Argentina

Explotación minera a gran escala: paradojas a ambos lados de la cordillera

Mientras en Chile el principal proyecto extractivista fue clausurado por sus probados impactos socioambientales, en la Argentina se promueve habilitar la actividad en territorios donde no cuenta con la licencia social de la población y está prohibida por ley.
(Foto: Anibal Aguaisol)
Por Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez *
17/12/2020

El proyecto minero binacional (Chile – Argentina) Pascua Lama de la empresa Minera Nevada, filial de la canadiense Barrick Gold, fue clausurado en septiembre de este año. El fallo de la justicia chilena se complementa con una multa por los incumplimientos ambientales respecto al monitoreo de los glaciares y cursos de agua ya que la empresa utilizaba niveles más permisivos que los contemplados por la normativa. La clausura total y definitiva de la explotación sintetiza una serie de procesos que desde hace alrededor de veinte años se desarrollan en los conflictos socioambientales en torno a la megaminería metalífera a cielo abierto, tanto en Chile como en Argentina, y en otros países de la región.

Por un lado, afirma la importancia de la movilización de las comunidades para visibilizar las consecuencias de la megaminería y demostrar la insustentabilidad de la actividad frente a aquellos que abogan, sólo por mayores controles. Por otro, atestigua sobre la relevancia de acudir a mecanismos institucionales para frenar el avance de los megaproyectos mineros, aunque esto signifique sortear diversos artilugios que en conjunto activan, tanto el lobby minero como los gobiernos promotores de la actividad.

En Argentina, la clausura del megaproyecto binacional, así como los episodios de derrame ocurridos en varias explotaciones del país, el más grave en el año 2015, a pocos kilómetros de Pascua Lama en la provincia de San Juan, deberían reabrir interrogantes sobre los riesgos socioambientales asociados a la actividad.

 

Sin embargo, estas evidencias parecen no influir en las decisiones de los funcionarios que solicitaron a la empresa su continuidad del lado argentino. Ni tampoco en el gobernador de la provincia de Chubut que, habiendo prometido en su campaña electoral no avalar el desarrollo de la megaminería, reafirmó en el marco de la primera Mesa Nacional del “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino” (realizada a principios de noviembre), sus intenciones de habilitar la explotación minera en la provincia, principalmente en la meseta patagónica.

Chubut, una vez más movilizada

Frente a la avanzada minera, se expande la movilización social en la vasta geografía provincial. Desde octubre de 2020, se llevó adelante la Segunda Iniciativa Popular (IP) para apoyar un proyecto de Ley impulsado por la Unión de Asambleas Comunitarias del Chubut. En esta segunda Iniciativa, las y los asambleístas proponen un proyecto de ley que prohíbe, en todas sus etapas, la actividad minera metalífera a gran escala que utilice cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa, así como un uso indiscriminado del agua. También apelan a la Ley General del Ambiente, precisamente a los principios preventivo, precautorio y al principio de equidad intergeneracional.

Entre los actores movilizados se encuentra la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, institución que hace ya dos años, se expresó a través del Consejo Superior, rechazando el proyecto de zonificación minera propuesto concluyendo, entre otras cuestiones, que “no cuenta con el respaldo de un análisis exhaustivo de los aspectos sociales, económicos, ambientales y político-legales implicados. Del mismo modo, no considera el trabajo pasado, presente y proyectado por instituciones de reconocida trayectoria, como INTA, CONICET y UNPSJB, para el desarrollo de la región desde el fortalecimiento de actividades no extractivas, como las agrícolo-ganaderas o el turismo. Tampoco tiene en cuenta la cultura de los pobladores, su historia y sus expectativas.” (Resolución CS. N° 57/18).

 


(Foto: Anibal Aguaisol)

En los últimos días las diferentes y masivas expresiones de rechazo a la zonificación minera en la provincia fueron acompañadas por multitudinarias marchas protagonizadas por la población de la provincia, y declaraciones de solidaridad de parte de diferentes actores sociales y asambleas socioambientales de todo el país. Por su parte, la comunidad académica y científica fue sumando informes y pronunciamientos públicos que cuestionan la decisión de disponer de la meseta para la actividad extractiva.

Resulta paradójico que, de un lado de la cordillera, por sus probados impactos socioambientales, el principal proyecto minero sea clausurado; mientras que, de este lado, se promueva habilitar la minería en territorios donde por Ley está prohibida y la actividad no cuenta con la licencia social de la población.

En el marco de una profunda crisis sociosanitaria, socioeconómica y socioecológica, sostenemos que la salida no es con mayor extractivismo. Por el contrario, la lectura de las consecuencias de megaproyectos como Pascua Lama brinda elementos contundentes para decidir el rumbo.

* Investigadoras y docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) e integrantes del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinario sobre la Problemática Energética (GECIPE)
https://www.tiempoar.com.ar/nota/explotacion-minera-a-gran-escala-paradojas-a-ambos-lados-de-la-cordillera

Venezuela

Informe sobre la situación de derechos humanos en el Arco Minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco12

02/12/2020
oepvzla

Como parte de nuestras #AlertasOEP compartimos de manera íntegra el resumen ejecutivo del reciente informe en materia de derechos humanos en la zona del Arco Minero del Orinoco, megaproyecto extractivista del gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro. El documento fue elaborado por la fundación Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS), la agrupación Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco y colaboradores, y desde el OEP suscribimos su contenido y nos sumamos a la campaña de divulgación del mismo que busca la adherencia de la mayor cantidad de voces diversas para denunciar la grave situación de vulneración de los DDHH en esta zona de nuestro territorio en la que el gobierno ha impuesto la violenta lógica criminal de la minería.
Imagen de portada Codehciu/ Correo del Caroní

Para descargar el Informe completo, hacer click AQUÍ: https://www.ecopoliticavenezuela.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-DDHH-AMO-2020_Final.pdf

Carta de solicitud de adhesiones a la actualización del “Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Arco Minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco”

(Agosto 2019 – Agosto 2020)

RESUMEN EJECUTIVO

El presente texto constituye la actualización del informe de la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y el territorio ubicado al sur del río Orinoco, correspondiente al período comprendido entre agosto de 2019 y agosto de 2020. El mismo ha sido elaborado por el Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS) y la organización Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, y está estructurado en cuatro capítulos principales que le dan continuidad al contenido presentado en el informe de derechos humanos de 2019: 1) situación jurídica y socio-territorial de comunidades indígenas, 2) situación jurídica e impactos ambientales, 3) salud y condiciones sanitarias, y 4) contexto socioeconómico, político e institucional.

Este informe representa una sistematización y análisis de hechos y acontecimientos ocurridos en el período mencionado, y de trabajos de investigación y de escrutinio publicados en tiempos recientes. Cabe acotar que cada capítulo del informe presenta párrafos introductorios con datos e información contenida en el informe anterior (2019), con el fin de darle continuidad al informe y contextualizarlo para que se pueda percibir la evolución de las circunstancias con mayor facilidad. En la exposición de ciertos asuntos, se aborda el desarrollo de determinadas situaciones acaecidas en años anteriores y además se tratan con mayor profundidad aspectos que no fueron incluidos en el informe anterior.

En cuanto a la situación de las comunidades indígenas, se mantiene el contexto de violación del derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe de los pueblos indígenas que habitan dentro del territorio delimitado por la poligonal de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” (AMO). A pesar de que para enero de 2018 el gobierno dio por concluido el proceso de consultas a las comunidades indígenas, para la mayoría de los expertos y varias organizaciones indígenas, tal proceso no cumplió con las pautas establecidas en la legislación nacional e internacional que norma dichas consultas, lo cual se suma a las denuncias de múltiples organizaciones indígenas que han manifestado públicamente su rechazo a la implementación del proyecto minero y que no han sido incluidas en procesos de consulta conforme a lo dictado por la ley.

Por otra parte, los derechos a la participación política de estos pueblos están siendo vulnerados, pues de acuerdo a un reglamento emitido por la máxima autoridad comicial en junio de 2020, la elección de la representación indígena a la Asamblea Nacional se hará a través un voto indirecto, en dos grados y mediante votación pública a mano alzada. Esta resolución viola derechos políticos de todos los venezolanos consagrados en la Constitución, así como pactos y convenciones internacionales de derechos civiles y democráticos universales. Asimismo, la demarcación del hábitat y tierras colectivas indígenas en general está pendiente para todos los pueblos indígenas del país, en especial aquellos ubicados al sur del Orinoco. Sólo se han entregado títulos de tierras (conucos). De acuerdo a nuestra Constitución del año 1999, estas demarcaciones debieron ser realizadas en los 2 años siguientes a su promulgación. A pesar de propuestas de autodemarcación elaboradas con mucho esfuerzo por varios pueblos y organizaciones indígenas, ninguno de los pueblos asentados tradicionalmente en los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia, los cuales concentran la mayor proporción de población indígena del país, poseen títulos colectivos del territorio. Esto es particularmente relevante, pues la poligonal del AMO se superpone parcialmente a territorios indígenas autodemarcados, de al menos 6 pueblos originarios, donde están presentes 197 comunidades.

En general se ha agravado la situación de las comunidades indígenas en términos de la militarización de sus territorios, la represión y control por parte de cuerpos de seguridad del estado, la incidencia de situaciones violentas, por parte de bandas delictivas vinculadas al negocio minero, y la presencia y control del territorio cada vez más manifiesta de cuerpos armados irregulares colombianos. Muchas comunidades indígenas han tenido que irse adaptando a estas dinámicas extractivistas criminales e irregulares que se están posicionando y a los cambios en la economía totalmente afectada por las tramas e intercambios en torno al oro. Otras comunidades han terminado por desplazarse. Sin embargo, es de particular relevancia que especialmente este año han habido importantes manifestaciones de autodeterminación de grupos de comunidades de varios pueblos indígenas, donde se indica principalmente el rechazo a la minería y a los grupos delincuenciales y armados en sus territorios, a la violencia en general. A la vez manifiestan la capacidad de los pueblos indígenas para gestionar sus territorios y sus recursos de acuerdo a sus culturas y en armonía con la naturaleza.

A nivel ambiental, la actividad minera aurífera ilegal, informal e irregular, principalmente de tipo aluvial semimecanizada que implica la utilización desproporcionada de mercurio, continúa extendiéndose de forma cada vez más acelerada y descontrolada en la enorme área establecida por el Arco Minero del Orinoco y más allá de sus límites, vale decir, en innumerables áreas del territorio al sur del Orinoco de los estados Bolívar y Amazonas. Se siguen produciendo daños a los ecosistemas de la Guayana y Amazonía venezolana, afectando la base misma de la vida de forma profunda y muchas veces irreversible. Los impactos se extienden a varias sub-cuencas que hacen parte de la cuenca del río Orinoco, y el delta del mismo. La afectación y envenenamiento de los cauces y fuentes hídricas de la región, de la que dependen las poblaciones humanas, la biodiversidad y el funcionamiento ecosistémico, tiende a agravarse por la reciente imposición vía decreto -por parte del Ejecutivo- de autorizar la explotación minera en espacios fluviales de seis importantes ríos, todos afluentes del río Orinoco -excepto el Cuyuní, que tributa al Esequibo- lo cual es violatorio de la legislación nacional que protege los cuerpos de agua. La decisión de realizar y fomentar el desarrollo de minería con balsas y dragas hidráulicas en estos grandes ríos, podría conllevar a la alteración de la morfología del delta del Orinoco, la contaminación de éste y del golfo de Paria, del mar Caribe y del océano Atlántico, con implicaciones ambientales a nivel regional.

Es importante destacar que posterior a la Resolución Nº 0010, el gobierno decidió instalar las primeras balsas mineras en el espacio fluvial del río Caura designado para tal fin. La cuenca del Caura es muy emblemática debido a su enorme belleza y por ser una cuenca totalmente prístina hasta hace 15 años atrás. Esto ha traído un aumento de la conflictividad social entre autoridades del gobierno y pobladores criollos e indígenas de la zona que se oponen a la destrucción de sus fuentes de agua y medios de subsistencia, a lo que se ha sumado, en tiempos muy recientes, la presencia de la guerrilla que está tomando control del territorio. Se reproduce el mismo patrón que se ha observado desde que se promulgó el AMO: fomento de la expansión minera exacerbada, devastación eco-ambiental, conflictos socioambientales con incremento de la criminalidad, irregularidad e impunidad, problemas de control territorial e inclusive de soberanía, entre otros.

En cuanto a la situación de salud y las condiciones sanitarias, en la región al sur del Orinoco continúa la epidemia de malaria como consecuencia del auge minero, enfermedad que se expande a otras regiones del país y hacia países vecinos por la movilidad de las personas que se dedican a esa actividad. A pesar de que el país ha recibido ayuda internacional para paliar la enfermedad, el poco control de la malaria y el respaldo de la expansión minera por parte del gobierno venezolano, ponen en riesgo el control epidemiológico en la región latinoamericana. Otro problema sanitario que persiste por la minería es la contaminación de las aguas por mercurio, acarreando graves consecuencias en la salud de las poblaciones indígenas y locales que viven en las riberas de los ríos, motivo por el cual, en el último año, varias comunidades han denunciado las precarias condiciones en las que viven como consecuencia del auge de la minería y por las distintas enfermedades que han contraído, que en no pocos casos han provocado la muerte de menores y mujeres por desnutrición.

A toda esta situación se suma ahora la pandemia de COVID-19 que pone en mayor riesgo a la población al sur del Orinoco, especialmente en un país como Venezuela que se encuentra padeciendo una Emergencia Humanitaria Compleja, y donde la carencia de insumos, la deteriorada edificación de los ambulatorios y centros hospitalarios y el escaso personal sanitario, es una realidad cada vez más extendida. La criminalidad y la violencia impera en la región, con nuevos casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Se reportan nuevas masacres, algunas en lugares en los que no habían ocurrido anteriormente, y se visibiliza un crecimiento considerable de las ejecuciones extrajudiciales. Estas últimas pasaron a ser la forma de violencia más común, al representar la mayor cantidad de muertes por armas de fuego registradas desde 2019. En menos de dos años se han registrado más de 340 ejecuciones extrajudiciales o muertes potencialmente ilícitas en el estado Bolívar. Un dato importante es que las fuerzas de seguridad del estado, principalmente el Ejército, DGCIM y FAES, están involucradas directamente en la mayoría de las modalidades violatorias de derechos humanos.

Testimonios de sobrevivientes, pobladores y familiares de víctimas son denunciados públicamente, a pesar del clima de terror, hostigamiento y zozobra que padecen a diario. Muchos de estos testigos y/o familiares prefieren mantener su identidad oculta; sin embargo, otros sí se arriesgan a romper el silencio impuesto en los municipios del sur. Sus relatos reflejan no solo cruentos actos de violencia, sino un entorno en el que predomina la impunidad en un contexto donde la institucionalidad estatal ha sido destruida y se caracteriza por su incapacidad, indolencia y desidia.

La extracción minera y la comercialización de minerales se ha propagado y ha menoscabado abruptamente actividades económicas tradicionales de Guayana, instalando nuevas formas de economías ilegales e inhumanas alrededor de las zonas mineras. La trata de personas, el secuestro y la explotación son de los negocios más comunes, en los que las poblaciones femeninas viven de forma diferenciada y acentuada la violencia en la región. Un modelo económico transversalizado por la violencia, criminalidad, ilegalidad y corrupción, que resultó tanto en la quiebra de las empresas nacionales y de la infraestructura industrial, así como en la informalidad administrativa de todas las rutas de comercialización de minerales en el país y a nivel internacional. Instituciones nacionales públicas y privadas vinculadas directamente al mercado aurífero, como el Banco Central de Venezuela o empresas mineras respectivamente, se manejan con total opacidad y sin mecanismos de contraloría. Por otro lado, se han reportado varios casos de corrupción e irregularidad con cargamentos de oro provenientes de Venezuela.

Las poblaciones del sur del país se mantienen indefensas y muy vulnerables ante la expansión minera, en particular las comunidades indígenas y rurales, debido a la presión de vivir acosadas tanto por la presencia de grupos armados irregulares como por el estado de militarización de numerosos territorios, lo que incluye hasta la suspensión de derechos civiles. Sus condiciones de vida se han visto sumamente afectadas por la degradación acelerada del entorno natural que tradicionalmente les prodigaba alimentos, acceso a agua limpia y opciones de trabajo. Adicionalmente, en la región se suma el problema de la escasez de combustible que dificulta la movilidad cotidiana de sus habitantes, el abastecimiento de insumos y alimentos procesados, e impide el traslado a los servicios sanitarios ubicados en los centros urbanos.
Para acceder al informe de DDHH de 2019 haga click aquí: https://www.ecopoliticavenezuela.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-DDHH-AMO-2020_Final.pdf

Carta de solicitud de adhesiones a la actualización del “Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Arco Minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco”: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdljnQTfQCEKISq5jspGlw53e_pAh9MrbhHDMIQUYxdzrx5YQ/viewform

 

Informe sobre la situación de derechos humanos en el Arco Minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco

Argentina

Trelew: declarado municipio libre de megaminería por unanimidad

16/12/2020
El Concejo Deliberante de la principal ciudad del Valle Inferior del Río Chubut rechazó este martes la megaminería metalífera, la prohibió en su ejido y derogó una declaración de interés municipal para la radicación de empresas de servicios mineros que estaba vigente desde 2012.

El proyecto había sido presentado por el Partido Municipal por Trelew en el Concejo Deliberante el 5 de febrero de este año. Fue defendido por la concejala Mariela Flores Torres y aprobado por unanimidad, con la excepción del concejal de Juntos por el Cambio que se ausentó en el momento de la votación tras adelantar su abstención. Desde el PMxTW declararon que la aprobación del proyecto se debe a “por sobre todas las cosas, el pueblo de Trelew en la calle. El grito en cada barrio, en cada calle NO ES NO”.

En la misma jornada, el Concejo deliberante de Gaiman, también en el VIRCH, aprobó una declaración en rechazo en todos sus términos al proyecto de zonificación minera enviado por el gobernador Mariano Arcioni a la legislatura provincial. También solicitan el retiro del proyecto y se adhiere a las actividades que en Gaiman se impulsan para defender el agua. Dos semanas atrás, el Concejo Deliberante de 28 de Julio también había rechazado la zonificación minera por unanimidad.
Foto: Aníbal Aguaisol – Luan – Colectiva de acción fotográfica

Trelew: declarado municipio libre de megaminería por unanimidad

Perú

Perú designa su árbitro para afrontar demanda de Lupaka Gold

16/12/2020
Imagen referencial
La minera canadiense Lupaka Gold emitió una actualización sobre el progreso de su demanda de arbitraje internacional contra Perú, en la que exige una compensación económica de más de USD 100 millones.

La compañía dijo que Perú ha designado a su árbitro para el proceso de arbitraje, teniendo en cuenta que cada parte del arbitraje selecciona un árbitro. La compañía seleccionó a su representante previamente.

El tercer árbitro (que será el Presidente del Tribunal Arbitral) se determinará mediante un proceso de presentación y selección de candidatos acordado por todas las partes e involucrando a ambas partes y al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

En el comunicado de Lupaka Gold, se resume los pasos que se han completado en el proceso: el 21 de octubre, la compañía presentó su solicitud formal de arbitraje y seleccionó a su árbitro para el arbitraje; el 27 de octubre, el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú reconoció la interposición del arbitraje y reconfirmó a su asesor legal designado; el 30 de octubre, el CIADI entregó la Notificación de Registro y la asignación del número de caso; y el 2 de diciembre, Perú confirmó el nombramiento de su árbitro.

A pesar de los recientes disturbios políticos, el proceso de arbitraje continúa avanzando.

En su solicitud de arbitraje ante el CIADI, Lupaka Gold alude incumplimientos por parte del Estado peruano y exige una compensación económica de más de USD 100 millones. De acuerdo con la minera, se vulneró el artículo 36 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (“Convenio CIADI”) y el Artículo 824 del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República de Perú.

El origen de la demanda contra el Estado peruano se debe a la falta de apoyo de la policía peruana, fiscales y funcionarios del gobierno central para eliminar el bloqueo ilegal y restaurar los derechos que exigía la minera Lupaka en el proyecto que llevaba adelante.

Los enfrentamientos iniciaron en setiembre del 2018, cuando Invicta Mining Corp. (IMC) había desarrollado aproximadamente 3,000 metros de trabajos subterráneos, luego de los acuerdos con las comunidades que poseen las tierras superficiales dentro del área del proyecto, completó una carretera de acceso de 29 kilómetros y las pruebas metalúrgicas.

Así, en setiembre del 2018, IMC solicitó que se realizara la inspección final de las obras terminadas para permitir el inicio de la explotación.

A mediados de octubre de 2018, justo antes de que se llevara a cabo la inspección final, un grupo de pobladores de la Comunidad de Parán atacaron el proyecto, incluidas sus oficinas ubicadas en el campamento, y establecieron un bloqueo que impidió el acceso a la mina y al campamento.

El bloqueo se realizó en la carretera construida por la empresa minera y en la propiedad registrada de la Comunidad de Lacsanga.

Tras los incidentes, tanto la Comunidad de Lacsanga como IMC solicitaron que las autoridades ayuden a eliminar el bloqueo y restablecer el acceso a la mina. Esta asistencia no fue proporcionada.
Impacto

El financiamiento para el desarrollo de la mina por parte de IMC se financió con un préstamo, que se pagaría con el flujo de caja de la generación del proyecto.

“No pudo hacerse el pago debido al bloqueo ilegal. Diez meses después, en agosto del 2019, y sin ningún progreso aparente en el conflicto, el prestamista ejecutó el préstamo y Lupaka perdió toda su inversión”, sostiene.

En virtud a ello, la empresa afirma que la pérdida de IMC y la mina por parte de Lupaka fue consecuencia de los actos y omisiones de Perú. Por lo tanto, Lupaka inició el procedimiento de arbitraje.
Fuente: Gestión

Perú designa su árbitro para afrontar demanda de Lupaka Gold

Argentina

Jachalleros denuncian que llevan años sin agua

16/12/2020
Los vecinos del barrio Malvinas Argentinas cortaron una transitada calle del departamento y quemaron gomas, para que las autoridades les den una solución a este problema de larga data. Jáchal lucha por su agua que se les niega y que está siendo agotada y contaminada por mina Veladero de Barrick Gold. El 80% de los vecinos compra el agua para consumo.

Fuente: Canal 13 San Juan

Desde las primeras horas de este miércoles 16 de diciembre se llevó a cabo un ruidoso reclamo en el departamento Jáchal. El mismo fue protagonizado por vecinos del Malvinas Argentinas, que aseguran estar cansados de no tener agua hace meses o incluso años en algunas ocasiones. Los afectados esperan por una solución definitiva y no temporal por parte de OSSE.

El corte se dio en el cruce de calle Patricio López del Campo y la arteria que llega hasta Villa Mercedes. En este lugar los vecinos quemaron gomas y a puro cacerolazo entonaron un fuerte reclamo, pidiendo por un recurso tan indispensable como es el agua. Algunos de los afectados contaron que incluso tienen que comprar agua para poder darle a sus hijos y adultos mayores.

Una de las vecinas aseguró que cada semana debe poner de su bolsillo 1.000 pesos, para poder abastecer a su familia. Sumado a esto se mencionó que de igual manera siguen pagando la boleta del agua, por más que hace mucho tiempo que no cuentan con este servicio. Video con declaraciones de los vecinos aquí

Si bien el problema no es parejo porque algunos mencionaron que hace incluso cuatro años que no disponen de este suministro, todos coincidieron en que hace dos meses que no sale ni una sola gota de las griferías. “Hace dos meses que no nos podemos dar una ducha como la gente”, manifestaron.

“Ya estamos cansados de este problema. Nos dijeron que iban a solucionarlo la semana pasada y no sucedió. Tomamos la decisión con todos los vecinos de manifestarnos de esta manera, porque ya hemos hecho muchos reclamos y no nos escuchan ni nos tienen en cuenta. Creemos que esta es la única forma de que nos den alguna solución”, expresó una jachallera frente a la cámara de Canal 13.

Jachalleros denuncian que llevan años sin agua

Argentina

El reclamo de Chubut llegó a Casa Rosada

16/12/2020
Este lunes 14 de Diciembre fue ingresada en Casa de Gobierno una nota enviada desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO a la Mina, como parte de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut -UACCh. De la mano de Pablo Pimentel, integrante histórico de la conducción de APDH La Matanza, los vecinos pudieron hacer llegar al Presidente de la Nación, Alberto Fernández. su reclamo de cese de hostigamiento minero, un hostigamiento que lleva ya 18 años.
Fuente: noalamina.org

Los vecinos de Esquel pudieron hacer llegar su rechazo a la megaminería directamente al presidente.

Si bien se preveía la entrega en mano durante el acto de inauguración de la Casa de los Nobel Latinoamericanos el jueves pasado, 10 de Diciembre, las restricciones de contactos definidas pocos días antes para el presidente, llevaron a que nuestro amigo la llevara personalmente a la casa de gobierno el lunes.

En la carta, luego de ofrecer una breve reseña de los principales motivos que nos llevan a rechazar la minería metalífera a cielo abierto, o megaminería, se destaca la inmensa labor de cientos de vecinas y vecinos en toda la provincia este año para recolectar firmas, y presentar la segunda Iniciativa Popular en menos de cuatro meses y con más del doble de las firmas indicadas por la normativa.

Por otra parte, se señala la nula capacidad del gobierno provincial de registrar la voz de la población, así como su respuesta represiva tanto en la acción concreta como en la generación de un nuevo protocolo de uso de armas de fuego para la Policía de Chubut.

Los vecinos también hacen mención, en el inicio, del encuentro que lograron el año pasado con el entonces candidato a la presidencia, en el cual pudieron entregarle un ejemplar del manual sobre megaminería elaborado desde las asambleas de Chubut.

Por último, se solicita al presidente que instruya a su secretario Hensel y a su ministro Cabandié a que respeten la voluntad de la población y cesen sus actividades y declaraciones de impulso a la explotación megaminera en Chubut.

El apoyo de referentes y organismos de Derechos Humanos en solidaridad con poblaciones en defensa de su ambiente viene creciendo -si bien es evidentemente anterior- en forma constante desde hace ocho años, en ocasión de la aparición de listas negras en La Rioja a fines de 2011, justamente en el contexto del alerta generalizado ante los debates en el congreso por la ley antiterrorista. La presencia y las voces de Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel no se hicieron esperar, al igual que la de otros referentes y organismos que también alzaron su voz en el marco de las luchas contra el extractivismo, y no ha cesado de crecer desde entonces, con un momento destacado en la impactante intervención de SERPAJ -Diálogo 2000 y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos a fines de 2019 ante la fuerte embestida minera en Mendoza y Chubut.

A continuación, el texto de la carta al presidente Alberto Fernández

Esquel, 10 de Diciembre de 2020
Sr. Presidente de la Nación
Dr. Alberto Fernández
De nuestra consideración:

Desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO a la Mina,
tomamos contacto con Ud. por segunda vez. La anterior fue en 2019 cuando pusimos en
sus manos el Manual sobre Megaminería. Agradecemos esta vez a nuestro compañero
Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, el acercarle la presente.
Es motivo de la misma solicitarle el cese del impulso de su gobierno a la
habilitación de dicha actividad extractiva en nuestra provincia.

Parece conveniente recordar algunos impactos de la megaminería:
– consumo de ingentes volúmenes de agua, secado de zonas circundantes,
contaminación inevitable, por drenajes ácidos de mina y por filtraciones de
los residuos masivos resultantes, ya sea desde diques de cola o
escombreras;

– atropello a las comunidades afectadas (violando el acuerdo de Escazú), y
especialmente a las comunidades originarias pobladoras de nuestra Meseta
(violando el Convenio 169 de la OIT que establece la consulta previa, libre
e informada);

– corrupción de las instituciones estatales por el poder de las corporaciones
mineras, ya verificada en todas las localidades de la provincia;

– afecciones a la salud en poblaciones cercanas a los proyectos, falseando las
estadísticas provinciales de Catamarca, San juan y Santa Cruz, a través de
derivaciones de pacientes a otras provincias;

– deterioro social, económico y cultural de las comunidades afectadas,
verificado en las provincias mencionadas: promesas de empleo y desarrollo
incumplidas, alza abrupta de precios en general y de la tierra en particular,
aumento de redes de trata y prostitución;

– destrucción de miles de puestos de trabajo de actividades verdaderamente
sustentables, a través de la contaminación de suelos y aguas;

– carácter de saqueo al patrimonio nacional y provinciales, en base a
escandalosas ventajas económicas y exenciones tributarias establecidas en
el Código de Minería y otras normativas a partir de los años ’90 a favor de
las corporaciones transnacionales.

Como integrantes de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut
hemos presentado este año un nuevo proyecto de ley por Iniciativa Popular para
limitar los alcances de la actividad, acompañado de 30.916 firmas, más del doble de las
necesarias, superando las dificultades propias del contexto de pandemia. Hoy en estado
parlamentario, guardamos la expectativa de un pronto tratamiento y aprobación.

En contraposición, el gobernador Arcioni ha presentado un proyecto de
Zonificación (habilitación) minera, elaborado junto al secretario de minería Alberto
Hensel a espaldas de la población, generando una más que previsible ola de
movilizaciones y rechazos en todo el territorio, obligándonos a salir a defender el agua,
el territorio y el futuro de nuestros hijos, en un contexto de riesgo marcado por la
pandemia. Como respuesta se produjeron atropellos policiales, detenciones indebidas y
un nuevo y preocupante protocolo de uso de armas de fuego para la policía provincial.
Consideramos que semejante violencia institucional, política y económica
debe terminar. Y veríamos con agrado que el gobierno nacional que Ud. preside no
sume respaldo ni su silencio ante las mismas.

Entendemos además que la aguda asfixia económica que sufre nuestra
provincia ya por tres años – retraso de dos y tres meses de sueldos y de pago a
proveedores, con la consecuente disminución de la actividad económica general-,
sumada a la crisis nacional desatada en los últimos años, son parte del escenario
creado adrede a fin de presentar la megaminería como una supuesta solución. Una
práctica de gobierno que, tristemente, no ha distinguido colores políticos.

La población de Chubut ya ha decidido que no acepta el modelo minero -ni sus
engaños, estafas, destrucción y contaminación-, y llevamos 18 años de un arduo trabajo
de análisis, debates, recopilación y difusión de conocimientos así como de asambleas,
marchas, encuentros de productores, entre muchas otras acciones ciudadanas junto a
las dos iniciativas populares presentadas, todos ellos instrumentos propios del Estado
de Derecho y la vida en Democracia.

No podemos aceptar que desde el Estado se siga desoyendo el clamor clarísimo
de la población en rechazo a la megaminería. Y mucho menos que se apliquen métodos
de represión y criminalización, violentando una y otra vez a un pueblo ya tan vulnerado.
Consideramos que el poder político debe representar efectivamente la
voluntad popular, y no los intereses de las corporaciones que implican saqueo y
destrucción.

Por todo lo expuesto, solicitamos a Ud. que instruya al secretario Alberto Hensel
y el ministro Juan Cabandié se abstengan de continuar impulsando la
habilitación de la minería metalífera a gran escala en el territorio de nuestra
provincia y respeten la voluntad popular.

Debemos comunicarle que el actual proyecto oficial elaborado por el secretario
Hensel y el gobernador Arcioni ha recibido un rechazo contundente en más de 40
declaraciones de asociaciones de científicos e investigadores, docentes universitarios de
diversas casas de estudio, de congregaciones cristianas y de los obispos católicos,
profesionales de distintas actividades e incluso la denuncia por parte de un investigador
del Conicet sobre la tergiversación de un estudio sobre índices de calidad de vida, entre
cuyas conclusiones se señala a la minería como un factor negativo para la calidad de
vida de las poblaciones, incluso en el aspecto económico.

Sabemos también que el proyecto de Arcioni-Hensel es sólo el disparador de la
habilitación de explotaciones en todo el territorio provincial, cuyos yacimientos se siguen ofreciendo en encuentros internacionales de minería, incluyendo el ubicado en

cercanías de nuestra ciudad, desconociendo nuestro Plebiscito de 2003.
Es conveniente señalar que los supuestos “controles participativos”, “controles
comunitarios”, o las prácticas de “minería sustentable y sostenible” -a los que ha hecho
mención recientemente el ministro Cabandié, como otros funcionarios en estos años- son propuestas irreales, slogans de propaganda minera, desmentidos con claridad en las
experiencias de Jáchal, San Rafael, San Antonio Oeste y otras poblaciones que sufren la
acción actual o pasada de corporaciones extractivas en las provincias ya mencionadas,
y de las cuales existe ya abundante documentación.

Por lo tanto, debe quedar claro que no estamos solicitando reuniones ni
participación en ninguna clase de instancia de aval propios de procesos de validación
con las que desde las entidades internacionales se busca dar una imagen de aceptación
de la actividad.

En cambio, invitamos a Ud. y a sus funcionarios a actualizar sus bases de
información respecto a matrices productivas verdaderamente sustentables, a consultar
la abundante bibliografía que trata los impactos de la minería a gran escala, y también
a evitar la imposición de decisiones a las provincias desde una mirada centralista,
incompatible con el carácter federal de nuestra Constitución, y cortoplacista,
desconocedora del contexto de cambio climático mundial y de los perjuicios ambientales ya verificables y en aumento para las jóvenes generaciones actuales y futuras.

Sin más, y en el deseo de ver atendidas nuestras solicitudes, saludamos a Ud.

Atte.

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO a la Mina
– Integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut –

El reclamo de Chubut llegó a Casa Rosada

Argentina

EL AGUA EMPIEZA A COTIZAR EN BOLSA

08/12/2020
Ayer se marcó un precedente histórico. El agua, la base de la vida en la Tierra, comenzó, el lunes 07 de diciembre, a cotizar en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street debido a la escasez de este bien. Su precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo.
Fuente: El Economista.es
El agua se unió al oro, el petróleo y otras materias primas que se negocian en Wall Street, lo que destaca las preocupaciones de que el recurso natural que sustenta la vida pueda escasear en una mayor parte del mundo.

El índice Nasdaq Veles California Water Index, con el “ticker” Nqh2o, se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California que ayer cotizaba a unos 486,53 dólares por acre-pie, una medida de volumen utilizada normalmente en Estados Unidos equivalente a 1.233 metros cúbicos.

El precio del agua en California se ha duplicado en el último año según este indicador y con la mayor escasez de este bien, junto al aire clave para la vida, la llegada al mercado de materias primas permitirá según los expertos una mejor gestión del riesgo futuro vinculado a este bien.

Según CME Group, los nuevos contratos permitirán una mejor gestión del riesgo asociado a la escasez del agua y realizar una mejor correlación entre oferta y demanda en los mercados por lo que estiman que agricultores, fondos o municipios podrán protegerse o especular ante los cambios en el precio del agua.

Aunque el índice está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California, este valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados del agua.

Estos contratos de futuros no requieren entrega física de agua y son puramente financieros, basados en el precio semanal promediado entre las cinco principales cuencas de California hasta 2022.

El nuevo índice permitirá no tener que recurrir a una estimación “a ojo” del precio futuro del agua, sino a cuáles son las expectativas de los principales actores de este mercado.

La escasez de agua

Aunque el índice está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California, donde la escasez del agua ha aumentado, este valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados del agua.

Estos contratos de futuros no requieren entrega física de agua y son puramente financieros, basados en el precio semanal promediado entre las cinco principales cuencas de California hasta 2022.

El nuevo índice permitirá no tener que recurrir a una estimación “a ojo” del precio futuro del agua, sino a cuáles son las expectativas de los principales actores de este mercado.

China y Estados Unidos son los principales consumidores del mundo de agua y, según Naciones Unidas, 2.000 millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua, mientras que en los próximos años dos tercios del planeta podrían experimentar escasez de agua y millones de personas verses desplazadas.

La explotación excesiva de este recursos por el sector primario, la industria y el consumo humano, así como el cambio climático, han llevado a que este recurso sea cada vez más escaso.

El agua empieza a cotizar en bolsa

Argentina

MINERÍA Y DESAPARECIDOS EN CHUBUT

15/12/2020
Minería y desaparecidos en Chubut
Reimundo y Narciso Pino desaparecen con 9 años de diferencia en la meseta norte chubutense, territorio codiciado por las mineras. Dos desaparecidos en una misma familia, en un paraje que no tiene más de 900 habitantes, es una tasa que estremece a cualquiera que se tome en serio la democracia.

El destino del 16% del espacio territorial de Chubut se juega en dos proyectos de leyes provinciales que pueden definirse la semana entrante, con cientos de vecinxs reclamando en calles y rutas desde hace dos meses.

El gobierno provincial impulsa una ley de minería metalífera que abre al mercado todo el suelo y subsuelo de los departamentos Telsen y Gastre, centro norte de la provincia, a la medida del desarrollo del proyecto de plata Navidad en manos de Pan American Silver, cuyas reservas superan sumadas las de los mayores yacimientos de plata del país. El proyecto no alcanzó los votos necesarios en la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura esta última semana, por lo que su tratamiento pasó para el miércoles 9, previo a la última sesión ordinaria de este período.

A la vez, dos legisladores plantearon que debe tratarse al mismo tiempo el proyecto de Iniciativa Popular (IP) que envió el Tribunal Electoral a partir de la presentación de 30.916 firmas reunidas por la Unión de Asambleas Ciudadanas, aproximadamente el 7% del padrón electoral de las últimas elecciones presidenciales. Esta iniciativa busca prohibir la minería contaminante a cielo abierto y subterránea, así como la nuclear, creando instancias de consulta obligatoria a la ciudadanía.

Los departamentos Gastre y Telsen apenas alcanzan los 3.000 habitantes de acuerdo a la información oficial de población estimada según departamento con las proyecciones desde el último Censo Nacional. La gran mayoría es gente del pueblo mapuche-tehuelche; muchos dispersos, otros organizados en comunidades. La familia Cual cedió parte de su territorio tradicional para una escuela pública, en cuyo entorno tomó forma Gan Gan. Muy cerca hace once años se conformó la comunidad Los Pino, con Hortencia Huiche como lonka, kuse (anciana sabia) que nutre la resistencia a la megaminería. Con Ñuke Mapu del paraje El Escorial y Chacay Oeste-Laguna Fría reclamaron formalmente la aplicación de la consulta libre, previa y debidamente informada prevista por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Pueblo Indígenas antes de avanzar en el proyecto de zonificación que afecta directamente sus territorios. La comunidad Blancuntre-Yalalaubat, entre otras, no alcanzó a acercarse a firmar las presentaciones hechas ante la Legislatura y el Ejecutivo, aunque comparte el reclamo, precisó Angel Callupil, integrante de Equipo Nacional de Pastoral Aborigen que acompaña al pueblo mapuche-tehuelche desde hace treinta años.

Glenda Pino tiene 20 años, una hijita de cuatro. Busca a su padre desaparecido desde hace más de un mes. Dejó hecho pan casero y su ropa lavada, contó Glenda, quien fue al lugar con su hermano Nicolás (26 años). El patrón avisó de la ausencia de Narciso. “Sin comida ni ropa de abrigo no puede haber ido muy lejos. Nada se encontró, nada. Queremos encontrarlo como sea que esté”, por lo que reclama que el Poder Judicial mantenga la búsqueda. Algunos casos de Covid-19 positivo en la zona entorpecieron los rastrillajes.

El dueño del establecimiento rural lo llevó en camioneta al lugar el martes 3 de noviembre, donde quedó solo para hacer un alambrado, a unos 40 kilómetros al norte de Gan Gan. El jueves le avisaron a Glenda que su padre no aparecía. “Andaba bien, tiene problemas con el alcohol pero dentro de todo andaba bien. Es muy querido. Tiene su casa en el pueblo. Nunca antes se había ausentado”. La madre y un hermano de Glenda dejaron el campo en Chacay para dedicarse a la búsqueda. Interviene una fiscalía que no se trasladó al lugar en todo este tiempo.

Doña Hortencia tiene 85 años y once hijos. Reymundo, quien desapareció en 2011, firmó el acta de conformación de la comunidad Los Pino en 2009. Este hijo desapareció del establecimiento El Portezuelo días después que la ceniza de la erupción del volcán Puyehue (Chile) lo cubriera todo. Nacido y criado en el territorio tradicional, cuesta creer que no supiera qué hacer ante la pluma de ceniza, relató Callupil mientras se escuchaban de fondo los bombos de la concentración ante la Legislatura.

“En más de nueve años no hay una sola respuesta de la Fiscalía y muy poco en el expediente. La versión que existe es la del dueño del establecimiento –que no avisó de la desaparición– y la del puestero, en cuya ruka alojaba a Reymundo y fue el último en verlo con vida. Llegó el 4 y desapareció el 9 de julio. La gente del lugar nunca encontró ningún indicio, ni siquiera el vuelo de un chimango (señal típica de restos orgánicos)”, agregó.

La madre reclamó ante el ex gobernador Mario Das Neves primero, después al ex gobernador Martín Bussi, al Procurador General, a legisladores. Ese silencio estatal es una sombra que se reavivó con Narciso. Estos primos son personas muy queridas y valoradas por sus destrezas en los trabajos de campo (de las trampas para zorro a pelar ojos). El helicóptero sobrevoló un solo día en esta oportunidad, desigual disponibilidad de recursos públicos respecto a la denuncia de cualquier estanciero temeroso de la integridad de la propiedad privada.

El Estado de Chubut tiene cuentas pendientes. La desaparición de Narciso Pino (55 años) ocurrida el 3 de noviembre pasado del establecimiento rural cercano al paraje Gan Gan donde acababa de llegar para una changa. También la de Reimundo Pino (43 años) ocurrida a unos 40 kilómetros al sur, en otro campo privado, la madrugada del 9 de julio de 2011 . Reimundo salió de la ruka donde se alojaba y nunca más fue visto. Dos desaparecidos en una misma familia, en un paraje que no tiene más de 900 habitantes, es una tasa que estremece a cualquiera que se tome en serio la democracia.

Cartografía de Javier Grosso, geógrafo investigador de la Universidad Nacional del Comahue
Síntesis de notas de Susana Lara para El cohete a la luna

Minería y desaparecidos en Chubut

Chile

Presupuesto de exploración minera en Chile baja 30%

14/12/2020
Foto: Codelco
En el “Catastro de empresas exploradoras 2020” se identificó un total de 101 compañías con proyectos de exploración en Chile. Aunque la cantidad es similar en los períodos previos, una de las diferencias que arroja la última versión de este documento es el número de proyectos activos, que durante este año representó un 45%, superior al 36% en 2019.

En el estudio desarrollado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) se detalla que un 45% de los 234 proyectos asociados a estas compañías reportó actividades durante el año, mientras que el 31% de estos se encuentran paralizados y un 24% fueron desistidos por las empresas.

El vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, puntualiza que, “si en 2018 destacó el número de proyectos desistidos, por sobre el leve aumento en los activos, esta condición se acentuó en 2019. En cambio, en este año predominan los proyectos activos”. Pero deja en claro: “Este presupuesto de exploración no alcanza aún a reflejar el efecto completo de la pandemia, lo cual se vería el próximo año”.

Durante este año, el presupuesto en exploración minera en Chile alcanzó los USD 458 millones, cifra inferior en USD 196 millones a la registrada en el período anterior, lo que representa una disminución del 30%. Si se analiza desde 2012, esta caída es la más relevante desde 2016, cuando el presupuesto de exploración nacional cayó 28%.

Este retroceso es consistente con la tendencia internacional, no obstante la resiliencia que ha mostrado el sector. El presupuesto para la exploración minera a nivel global llegó a USD 8.328 millones, siendo un 10% menor al registrado el año pasado (USD 9.285 millones), lo que es atribuible -según la Comisión- al contexto de la pandemia y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Según explica Riveros, al comparar con el pasado, se puede observar ciertas similitudes respecto a lo acontecido posterior a la crisis subprime, cuando en 2009 el presupuesto de exploración en Chile cae 31% y el mundial un 42%.

No obstante, “la caída de ahora se explica por una multiplicidad de factores, entre ellos el efecto de la pandemia, que se notará más en los presupuestos 2021, un mercado de commodities aún afectado, compañías que han avanzado en estudios de ingeniería de algunos proyectos que hace un par de años estaban aún en exploración”.

Otra razón para la baja en Chile, agrega Riveros, “puede estar relacionada al hecho que las compañías privilegiaron la continuidad operacional, con lo que se postergaron actividades como la exploración”.

Pese a lo anterior, Chile se mantuvo entre las naciones más importantes, conservando el cuarto lugar en el mundo, con una participación porcentual de 5% este año. “Si comparamos con otros países, se tiene que en China cayó 20,4%, Brasil disminuyó 20,3%, en México -18,7%, en Ecuador -11,6% y Perú -11,2%”, detalla Riveros.

Cochilco enfatiza que aún no es posible dimensionar en qué magnitud la crisis sanitaria afectó la exploración en el país.

“En Chile se espera que el impacto sea menor debido a que la industria ha respondido bien, se ha mantenido operativa y sin mayores contratiempos. De todas formas, en los próximos meses será posible visualizar algún impacto, considerando que los meses de mayor actividad exploratoria son entre noviembre y enero, por temas de mejores condiciones meteorológicas en altura”, reconoce.

Sobre la exploración en los próximos años, se prevé que a partir de 2022 se verá una mayor actividad, ya que el próximo año aún se notarán los efectos de la pandemia, con presupuestos estables o una baja marginal.

“La atención se centrará en Perú, Ecuador o Brasil, países donde el impacto de la pandemia ha sido aún mayor que en Chile”, asegura.
Fuente: Diario Financiero

Presupuesto de exploración minera en Chile baja 30%

Brasil

Brasileña Samarco reanuda operaciones 5 años después de desastre minero

15/12/2020
Foto: Vale
El productor brasileño Samarco Mineração reinició sus operaciones el viernes (11 de diciembre), cinco años después de que el colapso de un depósito de relaves en el municipio de Mariana, en el estado de Minas Gerais, provocara la peor tragedia ambiental de Brasil.

El anuncio de la reanudación lo realizó el alcalde de Mariana, Duarte Junior, a través de Facebook. La empresa puso en funcionamiento una de sus tres concentradoras y la nueva planta de filtración de relaves, que permitirá apilar en seco el 80% del total de relaves.

En noviembre de 2015, el depósito de relaves Fundão, propiedad de Samarco (controlada por Vale y BHP) colapsó y una avalancha de lodo y desechos mineros destruyó las aldeas de Bento Rodríguez y Paracatu de Baixo. El incidente dejó 19 fallecidos y numerosas personas sin hogar, además de contaminar ríos de la cuenca Rio Doce.

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“No habrá ceremonia ni evento que recuerde la tragedia, por respeto a las reglas [de distanciamiento social por la pandemia] y también a todos los familiares y víctimas del colapso de la presa”, señaló el alcalde.

“Nuestra economía ha ido mejorando lo más posible, pero reconozco la importancia de la minera en la generación de empleo en este momento, y estoy seguro que este retorno [a las operaciones] será positivo para miles de familias y, en consecuencia, para toda la ciudad”, declaró.

Samarco, que tiene todas las licencias ambientales necesarias para reanudar las operaciones, manifestó que la reanudación de las actividades será paulatina, y la planta de peletización en Ubu, estado de Espírito Santo, iniciará la producción en los próximos 15 días.

La compañía dijo anteriormente que planea reiniciar con una producción anual de hasta 8 millones de toneladas (Mt), que se incrementará gradualmente a 24Mt/a en 10 años.

Cabe destacar que en 2015, año de la tragedia, la empresa produjo 25 millones de toneladas de mineral de hierro.

Samarco dijo que ha desarrollado un nuevo sistema de seguridad, que incluye un centro de monitoreo e inspección. La empresa también realiza pruebas para reutilizar los residuos de relaves en la construcción. Ya se han pavimentado cuatro kilómetros de carreteras en la región de Mariana con material reutilizado.

“Hemos vivido el aprendizaje durante los últimos cinco años”, dijo el director general de Samarco, Rodrigo Vilela.
Fuente: BNamericas

Brasileña Samarco reanuda operaciones 5 años después de desastre minero