El representante de legal de los residentes del sector de Huasco Alto, Álvaro Toro, sostuvo que los abogados de la minera canadiense asumieron un rol de víctima durante los alegatos realizados en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
“La compañía minera Barrick ahora ha asumido el rol de víctima ante los jueces, una estrategia absurda, de último recurso, para evitar el cierre definitivo del yacimiento.”
De esta forma se refirió el abogado de las comunidades del Huasco Alto, Álvaro Toro, a las expresiones emanadas desde los representantes de la trasnacional canadiense durante los alegatos efectuados en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Pues este martes se puso fin a las exposiciones, donde la compañía Barrick, dueña del proyecto minero Pascua Lama, buscó dejar sin efecto la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que ordenó, en enero pasado, terminar definitivamente las faenas.
Los argumentos que se escucharon en la prolongada audiencia fueron, por ejemplo: “La clausura definitiva sería el equivalente a la pena de muerte en derecho ambiental”, “la SMA actuó con prejuicio, sesgo e intensión, afectando el derecho a defensa”, y “que no se tomaron en cuenta los actos positivos de la empresa”, entre otras explicaciones.
Álvaro Toro se refirió a estos planteamientos emanados desde los abogados de la Compañía Minera Nevada, filial de la canadiense en Chile.
“A mí me llamó mucho la atención la utilización continua de ese argumento sobre la pena de muerte. Con estas expresiones trataron de que el Tribunal se hiciera una idea del gran daño que se produciría a la economía nacional. Un exceso completo, que hasta me provocó ofuscación. Todo esto porque están en juego, y ellos lo han dicho, cinco mil millones de dólares comprometidos”, afirmó.
El abogado de las comunidades del Huasco Alto, Álvaro Toro, aclaró que todas las razones que se han esgrimido para cerrar Pascua Lama son importantes, aunque – precisó- la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) no consideró otros argumentos, que habrían decantado en un fallo más categórico.
Toro agregó que, en concreto, la contaminación constante de las aguas con metales pesados, la misma que utilizan las personas para la crianza de animales, agricultura y consumo, es uno de los fundamentos más relevantes que hacen factible la ratificación del cierre.
“Las aguas del Río Estrecho se han contaminado varias veces por responsabilidad de la empresa. Además, la compañía miente permanentemente sobre las obras realizadas para evitar más irregularidades ambientales, pero resulta que nos pudimos enterar de que era falso todo eso, cuando se produjeron avalanchas en la zona y nuevamente se contaminó severamente el lecho del río”, argumentó.
Otro daño producido por las faenas del proyecto minero Pascua Lama -y que es calificado como irreparable por los expertos es, según Álvaro Toro- es el nulo monitoreo de los glaciares presentes en la zona y el evidente deterioro de las estructuras de hielo milenario.
“Es un tremendo descuido sobre la protección de los glaciares Toro uno y Toro dos, ya que la empresa tenía la obligación de su monitoreo permanente, pero nunca lo hizo, y para nosotros es una demostración de que los hielos naturales están afectados por el proyecto, debido al polvo levantado y la apertura de caminos, cosa que ellos no quieren reconocer”, subrayó.
Recordemos que después de concluir los alegatos, los jueces del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta tendrán 20 días de plazo para pronunciarse sobre el recurso de la compañía canadiense para evitar el cierre, donde además existen dos caminos: se ratifica o no la sentencia de terminar con el proyecto minero Pascual Lama, impulsado por Barrick, o dictar alguna medida de mayor conocimiento, como, por ejemplo, nuevas visitas a terreno, donde los propios jueces podrían visitar la zona afectada, para asegurar si la factibilidad de lo que dice la transnacional es legal o ilegal.
Fuente:https://radio.uchile.cl/2019/07/24/no-se-toman-en-cuenta-los-actos-positivos-de-la-empresa-la-defensa-de-pascua-lama-para-evitar-su-cierre/
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Ayer comenzaron los alegatos en el Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, donde la compañía dueña del proyecto minero solicitó que la resolución que ordena el cierre de la obra quede sin efecto. En tanto, la Superintendencia de Medio Ambiente pidió que las sanciones cuestionadas sean confirmadas.
En julio del 2019, un miembro de la organización 
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Ya fue una maldición para el Gobierno de Bachelet, llevándose a los ministros de Hacienda y Economía. 
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