Regresamos al municipio tolimense para ver cuál es la situación actual de sus habitantes y qué alternativas de desarrollo económico han encontrado. La alianza con Crepes & Waffles y el ecoturismo son algunas de las posibilidades que han surgido después de la salida de AngloGold Ashanti.

Berlain Vargas y su familia viven en la finca Bellavista, un pequeño paraíso escondido en las empinadas montañas del municipio de Cajamarca (Tolima). Para llegar a su casa hay que recorrer durante media hora una estrecha carretera despavimentada y polvorienta, guardar el carro donde los vecinos y subir varios kilómetros a pie por uno de los caminos reales que sirven como puente entre el final de la vía y el hogar de cientos de campesinos que habitan las partes más altas de la cordillera Central de Colombia.

En el viaje se perciben la variedad y la riqueza de los cultivos de la región. A la orilla del río Anaime, donde empieza el ascenso, sobresalen el plátano y el café, las acacias moradas y las orquídeas; unos metros más arriba aparecen las enredaderas de fríjol, arveja y granadilla, y en la parte más alta de los cerros, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, hay papa, curuba, mora y varios tipos de arracacha. Científicos y agricultores coinciden en que con el paso de los años las cenizas del volcán Machín abonaron la tierra de la región y la convirtieron en una de las más fértiles del continente.

Llegamos a la casa de los Vargas porque desde agosto del año pasado Bernail, su esposa, Marta, y sus tres hijos han sido una de las familias campesinas cajamarcunas que le venden arracacha directamente a la cadena de restaurantes Crepes & Waffles. “En el pueblo, una carga de arracacha equivalente a 125 kilos vale $100.000 o $120.000, pero Crepes la paga a $300.000, y eso nos está cambiando la vida. Pudimos traer a la casa una lavadora. Usted no sabe lo que significa una lavadora. Marta se ahorra una o dos horas diarias de lavado de ropa y las dedica a hacer lo que le gusta: desyerbar, podar y cuidar su huerta, sus matas”, cuenta Berlain mientras caminamos por los senderos de Bellavista.

Esta alianza con Crepes & Waffles, que se implementó meses después de que los habitantes de Cajamarca le dijeran no a la minería en su territorio a través de la consulta popular del 26 de marzo de 2017, es una forma de generar cadenas de comercialización más justas y es uno de los proyectos que muestran que en la despensa agrícola de Colombia hay alternativas de desarrollo distintas a la explotación de oro a cielo abierto.

“La determinación con la que los cajamarcunos definieron un futuro en el que la producción de alimentos y la riqueza natural de su paisaje fueran los protagonistas se convierte en la fuente de inspiración para innovaciones gastronómicas, exposiciones artísticas y la exploración de nuevos mercados que promuevan la conservación ambiental”, dijo Felipe Macía Fernández, director de sustentabilidad de la empresa.

Para Berlain y el resto de familias de la Asociación de Productores de Semillas Andinas (Asprosan), con quien Crepes hizo el convenio, el balance un año después de la consulta es muy positivo. “La realidad no es como la pinta el alcalde Pedro Pablo Marín en los medios de comunicación. El pueblo no está en crisis y los campesinos no estamos arrepentidos de haberle dicho no a la minería en nuestro territorio. Al contrario, cada vez nos convencemos más de que el futuro de Cajamarca está en el turismo y en la agricultura”, reconoce otro de los asociados.

Las palabras de los campesinos se refieren al artículo “Rechazo a operación minera tiene en jaque a Cajamarca”, que pretendía demostrar por qué la consulta popular que prohibió la minería había sido “el peor negocio para el municipio”. En esta nota, el alcalde Pedro Marín, el secretario de Planeación, Juan Peralta, y algunos empleados y beneficiarios directos o indirectos de AngloGold Ashanti expresaron que la salida de la multinacional provocó una crisis de desempleo y tenía paralizados proyectos de infraestructura para educación, salud y vivienda.

Sin embargo, la realidad de los habitantes de Cajamarca es distinta. La salida de AngloGold Ashanti ha confirmado que la economía de la zona depende de los campesinos y no de la mina. Alfonso Arias, uno de los fundadores de la Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaime (Apacra), aseguró que un año después de la consulta popular los procesos de organización comunitaria continúan y reveló que en estos meses se han abierto nuevas oportunidades de negocios rentables para los agricultores, que son más del 70 % de los habitantes del municipio. “Con el resultado de la consulta han llegado grandes empresas comercializadoras y exportadoras que están invirtiendo en los cultivos de granadilla, gulupa, y aguacate hass”.

Esta nueva línea de negocio, en auge en todo el país, puede ser clave para mejorar la calidad de vida de los campesinos de la región. Las cifras de Procolombia muestran que el aguacate hass es la fruta que más se exportó en 2017 después del banano. Además, la venta de gulupa en el exterior movió más de US$25,8 millones. Si todo sale como está previsto y el Gobierno Nacional decide apoyar la irreversible decisión de los habitantes de Cajamarca, este municipio tolimense podría convertirse en uno de los centros de exportación de alimentos más importantes en Colombia.

Por ahora, ante la ausencia de apoyo local, los habitantes de Cajamarca se las han arreglado para conseguir recursos internacionales. La organización y la valentía de una comunidad que impuso la defensa del agua y de los páramos sobre los intereses de una de las multinacionales del oro más grandes del mundo le han valido el reconocimiento y la admiración de varias ONG europeas, como la Fundación Rosa Luxemburgo, la Organización Catapa y el Fondo Sueco Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana (Foscol).

El próximo mes, Foscol abrirá una convocatoria para apoyar y fortalecer veinte unidades productivas lideradas por mujeres campesinas que utilicen energías limpias, abonos orgánicos y nuevas tecnologías. La idea es impulsar proyectos de agricultura autosostenible y amigable con el medio ambiente a través de un subsidio de entre $5 millones y $10 millones y establecer un proceso de acompañamiento y asesoría para articular las unidades productivas, fortalecer las cadenas de valor y crear redes solidarias de producción.

Para Róbinson Mejía, líder del comité ambiental y promotor de la consulta, el objetivo de estas iniciativas es empoderar a las mujeres campesinas y consolidar la defensa del territorio. “En Cajamarca hay un consenso frente al derecho a la vida y la importancia del agua. La gente no quiere que por ningún motivo vuelva la AngloGold y está dispuesta a hacer respetar la decisión tomada. Si se vuelve a hacer la consulta, volvemos a ganar, y con más votos”, aseguró Mejía.

Otro de los proyectos que han sido posibles gracias a la consulta es la formalización y la mejora de los acueductos comunitarios del municipio. La alianza con el Ayuntamiento de Gante, una pequeña ciudad belga a una hora en tren de Bruselas, ha permitido que los campesinos de Cajamarca le hagan monitoreo biológico y físico-químico a la calidad del agua. El kit de cada acueducto comunitario es muy fácil de usar y está diseñado para hacer muestreo de metales pesados y medir sólidos disueltos, conductividad, temperatura y pH del agua. De acuerdo con los campesinos encargados, la idea es llevar un registro preciso de la posible contaminación y así proteger la pureza y potabilidad de los ríos y quebradas aledañas.

Para Luz Ángela Jiménez, fundadora de la Corporación Turística y Ambiental de Cajamarca y Anaime (Cajantour), que nació meses después de la consulta, las riquezas naturales de la región, incluidos el páramo Anaime-Chili, el bosque de palma de Tochecito, donde está concentrado el 80 % de las palmas de cera del mundo, la quebrada Chorros Blancos, el Parque Nacional los Nevados y las termales del volcán Michín son atractivos que ya están impulsando el desarrollo económico del municipio.

“Queremos que la gente venga, conozca y disfrute las maravillas de Cajamarca. Vivimos en un ecosistema muy privilegiado. Cajamarca es verde. La naturaleza es lo que tenemos para mostrar. Hay loros, pumas, tigrillos, venados, osos perezosos, armadillos, guatiles. En el largo plazo, dice Luz Ángela, esta biodiversidad es más rentable que el oro. Tenemos muchas esperanzas con el proyecto. Queremos dejarle claro al país que los campesinos de Cajamarca no estamos arrepentidos”.

Fuente:https://www.elespectador.com/economia/cajamarca-avanza-y-no-se-arrepiente-de-decir-no-la-mineria-articulo-746438

Por medio de la Resolución 0860 de 2018, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía establecieron que el cupo máximo para el incentivo Certificado de Reembolso Tributario (Cert) es $1,6 billones para los proyectos a ejecutar desde 2018. Estos pueden tener una duración de hasta cuatro años.

Con este incentivo se busca impulsar el incremento de las inversiones en exploración de hidrocarburos y el aumento de las reservas petroleras.
También se dio a conocer que el Cert podrá ser solicitado por las inversiones que las empresas realicen desde este año y les será otorgado cuando se verifique la ejecución de estas.

Además, podrá ser utilizado dos años después de su otorgamiento en el pago de impuestos de carácter nacional administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

“Promover la actividad de exploración es, sin duda, una estrategia que abrirá nuevas oportunidades de empleo, de negocios, de progreso y bienestar para nuestras regiones. Además, le garantiza al país autosuficiencia energética en el mediano y largo plazo”, señaló el ministro de Minas, Germán Arce.

Por otra parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de Minería (ANM) serán las entidades encargadas de seleccionar y fiscalizar las inversiones que busquen obtener el incentivo.

El incentivo está diseñado para ser costo eficiente para la Nación, por lo que garantiza el aumento de la inversión en el sector. Este mecanismo inició proceso de reglamentación a finales del año pasado.

Fuente:https://www.larepublica.co/economia/con-incentivo-tributario-gobierno-estimulara-exploracion-y-produccion-de-mineria-2705286

Ayer, el Congreso de la República aprobó el Convenio de Minamata, un pacto internacional al que se había suscrito Colombia para reducir el uso de este metal. Sin embargo, la minería de oro ilegal continúa siendo el gran desafío por superar.

Los habitantes de Río Quito, en Chocó, saben que están nadando en mercurio. Varias veces les han advertido que el río que les sirve de carretera y sustento tiene niveles mucho más altos que los permitidos. Las retroexcavadoras que empezaron a llegar a finales de los noventa con acento paisa y brasileño poco a poco fueron desplazando a la minería artesanal. Pese a las protestas, las resistencias y los operativos, cada tanto vuelven y arman los “dragones”, unas máquinas tan grandes como un edificio de tres pisos. Con ellas remueven las aguas, la arena, las piedras y capturan el oro gracias al mercurio.

Encontrar mercurio en Río Quito es muy fácil. Los lodazales y los cráteres que ha dejado la extracción intensiva no han impedido que, cada tanto, lleguen barcazas con ese metal volátil que desde hace tiempo corre por ciertas aguas colombianas. Como lo han reportado varias investigaciones, algunas especies de peces, el principal alimento de muchas poblaciones ribereñas, están contaminadas. Y esto no sólo sucede en Chocó. La situación se repite en Cauca, Antioquia y el sur de Bolívar.

Resolverla es muy difícil y requiere de muchos esfuerzos, pero ayer Colombia dio un paso importante para hacerlo. En horas de la tarde fue aprobado en el Congreso de la República el proyecto de ley que le da vía libre a la aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, un pacto adoptado en octubre de 2013 por varios países para contener la contaminación de ese metal. La votación, en el último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, fue contundente: 89 votos a favor, ninguno en contra. Ahora debe ir a sanción presidencial y ser revisado por la Corte Constitucional.

Saber con precisión cuál es el rumbo que tomará la comercialización de mercurio en el país con este pacto no es fácil, pero, al aprobarlo, Colombia se compromete a tomar medidas para “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas” de este elemento. Como señala Andrea Ramírez, viceministra encargada de Medio Ambiente, “el convenio establece un plazo para eliminar los productos con mercurio añadido y le permite a Colombia acceder a recursos para financiar proyectos que permitan reducir el uso del mercurio”.

A lo que se refiere es a que, con la aprobación del documento, el país deberá, por un lado, desincentivar la producción y el uso de artículos como lámparas fluorescentes compactas o aparatos de medición no electrónicos, como los barómetros (usados para medir la presión atmosférica). La idea es que para 2020, como se lee en el texto del Convenio de Minamata, se elimine tanto la exportación, como la importación y fabricación de estos elementos.

Por otro lado, el pacto permite que el país pueda acceder a una bolsa de recursos de cooperación internacional, con los que podrá costear proyectos productivos que permitan que poblaciones como las de Río Quito abandonen la utilización del mercurio. Hoy sigue siendo un elemento clave para extraer oro del río.

Aunque es un paso importante, y pese a que el país cuenta con una ley desde 2013 (la 1658), que busca la reducción del uso de mercurio, los retos hoy son grandes. El boom de las materias primas que vivió el país durante la primera década del siglo XX también vino acompañado de serios problemas de contaminación. El vertiginoso aumento del precio del oro (en 2011 alcanzó un récord de US$1.739 por onza) sedujo a mineros ilegales y criminales que, como sucedió en el caso de Río Quito, desplazaron las prácticas artesanales para darle paso a la explotación intensiva con mercurio sin ninguna regulación.

El resultado ha sido documentado por varios científicos en repetidas ocasiones. El profesor Jesús Olivero Verbel, director del doctorado en toxicología ambiental de la Universidad de Cartagena, ha sido uno de los que más muestras de pelo y sangre han tomado para comprobar que hay comunidades que exceden los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En diciembre de 2014 encontró que los habitantes de la cuenca baja del río Caquetá tenían concentraciones promedio de mercurio en el pelo que oscilaban entre 15,4 y 19,7 partes por millón (ppm), cuando lo recomendado por la OMS es que no superen el 1 ppm.

Ingenieros del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) encontraron en 2011 que de 70 personas que examinaron en el distrito minero de San Juan (Chocó), 56 estaban contaminadas con mercurio. De ellas, cuatro tenían diagnósticos de intoxicación mercurial. Al ingerirlo, el metilmercurio (forma en la que el metal se encuentra en los animales) llega hasta el intestino y después se acumula en la corteza cerebral. ¿El resultado? “Provoca importantes efectos neurológicos y de otro orden, siendo particularmente graves aquellos que se dejan sentir en la salud del niño y del feto”, se lee en el texto del Convenio.

Los reportes hechos por la ciencia han ido mucho más allá. En 2013, expertos en toxicología de la Universidad de Córdoba y de la Fundación Panthera encontraron bajas concentraciones de mercurio en muestras de dientes de cráneos de jaguares que, si bien estaban por debajo de los límites permitidos, prendieron las primeras alarmas.

“Esa minería ilegal es un gran desafío y para combatirla hemos implementado medidas claves. Una ha sido reducir la importación de mercurio. De 100 toneladas pasamos a 2 toneladas en septiembre de 2017. Sólo hay un porcentaje destinado al sector salud que es un usuario frecuente”, explica Ramírez.

Muchas de las que fueron importadas antes terminaron en los ríos. Para ser exactos, como lo reveló el Ideam en 2015, 200 toneladas cada año.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/colombia-da-un-paso-mas-para-luchar-contra-el-mercurio-articulo-745694

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, durante 2017 se realizaron siete consultas populares: dos en Cundinamarca, dos en Santander, una en Quindío, otra en Meta y una última en Tolima. Proyectos de hidrocarburos y minería fueron los principales motivos para que los municipios llevaran a cabo estas consultas.

Aunque en lo corrido del año no se ha realizado ninguna consulta, el Ministerio informó que hay 54 propuestas pendientes. De estás nueve son de iniciativa popular; cinco son de los alcaldes; tres de concejales y cuatro de un solo ciudadano. Las restantes 33 las promueven colectivos encabezados, entre otros, por actores políticos locales y líderes ambientalistas, que se organizan en movimientos.

Carlos Cante, viceministro de Minas y Energía, indicó que las “consultas populares no son de naturaleza antiminera”, sino un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución Política de Colombia, por medio del cual se garantiza la intervención de los ciudadanos sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local.

En este sentido, en el sector minero existen tres herramientas mediante los cuales las poblaciones pueden pronunciarse acerca de un proyecto. Según el ministerio, las Audiencias Públicas Ambientales, las Alianzas para la Prosperidad, el Sistema General de Regalías o los espacios de concertación previa ejecutados por la Agencia Nacional de Minería – ANM, son herramientas para en los que pueden participar la ciudadanía.

“Es importante anotar que en diversos fallos, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha expresado que las autoridades del orden nacional y territorial, tienen el deber constitucional de concertar la planeación minera, sin que ello implique que una de ellas pueda de manera unilateral anular las competencias de la otra”, detalló Cante.

Para el abogado ambientalista, Rodrigo Negrete, es de importancia destacar que las consultas populares no son lo mismo que las consultas previas, pues estas últimas aplican solamente para las comunidades étnicas como indígenas, gitanos o palenqueros.
“ En 2001 se modifica el código minero y desde 2002 empezó un gran “boom” de la minería en Colombia. Se otorgaron muchos títulos y la gente empezó a notar que esta actividad cambiaba los usos del suelo y afectaba al medio ambiente. A partir de 2016 la Corte Constitucional, en la sentencia T -445 estableció que la actividad minera se puede consultar. Incluso, no es necesario que haya título minero, porque se puede actuar preventivamente y decidir que en cierto territorio no puede haber minería”, detalló el experto.

Pretender privar a un territorio de la ejecución de proyectos mineros, tiene una serie repercusiones que generan una serie de impactos negativos tanto para los entes territoriales y las comunidades como para la propia nación. Sin embargo, es determinante la buena relación con las poblaciones directamente afectadas.

Es por esto que el ministerio de Minas y Energía trabaja competencias para lograr un desarrollo minero ordenado, que garantice la protección al medio ambiente y la participación efectiva de las comunidades, a través de las diferentes herramientas que existen.

El reto es lograr un compromiso por lograr la minería bien hecha, responsable con el medio ambiente y las comunidades, a la vez que se crean empleos y ganancias para todos.

Fuente:https://www.larepublica.co/especiales/minas-y-energia/en-2017-se-realizaron-7-consultas-populares-y-hay-54-pendientes-2613185

La directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, Claudia González habló sobre la petición que hizo Minesa de retirar la solitud presentada en agosto de 2018, para el proyecto minero de Soto Norte, cerca al páramo de Santurbán, en Santander.

En diálogo con BLU Radio, la directora manifestó que la ANLA estaba en un proceso de evaluación de viabilidad de la propuesta de Minesa por lo que se hicieron dos visitas técnicas en la zona.

“Los empresarios pueden desistir de las licencias ambientales en el momento que lo consideren, de acuerdo con los comunicados van a revisar aspectos técnicos”, dijo González.

La directora señaló que desconoce qué presentará Minesa con su nueva propuesta de explotación minera en esa zona. También advirtió que la empresa debe entregar un estudio técnico sobre lo que corresponde a la hidrología que existe en el ecosistema.

“No tenemos conocimiento de cuáles son los nuevos elementos que tenga la empresa, nosotros nos encontrábamos evaluando la información que se le había pedido de manera adicional, la información está orientada a que se garantice el derecho al agua de todos los colombianos que es un derecho fundamental”, explicó Claudia González.

Por el momento las directivas de Minesa en Bucaramanga y Bogotá solo se han pronunciado con un comunicado de tres párrafos.

Fuente:https://www.bluradio.com/bucaramanga/minesa-estaba-en-un-proceso-de-evaluacion-de-viabilidad-ambiental-anla-172417

La presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Silvana Habib Daza, informó que a partir de julio de este año las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la extracción de oro,  al igual que las grandes compañías, tendrán prohibido utilizar mercurio en su actividad.

Habib Daza destacó que el gran desafío es reducir laextracción ilegal de minerales, al tiempo que advirtió que desde  esa fecha las empresas mineras que hagan uso del mercurio se verán enfrentadas a serias sanciones.

«En general para cualquier empresa que use mercuriohabrá procesos sancionatorios, suspensiones de la actividad y pueden perder el titulo minero», dijo.

Según la funcionaria la ANM, se realizó un diagnóstico del uso del mercurio en títulos de pequeña y mediana minería que tienen asociadas plantas de beneficio en la operación minera (estas pueden estar dentro o fuera del título minero), encontrando que de los 607 títulos de oro en etapa de explotación en el país se ha logrado verificar desde las visitas de fiscalización que solo 45 tienen asociada una o varias plantas de beneficio, de los cuales sólo 12 títulos utilizan mercurio en el proceso, es decir, en gran minería las empresas ya no utilizan mercurio.

Igualmente recordó que su entidad  apoya la implementación de medidas nacionales que buscan consolidar un registro único de usuarios de mercurio -obligación en cabeza del Ministerio de Ambiente y las medidas de control y restricción a la importación y comercialización de este mineral para temas mineros. 

«El gran desafío que tenemos es reducir la extracción ilícita de  minerales en la minería no formal,  nos quedan dos grande apuestas, una  seguir luchando contra este flagelo que está en manos de las bandas criminales y lo otro es acompañar a la pequeña minería para la reconversión a tecnologías que no usen mercurio», puntualizó  Habib.

Cabe mencionar que la  eliminación de este mineral es de vital importancia , ya que contamina la cadena trófica (peces, fauna, flora y seres humanos), destruye hábitats y fuentes hídricas.

Fuente:https://www.rcnradio.com/economia/partir-de-julio-quedara-prohibido-uso-de-mercurio-en-mineria

En candidato del Polo Democrático al Senado aseguró que el futuro de Colombia no es la minería ni el petróleo, que eso es cosa el pasado y que ahora el mundo está tratando de avanzar hacia otras formas de producción.

La política minera es equivocada porque viola la autonomía territorial, así lo aseguró Víctor Correa, candidato del Polo Democrático al Senado.

Habló con LA CRÓNICA de varios temas que hacen ampolla en el departamento, como la salud, la política y la minería. El aspirante al Congreso de la República afirmó que la minería, sacando el petróleo, no representa un ingreso importante, por no ser mayor al 2% del PIB, ni es el gran generador de empleo por representar el 1%.

¿Qué piensa sobre la minería?

Lo que pienso yo de la minería es que lo que tenemos que hacer es transformar estructuralmente la política y sobre todo entender que ese no es el futuro, porque es lo que nos quieren vender. El futuro de Colombia no es la minería y el petróleo, de hecho el mundo está tratando de avanzar hacia otras formas de producción como las energías limpias y en el país tenemos todo para ser una potencia agrícola, agraria, agropecuaria, nosotros podemos ser uno de los siete países que alimente al mundo en las décadas venideras dice la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

¿Qué ha hecho por proteger al país?

He apoyado las distintas consultas populares en Colombia y he estado pendiente de todos los procesos, he ido a recoger firmas, de hecho demandé el Plan Nacional de Desarrollo en un momento cuando traía la minería en páramos, eso logró que se tumbara, en esa sentencia se ratifica lo que la Corte ha dicho y es que los territorios tienen autonomía para definir si se hace o no minería en ellos y he estado defendiendo la consultas ahora frente a un problema y es que el gobierno encontró la forma de bloquear, decidió no financiarlas, entonces no lo bloquea por derecha, de manera directa, sino que no pasa la plata, lo que es una forma moderna de negar los derechos, afectando la participación de las comunidades, algo que además es un derecho constitucional.

Cuéntenos de su visita al Quindío

Hace parte de un gira nacional, reconociendo la gente con la que ya veníamos trabajando, presentando las propuestas, escuchando las problemáticas de las distintas zonas, ya que la campaña no es solo para conseguir los votos, también para construir de una mejor manera las agendas programáticas que ayuden a que la labor legislativa funcione de mejor manera.

¿Cuál es el diagnóstico que tiene del Quindío sobre política y situación social?

Me preocupa mucho lo que he podido escuchar de las personas con las que dialogo en el territorio sobre lo que está haciendo la corrupción con el departamento, lo que le está costando a los quindianos y al país.

“Es indiscutible que lo que ocurrió con la actual candidata de Cambio Radical y quien fuera gobernadora del Quindío llama bastante la atención, deja ver que todo el manejo político que se ha dado durante los últimos años ha sido indebido y que no ha permitido a través de las distintas prácticas bien conocidas que surjan procesos democráticos.

Me preocupa lo que ha pasado con el túnel de La Línea, hoy formo parte de la comisión que se encarga de los temas de infraestructura y esta es una muestra de lo que hace la corrupción con los colombianos, las cifras de la Contraloría y Procuraduría dicen que en Colombia se roban cerca de 50 billones de pesos por año. Con lo que se costeó el túnel se harían 50 por año más o menos, entonces imagine cómo estaría en infraestructura nuestro país, el departamento, la salud, la educación si no se robaran la plata.

¿Cuál cree que sería la solución para mejorar el sistema de salud?

No hay hospital público que se pueda decir que está en una buena situación, es difícil plantear una solución territorializada a los problemas sin comprender que es un tema sistémico y estructural. La Ley 100 montó el negocio de la salud y llevó a una dinámica a los hospitales a que se comportaran como empresas. Hoy esa realidad hace que los hospitales no puedan subsistir en muchos casos, pues no alcanzan a cubrir sus gastos con la venta de los servicios y la otra son las enormes carteras que han surgido producto del no pago de las entidades territoriales y las EPS.

El gasto público en salud tendría que aumentar de manera significativa porque la UPC está siendo insuficiente para cubrir los costos corrientes del mismo.

El otro problema es que en medio del modelo que tenemos buena parte de los recursos en salud se consumen en la atención de enfermos y pocos de los recursos se utilizan en evitar que la gente se enferme, entonces tenemos una alta carga de la enfermedad que genera mayores demandas, costos para el sistema y mayores cargas para los hospitales, entonces tendríamos que trabajar en una reforma estructural en transformar el modelo y fortalecer las estrategias de atención primaria en salud.

Avanzar en una reforma estructural que elimine la intermediación financiera y el negocio que han montado las EPS, que controle la presión del complejo médico industrial, es decir los sobrecostos que generan las nuevas tecnologías, los medicamentos que en Colombia de manera histórica se han pagado por encima de los precios de la región, una reforma a la salud  que fortalezca la atención primaria en salud, que genere mejores condiciones para los profesionales porque parte del impacto de la crisis hospitalaria que hay hoy en Colombia es que no le pagan a los trabajadores.

Erradicar la dinámica de mercado en muchos de los hospitales públicos del departamento y del país ayudaría a que se asuman las cosas como tienen que asumirse y que el Estado financie la oferta. En estos lugares no tiene ningún sentido que ante un prestador lo que tengamos es un sistema de mercado de libre competencia y de negocio.

¿Cómo ve las elecciones?

Las veo muy emocionantes porque nunca había visto un escenario en el que no se tuviera claro quién va a ser el presidente y eso no pasaba hace mucho tiempo, veo a la gente muy cansada de la política en general y eso me preocupa un poco, me ha tocado sentarme y dedicarle tiempo a la gente a explicarle porqué es importante participar. Siempre están las premisas de que todos los políticos son iguales, todos son ladrones, ninguno cumple, es el daño que le han hecho los politiqueros a la democracia y a la política, alejaron a la gente generando un efecto contraproducente, porque a menor participación mayor corrupción.

Fuente : https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-victor-correa-la-politica-minera-es-equivocada-porque-viola-la-autonomia-territorial-cronica-del-quindio-nota-118499