Se autorizó la ejecución limitada del proyecto de sondajes por un periodo de 12 meses, que considera la utilización de 55 plataformas en la zona central (de un total de 99) y 2 plataformas en la zona norte (de 16 autorizadas por la RCA). En la zona sur, que tiene autorizadas 9 plataformas, no se permite ningún sondaje.
25/07/2022
Minería Chilena
El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la solicitud de alzamiento de la medida cautelar de suspensión de la RCA del proyecto de sondajes de Compañía Minera Vizcachitas en Putaendo; sin embargo, acogió parcialmente la solicitud en subsidio que permite la ejecución limitada de la iniciativa, pero ordena a la empresa a realizar acciones dirigidas a monitorear y recuperar las especies bajo protección presentes en el sector.

“Este Tribunal considera que, aun cuando el peligro en la demora se configura en la especie, también estima que, en virtud de los nuevos antecedentes presentados por el solicitante, es compatible la presencia del gato andino y vizcacheras con el desarrollo de determinadas actividades del proyecto mientras se discute la cuestión de fondo. De esta manera, y a la luz de la proporcionalidad en sus decisiones, este Tribunal rechazará la solicitud de alzamiento de la medida cautelar”, dice la resolución suscrita por los ministros Alejandro Ruiz, presidente, Cristián Delpiano y Cristián López.

Así, en contrapartida, el Tribunal autorizó la ejecución limitada del proyecto de sondajes por un periodo de 12 meses, que considera la utilización de 55 plataformas en la zona central (de un total de 99) y 2 plataformas en la zona norte (de 16 autorizadas por la RCA). En la zona sur, que tiene autorizadas 9 plataformas, no se permite ningún sondaje.
Especies nativas

Las medidas ordenadas por el Segundo Tribunal Ambiental también consideran el diseño de un Plan de Monitoreo de las poblaciones de vizcachas y gato para ser aplicado en el área de influencia de su RCA (N°14/2021) y en las áreas de distribución de las vizcacheras identificadas en el “Informe técnico del impacto no declarado de Minera Vizcachitas sobre el felino en mayor peligro de extinción de América el gato andino”, elaborado por un equipo de Seeking the Andean Cat.

Compañía Minera Vizcachitas deberá presentar el plan al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), para su aprobación, en un plazo máximo de 30 días hábiles, informar de ello al Tribunal, remitiéndole una copia del mismo. Una vez aprobado, la empresa deberá reportar mensualmente al SAG los resultados de su aplicación, quien emitirá sus observaciones y/o conformidad con copia al Tribunal.

Asimismo, la compañía minera deberá presentar al Ministerio del Medio Ambiente una propuesta de Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de la especie gato andino, de acuerdo con los requisitos que se establecen en el Reglamento para la Elaboración de Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (D.S. N°1/2021). La presentación de esta propuesta no deberá exceder los 3 meses, contados desde la notificación de la resolución que ordenó la medida cautelar.

La resolución del Tribunal también establece la prohibición a toda otra persona que dependa del proyecto, de ingresar perros a su área de influencia, el monitoreo de la ausencia de caninos, independientemente de su origen o propiedad; la instalación de señalética que prevenga sobre la eventual presencia de la especie en el lugar; la obligación de mantener y controlar la velocidad a un máximo de 40 km/hr en el camino de acceso al proyecto y a 30 km/hr en todos los caminos interiores.

Tribunal Ambiental reemplazó medida cautelar de suspensión de proyecto de minera Vizcachitas en Putaendo

Marco Fajardo 21/07/2022
El gobierno del Presidente Gabriel Boric trabaja a toda máquina para llevar adelante un proyecto de protección ambiental, que incluya el espacio marítimo entre la región de Atacama y Coquimbo. De acuerdo a los antecedentes del proyecto, el área es birregional «porque el ecosistema y el fenómeno de surgencias marinas de Chile central de la Corriente de Humboldt se encuentra frente a las costas de las comunas de La Higuera y Freirina, sin distingo del límite político-administrativo entre ambas comunas de las regiones de Atacama y Coquimbo.
Prima, entonces, el enfoque de proteger el ecosistema en su integridad». En el Departamento de Áreas Protegidas del Ministerio del Medio Ambiente explicaron que «El plan de manejo del AMPCMU establecerá las estrategias, programas, zonificación y restricciones para las actividades que busquen desarrollarse al interior y en las inmediaciones del área, buscando siempre no poner en riesgo los objetos de conservación en virtud del cual el área fue creada».
De este modo, no solo Dominga se pone en entredicho sino también otros dos proyectos portuarios, debido a su cercanía con la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH). Se trata de Puerto Cruz Grande, propiedad de la CAP Minería y de un nuevo proyecto de la Empresa Portuaria de Coquimbo (EPCO). Los tres proyectos están relacionados con la construcción de un meganegocio de infraestructura que asoma desde la cordillera: el Túnel de Agua Negra, un proyecto bioceánico que pretende mejorar la conectividad e integración entre Chile y Argentina, cuya construcción se estimaría aproximadamente en diez años.

El gobierno del Presidente Gabriel Boric trabaja en un área marina protegida que abarcará las regiones de Atacama y Coquimbo, en la misma área donde se pretende construir dos megapuertos.

Como es sabido el proyecto de minera Dominga -ligado a la familia de Carlos Alberto Délano, cuyo destino se encuentra en las manos del Comité de Ministros para la sustentabilidad y que preside Maisa Rojas-, no contempla solo la extracción de hierro desde yacimientos en la zona de la Higuera, sino también proyecta la construcción de un megapuerto que pondría en riesgo la biodiversidad del Archipiélago de Humboldt.

Pero este proyecto no es el único en la zona. En el área comprendida entre la localidad de Barrancones y Totoralillo Norte, están contemplados otros dos grandes proyectos portuarios que han pasado prácticamente inadvertidos ante la polémica de Dominga, y que también supondrían un impacto medioambiental sin precedentes -aseguran científicos y ambientalistas- debido a su cercanía con la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH). Se trata de Puerto Cruz Grande, propiedad de la CAP Minería y de un nuevo proyecto de la Empresa Portuaria de Coquimbo (EPCO), iniciativa industrial de propiedad del Estado, pero cuya construcción –según distintos actores– se encuentra rodeada de incertidumbre sobre si será un nuevo puerto o una “ampliación”, como se ha dicho públicamente.

Los tres proyectos están relacionados con la construcción de un meganegocio de infraestructura que asoma desde la cordillera: el Túnel de Agua Negra, un proyecto bioceánico que pretende mejorar la conectividad e integración entre Chile y Argentina, cuya construcción se estima aproximadamente en diez años.

Protección marina
Creada el Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU), «los proyectos de inversión que busquen desarrollarse en la zona deberán someterse de acuerdo a la ley, lo indica en relación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental», explicó al respecto Diego Flores, jefe del Departamento de Áreas Protegidas del Ministerio del Medio Ambiente, a El Mostrador.

«El plan de manejo del AMPCMU establecerá las estrategias, programas, zonificación y restricciones para las actividades que busquen desarrollarse al interior y en las inmediaciones del área, buscando siempre no poner en riesgo los objetos de conservación en virtud del cual el área fue creada», aseguró.

Esto es clave para Nancy Duman, cofundadora de la Alianza Humboldt Coquimbo-Atacama.

Para ella, esta iniciativa oficial «no es compatible con ningún megaproyecto como Dominga, Puerto Cruz Grande u otro que pueda aparecer, debido a la alta sensibilidad de este maravilloso ecosistema. Cualquier accidente, vertimiento de mineral o introducción de alguna especie exótica invasora que puedan traer las embarcaciones transcontinentales, dañaría irreversiblemente este ecosistema», dijo.

Origen
La iniciativa de protección birregional fue anunciaba por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, en el marco de una visita a la zona en junio pasado. Sin embargo, se trata de un proyecto con varios antecedentes.

Las primeras acciones de conservación del Estado se remontan al año 1990, fecha en que se promulga el decreto de creación de la Reserva Nacional Pingüino del Humboldt (en islas Choros-Damas e isla Chañaral).

Posteriormente, en el año 2005, en el marco de la Estrategia Regional de Biodiversidad, esta zona fue identificada como “Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad”. Así fue como adicional a la reserva nacional, se crean dos reservas marinas (islas Choros Damas, en Coquimbo, e isla Chañaral, en Atacama). Así, el Estado fue progresivamente destacando y reconociendo oficialmente partes de lo que conforma el ecosistema ahí presente.

Es así como luego, en 2010, se presenta formalmente por OCEANA la primera solicitud de protección, que devino en el proceso conocido a la fecha, y que no ha logrado cerrar con una declaratoria oficial del ecosistema marino y archipelágico completo, cuestión en la que se trabaja actualmente.

«Para nosotros es importante que en la propuesta que está trabajando el Gobierno se mantenga la inclusión de las regiones de Atacama y Coquimbo, ya que el Archipiélago Humboldt es un sistema interconectado y que permite la existencia de actividades como el turismo, mientras que los pescadores artesanales han administrado correctamente recursos como los locos y las machas, transformándose en las caletas más productivas del centro norte de Chile», señaló Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de OCEANA Chile.

«Esta zona se ha tratado de industrializar por más de una década, a pesar del valor que posee en torno a su biodiversidad y productividad. Recordemos las termoeléctricas en el año 2010 Barrancones, Farellones y Cruz Grande y los megapuertos de Dominga y Puerto Cruz Grande. Creemos que lo más importante es que el área protegida que sea adoptada, defina explícitamente qué se puede y qué no se puede hacer en esa zona, para que así no queden dudas en el futuro. Es clave proteger la zona de la industrialización, sin ambigüedades, porque no existe otro lugar como este en el mundo”, dijo.

Birregional
El área es birregional «porque el ecosistema y el fenómeno de surgencias marinas de Chile central de la Corriente de Humboldt se encuentra frente a las costas de las comunas de La Higuera y Freirina, sin distingo del límite político-administrativo entre ambas comunas de las regiones de Atacama y Coquimbo. Prima, entonces, el enfoque de proteger el ecosistema en su integridad», según Flores.

«Se propone una medida integral de protección del ecosistema, vale decir, en su carácter birregional Atacama-Coquimbo; y ecosistémico, que incluye porciones de mar, fondo marino, islas e islotes como parte de los hábitats que utilizan aves marinas para descanso y nidificación, y que son parte relevante de la trama ecológica del ecosistema y las especies ahí presentes».

En ese sentido, el carácter birregional de la medida se basa en la evidencia científica, según el funcionario.

Por otra parte, la medida propuesta –un área marina costera protegida de múltiples usos (AMPCMU)– no se contrapone a la tradición histórica y a los legítimos intereses de continuar, mejorar y fortalecer la pesca artesanal sustentable en la zona, así como el turismo sustentable de gran potencial, cuestión que bien trabajada significa empleos con pertinencia e identidad local, como, asimismo, estándares que aseguren el cuidado del patrimonio natural y cultural propio de la zona, añade.

La medida propuesta, además, se alinea con la visión de transición ecológica del gobierno de Boric «porque no se contrapone a necesarios y válidos desarrollos sociales y vitales de las comunidades ahí presentes, siempre que éstos no vayan en contra o pongan en riesgo la integridad del área marina protegida ni la permanencia de los objetos de protección y los ecosistemas».

«La creación del área marina es necesaria, más debe contar con el camino limpio para poder proteger a los objetos de protección que la comunidad científica, habitantes y expertos han identificado para la conservación. Esto quiere decir, en concreto, que debe despejarse el camino de las amenazas reales que hoy liquidarían ese entorno: el proyecto Minero Portuario Dominga y el Puerto Cruz Grande», subraya Matías Asún, director de Campañas de Greenpeace.

«Adicionalmente a las recomendaciones propias del mundo científico experto, entonces, desde Greenpeace consideramos que la creación debe ocurrir luego de despejar el camino de estas amenazas y debe prohibir de modo claro y concreto toda actividad destructiva o invasiva, incompatible con la protección efectiva, como la pesca industrial por ejemplo. Evidentemente, respecto del proceso, resulta fundamental tomar en consideración la opinión de expertos, y actores locales, tales como operadores turísticos, caletas de pescadores artesanales, pueblos originarios y otras actividades costeras identificadas», apostilló Asún.

Iniciativas frustradas
El historial ambiental de la zona cuenta con dos medidas frustradas como antecedentes: la aprobación del Área Marina Protegida de Múltiples Usos en la comuna de La Higuera del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS), a finales de Bachelet (2018), que dejó su implementación en manos de Piñera y la propuesta de polígono del CMS del empresario, que permitiría crear el Área Marina Archipiélago de Humboldt, en 2021, que fue criticada como insuficiente por organizaciones sociales y ecologistas.

«Previamente, no se ha logrado concretar una medida de carácter integral e inclusiva respecto de la demanda de las comunidades del territorio. Cabe señalar que en la propuesta aprobada por el CMS, en diciembre de 2021, no hubo proceso previo de socialización y participación ciudadana», recuerda Flores.

«Lo que la actual administración presenta se alinea con la iniciativa de una medida birregional propuesta por los gobernadores de Atacama y Coquimbo, y propone un trabajo específico y dedicado de socialización con las comunidades locales, previo a su presentación al CMS. Se busca hacer partícipes a las organizaciones de pesca, turismo y territoriales para darles a conocer anticipadamente la propuesta y para disipar posibles incertidumbres y dudas que la medida de AMPCMU pueda generar entre los diversos usuarios. La pesca artesanal podrá seguir ejecutando su labor, con mayor coordinación entre servicios públicos competentes; y el turismo tendrá un marco de sustentabilidad que debe ser visto como una oportunidad de mejor desarrollo y progreso social».

Participación de comunidades
Flores, además, destacó la participación de las comunidades locales en la creación del proyecto.

En ese sentido, dice que el MMA se encuentra gestionando una próxima licitación cuyo objetivo será actualizar el informe técnico y el polígono a proponer (ahora birregional) y en especial desarrollar un amplio proceso de socialización de la medida birregional que se busque proponer.

Además, existe el Comité Birregional por el Área Marina Costera Protegida “Archipiélago de Humboldt”, donde participan el ministerio, gobernadores, alcaldes y representantes de las comunidades locales de ambas regiones y de la comunidad changa.

Las comunidades locales tendrán la oportunidad de contribuir al proceso, conocer la medida previa a su puesta en tabla del Consejo de Ministros y disipar dudas sobre los efectos en términos de las actividades que tales comunidades realizan, afirma.

Características
En cuanto a sus características, será un área marina protegida birregional, pionera en el país, y cuya administración y gobernanza será «toda una innovación y a la vez un desafío».

«Ayudará a trabajar birregionalmente sobre ecosistemas que no entienden de límites político-administrativos», resalta.

Como escenario de fondo, Flores también destaca que FAO y MMA han lanzado el proyecto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por su sigla en inglés) “Gobernanza de los Ecosistemas Marinos”.

Dicho proyecto, plantea justamente un piloto en las comunas de Freirina y La Higuera, por lo tanto, será un importante punto de partida y apoyo en relación al trabajo de gobernanza de esta zona y del AMCPMU que se cree.

Además, dado que en la zona, existen otras reservas (RN Pingüino de Humboldt y RM Islas Choros-Damas y RM Isla de Chañaral), habrá de establecerse una fórmula de gobernanza y gestión integrada con distintos servicios públicos, tales como CONAF y SERNAPESCA, que administran dichas reservas, y la Autoridad Marítima que tiene facultades en materias de fiscalización.

Flores también señala que la extensión no está aún definida y será parte del trabajo a desarrollar en los próximos meses.

Implementación
El área, luego del proceso de socialización con las comunidades locales y actores regionales, será propuesto al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS).

Actualmente, el CMS está presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado por los ministros de Agricultura; Esteban Valenzuela, de Hacienda; Marcelo Marcel, de Salud; María Yarza, de Economía, Fomento y Reconstrucción; Nicolás Grau, de Energía; Claudio Huepe, de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo; Juan Carlos García, de Transportes y Telecomunicaciones; Juan Carlos Muñoz, de Minería; Marcela Hernando, y de Planificación, Jeanette Vega.

De acogerse la propuesta por dicho Consejo, este propondrá al presidente de la República la creación de esta área protegida, quien la crea vía decreto supremo.

El decreto correspondiente, emana desde el MMA, siendo, además, firmado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y por el Ministerio de Defensa Nacional.

Luego de las firmas, y de la toma de razón del acto administrativo por Contraloría, el decreto debe publicarse en el Diario Oficial, fecha a partir de la cual el área toma existencia y total vigencia legal. En el decreto se establecen plazos para contar con el plan de manejo y con el consejo local de gestión, que es el marco de gobernanza participativa que se acopla al funcionamiento de esta figura de protección.

Plazos
Al ser consultado sobre los plazos, Flores indica que se actualizará el informe técnico, conforme a un área birregional y que integra las islas e islotes no protegidos del archipiélago.

El trabajo estará liderado por las Seremis de Medio Ambiente de Coquimbo y Atacama, en la forma de una mesa birregional que convocará a diferentes servicios públicos con competencia.

Luego de ello, se socializará la medida con comunidades locales. Con todo, Flores espera realizar la presentación de esta iniciativa al CMS hacia fines del primer semestre del año 2023.

Actividades permitidas
¿Qué actividades y en qué medida se permitirán en el AMPCMU?

Flores explica que el AMPCMU es un área marina y costera en la que existen especies, hábitats, ecosistemas o condiciones naturales y paisajísticas asociadas a valores culturales o al uso tradicional o sustentable de los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos.

« El objetivo de esta categoría es proteger muestras representativas de la biodiversidad costera marina del país, asegurando la conservación y el uso sustentable de los servicios ecosistémicos, a través de un manejo integrado del área, utilizando los instrumentos de conservación y manejo disponibles en el ordenamiento jurídico», afirma.

En estas áreas podrán desarrollarse distintas actividades de uso sustentable, siempre que no pongan en riesgo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que esta provee, no afecten los objetos de protección del área y se ajusten al respectivo plan de manejo del AMCPMU. Así, las AMCPMU buscan la gestión integrada y el uso sustentable de los recursos y la conservación del área. En tal sentido cobra relevancia el plan de manejo y el SEIA, como instrumentos de gestión ambiental, destaca.

Las AMCPMU son gestionadas en un esquema de gestión participativa entre las instituciones del Estado con competencia y organizaciones de la sociedad civil, las cuales componen el Consejo Local de Gestión (CLG). En CLG se define como “instancia formal para la participación y coordinación en la administración y gestión de una AMCP-MU en el marco de la formulación e implementación de su plan de manejo. Estará integrado por actores locales y servicios públicos competentes y regulado por un reglamento de funcionamiento interno”.

La principal herramienta de gestión que tiene a su alcance el CLG, es el plan de manejo del AMCPMU, instrumento clave para regular las actividades posibles de realizar al interior de cada área.

El plan de manejo se define como “instrumento de gestión ambiental aprobado por resolución del Ministerio del Medio Ambiente que establece el conjunto de estrategias y programas con sus respectivas objetivos, metas, indicadores, plazos y responsabilidades para la gestión adaptativa de la biodiversidad a nivel de genes, especies y ecosistemas”.

En este mismo plan se establecen medidas para controlar o minimizar las amenazas a los objetos de conservación, y una zonificación donde se puede prohibir usos, tipos de actividades y restringir el acceso a ciertas zonas.

Otras áreas marinas
Finalmente, respecto a si hay otras áreas marinas en carpeta, Flores señaló que el Ministerio del Medio Ambiente, junto a otros servicios públicos, en el marco del Comité Nacional de Áreas Protegidas, trabaja permanentemente en la administración de un portafolio de iniciativas de creación de áreas protegidas del Estado, marinas y terrestres.

El programa de Boric plantea que bajo su administración se dará inicio al establecimiento de la Red de AMP, con especial énfasis en el norte y centro sur del país.

Las áreas marinas protegidas que se contempla trabajar en ese marco, por mencionar algunas, son: Mar de Pisagua, bahía Chascos, área marina frente al parque nacional Bosques de Fray Jorge, bahía Chipana y punta Patache, Hualpén y cañón submarino del río Biobio, Chepu en Chiloé, entre otras.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/07/21/el-area-marina-protegida-que-pondria-contra-las-cuerdas-a-los-proyectos-de-megapuertos-de-dominga-y-cruz-grande/

18/07/20222
El Ministerio de Obras Públicas confirmó que solicitarán una investigación a la Dirección General de Aguas sobre una presunta extracción ilegal de aguas desde el Río Aconcagua por parte de la empresa minera Anglo American Sur S.A.

la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Aconcagua, en la región de Valparaíso, espera que se esclarezca una eventual extracción de agua irregular por parte de Anglo American.

Esto tras una denuncia presentada a la Superintendencia de Medio Ambiente, y luego de que el Ministerio de Obras Públicas anunciara la apertura de un expediente de fiscalización.

La acusación surge del testimonio de dirigentes de sistemas de Agua Potable Rural en la zona, que aseguran que la minera Los Bronces -de Anglo American Sur S.A- estaría trasladando al depósito de relaves Las Tórtolas agua extraída de puntos no autorizados en San Felipe.

Rodrigo Riveros, juez de río de la 1° Sección, explicó cuál sería su impacto.

Quienes también se sumaron a la denuncia de la Junta de Vigilancia fueron parlamentarios del Distrito 6, entre quienes se encuentran Nelson Venegas -presidente de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara- y la diputada María Francisca Bello, que solicitó una mayor fiscalización al actuar de los privados en la cuenca.

Respuesta de Anglo American

Cabe señalar que por parte de Anglo American indicaron que el agua transportada sería adquirida a la Conservera San Clemente, también conocida como ex Conservera Pentzke. No obstante, la denuncia de la Junta de Vigilancia argumenta que diversos sistemas de APR han visto disminuidos sus pozos a causa de esta presunta extracción ilegal.

Finalmente, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, confirmó que solicitarán una investigación respecto al tema a la Dirección General de Aguas. De esta manera, y a través de la DGA, la cartera ya procedió a la apertura de un expediente de fiscalización para investigar eventuales infracciones.

Este artículo describe un proceso judicial en curso

Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
https://www.redimin.cl/gobierno-confirma-investigacion-contra-anglo-american-por-posible-extraccion-ilegal-de-agua-en-rio-aconcagua/Fuente: Bio Bio

14/07/2022
www.olca.cl
Un reciente informe muestra parte de las vulneraciones que ha arrastrado la explotación de la mina El Soldado encabezada por la transnacional Anglo American en la localidad de El Melón, las cuales han sido denunciadas por las mismas comunidades que viven las consecuencias diarias de estas faenas.
Comunicaciones OLCA

“¿Acaso se está repitiendo la historia en Chile?: Cómo la gente de El Melón sufre bajo la presencia del gigante minero Anglo American” es el título de un capítulo que forma parte del informe coordinado por Facing Finance publicado en los Dirty Profits de 2022.

La organización alemana se dedica a investigar impactos sociales, medioambientales y económicos que son perjudiciales producto del comportamiento de grandes compañías mundiales, además de las relaciones financieras con dichas multinacionales.

En este sentido, desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – OCMAL, con el apoyo de Iglesias y Minería, se contribuyó a la sistematización de información sobre las vulneraciones protagonizadas por la transnacional Anglo American en la localidad de El Melón, donde explota la Mina El Soldado.

El levantamiento de información se une al resto de casos de violaciones a derechos humanos y contaminación ambiental que diversas empresas realizan en distintos territorios a escala internacional, donde se encuentran sectores de la minería, pesticidas, exportación de armas y energía fósil.

En el caso de El Melón, se vislumbran al menos cinco derechos vulnerados que han sido denunciados por la población que habita el territorio, sumado a las estrategias de “greenwashing” que ha desarrollado la transnacional pero que ha contado con la respuesta y organización de las comunidades quienes han sostenido expresiones de vigilancia y resistencia ante la presencia de la explotación minera.

En términos de propuestas, el capítulo incluye recomendaciones tanto al Estado chileno como también a la empresa para considerar soluciones políticas al conflicto. Tal lo es el caso de que los organismos del Estado cumplan con el aseguramiento de agua a las y los habitantes, además de avanzar “en medidas de reparación ecosistémicas y la consagración de los derechos de la Naturaleza”, mientras que a la empresa se le emplaza a “dar respuesta concreta a las legítimas exigencias de la población respecto a la agudización de la crisis medioambiental que azota a las comunidades”, y al mismo tiempo avanzar en el freno a los proyectos de ampliación y continuación de la mina.

Puedes descargar el informe completo en inglés haciendo clic acá:
https://www.facing-finance.org/files/2022/05/Facing_Finance_Dirty_Profits_9.pdf

Puedes descargar el capítulo sobre El Melón en español acá:
https://olca.cl/oca/informes/Como-la-gente-de-El-Melon-sufre-bajo-la-presencia-de-Anglo-American.pdf

por Emilia Aparicio 15 julio, 2022
Estudio concluye que retroceso de glaciares en la cordillera de los Andes se debe a la contaminación de Codelco y Anglo American
La revista científica Environmental Research publicó el artículo «Comprender el papel de las emisiones antropogénicas en el retroceso de los glaciares en los Andes centrales de Chile», realizado por Francisco Cereceda, María F. Ruggeri, Víctor Vidal, Lucas Ruiz y Joshua S. Fu. El estudio da por zanjada una discusión que ha llevado más de una década y al menos ocho años de pruebas. La investigación concluye que el cambio climático no es el principal responsable de la desaparición de glaciares en los Andes Centrales sino que es la actividad minera, específicamente las emisiones de carbón negro de las empresas mineras Codelco División Andina y Anglo American, que se encuentran en la zona. Los investigadores compararon dos glaciares con características similares y demostraron que en diez años el glaciar Olivares Alfa perdió el 28% de su área total versus el glaciar Bello, que perdió el 6%. «Hay algunos glaciares en la zona que se derriten de manera más rápida que otros, teniendo características similares tanto en términos de la altitud de los glaciares como climática, también en la inclinación y en la profundidad, en la superficie», expresó a El Mostrador Francisco Cereceda, investigador del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Federico Santa María.

En 2014, la Dirección General de Aguas (2014) financió un proyecto de investigación sobre los glaciares en los Andes Centrales, específicamente acerca del impacto de la actividad minera sobre los macizos de hielo. El organismo depende hasta el día de hoy del Ministerio de Obras Públicas que, en ese entonces, era presidido por Alberto Undurraga Vicuña, durante le segundo Gobierno de Michelle Bachelet. Finalmente, tras ocho años desde que efectuaron las pruebas, finalmente las conclusiones se pusieron a disposición del público y de la comunidad científica recién hace algunas semanas, cuando se publicó en la revista científica Environmental Research el artículo «Comprender el papel de las emisiones antropogénicas en el retroceso de los glaciares en los Andes centrales de Chile», realizado por Francisco Cereceda, María F. Ruggeri, Víctor Vidal, Lucas Ruiz y Joshua S. Fu.

«El impacto de la minería sería responsable del 82% de la pérdida del área del glaciar Olivares Alfa en los últimos diez años entre 2004 y en 2014, y el cambio climático sería entonces la diferencia, el 18%», expresa Francisco Cereceda, autor del estudio e investigador del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Federico Santa María.

«El cambio climático no era el principal responsable de la desaparición del glaciar como se podría haber creído», añade.

El objetivo del estudio era tratar de entender cuál es el rol que cumple la contaminación atmosférica local en el derretimiento de los glaciares en los Andes Centrales. Los investigadores decidieron hacer la investigación a raíz de una hipótesis que tenían tiempo atrás.

«Hay algunos glaciares en la zona que se derriten de manera más rápida que otros, teniendo características similares tanto en términos de la altitud de los glaciares como climática, también en la inclinación y en la profundidad, en la superficie, en la distancia que hay, por ejemplo», explica Cereceda.

Francisco Cereceda tomando muestras en la cordillera de los Andes.

Los glaciares Olivares Alfa y Bello

De esta forma, el estudio se centró en comparar dos glaciares. Los lugares seleccionados para desarrollar las primeras campañas de este proyecto fueron los glaciares Bello (GB) y Olivares Alfa (GOA), ubicados en la cordillera de los Andes de la Región Metropolitana.

Ambos glaciares son de alta montaña, ubicándose entre los 4.280 y 4.500 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.)​, respectivamente. El GB se considera por su ubicación geográfica y su lejanía a las fuentes de emisión antropogénicas, es decir, emisiones realizadas por el humano. Por otro lado, el GOA se consideró como posiblemente más impactado, primero por su mayor cercanía a fuentes antropogénicas, como la ciudad de Santiago (47 km desde el centro de esta), por estar en la dirección de los vientos predominantes de esta ciudad hacia la cordillera y, finalmente, por tener muy cerca (7,2 km hasta la estación de monitoreo en el glaciar) megaproyectos de extracción minera a tajo abierto, pertenecientes a las empresas mineras Codelco División Andina y Anglo American.

«En el caso del Glaciar Olivares Alfa, en los últimos 50 años ha perdido el 60% de su masa, es el que más ha perdido masa en esa zona de los Andes Centrales, sin embargo, y otros glaciares han perdido a lo mejor el 20% en el mismo periodo de años, estando, como digo, con características súper semejantes. En algún momento los glaciólogos empezaron también a poner en sus papers y a describir que, eventualmente, esto podía deberse a causas ajenas a las glaciológicas y ajenas a la del cambio climático. Entonces, ahí empezamos nosotros a a sospechar que eventualmente podía haber algunas causas directas con la contaminación atmosférica, en particular la contaminación antrópica local. En ese caso se podría leer que podía ser en la minería, por ejemplo, que es una de las actividades antrópicas locales que está a esa altitud», detalla el investigador.

Físico química de las muestras de nieve.

Las emisiones de los camiones mineros

Cereceda explica que efectivamente algunos de los contaminantes que encontraron en los glaciares son también algunos que dan origen a la emergencia climática, es decir, impactan sobre el efecto invernadero y de manera sinérgica sobre el cambio climático. Es decir, son las emisiones antropogénicas en un espacio determinado que afectan directamente la pérdida de masa de los glaciares.

Los contaminantes «son a la vez locales porque se emiten de manera local y tienen una afectación o un impacto local, primero, y en segundo lugar, tienen un impacto global», indica.

Uno de los elementos clave de la investigación fue comparar la temperatura, la dirección y la velocidad del viento y la concentración de Black Carbon durante un día de cada uno de los glaciares. A raíz de eso, los autores de la investigación pudieron observar que había ciclos que se repetían en estos elementos, sin embargo, en el gráfico del glaciar Olivares Alfa las fluctuaciones cambiaron al momento en que la dirección del viento venía desde la mina hacía el glaciar, lo que demostraría que justamente la fuente de este tipo de aerosoles, de Black Carbon, es la actividad minera», explica Cereceda.

Este contaminante es un aerosol «que se produce fundamentalmente por procesos de combustión de cualquier material que tenga carbono, como por ejemplo el diésel, la gasolina, la biomasa, la quema de basura, lo que sea que se queme produce Black Carbon o carbono negro. Y, por lo tanto, en este caso quienes producen el carbono negro son los camiones de la minería», alerta el investigador.

De esta forma, los autores del estudio indican que en el periodo comprendido entre 2004 y 2014 el área del GOA pasó de 5,13 km2 a 3,72 km2, mientras que el GB en el mismo periodo pasó de 3,84 km2 a 3,61 km2 , es decir, en diez años el glaciar Olivares alfa perdió el 28% de su área total versus el glaciar Bello, que perdió el 6%.

Cereceda añade que los glaciares en algún momento se van a derretir, sin embargo, el humano con la contaminación antropogénica está acelerando raudamente estos procesos.

«Los glaciares más tarde que temprano se van a derretir, pero lo que estamos haciendo nosotros, por supuesto, es acelerarlo. Eso no tendría por qué desarrollarse en 50 años, a lo mejor se va a desarrollar en los próximos 300, 500 años», señala.
La Ley de Glaciares

En ese sentido, uno de los puntos relevantes en relación con el rol del Estado en esta materia clave, es la Ley de Glaciares, que ha estado en tramitación desde hace quince años. Recién el 16 de junio de este año, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó el proyecto de ley que busca aumentar la protección de los glaciares y su entorno, prohibiendo actividades que afecten a estos cuerpos de agua.

«Lo que se ha hecho a nivel del Estado es avanzar lentamente, con muchos obstáculos, con mucha resistencia de varios ministerios, partiendo por el Ministerio de Minería, por la Sociedad Nacional de Minería, porque son los directos afectados de una Ley de Glaciares. Si se aprueba finalmente una Ley de Glaciares como tal, con restricciones importantes a la explotación minera en altura, por supuesto que va a afectar de manera muy importante a la actividad minera y eso significan muchos cientos de millones de dólares, y eso es una afectación tremendamente importante», opina el experto.

Una de las alternativas que expone Cereceda es que las mineras realicen proyectos subterráneos, de forma que estos contengan los contaminantes y no se exponga a los glaciares.

«Anglo American decidió hacer su proyecto subterráneo en vez de hacer un proyecto a tajo abierto, con eso se quedan confinados de alguna manera todos esos contaminantes al interior de la mina, pero por algún lado tienen que salir. El proyecto se retrasó, hay que evaluar si la chimenea por donde van a salir esos contaminantes que van a estar siendo emitidos, en este caso, de manera subterránea, no afectan la zona. Eso hay que estudiarlo. Ahora, si Codelco División Andina decide no hacerlo de manera subterránea es porque, obviamente, eso cuesta más plata, obviamente eso de alguna manera compromete la casa. Pero hay maneras de hacer esto mucho más sustentable, mucho más amigable en este caso», finaliza.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/07/15/estudio-concluye-que-retroceso-de-glaciares-en-la-cordillera-de-los-andes-se-debe-a-la-contaminacion-de-codelco-y-anglo-american/

Se trata de una causa ingresada por la comunidad indígena Wara, una comunidad del pueblo Colla que se caracteriza, según ella misma indica, por la transhumancia minera.
10/07/2022
Una reclamación, interpuesta en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por la calificación ambiental favorable de la modificación del proyecto minero Delirio, fue admitida a trámite, por el Primer Tribunal Ambiental.

Se trata de una causa ingresada por la comunidad indígena Wara, una comunidad del pueblo Colla que se caracteriza, según ella misma indica, por la transhumancia minera.

Esta reclamación se fundamenta en que la modificación que se pretende efectuar al proyecto minero ya referido, fue evaluada por el SEA a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que el organismo evaluador no constató la existencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, tal como lo establece el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Para la comunidad indígena no haber constatado su presencia en el territorio, impidió materializar el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas conforme a los estándares del Convenio 169 de la OIT.

También, aseguran que el SEA no ha considerado una serie de antecedentes entregados por la comunidad durante el proceso de evaluación del proyecto, y aseguran que hay diversos impactos ambientales que no fueron evaluados ni reconocidos por la empresa.
Collas

Los reclamantes indican que son una comunidad indígena que practica la trashumancia minera a diferencia de otras comunidades Collas que están relacionadas con la ganadería, por lo que entre sus características está el recorrido que realizan por los cerros en busca de minerales, hierbas medicinales y actualmente en la búsqueda de cuarzo que se encuentra diseminado en el desierto.
https://www.mch.cl/2022/07/10/comunidad-indigena-reclama-por-calificacion-ambiental-favorable-de-modificacion-de-proyecto-minero-delirio/

08/07/2022
Este martes el Gobierno encabezado por Gabriel Boric Font dio inicio formal a la política dirigida a impulsar el Hidrógeno Verde en Chile, realizándose la primera sesión del Consejo Interministerial del Comité para el Desarrollo de la Industria del H2V, siendo presidido por el ministro de Energía, Claudio Huepe, y que contó con un despliegue de otros diez ministros y ministras junto a la participación de representantes de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).

Este hecho marca un nuevo precedente de cómo el Gobierno chileno pretende abordar la transición energética, utilizada por empresas privadas y estatales para aparentar descarbonizar el planeta y reacomodar las formas y alcances de la explotación de los ecosistemas ante la crisis climática que enfrentamos, pero que busca sostener las ganancias y las devastaciones que el modelo extractivista ha reproducido por décadas en el país sin trastocar sus bases.

En este contexto, por los usos que ha tenido desde hace tiempo el hidrógeno y por ser un gas incoloro no disponible fácilmente en estado puro en la naturaleza, ha sido necesario producirlo con distintos métodos y colores para identificarlo. Así, a partir de combustibles fósiles tales como carbón, gas natural y petróleo, dependiendo del proceso utilizado, se obtienen hidrógenos negro, marrón, gris o azul. Con electrolisis del agua y energía nuclear se consigue hidrógeno rosa. Con la misma técnica de electrolisis y empleando distintas fuentes de energía -conectadas habitualmente a redes de sistemas nacionales- se genera el denominado hidrógeno amarillo, el cual se publicita como «Hidrógeno Verde» (H2V).

En Chile las alarmas en esta materia se encendieron hace un tiempo, ante una política que pretende sustentar la transición energética de los países del Norte Global a costas de la explotación de los bienes comunes naturales del Sur. Ya en agosto de 2021 desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA planteamos que la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde liderada por el Gobierno de Sebastián Piñera contaba con profundas insuficiencias e irregularidades en términos de su construcción, realizándose en pandemia y sin existir consulta ciudadana, concentrando la participación en sectores interesados en el negocio energético y extractivo, sin conocerse alguna convocatoria pública ni participación de la sociedad civil en el proceso.

En la misma línea, a inicios de este año se cuestionó el asesoramiento recibido por la empresa McKinsey & Company, la misma que cuenta con antecedentes vinculados al negocio de las emisiones de carbono, causas de corrupción y respaldo a gobiernos autoritarios, propulsando un negocio a gran escala destinado básicamente a exportar energía generada a partir de las llamadas “fuentes renovables”, maquillando con el Hidrógeno Verde los proyectos de electricidad, petróleo, gas, mineras y forestales que, paralelamente, continuarán utilizando combustibles fósiles provocando las consecuencias ya conocidas que arrastra el extractivismo.

En este sentido, se emplazó anteriormente al Gobierno entrante a que realizara una auditoría o al menos revisara los distintos aspectos que conllevaba la Estrategia Nacional de H2V impulsada por Piñera. Sin embargo, por el contrario, ha optado por avanzar en su agenda política-económica. En esta línea, se ha dado rienda a una lavandería de imagen, activos y especulación financiera tanto para proyectos como para empresas; más aún considerando los impactos territoriales acumulativos que esta conlleva.

El Hidrógeno Verde se ha intentado instalar como una fuente de energía sin emisiones, nutrida a partir de la continuidad de vientos y radiación solar que, mediante un proceso de electrólisis, genera hidrógeno permitiendo a grandes corporaciones ampliar, reanudar o iniciar operaciones con una fachada “verde”. Esta misma promoción vendida como panacea energética es la que evita referirse a sus indispensables requerimientos que implican la utilización de grandes cantidades de agua y energía eléctrica, extensos terrenos para plantas energéticas y sus respectivas líneas de transmisión, como también la intervención de energía no necesariamente renovable que emite gases de efecto invernadero. Asimismo, no son consideradas las consecuencias que estos procesos de generación de hidrógeno tienen en la Naturaleza y las poblaciones vecinas a los proyectos. De hecho, las grandes empresas eléctricas que negocian con el Hidrógeno Verde en Chile utilizan energía proveniente principalmente de combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo) o de fuentes también contaminantes y dañinas para la naturaleza, denominadas «renovables» (como biomasa e hidroeléctricas), creando territorios de sacrificio en distintos lugares del país.

Por su parte, la concentración en los aspectos lucrativos de la explotación energética ha conllevado una omisión de los impactos ambientales y sociales que arrastra la producción de Hidrógeno Verde, donde diversas compañías que pretenden hacerse con esta iniciativa en Chile son responsables de provocar severos daños ambientales, continúan desarrollando negocios profundamente contaminantes.

Aún antes de iniciar sus proyectos, grandes transnacionales de la energía se han beneficiado con esta política energética nacional, principalmente mediante concesiones de enormes terrenos fiscales y millonarios subsidios otorgados por el Estado chileno. Al mismo tiempo, las principales empresas de medios de comunicación del país que promueven esta estrategia del negocio energético son co-financiadas con publicidad estatal.

Ante este cúmulo de irregularidades, a las cuales el Gobierno les ha dado respaldo comprometiendo cuantiosos recursos con miras a la exportación de energía, vuelve a ser recomendable, al menos, que éste deje de seguir la inercia que encabezó la administración de Piñera y realice una auditoría al proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. De igual forma, considerando la envergadura territorial que pretende abordar esta política, se debe realizar una amplia participación comunitaria y de la Sociedad Civil, como también la consulta indígena correspondiente, y una Evaluación Ambiental Estratégica que corresponde a aquellas políticas y planes de carácter normativo general, como lo estipula la institucionalidad ambiental; un proceso que no sea cooptado por los argumentos que buscan la implementación de esta estrategia a ciegas, sino que se discuta políticamente la orientación de una verdadera transición energética con justicia.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
https://olca.cl/articulo/nota.php?id=109546