Chile, Litio

Gobierno y empresas se unen para no transparentar intereses de privados en la explotación de litio de Chile

18/08/2025
La Estrategia Nacional del Litio en Chile enfrenta nuevas críticas por la falta de transparencia, luego de que el gobierno y empresas mineras intentaran frenar el acceso a información sobre los intereses privados en la explotación de salares, en medio de cuestionados acuerdos y disputas judiciales que involucran a actores como SQM, Codelco y transnacionales.

La Estrategia Nacional del Litio (ENL) sigue su curso, y a más de dos años de su implementación por parte del gobierno y empresas mineras se han abierto diversos flancos que cuestionan cómo esta ha significado una puerta de entrada para cuestionados acuerdos y proyectos extractivos en el norte del país.

Pero no solo eso. Más allá del cuestionado acuerdo entre SQM y Codelco -que entrega el Salar de Atacama a la disposición de estas empresas hasta el año 2060-, la transparencia ha sido uno de los puntos críticos de su implementación, donde comunidades y organizaciones sociales han alertado sobre cómo la ENL opera bajo una presunta confidencialidad hacia la población en general.

Uno de los últimos puntos críticos lo dio a conocer el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA. La organización, en un escrito publicado en Radio U de Chile, señaló que el gobierno del presidente Gabriel Boric, como también empresas extractivas, han decidido frenar la transparencia respecto a los intereses privados que existen sobre los salares del país.

Esto, luego que tras requerir el listado de empresas que han mostrado interés en explotar y explorar litio en los humedales altoandinos ante un llamado internacional del gobierno chileno, la Subsecretaría de Minería negada el acceso a la información vía transparencia apelando a su confidencialidad.

Sin embargo, tras una apelación al Consejo para la Transparencia, se requirió a la cartera de Minería que entregara la información solicitada. Pero el hecho no quedó ahí, sino que ha conllevado que dos empresas presentaran ante la Corte de Apelaciones de Santiago reclamos de ilegalidad pidiendo la reserva de la información y buscando frenar la transparencia sobre conocer cuáles son las empresas interesadas en el litio chileno, y cuáles son los salares respectivos.

Acorde al escrito de OLCA, «uno de los recursos ha sido interpuesto por Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A (SOMINOR), empresa vinculada al Grupo Errázuriz que había recibido la venia del gobierno de Sebastián Piñera tras declararla como una de las ganadoras por una licitación que favorecía la explotación del litio, pero que fue finalmente suspendida por profundos cuestionamientos al proceso. Pese a esto, el Grupo Errázuriz mantiene un gran interés en la explotación del litio en Chile, siendo uno de los casos más icónicos Producción de Sales Maricunga, proyecto que pretende extraer el mineral en el Salar de Maricunga (Región de Atacama) , y que recibió un portazo tras haberse dejado sin efecto su Resolución de Calificación Ambiental tras ordenarle la realización de una consulta indígena».

Por otro lado, un segundo recurso «ha sido ingresado por la transnacional Enel a través de su subsidiaria Enel Green Power Chile S.A. La transnacional de capitales italianos, con fuerte presencia en Chile, recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago en un contexto donde ha abordado comunicacionalmente la importancia del negocio de las baterías para almacenamiento, mientras en el plano internacional ha desarrollado alianzas para investigar tecnologías relacionadas a la extracción de litio», señala la organización.
https://resumen.cl/articulos/gobierno-y-empresas-se-unen-para-no-transparentar-intereses-de-privados-en-la-explotacion-de-litio-de-chile

Chile

SMA formula cargos a Sociedad Minera Pacífico Sur por faltas ambientales en proyecto Mina El Toqui

Constanza Carrillo Silva 11/08/2025

En la región de Aysén, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio, con la formulación de dos cargos graves, contra la Sociedad Minera Pacífico Sur.

Lo anterior, específicamente, por incumplimientos ambientales en su proyecto Mina El Toqui, el cual consta de varios yacimientos subterráneos en la comuna de Coyhaique.

Dicho proyecto considera una planta de chancado, molienda, concentración, espesado, lixiviación de oro, además de depósitos de relaves, instalaciones de servicios generales, un campamento minero y un vertedero autorizado para la disposición de residuos sólidos domésticos, entre otros.

La SMA cuenta con, entre otras, dos resoluciones de calificación ambiental (RCA) por el depósito de relaves -Doña Rosa- (del año 2011) y por el proyecto de crecimiento de un tranque de relaves -Confluencia- (del año 2004).

Respecto de este último, el ente fiscalizador formuló cargos al titular anterior del proyecto por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), tras haber modificado el proyecto sin contar con una RCA.

Dichas modificaciones consistieron en haber excedido el tonelaje aprobado para el tranque de relaves, contar con una altura de coronamiento que supera en más del 50% lo aprobado y haber excedido su vida útil en más de 3 años.

En el año 2020, la SMA ordenó al titular actual -Sociedad Minera Pacífico Sur- someter a evaluación ambiental esta actividad, debido a que las instalaciones se mantenían en elusión.

En este contexto, la Superintendencia realizó una serie de actividades de fiscalización para constatar si el titular ingresó a evaluación ambiental como le fue exigido.

Las fiscalizaciones consideraron la revisión de antecedentes remitidos por Sernageomin y una inspección ambiental en terreno junto al SAG y la DGA, además de verificar que a la fecha no consta que el titular haya sometido su proyecto a evaluación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Por otra parte, en actividades realizadas al depósito de relaves Doña Rosa, la SMA pudo establecer que la empresa no catastró la totalidad de los puntos de monitoreo que debía realizar a las aguas superficiales del proyecto, tal como quedó establecido en su permiso ambiental del 2011, por lo que tampoco remitió los reportes a la SMA de acuerdo con lo que exige la normativa. En relación con esta unidad fiscalizable, la SMA ya había iniciado un procedimiento sancionatorio en 2023.

A lo anterior se suma la falta de catastro de los puntos de monitoreo en el tranque Confluencia y su incumplimiento respecto del reporte que debe realizar, además de no haber iniciado la conexión en línea para el monitoreo ambiental por parte de la Superintendencia.

Por este caso, la empresa cuenta con un plazo total para la presentación de un programa de cumplimiento de 15 días hábiles y de 22 días hábiles para la presentación de descargos.
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-aysen/2025/08/11/sma-formula-cargos-a-sociedad-minera-pacifico-sur-por-faltas-ambientales-en-proyecto-mina-el-toqui.shtml

Chile, Litio

La expansión de litio en Chile ha sido aprobada por una agencia nuclear poco conocida

29/07/2025

Una agencia nuclear poco conocida aprobó una propuesta que allana el camino para una importante expansión del litio en las próximas décadas en Chile, el país con las mayores reservas.

La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) aprobó una solicitud de Codelco para extraer litio en la operación del salar de Atacama —actualmente controlada por La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM)— desde 2031 hasta 2060.

Ciertamente, ese plazo está muy lejano en un mercado actualmente caracterizado por una fuerte demanda y una oferta aún más fuerte. Pero permite que una asociación entre Codelco (la Corporación Nacional del Cobre de Chile) y SQM continúe aumentando la oferta de este metal para baterías, pasando de unas 200.000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente al año a hasta 330.000 toneladas.

Bajo este acuerdo de asociación, SQM cedería una participación mayoritaria en sus valiosos activos a Codelco a cambio de tres décadas más de operaciones. La alianza planeada enfrenta una creciente oposición política en Chile, ya que su proceso de aprobación se ve afectado por el ciclo electoral del país. La autorización de CCHEN elimina un obstáculo menos para concretar la transacción durante el actual gobierno.

CCHEN autoriza cuotas y exportaciones de litio, en un retroceso a una decisión de 1979 que declaró al litio como “estratégico” por considerarse un elemento clave en procesos nucleares.

La expansión de litio en Chile ha sido aprobada por una agencia nuclear poco conocida

Chile

Proyecto de tierras raras en Penco: limpieza de imagen y tramitaciones fallidas

21/07/2025
El proyecto de tierras raras en Penco enfrenta una fuerte oposición social y múltiples rechazos ambientales, mientras la empresa Aclara Resources (REE UNO SpA) ha sostenido una política para mostrarse como «minería amigable» y respuesta a la cesantía en el Biobío.

Por Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA*

La empresa Aclara se presenta como una fuente sustentable y amigable con el medio ambiente, no obstante, sus acciones demuestran lo contrario. La oposición de las organizaciones sociales y la movilización de ellas en contra de la minera ha obligado a que la empresa cambie de imagen y se muestre lo más sustentable posible. Por lo anterior es que la empresa montó una planta piloto con la que promocionaron su proceso minero a la comunidad. Sin embargo, los registros que se difundieron sobre esta planta se concentraron en levantar una limpieza de imagen ante la consecutiva derrota que ha tenido el proyecto en al menos cinco ocasiones, entre 2016 y 2023.

Otra de las operaciones que ha utilizado la empresa para mejorar su imagen es la obtención de dos premios por su «compromiso de sustentabilidad»; uno de esos premios fue entregado por Business Intelligence Group y otro de SEAL Awards. Estas dos firmas son conocidas por entregar premios a empresas cuestionadas con un amplio historial en contaminación y vulneración de derechos a escala internacional. Así, Aclara ha buscado dar una impresión errónea de sustentabilidad, pese a sostener el mismo premio que poseen aquellas empresas con proyectos de alto impacto ambiental.

Si bien en sus redes sociales y en todos los espacios virtuales y presenciales en que la minera tiene vínculo con la población ha dicho que su proyecto no tendrá un impacto ambiental a gran escala, la realidad demuestra lo contrario. El proyecto minero pretende extraer una gran cantidad de tierra con retroexcavadoras, destruyendo el terreno y la capa vegetal hasta 30 metros de profundidad en un terreno cercano a las 200 hectáreas, instalando una planta que procesaría hasta 2.8 millones de toneladas húmedas, produciendo 3.100 toneladas húmedas de concentrado de tierras raras y procesando hasta 320 toneladas por hora.

Pero no solo esto. La empresa ya anunció que esta consta solo de la «primera parte» del proyecto, por lo que posteriormente buscarían realizar un nuevo proceso de extracción ampliando los impactos al territorio. A todas luces, un fraccionamiento del proyecto que impide su correcta evaluación.

El impacto que generaría la intervención de la empresa en las áreas concesionadas sería catastrófico, tanto para la flora y fauna del territorio como para las personas que lo habitan y se relacionan con el mismo. No solo impactará la destrucción de hectáreas en un área determinada, sino además el traslado de elementos contaminados que son muy peligrosos para la salud, junto a amenazas de filtración de las napas subterráneas.

Como forma de limpiar su imagen, la empresa ha ocupado conceptos engañosos como «zonas de disposición» -en vez de hablar de relaves mineros- o «cosecha circular de minerales» -como si los minerales pudieran cultivarse, tal cual se hace con las verduras-. De igual forma, han planteado que recircularán agua y no ocuparían agua de los esteros; sin embargo, la empresa posee derechos de aprovechamiento de aguas en esteros de las comunas de Penco, Florida y Tomé. Pese a que se ha exigido su devolución, la empresa ha dicho que solo lo hará si es que el proyecto se llega a construir.

Por otro lado, en términos de trabajo, Aclara ha hecho referencia a un estudio realizado por la Universidad de O’Higgins que proyecta más de 2.000 empleos. Sin embargo, el cálculo utilizado en dicho estudio es sumamente engañoso. Acorde a información desarrollada por Fundación Sol, el cálculo posee profundas deficiencias en relación, entre otras cosas, al efecto multiplicador del empleo. De igual forma, Aclara hace poca referencia públicamente a que la mayor cantidad de trabajadores sería en los momentos de peak relacionados con la construcción de infraestructura, lo cual según su Estudio de Impacto Ambiental, sería de apenas dos años.

*Extracto de documento elaborado y distribuido durante el año 2024 en el Gran Concepción

https://resumen.cl/articulos/proyecto-de-tierras-raras-en-penco-limpieza-de-imagen-y-tramitaciones-fallidas

Chile

El relato empresarial: Chile como salvavidas del empresariado

13/07/2025
A Chile se le ha empujado como un motor de una cuestionada transición energética corporativa, donde la crisis climática es mercantilizada en beneficio de bolsillos empresariales mientras los impactos ambientales se profundizan en territorios y hacia comunidades.

Por Javier Arroyo Olea y María Paz López Ponce | Equipo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA*

«Chile puede salvar el planeta», decía frente a empresarios y académicos el exsenador y presidente de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi en junio de 2024(1). Su declaración no era diferente a lo planteado años antes en su calidad de senador de la República: «Chile puede jugar un rol central para salvar a la humanidad»(2).

Esa posición -de salvador del mundo- ha pesado sobre Chile en el discurso empresarial como también desde la clase política. Históricamente, el país ha pasado por presiones internacionales respecto a la explotación de los bienes comunes naturales con el único objeto de tributar a las cadenas productivas que decantan principalmente en los altos niveles de consumo del norte global.

La fórmula es conocida: extraer la mayor cantidad de recursos, procesarlos lo menos posible y exportarlos rápidamente al mercado internacional; alta ganancia para el empresariado, un margen para el Estado y profundos impactos en los ecosistemas y la vida de la población en amplias esferas de sus vidas y derechos.

En esta línea, durante los últimos años, se ha sumado la presión sobre el fantasma del «valor agregado», representado en proyectos de inversión que apuntarían a correr el cerco de «lo extractivo» y avanzar en procesos que potenciarían áreas de investigación y procesos de bienes comunes naturales. Sin embargo, mayormente dichas inversiones se han mantenido en promesas sin ninguna materialización que, posteriormente, son parte del maletín para presionar política y económicamente para favorecer los intereses de las empresas nacionales y transnacionales(3).

Así las cosas, el escenario de la transición energética corporativa -que tributa a los intereses empresariales a disposición del norte global- posee inherentemente presiones sustentadas bajo no solo las amenazas que progresivamente levantan las empresas -y que hoy ha permitido el avance de una agenda política abierta para apresurar tramitaciones ambientales(4)-, sino que también se suma una especie de entreguismo de los recursos del país a disposición de ser profundamente explotados. Todo, cual titán Atlas mitológico, para echarse el mundo a los hombros.

*Este documento es un extracto del capítulo «Chile al bolsillo empresarial: Tensiones y transgresiones de una transición energética impuesta», parte de trabajo «Conflictos y debates minero-energéticos en tiempos de transición en América Latina y el Caribe», compilado por Censat Agua Viva, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – OCMAL y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA (2025). Puedes descargar el texto completo haciendo clic acá. https://olca.cl/oca/informes/Conflictos-y-debates-minero-energeticos.pdf

Notas de referencia

(1) Disponible en: https://www.diariousach.cl/programas-radio-usach/sin-pretexto/presidente-deencuentros-del-futuro-y-reservas-naturales-del-pais-chile

(2) Declaraciones disponibles en: https://www.senado.cl/comunicaciones/noticias/senador-guido-girardichile-puede-jugar-un-rol-central-para-salvar-la

(3) En el caso del litio este discurso es ampliamente abordado por el empresariado y recogido por el gobierno en su Estrategia Nacional del Litio (ENL). Si bien se han anunciado proyectos de inversión en la elaboración de componentes para baterías de aquel mineral, no se han materializado ni en su tramitación material ni en la discusión política-pública respecto a su rol. Para profundizar, recomendamos ver el caso de la «Convocatoria Corfo a Productores Especializados de Litio para Impulsar Iniciativas de Valor Agregado en Chile».

(4) En Chile se ha impulsado un emplazamiento político-empresarial, lo que se ha (mal)conceptualizado como «permisología», queriendo hacer referencia a la extensión de las tramitaciones ambientales a 61 partir de la solicitud de permisos sectoriales para el desarrollo de proyectos.

https://resumen.cl/2025/07/08/el-relato-empresarial-chile-como-salvavidas-del-empresariado/

Chile, Litio

Ahora le dicen minerales críticos: ¿de qué Dignidad estamos hablando?

11/07/2025
Corría julio de 1971, y tras décadas de lucha del pueblo chileno, el cobre fue finalmente nacionalizado, siendo arrebatado de las manos de capitales foráneos en un proceso histórico clave para los movimientos sociales. Sin embargo, aquella búsqueda por la soberanía tuvo un quiebre irreparable tras el inicio de la dictadura civil-militar. En consecuencia, los gobiernos de la postdictadura, iniciando un proceso de reprivatización y desnacionalización que se profundiza y mantiene hasta la actualidad.

Así, tras 54 años de la nacionalización del cobre, hoy la frontera extractiva se expande a merced del mercado financiero, de los grandes capitales nacionales y transnacionales, del aseguramiento de la “cadena de suministro” de las potencias globales y el manoseado escenario de transición energética corporativa. Esto, mientras la administración del Gobierno de turno coloca la música y abre las puertas del país a una inversión descriteriada y depredadora, que sofoca resistencias y defensas de los territorios.

En este sentido es que aparecen los llamados “minerales de la Transición” o “minerales críticos”, un nombre bajo el cual el empresariado y los gobiernos aglutinan a diversos bienes comunes naturales que tributan a una transición energética definida por los países industrializados del Norte Global, y fuertemente anclada a la mercantilización y el abultamiento de los mismos bolsillos que nos han empujado a esta crisis climática.

Cobre, litio, renio, molibdeno y tierras raras, para la transición energética, o potasio y boro para la seguridad alimentaria; todo sirve para darles el tributo de “críticos”, y Chile -con un extractivismo cada vez más agudizado- es una fuente de múltiples de estos bienes comunes, por lo que las garras de estos conglomerados buscan apropiarse lo más rápido posible.

Así, a esta extensa franja entre cordillera y mar se le ha designado empresarial y políticamente el rol de “salvador del planeta” para lo cual debería ser explotado en pos de una supuesta lucha contra la crisis climática. Sin embargo, los mismos que buscan explotar a Chile son quienes definen estos minerales como “crítico”, pero para el beneficio de sus economías y su transición energética del Norte Global, mientras que para nosotros y nosotras debieran ser considerados como “estratégicos”, en pos de cuidar la integridad de los territorios y las comunidades.

Y para esto, no escatiman en gastos. Un focalizado e intenso lobby, frenar o intervenir para que no exista una transparencia integral, presionar para la aceleración de la tramitación ambiental pregonando la llamada “permisología” y la criminalización de defensoras y defensores ambientales forman parte de la batería de estrategias que hoy desatan los capitales foráneos y nacionales.

Como hemos dicho en ocasiones anteriores, la Dignidad no cabe en un bolsillo empresarial. La transición energética, y su mandato moral climático revestido de verde e impulsado por la manipulada alianza público-privada, empuja, amplía y fortalece el extractivismo mientras también profundiza la lógica de privatización y desnacionalización de bienes comunes minerales. Esa matriz, que hoy aplaude la agenda político-empresarial, está lejos de aquella Dignidad que se materializó hace 54 años.

De lo contrario, ¿de qué Dignidad estamos hablando?

Ahora le dicen minerales críticos: ¿de qué Dignidad estamos hablando?

Chile, Litio

CChEN aclara qué es el Litio Metálico Equivalente y se conocen implicancias para las comunidades

La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) ha autorizado cuotas en el acuerdo entre Codelco y SQM para la extracción de litio en el Salar de Atacama

Medio Ambiente /Pueblos /Portada /Litio Chile
CChEN aclara qué es el Litio Metálico Equivalente y se conocen implicancias para las comunidades
14/07/2025
La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) ha autorizado cuotas en el acuerdo entre Codelco y SQM para la extracción de litio en el Salar de Atacama. Sin embargo, el permiso fue otorgado en base a una métrica técnica poco comprensible para las comunidades: el Litio Metálico Equivalente (LME). Esta fórmula impide, en la práctica, entender con claridad cuánta agua y salmuera se extraerá tras el aumento de la cuota autorizado. Hoy, gracias a nuevas respuestas entregadas a El Ciudadano, este punto puede comenzar a esclarecerse.

Por Bruno Sommer

Bajo el sol del litio: el precio oculto del agua
En el corazón del desierto más árido del planeta, el Salar de Atacama grita. Las bombas extraen sin cesar salmuera desde su subsuelo, dejando tras de sí lagunas agonizantes, acuíferos deprimidos, flora amenazada y comunidades privadas del acceso al agua. Mientras tanto, empresas como SQM, amparadas por permisos estatales, continúan operando bajo un modelo extractivo que muchos califican de insostenible y que también se apropió del agua de la zona inscribiendo «derechos».

Más allá de los impactos económicos o contractuales del acuerdo Codelco-SQM, el verdadero conflicto se oculta en cómo se mide la extracción. Tanto el volumen de carbonato de litio comprometido como las toneladas de litio metálico equivalente esconden un daño potencial profundo al equilibrio hídrico del salar y a la vida en el norte de Chile.

¿Qué es el Litio Metálico Equivalente (LME)?
Luego de la aprobación del permiso solicitado, El Ciudadano consultó directamente a la CChEN para entender el verdadero significado del LME. Este organismo, encargado de autorizar la producción de litio en Chile por su posible uso nuclear, explicó que:

“La extracción de litio autorizada en un proceso productivo se expresa en Litio Metálico Equivalente (LME), calculado con base en un factor de conversión. Si el objetivo es obtener, por ejemplo, 330.000 toneladas de carbonato de litio al año, aplicando el factor 0,1878714 se autoriza la extracción de 61.997 toneladas de LME.”

De hecho, la CChEN fue enfática: las 2.500.000 toneladas autorizadas entre 2031 y 2060 corresponden al contenido total de litio presente en la salmuera antes de ser procesado, no a litio metálico final.

Para fiscalizar esta extracción, la comisión indicó que se utiliza una fórmula técnica basada en los siguientes parámetros- que los otorga la empresa-:

Bombeo total de salmuera (litros por segundo)

Concentración de litio (ppm)

Densidad (toneladas por m³)

Tiempo de extracción (T)

La fórmula utilizada es:

Litio contenido = BS × CL × D × T

¿Cuánta agua representa esto?
La cifra autorizada por la CChEN equivale, en términos prácticos, a la extracción de 8.334 piscinas olímpicas de salmuera por año, es decir, unas 22,8 piscinas diarias, cada una con 2,5 millones de litros.

Este volumen no tiene precio para las comunidades, pero su valor ambiental y ecológico es incalculable. En un ecosistema híperárido, cada litro cuenta. Y lo que se extrae no es solo litio: es agua, vida, equilibrio.

¿Qué más se obtiene a partir del LME?
Del procesamiento de las salmueras se obtienen diversos productos, entre ellos:

Cloruro de Litio (LiCl) – Producto principal para baterías

Cloruro de Potasio (KCl) – Fertilizante de alto valor

Sulfato de Potasio (K₂SO₄) – Fertilizante premium

Carnalita (KCl·MgCl₂·6H₂O) – Fuente de potasio y magnesio

Cloruros y sulfatos de magnesio – Subproductos

Ácido bórico (H₃BO₃) – Subproducto valioso en salmueras con boro

entre otros….

El litio se va, los impactos se quedan
Al igual que los concentrados de cobre que salen del país sin ser fundidos ni refinados localmente, el litio extraído se exporta en gran parte sin valor agregado más que el de carbonato de litio y algo de hidróxido, aumentando su huella de carbono y dejando atrás los impactos. La cadena de suministro empieza en el salar, pero rara vez vuelve a mirar hacia él.

A menos que el Presidente de la República intervenga directamente, serán las comunidades -hoy en medio de procesos de consulta marcados por presiones para obtener su visto bueno en tiempo récord- quienes tendrán que defender el territorio.

Como se ha conocido recientemente, Minera Tarar SpA deberá presentar una actualización del Informe de Evaluación de Recursos y Reservas del Salar de Atacama. Para operar plenamente, requerirá además una nueva Resolución de Calificación Ambiental, que expertos consideran debería implicar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Lo que se presenta como una fórmula técnica —LME— encierra una verdad incómoda: detrás de los números, se esconde una afectación ambiental profunda y poco comprendida. Y mientras Chile se prepara para liderar la transición energética global, el norte sigue pagando con agua un progreso que no lo incluye.

Mientras en el mundo de los negocios ligados a lo metálico, LME es entendido como la cotización internacional oficial del metal correspondiente, la CChEN le da una conceptualización diferente, tal vez por temas de transparencia y para contratos y papeles debiese cambiar su nombre.

Por Bruno Sommer, El Ciudadano
https://www.elciudadano.com/especiales/litio-chile/cchen-aclara-que-es-el-litio-metalico-equivalente-y-se-conocen-implicancias-para-las-comunidades/07/14/

Chile, Litio

Uso de tecnologías de bajo impacto ambiental: la fantasía de la extracción directa de litio

06/07/2025
La Estrategia Nacional del Litio dice promover caminos de explotación sostenibles. Sin embargo, estos caminos no están probados, de modo tal que los discursos verdes, nos condenan en la práctica a ser el escenario perfecto para experimentar en terreno y a escala industrial, los pilotos de laboratorio.
Colin Timon David | Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

Las técnicas de extracción actuales y sus límites
Hoy en día, en el salar de Atacama, SQM y Albemarle extraen el litio utilizando piscinas de evaporación. Esta técnica de extracción consiste en bombear cerca de 1.700 l/s(1) de salmuera del subsuelo(2) y dejarla estancada en las piscinas de evaporación entre 12 y 18 meses. Poco a poco, la concentración de litio aumenta hasta el 6% en peso y, a continuación, la salmuera concentrada se transporta a Antofagasta para extraer el litio. Sin embargo, este proceso arrastra dos grandes limitaciones operativas:

a. Límites ambientales e hídricos: El caudal de salmuera bombeado es muy superior a la capacidad de recarga natural de la cuenca del salar. Se proyecta que para Maricunga por ejemplo, la extracción por evaporación provocaría un balance negativo de 344 litros de agua por segundo(3), lo que conducirá inexorablemente a su desecación. Además, se pierde entre el 85% y el 95% del agua contenida en la salmuera de las piscinas de evaporación (4), lo que agudiza la grave crisis hídrica que ya sufren las regiones de Atacama y Antofagasta y amenaza a las comunidades y ecosistemas locales.

b. Límites de productividad: La extracción por evaporación es un proceso muy largo (hasta 18 meses), actualmente ineficiente, dada la demanda exponencial de litio de los últimos años. «Se espera que la penetración del mercado de vehículos eléctricos a nivel mundial aumente del 4% en 2020 al 31% en 2030 para el total de ventas de automóviles. Este contexto determina una previsión de demanda de litio de 2.114 kt de carbonato de litio equivalente (LCE) al año en 2030, frente a una estimación de producción de 1.637 kt/año (LCE) en 2030″(5).

Este importante desfase entre demanda y producción no puede abordarse con las técnicas actuales de extracción de litio, por lo tanto, no son las preocupaciones ambientales las que animan a probar nuevas tecnologías, sino los requerimientos corporativos y de mercado.

La extracción directa de litio (EDL), una falsa solución
La EDL consiste en extraer el litio directamente de la salmuera, sin tener que esperar meses a que esta se evapore. Una vez agotada la salmuera, se reinyecta al salar. En el papel, esto resolvería tanto el problema de la pérdida de agua (ya que la EDL afirma poder reinyectar el 100% de la salmuera utilizada) como la falta de productividad, puesto que este proceso es mucho más rápido que la extracción por evaporación, y debería producir más litio en menos tiempo.

Ante una tecnología tan prometedora, tanto el Gobierno como las empresas mineras abogan por esta nueva técnica de extracción en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Pero, en realidad, nadie está hoy en condiciones de afirmar que la EDL será más limpia y eficaz que la extracción por evaporación, esto por la sencilla razón de que nunca se ha probado.

Para ser más precisos, existe un experimento piloto en China (Chaerhan) y otro en el Salar Hombre Muerto de Argentina(6), pero ninguno de los dos proyectos ha querido facilitar información alguna sobre la gestión de la salmuera agotada. En consecuencia, la técnica EDL nunca se ha aplicado a escala industrial, siendo fundamental tener en cuenta que lo que se impulsa en el salar de Atacama se basa en una tecnología sobre la que no tenemos ninguna certeza.

Peor aún, un estudio realizado en abril de 2023 por la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) y la Universidad de Chile (UCh)(7) pone en duda las famosas promesas de la EDL. Este estudio recopila los resultados de decenas de informes científicos sobre estas nuevas tecnologías y establece que: No existen estudios que apoyen viabilidad técnica de devolver el 100% de la salmuera «gastada» al salar; no hay claridad de que los métodos de EDL tienen tiempos de tratamiento más cortos que los necesarios para que los humedales evaporen e infiltren la salmuera; no existen garantías respecto a la calidad química de la salmuera residual que se reinyectaría; se requiere mayor consumo de agua dulce que el método convencional.

En resumen, en el marco de su Estrategia Nacional del Litio, el gobierno de Boric justifica el aumento de las extracciones y la prospección de nuevos salares utilizando una nueva tecnología de extracción (EDL) que nunca ha sido probada a escala industrial, con una reinyección de salmuera residual que corre el riesgo de tener un gran impacto en la red hídrica del salar y en su fauna y flora endémica, y cuyo consumo de agua dulce es de dos a cinco veces superior al de la técnica de evaporación.

La única razón por la que el gobierno y las empresas siguen defendiendo ciegamente el uso del EDL es la perspectiva de obtener enormes beneficios a corto plazo, sumado a un discurso que pretende enverdecer los métodos extractivos. Aunque el mercado de las baterías de litio está en auge, ya está empezando a hacer frente a la competencia de las baterías de sodio. Así que la estrategia es simple: ganar tanto dinero como sea posible en los próximos 20 años antes de que el litio quede obsoleto, sin importar las consecuencias medioambientales y humanas.

En la actualidad, muchas empresas proponen proyectos de extracción basados en gran medida en el EDL. Eramet, Geolith, Codelco, Simco SpA son algunas de ellas. Aunque todas estas empresas declaran que sus opciones son tecnológicamente maduras y disponen de instalaciones piloto, no existe información pública sobre su rendimiento, consumo de agua dulce o consumo de energía. Esta falta de información pública limita la comparación de las opciones tecnológicas y cualquier evaluación de su impacto potencial sobre los humedales.

Esta publicación corresponde a un extracto del informe «Salares en riesgo. La tramposa estrategia nacional del litio«, elaborado por Colin Timon David y editado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA en 2024

Notas de referencia

(1) Mohammad Ayaz Alam y Rosa Sepúlveda. (2021). Environmental degradation through mining for energy resources: The case of the shrinking Laguna Santa Rosa wetland in the Atacama Region of Chile. Energy Geoscience, 3, 182-190. Disponible en: https://n9.cl/0p0p4

(2) Casi el 48% de la producción mundial de Li procede de salmueras de lagos salados (humedales).

(3) Mohammad Ayaz Alam y Rosa Sepúlveda. Op cit

(4) Esto equivale a 1.400 m3 de agua por tonelada de Li contenida en la salmuera extraída.

(5) Informe: Technological tendencies for lithium production from salt lake brines: Progress and research gaps to move towards more sustainable processes; Diego Fuentealba, Cherie Flores-Fernandez, Elizabeth Troncoso y Humberto Estay.

(6) El caso argentino parece ser un híbrido entre EDL y piscinas de evaporación, ya que parte de la salmuera se trata mediante EDL y la otra parte mediante el método convencional de piscinas de evaporación.

(7) Op cit (nota de página 154).
https://resumen.cl/articulos/uso-de-tecnologias-de-bajo-impacto-ambiental-la-fantasia-de-la-extraccion-directa-de-litio

Chile

Cueto, Lería y LarrainVial: las poderosas manos por las que ha pasado el controvertido proyecto de tierras raras en Penco

Nicolás Massai D.Joaquín Riffo Burdiles03/07/2025
Con la participación de influyentes grupos económicos, hasta llegar a la actual administración de Aclara Resources, la iniciativa ha tenido varios traspiés sin lograr la aprobación ambiental e hizo noticia recientemente por un duro revés en la Corte Suprema en una causa contra ambientalistas opositores.

El pasado martes 10 de junio, la Corte Suprema se pronunció en favor de los ambientalistas Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, a quienes la empresa Aclara -minera detrás de un proyecto en Penco- apuntó en febrero de este año mediante un recurso de protección acogido por la Corte de Apelaciones de Concepción como los responsables de una cuenta de redes sociales en la que se publicaban cuestionamientos al proyecto minero, como también críticas a rostros visibles de la empresa.

Esto significó un nuevo escollo en el desarrollo de la iniciativa minera de tierras raras -un grupo de elementos químicos que contienen propiedades únicas y son cruciales para diversas tecnologías modernas, como la electrónica, las energías renovables y el armamento de guerra- en Penco, cuya demanda se ha acentuado y evidenciado en el escenario global producto de las tensiones bélicas y geopolíticas entre países como Estados Unidos, China, Rusia y Ucrania.

La sociedad tras este proyecto de tierras raras es Ree Uno SpA, constituida en 2011 por Manuel José Barros Lecaros. El objeto de la sociedad desde un principio fue la “búsqueda de oportunidades de inversión en la industria minera, la realización de actividades de inversión en todo tipo de derechos mineros”, y otros fines.

Ree Uno SpA tuvo distintos aumentos de capital a lo largo de los años. Ya para 2019, su capital superaba los $14 mil millones, y tenía como socios a distintos accionistas de renombre. Entre estos destacaba el Fondo de Inversión Privado Lantánidos, administrado por Minera Activa, el brazo minero de LarrainVial.

Una publicación de Ciper entregó los nombres de los aportantes de este FIP Lantánidos. Figuraba allí una sociedad ligada a Nicolás Noguera, el ejecutivo histórico de la familia Piñera Morel, que hasta hace un tiempo conducía las empresas familiares del ex presidente. También estaba la sociedad Costa Verde Portfolio S.A., ligada a los Cueto Plaza, ex socios mayoritarios de la aerolínea Latam (actualmente los Piñera Morel también participan en Costa Verde Portfolio, según un artículo de El Mercurio). Por último, figuraba Inversiones Sierra de Cameros Limitada, propiedad de la familia del empresario inmobiliario Óscar Lería Chateau.

Actualmente la administración del proyecto está a cargo de Aclara, que tiene al grupo Hochschild (Perú) como su controlador. Estos llegaron a hacerse cargo tras adquirir la propiedad en 2019, y se lo compraron precisamente al FIP Lantánidos de LarrainVial. La prensa nacional cubrió la adquisición que hizo Hochschild, pagando US$ 56,3 millones por casi la totalidad del depósito.

Otro hito importante en la historia de Aclara fue la entrada del grupo CAP a su propiedad. Según la carta a los accionistas del gerente general de CAP, incluida en la memoria anual de 2024, “en diciembre, profundizamos nuestro compromiso con las tierras raras mediante un acuerdo para adquirir el 10,18% de la matriz de Aclara Resources, operación que se materializó en febrero 2025 que marca nuestro ingreso al mercado canadiense y nuestra participación indirecta en Carina, iniciativa emblema de la firma canadiense en Brasil enfocada en la extracción de tierras raras pesadas y clave en el desarrollo de este negocio en América”.

A comienzos del mes pasado, el gerente de Aclara, Nelson Donoso, fue nombrado en el cargo de presidente de Irade, corporación que agrupa a las principales empresas de la Región del Biobío, entre ellas, las forestales Arauco y CMPC; las pesqueras Blumar, Pacific Blu y Camanchaca; las inmobiliarias Valmar y Aitue, la Universidad San Sebastián, Enap, el diario El Sur de la familia Edwards, entre muchas otras.

Hoy en día, el proyecto se encuentra ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) cuya calificación está en curso. En el pasado, la iniciativa ya había sido desistida por la misma empresa y ha recibido múltiples rechazos desde distintos sectores de la comunidad y de grupos ambientalistas de la zona, quienes acusan los efectos nocivos que tendría la instalación, tanto para el medioambiente como para los residentes del sector.

Respecto a la reciente decisión de la Suprema, la activista Camila Arriagada declaró en conversación con Interferencia que “lo que se falló acá no es solamente decirle a la minera que no puede perseguirnos por hacer algún tipo de publicación, sino que está diciendo que tener una oposición a un proyecto de inversión también es válido dentro de todo lo que se puede hacer legal y administrativamente”.

Junto a ello, Arriagada se refirió a la nueva ley de ‘permisología’ y describió que “las empresas tienen todo el tiempo del mundo, pueden pedir todos los plazos de la evaluación ambiental, demorarse hasta llegar también a ese otro momento donde se empiecen a implementar estos nuevos procedimientos para la evaluación ambiental. Y lo otro también que es complejo, que está como dentro de este mismo análisis, es el plan de fortalecimiento regional que lleva adelante el ministro Grau, donde la minería de tierras raras está mencionada como estratégica”.

Sobre el fallo del máximo tribunal, la minera Aclara respondió tras una solicitud de Resumen afirmando que “creemos profundamente en la libertad de expresión, en el diálogo directo para abordar nuestras diferencias, y en el respeto entre las personas y hacia los procesos institucionales. Por eso es que valoramos el reciente fallo de la Corte Suprema, que, si bien no acreditó la autoría de las publicaciones que motivaron el recurso de protección presentado por nuestra empresa, reafirma un principio que consideramos esencial: ningún actor debe vulnerar los derechos de las personas”.
https://interferencia.cl/articulos/cueto-leria-y-larrainvial-las-poderosas-manos-por-las-que-ha-pasado-el-controvertido

Chile

Superintendencia del Medio Ambiente formula cargo contra proyecto minero

03/07/2025

La institución determinó que el titular incurrió en un incumplimiento ambiental calificado como grave.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló un cargo grave contra la empresa Algorta Norte S.A., titular de cinco proyectos con Resolución de Calificación Ambiental, ubicados en la localidad de Baquedano, en las comunas de Sierra Gorda, Mejillones y Antofagasta, Región de Antofagasta.
Los proyectos están relacionados con la extracción y procesamiento de caliche para la obtención de yodo, mediante el proceso de lixiviación en pilas del material extraído. Según sus permisos, la minera está autorizada para extraer cerca de 16 millones de toneladas anuales de caliche. Además, la iniciativa contempla diferentes obras complementarias, tales como la construcción de pozas de evaporación solar para contener aproximadamente 25.000 m³ de soluciones de descarte.
Tras una fiscalización en terreno realizada por un equipo de la SMA, Directemar y Sernageomin, y tras el análisis técnico de la inspección ambiental, la Superintendencia solicitó antecedentes al titular con el fin de esclarecer aspectos relacionados con la operación del proyecto.

De esta forma, la Superintendencia pudo constatar la construcción de 30 pozas de evaporación solar que exceden la capacidad autorizada para contener soluciones de descarte (nitrato de sodio, sulfato de sodio y cloruro de sodio), alcanzando un volumen de más de 25.000 m³. Además, dos de estas estructuras cuadruplican las dimensiones aprobadas en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental, y no cuentan con autorización de la Dirección Regional de Aguas de Antofagasta.

Desde la institución aseguraron que el exceso en la capacidad de las pozas representa un riesgo significativo de sobrecarga, rebalses o filtraciones, lo que podría afectar negativamente al suelo y a las aguas subterráneas del sector.

A partir de todos estos antecedentes, la Superintendencia del Medio Ambiente determinó que el titular incurrió en un incumplimiento ambiental calificado como grave.

La jefa de la Oficina Regional de la SMA en la Región de Antofagasta, Javiera de la Cerda, destacó que “en las actividades de fiscalización se pudo constatar que el titular excedió la capacidad de almacenamiento de sus pozas de evaporación solar autorizada por sus permisos ambientales, poniendo en riesgo el suelo y las aguas subterráneas de la zona, considerando que las obras se encuentran sobre el acuífero Quebrada Caracoles”.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), las infracciones clasificadas como graves pueden derivar en sanciones como multas de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA).

Tras la notificación de la formulación de cargos, la empresa cuenta con un plazo ampliado de 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos contados desde la fecha de notificación.

Más información en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA). https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/4162
https://www.mch.cl/negocios-industria/superintendencia-del-medio-ambiente-formula-cargo-contra-proyecto-minero/