Los conflictos se acumulan para el Gobierno de Rodrigo Paz con el anuncio de manifestaciones y bloqueos de varios sectores, además de la llegada a La Paz de una marcha campesina
María Silvia Trigo
27/04/2026
Imagen referencial de archivo. Un miembro del Sindicato de Trabajadores Bolivianos sostiene una bandera nacional durante enfrentamientos con la policía en El Alto, Bolivia, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Freddy Barragán)

La semana inicia con el anuncio de movilizaciones de varios sectores en Bolivia y el arribo a la sede de Gobierno de una marcha campesina que inició hace más de dos semanas en la región amazónica de Pando, al norte del país, en rechazo principalmente a una ley que autoriza la reclasificación de la tierra.
Una nueva encuesta arrojó un empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en Brasil
Te puede interesar: Una nueva encuesta arrojó un empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en Brasil

A la movilización se sumó una columna de 150 campesinos de San Ignacio de Moxos, en Beni, y organizaciones de otras regiones han anunciado que se integrarán progresivamente, entre ellos la Federación de Trabajadores Mineros, lo que sube la presión contra el Gobierno al tratarse de uno de los sectores de mayor influencia en la agenda política nacional. La marcha arribó este domingo a la localidad de Caranavi y se estima que llegue a La Paz el viernes 1 de mayo luego de recorrer 160 kilómetros.

Los marchistas consideran que la Ley 1720, que fue promulgada el 8 de abril y que establece la reconversión voluntaria de la tierra de pequeña a mediana propiedad, pone en riesgo a los pequeños productores y amenaza los territorios indígenas.
Chile: un empresario de 84 años que estuvo ocho días secuestrado fue liberado con vida
Te puede interesar: Chile: un empresario de 84 años que estuvo ocho días secuestrado fue liberado con vida

El sistema anterior, vigente desde 1953, prohíbe la comercialización de las pequeñas propiedades y fue diseñado con el objetivo de evitar la concentración de la tierra en pocas manos y el desplazamiento progresivo de campesinos y productores. Con la nueva ley —denominada Conversión de la Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial—, las pequeñas propiedades, de hasta 500 hectáreas, quedan abiertas al mercado al poder ofrecerse como garantía para préstamos bancarios.

El Gobierno y algunos legisladores defienden la ley en nombre de la libertad individual, del desarrollo de los campesinos y del derecho a la propiedad, y han subrayado que el cambio de clasificación es voluntario.
Robo de armamento militar estaba destinado a grupos delictivos relacionados a la minería ilegal

En tanto, algunos críticos y analistas observan que pone en peligro a la población más vulnerable al permitir que pequeños propietarios hipotequen y pierdan sus parcelas y puede fomentar la concentración de la tierra. También observan que el trámite se realice a simple solicitud del propietario y sin ningún criterio técnico.

En paralelo a este conflicto está el otro dolor de cabeza del Gobierno: el problema del combustible. Tras más de tres meses de reclamos por la mala calidad de la gasolina —que el gobierno admitió pero sin responsabilizarse por su origen ni resolver de fondo el problema—, en la última semana hubo un suministro irregular de diésel, lo que provocó el reclamo de sectores estratégicos, como el transporte pesado y la agroindustria, para normalizar su distribución.

En ese marco, la Cámara Departamental de Transporte de La Paz convocó a una marcha sectorial este lunes por la supuesta falta de respuestas de la administración de Rodrigo Paz a sus demandas.
bloqueos y huelga de choferes en La Paz, Bolivia

“El sector ha coadyuvado con el incremento del precio del combustible, por lo que no existe justificativo para la actual escasez”, señala el comunicado del sector en referencia al aumento en el precio de los carburantes tras el levantamiento del subsidio en diciembre pasado.

Los reclamos de los transportistas —que básicamente son la regularización del abastecimiento de combustible y la garantía de su calidad— se dan una semana después de los ajustes que hizo el presidente en el sector de hidrocarburos. Posesionó a un nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tras la renuncia de su antecesora y cambió al ministro de Hidrocarburos, en busca de soluciones a un conflicto que no ha parado de escalar y que supone una prueba de fuego para su gestión.

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, atribuyó la escasez a la sobredemanda por actividades agrícolas y afirmó que se incrementaron los despachos de diésel, por lo que en los próximos días tendría que regularizarse el suministro.

En este escenario, el presidente manifestó que no teme al aumento de las protestas sociales. “Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones; soy un constructor de la democracia que creció entre marchas y liderazgos históricos”, afirmó el jefe de Estado el viernes tras un encuentro con las nuevas autoridades departamentales. “A lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, agregó.
https://www.infobae.com/america/america-latina/2026/04/27/protestas-de-campesinos-mineros-y-transportistas-abren-una-semana-de-alta-conflictividad-en-bolivia/

22/01/2026

La protesta encontró un rápido respaldo en la bancada parlamentaria potosina. En conferencia de prensa, el diputado Edgar Zegarra Bernal, junto a su colega Emilio Barrera Ramos, calificó las designaciones como “un manoseo a la dignidad potosina”. Zegarra argumentó que el departamento cuenta con profesionales capaces y no requiere de personal foráneo.

La Federación de Cooperativas Mineras del Sur (Fencomin Sur) tomó por la fuerza este jueves las oficinas de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en Tupiza, en un acto de protesta contra la designación de funcionarios de otras regiones para dirigir la institución en Potosí. Los manifestantes exigen al Gobierno del presidente Rodrigo Paz que revoque estos nombramientos y en su lugar posesione a profesionales potosinos en los puestos jerárquicos.

En contacto con Radio Panamericana, dirigente de las cooperativas, Jaime Leaño, afirmó que «las medidas de presión se radicalizarán si la AJAM no destituye en las próximas horas a estas autoridades foráneas y designa en su lugar a meritorios profesionales potosinos, porque ya están cansados del manoseo político y de que se trate con desprecio a Potosí». Esta declaración establece un plazo perentorio y vincula el conflicto laboral con una afrenta a la dignidad regional.

Así, Zegarra lanzó una pregunta directa al presidente Paz: “¿Le gustaría que manden profesionales a Tarija a conducir sus instituciones? Creo que no. Entonces también respétennos a los potosinos”. El legislador recordó el papel de Potosí como «la billetera económica del país» y demandó autoridades con conocimiento real de la minería local.

Desde el Legislativo, la advertencia adquirió un tono aún más grave. El presidente de la Comisión de Economía Plural de Diputados, Emilio Barrera Ramos, respaldó la acción de los mineros y trasladó toda responsabilidad por una escalada del conflicto al Ejecutivo al afirmar que “nuestra gente ya nos ha rebasado, no podemos controlar (…) que se atenga a las consecuencias nuestro hermano presidente, si hay cualquier problema (…) no es nuestra responsabilidad”.

El conflicto trasciende una mera disputa administrativa y expone una tensión estructural entre las políticas de designación del Gobierno central y las crecientes demandas de autonomía y reconocimiento de las regiones históricamente productivas. La AJAM se ha convertido en el símbolo tangible de esta pugna, donde la capacidad local y la identidad departamental chocan con lo que los manifestantes perciben como una imposición centralista y un trato de segunda categoría.

La toma de las oficinas en Tupiza marca un nuevo y agudo episodio de confrontación que podría escalar rápidamente. La demanda, sustentada en el argumento económico y la dignidad regional, pone al gobierno de Paz ante un dilema complejo: ceder ante la presión y modificar sus designaciones, arriesgándose a sentar un precedente, o mantener los nombramientos y enfrentar una radicalización de las protestas en un departamento clave para la economía nacional.

Mineros toman oficinas de la AJAM en Tupiza y exigen reemplazo de autoridades «foráneas»

Fanny Castro
12/01/2026
Operaciones de seguridad tras intento de juqueo minero.
Trabajadores de la Empresa Minera Huanuni (EMH) se enfrentaron a los delincuentes para evitar el robo del mineral.

El Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia informó que se registró un grave intento de robo de mineral, conocido como juqueo, en el cerro Posokoni, ubicado en el distrito minero de Huanuni, hecho que derivó en enfrentamientos entre presuntos autores del delito y trabajadores de la Empresa Minera Huanuni (EMH).

Según información preliminar, grupos dedicados al «juqueo» habrían ingresado el 9 de enero, a las instalaciones mineras aprovechando la ausencia de un número significativo de trabajadores, quienes participaban en movilizaciones externas encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), situación que generó una vulneración crítica de las condiciones de seguridad minera.

El Ministerio condenó de manera categórica estos hechos, señalando que el robo de mineral constituye un delito grave que no solo afecta la producción, sino que representa un alto riesgo para la vida e integridad de los trabajadores, además de causar perjuicio económico a la empresa estatal y al patrimonio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Protocolos de seguridad

Tras lo ocurrido, se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad, así como la coordinación con las instancias competentes para restablecer el control operativo del área minera, reforzar la vigilancia y prevenir nuevos actos de violencia o sabotaje en el yacimiento.

La autoridad minera reiteró que no se tolerarán actos de violencia, sabotaje ni abandono de funciones que comprometan la seguridad de las operaciones mineras ni la continuidad de una actividad considerada estratégica para la economía del país.

Finalmente, el Ministerio de Minería y Metalurgia informó que las investigaciones continúan en curso y que se aplicarán las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente, reafirmando su compromiso con la lucha contra el juqueo y la defensa de la legalidad en el sector minero.

Enfrentamientos en cerro Posokoni por intento de robo de mineral

La mayoría de los puntos de bloqueo se concentran en La Paz y afectan también a Santa Cruz, Oruro y Cochabamba.
Mapa de trasitabilidad de la ABC con 21 puntos de bloqueo. Foto: ABC

Mauricio Diaz Saravia
08/01/2026

El reporte de Transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) identifica 21 puntos de bloqueo en carreteras. La mayoría, en el departamento de La Paz.

Los bloqueos son impulsados por la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503, del que exigen al Gobierno su abrogación.

Otros departamentos afectados por la medida son Santa Cruz, Oruro y Cochabamba.

El diálogo entre el Gobierno y la dirigencia de la COB, que transcurrió en un “buen ambiente”, logró un “preacuerdo para pacificar el país”, dijo la noche del miércoles el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien, no obstante, no dio detalles respecto de los avances.

“No vamos a poder adelantar nada de los términos que se ha conversado, excepto decirles que hay un muy buen ambiente, que se han aproximado todas las diferencias que se habían manifestado, podemos decir que existe un ambiente de preacuerdo para poder pacificar al país y poder tener todos los instrumentos que necesitamos para poder estabilizar la economía y poder promover la inversión y el crecimiento”, afirmó la autoridad al concluir la reunión celebrada en la Casa Grande del Pueblo y que duró poco más de ocho horas.
Diálogo

El diálogo entró en cuarto intermedio para este jueves.

Si bien se instaló el diálogo entre los trabajadores y el Gobierno, el paro nacional y el bloqueo de caminos sigue vigente hasta lograr un acuerdo definitivo.

El problema se dilató debido a que la COB tiene como principal exigencia la abrogación del Decreto Supremo 5503, mientras que el Gobierno, desde el presidente Rodrigo Paz, sostiene que la norma es irreversible.
https://larazon.bo/nacional/2026/01/08/las-protestas-contra-el-ds-5503-comienzan-con-21-puntos-de-bloqueo/

Este martes, la Defensoría del Pueblo facilitó un encuentro en La Paz sobre la actividad minera en Viacha, mientras trabajadores exigen inclusión y anulan Ley Municipal 042.

Este martes 23 de septiembre de 2025, se llevó a cabo una reunión interinstitucional en las oficinas de la Defensoría del Pueblo en La Paz. El encuentro se centró en la actividad minera en el municipio de Viacha. Mientras tanto, afuera del edificio, trabajadores de empresas mineras protestaban, exigiendo ser incluidos en la reunión y pidiendo la anulación de la Ley Municipal 042, que prohíbe la minería contaminante en esa área.

La reunión fue convocada por el alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi. En el encuentro participaron representantes del Gobierno central, de la Gobernación paceña y de la Defensoría, que actuó como facilitadora. El principal objetivo de esta reunión es coordinar acciones para abordar las denuncias de contaminación ambiental en las fuentes de agua de Viacha, las cuales se atribuyen a la actividad minera.
Protestas de trabajadores mineros

En paralelo, decenas de trabajadores de la Asociación Procesadora Metalúrgica Viacha (Apromev) se concentraron en las puertas de la institución. Algunos de ellos intentaron ingresar al edificio, lo que generó un ambiente de tensión. Los movilizados afirmaron que la Ley 042 ha dejado sin empleo a cientos de familias y reclamaron no haber sido incluidos en el diálogo.

“Queremos ser parte de la reunión porque tenemos propuestas y queremos responder a las acusaciones que nos hicieron. Por culpa de esta ley, varias familias están sin trabajo desde hace casi 3 meses”, manifestó Javier Mayta Condori, uno de los mineros movilizados.
Detalles de la Ley Municipal 042

La Ley Municipal 042, que fue aprobada recientemente por el Concejo de Viacha bajo presión de comunarios, declara al municipio como territorio libre de minería contaminante. Esta ley prohíbe actividades que utilicen químicos como cianuro y mercurio, y ordena el cierre inmediato de empresas que no cuenten con licencia ambiental vigente. De las 23 empresas que operaban en el lugar, 17 fueron clausuradas por incumplir la normativa.
Posición de la Defensoría

Desde la Defensoría, el jefe de la Unidad de Conflictos y Cultura de Paz, Héctor Huanca, aclaró que la institución solo facilitó el espacio para la reunión. La inclusión de otros sectores dependerá de la decisión del Comité Interinstitucional, que es encabezado por la Alcaldía.
El jefe de la Unidad de Conflictos y Cultura de Paz, Héctor Huanca / APG
Conflicto abierto en Viacha

La clausura de las empresas ha generado un conflicto abierto entre las autoridades locales, los comunarios y los trabajadores, quienes aseguran haber sido dejados de lado en el proceso. Mientras tanto, las instituciones que participan en la reunión anunciaron que se evaluarán medidas de control ambiental, monitoreo de fuentes hídricas y ordenamiento territorial para Viacha.

Hasta el momento de la edición de esta nota, las autoridades continuaban en reunión.
https://lapatria.bo/2025/09/23/la-paz-reunion-sobre-mineria-en-viacha-se-desarrolla-en-medio-de-protestas-de-trabajadores/