para limitar su movilización. En aquellos lugares donde prevalecen la violencia y la impunidad, el número de mujeres asesinadas por defender los derechos humanos incrementa constantemente, sobre todo cuando su lucha se centra en conflictos ambientales. Los gobiernos no se preocupan por llevar un registro oficial de la violencia contra las mujeres defensoras del medio ambiente; la mayoría de estos crímenes permanecen impunes y en la oscuridad [“Impunidad de las Violencias: Contra Mujeres Defensoras de Los Territorios, los Bienes Comunes y la Naturaleza en América Latina”, 2018, Fondo de Acción Urgente América Latina y el Caribe].

Asimismo, el lenguaje y la terminología de género en torno a los derechos de las mujeres y el impacto de los proyectos mineros también se están volviendo parte del discurso de aquellos actores que promueven las industrias extractivas, incluidas las instituciones financieras internacionales. Estos actores están promoviendo e influenciando las políticas públicas, las salvaguardas y prácticas con la aparente intención de promover la equidad de género y la salud del medio ambiente, sin embargo, en la práctica, están lejos de hacer eso.

Las mujeres son cada vez más conscientes de las frivolidades de estos actores y sus políticas, así como de las deficiencias de la industria extractivista. Los megaproyectos mineros multinacionales conducen a conflictos y situaciones de violencia, despojando así a la gente de los recursos necesarios para llevar una vida digna y saqueando la tierra y las arcas del estado. Aun así, son respaldados por el estado a través de leyes, la protección del ejército, y el poder judicial. Después de haber sido testigos del fracaso de los gobiernos con respecto a la defensa de las garantías constitucionales y los principios internacionales de derechos humanos para, por el contrario, impulsar una agenda y economía extractivistas, las mujeres de todos los continentes se están uniendo más allá de las fronteras para construir plataformas colectivas que las representen, abran espacios de solidaridad mundial, apoyen su resistencia en contra de la minería y promuevan modelos sostenibles alternativos.

Fortaleciendo las voces colectivas y construyendo la solidaridad

Debido a los diferentes tipos de violencia y las restricciones a los derechos que experimentan día a día en sus territorios, las mujeres se están reuniendo y organizando. Están fortaleciendo sus conocimientos y desarrollando capacidades en materia de derechos territoriales y de las mujeres, las transformaciones de distintas formas de violencia, los principales enfoques feministas, el uso de herramientas digitales y de comunicación, y mecanismos legales para hacer valer sus derechos. Esto está facilitando la apertura de espacios de participación para las mujeres—espacios donde ellas pueden adueñarse del análisis de sus contextos, y fomentar el uso de sus voces y habilidades para responder a estos retos de manera individual y colectiva.

“Desarrollar nuestras capacidades nos ayuda a defendernos y a resistir. Conocer los temas nos permite responder de la manera más adecuada. Crear respuestas colectivas. Ser actores sociales y políticos en lugar de víctimas”.

[Mujer participante del “Taller / Reunión: El cuido personal y colectivo; una posición política para la protección y seguridad de mujeres defensoras de derechos humanos y activistas en América Latina”. Perú, septiembre de 2016.]

Dado que racionalizaciones colonialistas y racistas persisten en nuestras sociedades, las mujeres están trabajando para fortalecer sus estructuras y vínculos comunitarios: honran y reconocen sus tradiciones y ascendencia y preservan el conocimiento de las abuelas y la espiritualidad como elementos vitales de su fuerza interior y protección colectiva. Además, las mujeres, particularmente las indígenas, las afrodescendientes y las campesinas, están dando a conocer diferentes perspectivas sobre la economía global actual y presentando propuestas comunitarias para contrarrestar los modelos de desarrollo extractivo que les imponen—sembrando sus propios alimentos, asegurando las fuentes de agua y cuidando sus territorios para una vida mejor. Enfrentadas con un sistema económico y cultural en decadencia, las mujeres han decidido ser intrépidas, elevar sus voces, encontrar fuerza colectiva, acuerparse y tejer con sus manos un futuro de empatía y solidaridad.

En el camino hacia la articulación y el fortalecimiento de las voces y demandas de las defensoras del medio ambiente, la Women and Mining Network in Asia (WAMA – Red de Mujeres y Minería en Asia), WoMin de África, el Fondo de Acción Urgente – América Latina y el Caribe y el Colectivo CASA, aúnan esfuerzos en el marco de la Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) para demostrar el poder de las mujeres y reconocerlas como autoras de la lucha por el desmantelamiento de modelos económicos y políticos que perjudican la sostenibilidad humana y el bienestar del medio ambiente.

Fuente: https://mailchi.mp/20829ab4f05b/boletin-gagga-la-resistencia-de-las-mujeres-contra-la-mineria?fbclid=IwAR12Pgmbdyxxdbh9ULmdZcYki6OxHd03VuDRhP6OFYulP89D6XnhePWc5OY

Brasil, Internacional

“Paren de deforestar”, el reclamo de 600 científicos a los negocios mineros de Brasil y la Unión Europea

Un grupo científicos europeos, junto a 300 organizaciones indígenas, han instado a la Unión Europea (UE) que modifique las actuales negociaciones comerciales con Brasil para que su presidente Jair Bolsonaro respete el medio ambiente y los derechos humanos.

“La UE gastó más de 3.000 millones de euros en hierro brasileño en 2017, a pesar de los peligrosos estándares de seguridad y la extensa deforestación provocada por la minería”, afirmaron los investigadores a través de una carta abierta, publicada el 25 de abril en la revista Science.

Brasil uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo y el que alberga la mayor parte de la selva amazónica. Solo en 2011, según los firmantes, el viejo continente importó del país sudamericano cantidades de carne y alimento para el ganado asociadas a una deforestación de más de 1.000 kilómetros cuadrados, una superficie “equivalente a más de 300 campos de fútbol al día”.

“Los consumidores europeos no tienen manera de saber cuánta sangre hay realmente en sus hamburguesas. La UE tiene la oportunidad de hacer de la sostenibilidad la piedra angular de sus negociaciones comerciales con Brasil”, señaló el comunicado, que fue encabezado por la ecóloga Laura Kehoe, de la Universidad de Oxford (Reino Unido).

Kehoe es una joven investigadora postdoctoral en Oxford que ha trabajado en proyectos medioambientales en Bolivia, Sudáfrica, Guinea, Canadá y México. Según los estudios que impulsó, “la UE gasta más de 2.000 millones de euros cada año en alimento para el ganado comprado en Brasil, pese a no saber si proviene de tierras deforestadas”.

La finlandesa Heidi Hautala, vicepresidenta del Parlamento Europeo y política del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, ha respaldado públicamente el llamamiento de los investigadores. Los eurodiputados españoles Jordi Solé, de Esquerra Republicana de Catalunya, y Florent Marcellesi, de Equo, también han apoyado a los firmantes.

Kehoe ha llegado a asegurar que “el genocidio es una posibilidad real si no se hace nada para proteger a los pueblos indígenas y sus tierras”.

El ultraderechista Bolsonaro alcanzó la presidencia de Brasil proclamando que acabaría con “el activismo ambiental” y con la “industria de demarcación” de tierras indígenas. Pese a que finalmente descartó quitar a Brasil del Acuerdo de París, como prometido durante la campaña electoral, logró que el país desista de la realización de la próxima Cumbre del Clima, que finalmente se llevará a cabo en Chile.

Fuente: https://www.foroambiental.net/paren-de-deforestar-el-reclamo-de-600-cientificos-a-los-negocios-mineros-de-brasil-y-la-union-europea/?fbclid=IwAR2spzVsR5mFy9jbcS0xLYD9hVgGBaM-pWRCyRQ_kSGlbNCfgwN1mDS1S5I

El Salvador, Internacional

Historias de lucha contra el extractivismo

Diversas historias de lucha se harán presentes esta semana. El jueves 16 de mayo en la Universidad de Deusto se proyectará el documental No tenemos miedo, que recoge el proceso de lucha contra la minería metálica en El Salvador. Para facilitar el debate posterior al audiovisual contaremos con la presencia de Jaime Armando Sánchez, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), en el Salvador.

También se exhibirá la colección de fotografías que compone la exposición Mujeres en la defensa del territorio y los Derechos Humanos y ruptura de estereotipos,una muestra fotográfica de la visión global-local en la lucha feminista. Una parte de las imágenes son el resultado del proceso de aprendizaje de un grupo de mujeres defensoras de El Salvador. Y para conocer cómo fue ese proceso nos acompañará Deisy Otilia Rivas, también miembro de ADES y dinamizadora del proyecto de fotografía.

Y el viernes 17 de mayo tendrán lugar las Jornadas Defensoras del territorio que están organizando Berdinak Gara y Lumaltik, en la que diversas mujeres nos compartirán sus luchas y resistencias en la defensa de los derechos humanos. Estas mujeres son: Yolanda Oquelí, activista feminista de la comunidad la Puya en Guatemala; Rosy Pérez del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas; Marixela Ramos de Radio Victoria en El Salvador; y María Olga Coronado del Consejo de los Pueblos Mam de Guatemala.

Fuente: https://www.isf.es/2019/05/13/historias-de-lucha-contra-el-extractivismo/?fbclid=IwAR0GOiAcTHHYklNyl4IUjflwBokA82FGyIc9bsP_vAWVYEcFgkEsnfUn8v0

Internacional, Mexico

México y Canadá continúan colaboración para imponer más proyectos mineros

De acuerdo con el reporte “Survey of Mining Companies 2018” del canadiense Instituto Fraser, México ya pasó del lugar 44 al 29 en el índice de atracción de inversión para el sector minero.

Y para Canadá, Mexico parece ser particularmente atractivo: de enero a septiembre de 2018, las mineras canadienses invirtieron en México aproximadamente 914 millones de dólares según el padrón de inversión extranjera.

Para el tercer trimestre del 2018, el sector minero contaba con 176 compañías canadienses, además de 45 empresas de Estados Unidos, 13 con capital chino y 10 con capital australiano, según el prontuario de la Industria Minero Metalúrgico de la Secretaría de Economía (SE).

“Estamos dentro de los cuatro inversionistas más importantes de México. Sin embargo hay que formalizar más la arquitectura y vamos a ver cómo vamos a traer más inversionistas a México y viceversa”, declaró Pierre Alarie, Embajador de Canadá en México, quien fue uno de los invitados especiales a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018.

Mexico Mining Day”

En los primeros meses del 2019, los países siguieron trabajando de la mano para fomentar más inversiones mineras en México. Del 3 al 6 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Toronto un evento de promoción minera llamado “Prospectors & Developers Association of Canada” (PDAC, por sus siglas en inglés). El foro reunió a compañías mineras, empresas proveedoras de servicios, desarrolladores, geo-científicos, consultores, ejecutivos, autoridades, directivos de instituciones financieras y legales de la industria minera, provenientes de más de 130 países.

En el marco de este evento, el gobierno mexicano organizó el Mexico Mining Day, en el que participó la Secretaría de Economía (SE) con una delegación encabezada por el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga. Lo acompañaron la directora general de Minas, Laura Díaz; la directora general de Desarrollo Minero, Yvonne Stinson; el director general del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), Alfredo Tijerina, y la directora general del Servicio Geológico Mexicano, Flor de María Harp.

Con su participación, la SE se dio a la tarea de fortalecer la promoción de nuevos proyectos mineros en el país y captar inversores en exploración minera en Latinoamérica y a nivel mundial.

“Las reuniones con los inversionistas son necesarias para reforzar la confianza en el país, tanto del capital nacional como extranjero, porque la inversión pública no alcanzaría para crecer como lo necesita el país”, dijo Quiroga.

México también aprovechó el evento internacional para presentar una nueva herramienta digital llamada GeoInfoMex y desarrollada por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), con el propósito dar a conocer el potencial minero del país a inversionistas y así incentivar las inversiones.

Consulten la plataforma aquí: https://www.sgm.gob.mx/GeoInfoMexGobMx/

La plataforma proporciona información muy detallada que incluye datos sobre yacimientos de minerales, estudios metalúrgicos, geología, presencia de proyectos y empresas mineras pero también sobre la situación hidrológica y sísmica, la existencia de áreas naturales protegidas o la repartición de núcleos agrarios, vegetación o usos de suelo a lo largo y ancho del país.

Minería ¿“más allá de la simple sustentabilidad”?

El discurso que han adoptado las autoridades mexicanas y canadienses es el de la “sustentabilidad”. De hecho, el lema del año para el PDAC era “Mining beyond simple sustainability”, o en español: “Minería más allá de la simple sustentabilidad”.

El subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, invitó a los inversionistas a hacer una minería que contribuya al estado de derecho y al desarrollo social. Así mismo, hizo un llamado a evitar el daño, mediante la aceptación de las consultas públicas, la protección ambiental y el respeto a los derechos humanos.

“La vida humana, los desastres naturales, y el gobierno como un regulador imparcial, no son negociables”, señaló el funcionario.

Sin embargo, la realidad permite dudar de esas afirmaciones.

El Senado desecha la propuesta de modificación de la Ley Minera

A finales de marzo, tan sólo unas semanas después del evento de Toronto, el Senado mexicano desechó una iniciativa de modificación a la Ley Minera que pretendía otorgarle a la SE el poder de cancelar concesiones mineras y declarar zonas “inviables de explotación” o “en conflicto por impacto social negativo”.

“En materia presupuestaria se encontró que la iniciativa es incompleta, ya que no se define el costo fiscal que implican tanto las nuevas funciones asignadas a la Secretaría de Economía y al Servicio Geológico Mexicano, así como las posibles cancelaciones mineras por el impacto de las medidas añadidas”, señala el desechamiento de la iniciativa.

“No se establece un procedimiento preciso para la determinación de ‘Zona Inviable de Explotación o en Conflicto por Impacto Social Negativo’; de igual manera, no se especifica si aplica para las existentes o las nuevas concesiones que se asignen a partir de la promulgación de esta Ley. Siendo el caso para todas, incluyendo las existentes, estaríamos ante una violación de derechos constitucionales”, advierte el argumento contra la propuesta de ley.

La iniciativa quedó desechada y archivada como total y definitivamente concluida.

Las mineras canadienses involucradas en muchos casos de violaciones de los Derechos Humanos

Por otro lado, las empresas mineras canadienses representan el 40 por ciento de las grandes operaciones mineras en América Latina, y durante mucho tiempo han habido acusaciones de abuso en sus operaciones en el terreno.

Los conflictos han crecido a medida que la exploración se ha intensificado, dice Shin Imai, profesor de derecho en la Universidad de York y director del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa. Entre 2000 y 2015, hubo presuntos casos de violencia y actos delictivos que involucran a 28 empresas mineras canadienses en América Latina , incluidas 44 muertes y 403 lesiones, según los registros del grupo del profesor Imai.

Joe Fiorante es el abogado de los demandantes en dos juicios que acusan a mineras canadienses de actos de violencia en contra de la población en Guatemala. Él expresa: “Existe la percepción de que las empresas canadienses son más responsables social y ambientalmente porque son canadienses, pero podemos ver que están involucradas en algunas denuncias muy graves de abusos contra los derechos humanos”.

En una columna editorial del New York Times el comentarista mexicano Jaime Porras Ferreyra asegura: “Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social”.

Finalmente, para Cesar Padilla, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), “la minería canadiense llegó acá con un discurso de minería limpia, de ayuda al desarrollo, y finalmente no cumplieron la mayoría de las promesas y compromisos que hacían”.

Fuente: https://avispa.org/mexico-y-canada-continuan-colaboracion-para-imponer-mas-proyectos-mineros/?fbclid=IwAR0WjmrlYt-jM0iMo7GING18siXSWaLLaNVlDfFSvfxA92C97z-ty5d4NrE

Brasil, Internacional

Dizer que povos indígenas estão sentados sobre imensas reservas minerais é racismo puro e simples.

No debate sobre a mineração em terras indígenas, “o Canadá está alguns passos à frente do Brasil” e “as universidades têm desempenhado um papel importante no sentido de estimular a reflexão franca e o debate aprofundado sobre a mineração em terras indígenas, aproximando governos, empresas e povos indígenas em seminários acadêmicos”, diz Leonardo Barros, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, à IHU On-Line. “Não tenho conhecimento de que os pronunciamentos do governo brasileiro no sentido de liberar a mineração em terras indígenas tenham dado ensejo a um grande debate acadêmico, ou mesmo na esfera pública mais ampliada, por aqui”, diz, ao comentar as iniciativas do presidente Jair Bolsonaro, favoráveis à exploração mineral em terras indígenas.

Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, o pesquisador informa que o Canadá, assim como o Brasil, tem “uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do Ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas ‘Primeiras Nações’ (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país”, e que os dois países “comungam de uma história de relações ambíguas com seus povos indígenas” e “buscaram, por métodos diferentes, ‘integrar’ suas populações indígenas ao conjunto da sociedade colonizadora”.

Leonardo Barros é autor da tese “(Un)changing Indigenous land claims: evidences from a cross-national comparison between Canada and Brazil” ((I)mutáveis reivindicações de terras indígenas: evidências de uma comparação transnacional entre Canadá e Brasil – tradução livre), que apresenta um estudo comparativo acerca de como indígenas canadenses e brasileiros têm participado das políticas indigenistas de seus países e atuado em suas terras, e de como empresas e instituições federais têm se envolvido nos processos de extração mineral em terras indígenas. Entre as diferenças que envolvem o reconhecimento das terras indígenas nos dois países, Barros pontua que “os territórios indígenas canadenses são reconhecidos por meio de um tratado assinado entre governo e povos indígenas e, neste acordo, são esclarecidos os termos relativos à possibilidade de empreendimentos econômicos, incluindo atividades de mineração. Já as terras indígenas brasileirassão reconhecidas mediante um processo constitucionalizado que finda com um conjunto de direitos imediatamente reconhecidos, não passíveis de negociação bilateral entre povos indígenas e corporações”.

De acordo com ele, embora do ponto de vista legal as terras indígenas canadenses estejam “mais abertas a empreendimentos econômicos do que as terras indígenas brasileiras”, não há consenso entre as comunidades canadenses sobre o tema. “Algumas lideranças dos povos tradicionais que embarcam em parcerias com empreendimentos minerários argumentam que as relações entre as partes não precisam ser, necessariamente, conflituosas, e que um relacionamento mutuamente benéfico pode ser obtido quando da consideração, a sério, do ponto de vista destes povos no desenho e na implementação dos projetos. Estas lideranças, em conjunto com executivos de mineradoras, buscam um acordo de boa-fé que possa, efetivamente, significar a melhoria de vida para as comunidades envolvidas”, conta. Já os que são contrários à atividade mineral em terras indígenas “apontam para os passivos ambientais que, por vezes, podem degradar uma área de forma irreversível, tornando certas atividades tradicionais inviáveis, com importantes repercussões para os modos de vida tradicionais. Também demonstram preocupação com a dependência econômica total das comunidades com relação aos empreendimentos”, afirma.

Ao comentar a discussão sobre a possibilidade de legalizar a atividade minerária em terras indígenasdo lado brasileiro, Barros frisa que “o Brasil é um dos poucos países do mundo em que ainda hápovos indígenas em isolamento voluntário, sem contato algum com a sociedade circundante, e que decidiram assim permanecer. O Estado brasileiro tem o dever constitucional de proteger esses povos. A mera perspectiva de abrir os territórios em que estes povos habitam para empreendimentos minerários parece-me aterradora. Não vejo como isso não possa significar outra coisa que não o genocídio destes grupos”. Na avaliação dele, a experiência indígena no Canadá “ajuda apenas em parte”, porque “olhar para o Canadá como um bom modelo da relação entre povos indígenas e mineração deve ser visto com prudência e com análise detida em cada caso concreto”.

Leonardo Barros Soares é psicólogo formado pela Universidade Federal do Ceará – UFC, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Realizou estágio doutoral em 2017 na Université de Montréal junto ao Centre de recherche sur les politiques et le développement social – CPDS. É membro do Réseau d’études latino-américaines de Montréal – RÉLAM e desenvolve pesquisas na área de democracia participativa, instituições participativas, teoria deliberacionista, política urbana, etnopolítica, política indigenista comparada, povos indígenas americanos, movimentos sociais e associativismo étnico e políticas de reconhecimento territorial indígena.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – Desde quando empresas de mineração atuam em terras indígenas no Canadá? Qual é o marco legal que regulamenta esse tipo de atividade e como se chegou a essa decisão?

Leonardo Barros – Antes de mais nada, é importante esclarecer para o público brasileiro que o Canadá é, assim como o Brasil, um dos países com maior demodiversidade do globo, com uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas “Primeiras Nações” (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país. Lá como cá, eles também são o segmento populacional mais subalternizado e empobrecido da sociedade. É importante começar nossa conversa mencionando este fato — que o Canadá tem centenas de povos tradicionais em seu território —, o que é uma surpresa para muita gente.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – Desde quando empresas de mineração atuam em terras indígenas no Canadá? Qual é o marco legal que regulamenta esse tipo de atividade e como se chegou a essa decisão?

Leonardo Barros – Antes de mais nada, é importante esclarecer para o público brasileiro que o Canadá é, assim como o Brasil, um dos países com maior demodiversidade do globo, com uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas “Primeiras Nações” (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país. Lá como cá, eles também são o segmento populacional mais subalternizado e empobrecido da sociedade. É importante começar nossa conversa mencionando este fato — que o Canadá tem centenas de povos tradicionais em seu território —, o que é uma surpresa para muita gente.

Brasil e Canadá comungam de uma história de relações ambíguas com seus povos indígenas. Ambos os países buscaram, por métodos diferentes, “integrar” suas populações indígenas ao conjunto da sociedade colonizadora e, ainda hoje, oscilam entre aproximações produtivas e distanciamentos genocidas com suas populações tradicionais.

Dito isso, cabe ressaltar que, assim como o Brasil, o Canadá é um país com forte dependência de commodities extrativistas e com forte atividade minerária em seu território e em outros países, inclusive no Brasil, por meio de empresas tais como a Yamana Gold e a Lundin Mining, para ficarmos em apenas dois exemplos. Como não poderia deixar de ser, estas atividades impactam sobremaneira os povos tradicionais por lá também.

Mineração no Canadá

Não há uma legislação federal sobre a mineração no Canadá e a matéria é largamente regulada pelas províncias, que gozam de maior autonomia que suas contrapartes brasileiras. Assim, diversos tipos de licenças e procedimentos são requeridos a depender da província, do metal a ser explorado e do porte do empreendimento. Em todo caso, há um interesse comum entre governos provinciais e governo federal para a exploração mineral no território canadense, e a atividade conta com gordos subsídios, além de diversas facilitações para que os empreendimentos ocorram.

A maioria dos povos indígenas canadenses só teve maior contato com a mineração a partir da década de 1970, com algumas exceções de povos que convivem com a atividade há gerações. Até aquela época, os povos indígenas canadenses pouco ou nada podiam fazer quando da determinação de um empreendimento minerário em seus territórios. No entanto, a partir de 1975, com a edição do primeiro tratado de reconhecimento territorial indígena moderno, o James Bay and Northern Quebec Agreement, os povos CreesInuit e Naskapi ganharam um maior controle sobre decisões relacionadas à mineração em seus territórios. Esse entendimento foi reforçado em 1978, a partir do relatório Berger recomendando a não instalação do Mackenzie Valley Pipeline sem a consulta prévia aos indígenas afetados. De lá para cá, artigos regulando atividades de mineraçãoforam incluídos em diversos tratados territoriais.

Mineração em terras indígenas canadenses

mineração em terras indígenas canadenses também é limitada por sucessivas decisões da Suprema Corte Canadense, tais como a Haida/Taku ou a recente decisão Ross River Dene Council, da corte de apelação do Território Yukon, que estabelecem a obrigatoriedade de uma consulta esclarecida com os povos indígenas para sua participação na definição da melhor alocação dos recursos naturais presentes em suas terras. Na prática, no entanto, há alguns grupos que se queixam de que os governos provinciais e federal não protegem seus interesses, o que os deixa desamparados frente às propostas feitas pelas grandes empresas de mineração.

Por outro lado, há também lideranças de alguns povos tradicionais que entendem que as companhias estão mais bem posicionadas para avaliar os impactos sobre os povos indígenas e são mais flexíveis em negociações diretas do que os governos. Essa negociação direta entre companhias e povos indígenas é que é a regra por lá.

IHU On-Line – Em artigo recente o senhor disse que existem “modelos bem-sucedidos de parceria entre mineradoras e povos indígenas” no Canadá. Pode nos contar como são feitas essas parcerias, que áreas as mineradoras exploram e por que, na sua avaliação, elas são bem-sucedidas?

Leonardo Barros – Para entender a “parceria” entre mineradoras e povos indígenas por lá, é relevante saber que desde meados do século XIX, após uma forte intervenção do governo nas estruturas tradicionais de organização dos povos indígenas, hoje muitos deles se organizam em “conselhos” que assumem uma forma “quase-municipal” com eleições regulares, estrutura administrativa, assessorias, departamentos, critérios de membresia, jurisdição sobre alguns assuntos etc. Assim sendo, não é de se estranhar que essas estruturas administrativas considerem, muitas vezes, os royalties da mineração como uma importante fonte de renda.

Diante das precárias situações de qualidade de vida experimentadas por muitos povos indígenas canadenses, incluindo altos índices de desemprego, a mineração pode aparecer, no melhor cenário, como uma oportunidade de aumento da renda coletiva e eventualmente da melhoria da infraestrutura comunitária. Além disso, a estratégia de resistência de qualquer grupo social subalternizado pode passar pela ideia de que se a mineração, ou qualquer outro empreendimento de grande porte é inevitável, que ao menos se possa, então, garantir o melhor aproveitamento possível para o grupo atingido.

Quando falo de parcerias bem-sucedidas, me refiro exatamente ao fato de que, diante do empreendimento, povos indígenas politicamente mais organizados e coesos foram hábeis em negociar acordos mais benéficos para si. Estes acordos, chamados de forma geral de “IBAs” (Impact and Benefit AgreementsAcordos de Impacto e Benefício, em tradução livre) ou ainda de “SEPAs” (Socio-economic Participation Agreements, terminologia utilizada pela Aboriginal Mining Corporation e que significa Acordos de Participação Socioeconômica, em tradução livre), contratualizam a relação entre mineradoras e povos indígenas e já passam de cem acordos firmados, hoje em dia, em diversas regiões do país. Os governos provinciais e federal entram como responsáveis fiduciários.

Entre os exemplos mais notáveis está o caso do acordo que deu origem ao reconhecimento do imenso território de Nunavut, que prevê, em seu artigo 26, do IBAs, que “promovam os objetivos culturais Inuit e aumentem seu padrão de vida”. O acordo sobre a mina Raglan, realizado entre os Inuit e a Societé Minière Raglan du Québec Ltée em 1995, também previa a contratação prioritária de Inuits qualificados para trabalhar na mina, o estabelecimento de um comitê para a supervisão contínua do empreendimento, um representante do povo tradicional no conselho de direção da empresa e uma indenização de 60 a 100 milhões de dólares canadenses, mais a distribuição de royalties e de lucros e dividendos. Outro exemplo de sucesso é a parceria entre o Grande Conselho dos Crees e a Goldcorp Inc. em 2011 para o desenvolvimento e operação do chamado Éléonore Gold Project.

Além disso, poderíamos citar a comunidade Moose Cree, na província de Ontário, que se tornou parceira de negócios da Ontario Power Generation na construção de uma hidrelétrica no rio Mattagami. A comunidade de Fort McKay, em Alberta, se beneficiou dos empregos gerados pela exploração do xisto betuminoso na região. Aliás, a indústria da mineração é potencialmente o maior empregador de indígenas por lá. Os exemplos são múltiplos, mas ainda não há uma apreciação de conjunto sobre a questão de forma mais aprofundada. A pesquisa acadêmica sobre o assunto ainda é inicial por lá, ao passo que é virtualmente inexistente por aqui.

IHU On-Line – De outro lado, quais são os conflitos existentes no Canadá entre os povos indígenas e as mineradoras?

Leonardo Barros – Os povos indígenas canadenses têm uma longa história de movimentos de resistência contra governos e corporações, potencializados a partir de 1960 e recentemente reeditados no chamado movimento Idle No More em 2013. Diga-se de passagem, um dos desencadeadores desta que foi uma das maiores mobilizações indígenas em todo o mundo foi, justamente, a proposta de mudança na legislação ambiental e na de águas navegáveis do Canadá, o que beneficiaria enormemente empresas de exploração de recursos naturais em detrimento das formas tradicionais coletivas de gestão dos territórios e das águas indígenas.

A resistência aos projetos de exploração de recursos minerais no Canadá assume várias formas, desde os tradicionais protestos de rua até formas mais complexas, como o recente caso em que os Kw’alaams rejeitaram, por meio de um referendo, um projeto em parceria com a multinacional Petronas para a construção de um terminal de exportação de gás liquefeito na costa noroeste da Colúmbia Britânica no valor de 1,5 bilhão de dólares canadenses.

O repertório de ação coletiva dos grupos é variado, indo desde forte presença midiática até ações mais diretas, tais como bloqueio de estradas ou confronto direto com forças de segurança, passando por lobby organizado sobre parlamentares, marchas e atividades de cunho simbólico, como rodas de dança e cantos tradicionais.

IHU On-Line – Como os indígenas canadenses têm se pronunciado sobre a extração de minério em suas terras? O que dizem os indígenas que são favoráveis a essa prática e os que são contrários?

Leonardo Barros – Não há uma voz unificada dos povos indígenas e demais povos tradicionais sobre esse tema, como também não há, diga-se de passagem, no Brasil. O que há é a organização em associações mais ou menos representativas, tais como a Assembleia das Primeiras Nações (Assembly of First Nations) e os conselhos de líderes de cada povo, variando de região para região. Em resumo, o panorama político é complexo e resiste a uma generalização.

Algumas lideranças dos povos tradicionais que embarcam em parcerias com empreendimentos minerários argumentam que as relações entre as partes não precisam ser, necessariamente, conflituosas, e que um relacionamento mutuamente benéfico pode ser obtido quando da consideração, a sério, do ponto de vista destes povos no desenho e na implementação dos projetos. Estas lideranças, em conjunto com executivos de mineradoras, buscam um acordo de boa-fé que possa, efetivamente, significar a melhoria de vida para as comunidades envolvidas. Historicamente, o governo canadense apresenta fortes déficits de investimento em infraestrutura e geração de renda e emprego nas comunidades indígenas, que observam nas parcerias a possibilidade de virarem o jogo a seu favor.

Os que se pronunciam de forma contrária apontam para os passivos ambientais que, por vezes, podem degradar uma área de forma irreversível, tornando certas atividades tradicionais inviáveis, com importantes repercussões para os modos de vida tradicionais. Também demonstram preocupação com a dependência econômica total das comunidades com relação aos empreendimentos, algo que pode ser visto facilmente aqui, no Brasil, em muitas cidades do interior. Por fim, chamam a atenção para a deficiência do Estado canadense em sua capacidade de fazer cumprir sua legislação ambiental e de direitos humanos em situações de violações destes direitos por parte das mineradoras.