Argentina

LA PAMPA RECHAZA LA MINERÍA EN MENDOZA

NOALAMINA
20/08/2020, La Pampa
La Pampa rechaza la minería en Mendoza
RECHAZO DE LA PAMPA A PROYECTOS MINEROS EN MENDOZA
El secretario de Recursos Hídricos de la provincia La Pampa, Néstor Lastiri, afirmó: “En tanto y en cuanto afecten al río decimos que no aceptaremos la afectación de la calidad del agua” al ser consultado sobre los proyectos mineros “Hierro Indio” y “Cerro Amarillo” en la provincia de Mendoza.

Ambas iniciativas están en jurisdicción de la ciudad de Malargüe. “Hierro Indio”, dedicado a la extracción de hierro. El otro es “Cerro Amarillo” una mina de cobre que estuvo en etapa exploratoria.

El rechazo lo hemos planteado varias veces de diciembre de 2017 hasta ahora en el marco de la CIAI (Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior).

“En el próximo organismo de cuenca que se tiene que crear tras el fallo de la Corte Suprema que obliga a garantizar un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo, también lo vamos a plantear”, adelantó Lastiri.

“Nos oponemos tanto al proyecto minero como a la extracción de petróleo si se afecta la calidad del agua del río”, resaltó.

Esta semana se conoció que el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, tiene la intención de avanzar con un proyecto de ley para que en su departamento se permita desarrollar la minería metalífera.

El mecanismo que planteará el departamento sureño para reabrir el debate -prácticamente clausurado en Mendoza desde hace ocho meses, cuando fracasó estrepitosamente el intento del gobernador Rodolfo Suarez para modificar la Ley 7722- será precisamente pedir una excepción a esta norma.

“Vamos a generar la iniciativa y las consultas necesarias para poder modificarlo, pero básicamente siempre vamos a hablar de cuidar la cuenca del río Atuel para que los vecinos de General Alvear y San Rafael no tengan miedo y así nos dejen hacer minería”, declaró el intendente.

Además, insistió en que “hoy la historia nos ha demostrado que siempre vamos un paso detrás. Malargüe no quiere vivir de los subsidios, Malargüe quiere producir y vivir del trabajo genuino”.

Eso mismo dijo Ojeda ante los vecinos de Malargüe, hacia finales de julio, cuando el proyecto comenzó a tomar forma. Según el intendente hay 70 proyectos de exploración con buenas posibilidades de concretarse sólo en el 2% del territorio, con foco en minerales de primera categoría como el oro, la plata y el cobre.

En 2019, el Gobierno mendocino intentó modificar la ley 7722, pero tuvo que dar marcha atrás por las fuertes movilizaciones y el rechazo popular generalizado por los daños ambientales que provoca la explotación minera.
Fuente: El diario de La Pampa

La Pampa rechaza la minería en Mendoza

Argentina, Chile

USPALLATA Y PUTAENDO EN CAMPAÑA PARA PRESERVAR RUTAS SANMARTINIANAS

NOALAMINA, 22/08/2020
Desde Mendoza llega la invitación para unirse a la iniciativa: Asambleas de Argentina y Chile se unen para proteger junto a la UNESCO los territorios que fueron escenario de la gesta de nuestros pueblos por la liberación de la opresión colonial. Entre los principales objetivos destaca la preservación y defensa de los bienes comunes. Una propuesta que nos envía nuestro compañero cuyano-patagónico Federico Soria para compartir con asambleas, colectivos y quien quiera sumarse.
Fuente: federico-soria.blogspot.com
“Una hazaña digna de otra Ilíada” – Unesco 1961.
Rutas De Libertad
La cordillera de Los Andes, más que una frontera, es un portal que une a dos pueblos bajo un mismo ideal de buen vivir armónico e integral, basado en la valoración y conservación de sus bienes comunes naturales y patrimoniales. Actualmente Putaendo y Uspallata son amenazadas por proyectos megamineros que pretenden arrasar con toda la vida, naturaleza, fuentes de agua y patrimonio cultural, incluyendo a las Rutas Sanmartinianas y del Ejercito Libertador que aspiramos sean declaradas como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, sumándose al Sistema Vial Andino de los Pueblos Originarios, el “ Qhapaq Ñan”, que ya tiene esa categoría desde el año 2014.

La hazaña del Ejército Libertador se compara con la de Napoleón en los Alpes. Hoy día se sabe que el cruce de los Andes representó un desafío mayor ya que, por donde transitaron los patriotas, no era más que una senda de cornisa, de un metro o menos de ancho. El Ejército de los Andes no tenía siquiera posibilidad de movilizar artillería, como sí lo hizo Napoleón en los Alpes. Este ejército, gestor de nuestra soberanía, estaba compuesto por hombres de armas, así como también por baquianos y arrieros, esclavos negros y humildes criolllos, unidos en su tiempo, por los mismos ideales libertarios que hoy nos animan. Por ello, y a pesar de las adversidades, la hazaña de Los Libertadores, fue el inicio de la gesta emancipadora de toda América.

Seguimos creyendo en la patria grande

Putaendo y Uspallata son parte de esa ruta histórica que recorrió el General San Martín para liberar a todo un continente hace más de 200 años. Las 6 Rutas Sanmartinianas del cruce de los Andes son los pasos de Comecaballos (de La Rioja a Copiapó y Huasco), Guana (de San Juan a La Serena y Coquimbo), Portillo (de Tunuyán a San Gabriel), Planchón (de San Rafael a Curicó y Talca), Uspallata (de Mendoza a Los Andes) y Los Patos (de Mendoza a Putaendo y San Felipe).

Los habitantes de estos territorios tenemos hoy el deber moral y ético de cuidar nuestra historia y hacer florecer su enorme valor y riqueza, convirtiéndola en el motivo principal para sostener el buen vivir de nuestros pueblos, en armonía con nuestro maravilloso entorno, hermanados en la certeza de que nuestra majestuosa montaña es sagrada. Es la herencia intocable que recibimos de nuestros padres y queremos para nuestros hijos. No queremos ser una nueva zona de sacrificio, como ha sucedido en el norte de Chile y Argentina, donde las mineras han arrasado con todo a su paso, pues no les importa en absoluto proteger y conservar la naturaleza ni la historia.

Queremos invitarles a ser parte de este trabajo en conjunto, uniendo a todas las comunidades, personas e instituciones para visibilizar las “Rutas del Ejército Libertador de Los Andes” y el “Qhapaq Ñan” que nuestros pueblos originarios recorrieron. No queremos que nuestra historia sea borrada e invisibilizada, por grandes intereses corporativos extranjeros, como son los que pretenden llevar adelante los proyectos Vizcachitas (Andes Copper), Fénix (Minera Teck), San Jorge (Solway y Aterra) y Paramillos (Deprominsa y Lundin Gold).

Firma La Petición

Las organizaciones convocantes, queremos sostener nuestro profundo compromiso para la protección de las Rutas Sanmartinianas del Ejército Libertador y a la vez, expresar nuestro apoyo público para que sean declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, dado su importante valor universal, natural, cultural e histórico de la gesta de José de San Martín, Soler, Las Heras, Beltrán, O’Higgins, Rodríguez, Carrera, Estay, etc. y de todos los forjadores, hombres y mujeres de América. Y asimismo, con la misma convicción de conservar la naturaleza en el territorio asociado a esta gesta, a través de iniciativas locales, como el proyecto del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, los proyectos de parques nacionales en Uspallata y el Cerro Mercedario, y promover un parque andino en las cuencas de los Ríos Rocín y Putaendo.

La solicitud ante la Unesco ya fue presentada por Argentina para que esas rutas se sumen a los 1.073 sitios de 167 Estados que hoy son reconocidos como lugares de la Tierra con un «valor universal excepcional». Por eso solicitamos que Chile se integre a la propuesta, para que la postulación sea conjunta de los dos países.

Te invitamos a apoyar esta iniciativa y firmar para mostrarle al mundo la importancia de proteger nuestro territorio, sus bienes comunes naturales y su patrimonio cultural, pues hasta el día de hoy ningún otro lugar en el planeta ha sido testigo de tamaña campaña de liberación.

Los Pueblos unidos en lucha a ambos lados de la Cordillera decimos:

NO a Vizcachitas, NO al proyecto Fénix, NO a Minera San Jorge, NO a Paramillos.
SÍ a las Rutas Sanmartinianas y del Ejército Libertador de Los Andes, Patrimonio de la Humanidad
SÍ al Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas
SÍ a la protección de las Cuencas de los ríos Rocín y Putaendo
La Ruta de los Libertadores no será la ruta del saqueo megaminero!!!!

La Ruta de los Libertadores será la ruta de nuestro buen vivir y libertad!!!

Firma entrando al vínculo:
http://chng.it/7JqjkKgt69

Organizaciones firmantes: Putaendo Libre, Vecinxs en Movimiento por el Valle de Putaendo y Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.

Los impulsores agregan este mensaje:

«Desde Putaendo (Chile) y Uspallata (Argentina), pueblos de montaña hermanados por una naturaleza, historia y destino común, estamos iniciando un plan de lucha conjunto con acciones coordinadas y simultáneas, para oponernos y enfrentar a los proyectos megamineros, que están adquiriendo tal grado de envergadura, que individualmente ya representan una amenaza de magnitud areal y afectación similar a uno y otro lado de la cordillera.

«Nos estamos uniendo no sólo para eso, sino para plantear a gobiernos y organismos internacionales la protección y conservación de la naturaleza y patrimonio, como forma de preservar nuestras fuentes de agua, enfrentar el cambio climático, poner en valor nuestra historia común y asegurar nuestro modo de vida en armonía con el entorno, de la mano del buen vivir, como una alternativa fundamentada y válida al modelo extractivista que saquea, depreda y mata todo a su paso.

«La primera de nuestras acciones conjuntas consiste en el lanzamiento de una campaña internacional para solicitar que las Rutas del Ejército Libertador de los Andes (donde hoy se localizan los proyectos megamineros más grandes) sean declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Es muy importante tu apoyo, participación y difusión.
http://federico-soria.blogspot.com/2020/08/convocatoria-bi-nacional-declaracion-de.html

Uspallata y Putaendo en campaña para preservar rutas sanmartinianas

Perú

PROYECTO ARIANA: SEGUNDA Y DECISIVA AUDIENCIA

(EDITORIAL ACTUALIDAD MINERA, COOPERACCION,Agosto 2020)
En el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima se decidirá si procede la demanda de amparo constitucional interpuesta por un colectivo ciudadano, exigiendo que se disponga el cese inmediato del proyecto Ariana por considerarlo una amenaza para la provisión de agua potable para Lima y Callao.

La jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño decidirá si paraliza o no el proyecto Ariana, de la empresa Southern Peaks Minnig. Según explicó, Dionel Martínez, geógrafo de CooperAcción, dicho proyecto pretende depositar sus relaves tóxicos en una zona altamente sísmica y a 500 metros de la entrada principal del túnel trasandino Cuevas Milloc, que capta el agua de la cuenca del río Mantaro hacia el río Rímac para abastecer a más de 10 millones de personas de Lima y Callao.

“La mina Ariana pretende desarrollarse en el corazón del sistema hidráulico Marcapomacocha que comprende el represamiento de seis lagunas, canales colectores y conductores, así como el túnel trasandino Cuevas Milloc. No olvidemos que el 69% del agua que consumimos en Lima y Callao está dotada por el rio Rímac y esto se debe al sistema hidráulico Marcapomacocha”, resaltó Martínez.
Los demandantes presentaron como elemento nuevo la carta de la empresa de agua potable de Lima y Callao, SEDAPAL, de fecha 18 de agosto de 2020, donde se señala claramente que “no se han desarrollado aún los estudios evaluativos pertinentes” en relación a la influencia del proyecto minero Ariana en el sistema Marca y el túnel Trasandino.

La abogada especialista en temas ambientales, Ana Leyva, explicó durante la audiencia que en mayo de 2019, SEDAPAL, Ariana y el Ministerio de Energía y Minas acordaron la contratación de un consultor externo, de prestigio internacional, para realizar un estudio sobre la influencia del proyecto minero en el sistema Marca y el Túnel Trasandino. Sin embargo, dicho estudio no se ha realizado aún por falta de acuerdo entre SEDAPAL y el MINEM sobre los términos de referencia del mismo.

SEDAPAL ha señalado en su propuesta de términos de referencia que tiene una legítima y comprensible preocupación en relación a los riesgos potenciales que cualquiera de las instalaciones del Proyecto Minero Ariana pudiesen tener a lo largo de la operación del mismo sobre la confiablidad del suministro de agua a la ciudad de Lima

Durante la audiencia judicial, los representantes de la empresa reconocieron que SEDAPAL ha pedido estudios adicionales que aún se encuentran pendientes.

La empresa minera Southern Peaks tiene preocupantes antecedentes que permiten dudar de su responsabilidad ambiental. La empresa fue propietaria de la mina Quiruvilca (La Libertad) entre 2012 y 2015, período en el cual recibió sanciones por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). OEFA declaró la responsabilidad de la empresa por diversos incumplimientos relacionados con el manejo de aguas de drenaje de los desmontes y relaves (resoluciones 988-2015-OEFA-DFSAI, 85-2016-OEFA/DFSAI).

Southern Peaks vendió la operación al empresario Luis Sáenz en 2015. Actualmente, la zona donde se encuentra Quiruvilca ha sido declarada en emergencia ambiental por las autoridades, debido a los graves impactos sobre el río Moche.

Por su parte, Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL, explicó el contenido de la demanda de amparo presentada contra el proyecto minero y el Estado el 25 de abril pasado, debido a que el proyecto afectará el derecho a la salud, agua y en un ambiente sano y equilibrado de millones de peruanos.

Según indicó Ruiz, el Sexto Juzgado Constitucional debería aplicar el principio precautorio, ya que existen indicios razonables de posibles impactos en toda la infraestructura hídrica que ha sido construida en la zona.

Desde el 2017, la Constitución Política del Perú incorporó el artículo 7-A que establece que el Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y, como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Además, se establece que su dominio es inalienable e imprescriptible.

Se espera que en las próximas semanas, la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, tome decisión sobre este polémico proyecto.

Brasil

Vale inicia trabajos en la presa Doutor en Minas Gerais

26/08/2020
Esta semana, Vale inicia los trabajos preliminares para la construcción del canal de desbordamiento de la Represa Doutor, en la Mina Timbopeba, en Antônio Pereira, en el municipio de Ouro Preto (Minas Gerais), que forma parte de la primera etapa del proceso de des-caracterización. El proyecto tiene el propósito de contribuir a mantener la bajada del nivel de agua del embalse para incrementar la seguridad de la presa y la comunidad.

Vale prevé que el proyecto del aliviadero esté terminado a fines de 2021.

En la etapa inicial, la obra del aliviadero se realizará de forma secuencial en las zonas periféricas de la presa, con servicios de remoción de vegetación, desbroce, movimiento de tierras y, finalmente, la excavación del canal. Según Vale, las obras ya fueron comunicadas a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Semad).

La semana pasada, la empresa ya había aumentado los límites de la Zona de Autrescate (ZAS) de la propia presa Doutor, en base a estudios más conservadores, que comenzaron a considerar la hipótesis del 100% relaves. La ampliación de la ZAS es el resultado de las disposiciones del Término de Compromiso firmado entre el Estado de Minas Gerais, el Ministerio Público de Minas Gerais y Vale, que definió nuevos parámetros para la actualización del lugar de inundación.
Fuente: Reuters

Brasil: Vale inicia trabajos en la presa Doutor en Minas Gerais

Brasil

Brasil: Estado de Minas Gerais busca congelar activos de Vale

27/08/2020
Foto: Vale
Las autoridades del estado brasileño de Minas Gerais buscan congelar un total de 54 mil millones de reales (USD 9.696 millones) en activos de la minera Vale como pago parcial para cubrir los daños causados ​​por el mortal desastre de la presa Brumadinho del año pasado.

A través de un comunicado, los fiscales estatales y federales en Minas Gerais dijeron que habían enviado una petición conjunta solicitando la orden de un juez para congelar 26.700 millones de reales (4.780 millones de dólares) en activos de Vale para una eventual restitución al estado.

Las autoridades también buscan 28.000 millones de reales (5.010 millones de dólares) en concepto de daños colectivos “morales y sociales”. La petición pide un juicio inmediato contra Vale.

La solicitud es la última de una serie de acciones legales emprendidas contra la empresa por las autoridades estatales desde que se rompió una presa de desechos mineros en enero de 2019, lo que desató una avalancha de lodo que mató a unas 270 personas en la ciudad de Brumadinho, enterrando a muchas de ellas vivas.

Los jueces estatales concedieron solicitudes previas para congelar activos realizadas inmediatamente después del desastre minero.

Vale dijo en un comunicado que ya había provisionado 11.000 millones de reales, entre garantías y depósitos ordenados por un juez. Asimismo, advirtió que las autoridades no notificaron formalmente a la compañía sobre la última solicitud, que es parte del mismo caso civil abierto en enero de 2019.

La petición fue firmada por fiscales estatales de Minas Gerais, el propio estado de Minas Gerais, la oficina de defensa pública del estado y la fiscalía pública federal en Minas.

A principios de este año, las mismas autoridades estatales presentaron acusaciones penales contra ejecutivos de Vale, incluido el ex director ejecutivo Fabio Schvartsman . Se le acusó de conocer de antemano los problemas de seguridad en la enorme presa de relaves y ayudar a ocultarlos.

Las acciones de Vale registraron pocos cambios en las operaciones de la tarde a 61,60, justo por debajo de los máximos recientes de varios meses.
Fuente: Reuters

Brasil: Estado de Minas Gerais busca congelar activos de Vale

Chile

Agrupación Alerta Isla Riesco pide a los accionistas de Mina Invierno renunciar a RCA

28/08/2020
MINAINVIERNO
Agrupación solicita a los accionistas renunciar a la Resolución de Calificación Ambiental de la iniciativa si efectivamente terminarán explotación de forma definitiva.

Más reacciones suma la decisión de los accionistas de Mina Invierno, yacimiento ubicado en la Región de Magallanes -ligado a Empresas Copec y Ultramar-, de cerrar definitivamente las faenas de explotación del carbón en Isla Riesco.

A través de una declaración, la Agrupación Alerta Isla Riesco mostró su profunda satisfacción por esta decisión, dado que el anuncio iría acorde con un plan real de descarbonización de la matriz energética de Chile y en la línea correcta ante uno de los mayores desafíos que es abandonar por completo el uso del carbón como combustible fósil. Este último, dicen, “directamente responsable de la crisis que estamos viviendo con el calentamiento global y el cambio climático que afecta nuestro habitar sostenible en el mundo”.

“No tenemos duda, y cada día más estudios y experiencias lo demuestran: el carbón mata al extraerse y mata al quemarse, dañando gravemente los ecosistemas existentes en Isla Riesco, como también generando un enorme impacto socio ambiental en las llamadas zonas de sacrificio de Chile”, agregó.

Sin embargo, la agrupación sinceró sus dudas respecto de la intención de los accionistas de Mina Invierno de continuar con el recurso de casación en la Corte Suprema para revertir la resolución que autorizaba la utilización de tronaduras como método complementario para la extracción de estéril. Y aseguró: “Ante esto, alertamos a la opinión pública que esto pudiera convertirse en un último esfuerzo de presión de los titulares para obtener apoyos desde el Estado”.

Según explicó, si efectivamente Mina Invierno cerrara su explotación de forma definitiva, “solicitamos a los accionistas ser claros y coherentes, renunciando a la RCA tanto de Mina Invierno como del Puerto de chancado y embarque del carbón, lo que efectivamente daría cuenta de una decisión que, aunque se toma por razones privadas de la compañía, iría en la dirección correcta como parte de la responsabilidad social de la empresa”.

En esa línea, hizo un llamado tanto a la empresa como al Estado de Chile, a que “abandone cualquier pretensión presente o futura, de hacer de Magallanes un polo extractivo de carbón”.

A la declaración se suscriben 19 organizaciones. Entre ellas, la Agrupación Ecológica Patagonia, Chile Sustentable, Comité Pro Defensa de la Flora y la Fauna, Coordinadora No Alto Maipo, Frente de Defensa Ecológico Austral, Fundación Terram, Greenpeace, Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, Oceana ONG FIMA, entre otras.
Fuente: Diario Financiero

Agrupación Alerta Isla Riesco pide a los accionistas de Mina Invierno renunciar a RCA

Chile

Las desconocidas donaciones de Anglo American al Ejército de Chile

28/08/2020
anglo-american-
Entre 2008 y 2014 la minera donó un sistema de tratamiento de aguas servidas y agua potable que se ubicó en uno de los predios que la multinacional arrendó para alojar al personal que trabajó en el desarrollo de la operación de la mina Los Bronces. En ese lugar hoy en día funciona el regimiento Arsenales de Guerra. A esto se suman otros aportes.

Apartir del 30 de abril de 2012, el patrimonio del Ejército de Chile en el sector de Colina aumentó considerablemente por una donación de la minera Anglo American. Gracias a un contrato que finalizó ese día entre las dos partes, esta rama de las Fuerzas Armadas pasó a tener una planta de tratamiento de aguas servidas, junto con un nuevo sistema de agua potable, además de varios contenedores habitacionales.

Estos últimos habían sido instalados desde 2008 por la multinacional con sede en Londres, cuando arrendó un predio de 5,5 hectáreas al Ejército en el sector del Camino Termas de Colina, para alojar a más de 700 trabajadores que participaron en el proyecto Desarrollo Los Bronces, el que obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable el 26 de noviembre de 2007.

Cuando llegó 2012, esas instalaciones pasaron a manos del Ejército.

Todo esto fue realizado por la rama castrense mediante actos privados, que solo pudieron ser conocidos vía Ley de Transparencia. Muchos vecinos del sector, que alegan actualmente por la contaminación ambiental generada por Anglo American, no estaban enterados que otro de sus vecinos había facilitado las cosas para la compañía.

En particular, se solicitó la totalidad de los documentos entre 2009 y 2020 que certificaran donaciones por parte de Anglo American al Ejército de Chile. La respuesta arrojó otro aporte más, fechado a fines de 2014, donde la multinacional donó distintos insumos por más de $18 millones de pesos, los que se abordarán hacia el final de este reportaje.

El vecindario

El 5 de octubre de 2006, ya a cuatro años de haber adquirido las faenas a la Compañía Minera Disputada de Las Condes por US$1.300 millones, Anglo American ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el Proyecto Desarrollo Los Bronces, cuyo objetivo era “aumentar la producción de cobre fino en concentrados y cátodos para mantener la competitividad de la compañía en el mercado del metal”.

La iniciativa contempló –según el mismo SEA– una inversión de US$ 1.000 millones, y trazó otro mineroducto desde Lo Barnechea hasta la planta de flotación Las Tórtolas, en Colina. Para hacer este movimiento, la multinacional llevó a cabo un intercambio de propiedades con el mismo Ejército de Chile, donde se transaron servidumbres para dar las facilidades a esta nueva iniciativa (ver artículo La reservada operación entre Anglo American y el Ejército que transó tierras y servidumbres para la mina Los Bronces).

Sin embargo, la relación entre ambas partes iba mucho más allá, a tal punto que la propia rama castrense le arrendó un terreno de 5,5 hectáreas a Anglo American para que pudiera alojar personal que trabajó en las faenas del Proyecto Desarrollo Los Bronces.

Así quedó estipulado en un contrato privado suscrito el 2 de julio de 2008 entre el general Guillermo Castillo Pantoja, entonces a cargo del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército (CAAE), y Miguel Durán Vergara e Ignacio Quiñones Sotomayor en representación de Anglo American Sur S.A., en el cual se estipuló que la multinacional dotaría el lugar de esa infraestructura, la cual “una vez terminado este contrato de arrendamiento pasará a ser parte integrante de las instalaciones de carácter militar” (ver documento).

En ese contexto, Anglo American prometió levantar “un campamento para alrededor de 750 personas en un terreno de 5,5 hectáreas aprox”, hacer un “mejoramiento del actual Sistema de Impulsión y Distribución de Agua Potable” y “Reconstruir el Colector de Aguas Servidas y Planta de Tratamiento”.

Además, en uno de los anexos se especificó que, dada la urgencia por el traslado del Regimiento Nº2 Arsenales de Guerra al sector, “se dará prioridad al término [de] las obras requeridas para tener operativos los sistemas de agua potable y aguas servidas”.

Acorde a testimonios recogidos por lugareños que pernoctan por esos lugares, que forman parte del Fundo Peldehue, los trabajos mineros se llevaron a cabo, y durante ese tiempo se vio un flujo constante de personal.

Este vínculo finalizó el 30 de abril de 2012, poco más de un año antes de que la fecha inicial del término de contrato. En ese acto, el Comando de Bienestar del Ejército (ex Comando de Apoyo Administrativo) declaró “recibir la propiedad arrendada, sus construcciones modulares, planta de aguas servidas y el sistema de agua potable en perfecto estado de conservación con esta misma fecha”

A pesar de que Anglo American ni el Ejército quisieron responder las preguntas de este artículo, se pudo constatar que la infraestructura donada perdura hasta el día de hoy. Vecinos de esas instalaciones, en el Camino Termas de Colina, señalaron que la rama castrense les dona agua potable de manera gratuita; no pasa así con las aguas servidas, ya que al menos dos familias distintas afirmaron usar fosa séptica.

Actualmente, la planta de tratamiento de aguas servidas es mantenida por la empresa Servicios Sanitarios Aguas Peldehue Limitada, que ganó una licitación este año y firmó contrato en 2020. En este documento (ver aquí), Aguas Peldehue “acepta y se compromete a realizar y prestar el servicio de mantenimiento de las plantas de agua potable y servidas, del Regimiento Logístico de Ejército Nº2 ‘Arsenales de Guerra’”, por un plazo de diez meses, que involucra el pago de $13 millones cada mes.

Todos los días de la semana, las 24 horas del día, hay personal de Aguas Peldehue manteniendo la planta.

Máquinas de aire acondicionado, termos, instrumentos de cocina

La última donación informada por el Ejército vía Ley de Transparencia guarda relación con una que se realizó a fines de 2014, en la cual Anglo American –por medio de una filial– donó distintos insumos como máquinas de aire acondicionado, termos eléctricos e instrumentos de cocina; toda infraestructura que superó los $18 millones de pesos.

Así quedó registrado en la resolución exenta del 21 de octubre de 2014, firmada por el general Gustavo Porcile Arellano como director de Logística. En este documento (ver aquí), el militar delegó al director de la Escuela de Inteligencia, Sucre Elgueta Segura, la facultad para suscribir un contrato de donaciones con Anglo American Chile Limitada.

En este mismo documento, se especificaron los insumos y la cantidad de cada uno de ellos que donaría la multinacional.
Fuente: Interferencia

Las desconocidas donaciones de Anglo American al Ejército de Chile

Mexico

Gómez Urrutia pedirá a AMLO quitar concesiones mineras a Grupo México

Andrea Becerril
30/08/2020
El dirigente nacional del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, en imagen de archivo. Foto Jesús Villaseca/ archivo

Ciudad de México. El dirigente nacional del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, anunció que pedirá al presidente Andrés Manuel López Obrador que cancele a Grupo México las concesiones de las minas de Tax-co, Sombrerete y Cananea, que están en huelga desde hace más de 13 años, si el empresario Jorge Larrea insiste en no sentarse a la mesa de diálogo para resolver esos conflictos, que no sólo han afectado a más de 2 mil trabajadores, sino a las comunidades donde se ubican.

En entrevista, el senador de Morena resaltó que hace más de dos semanas el Presidente de la República llamó a la empresa y al sindicato a reanudar pláticas. Él expresó su disposición de inmediato, pero Larrea no ha respondido, por lo que no tiene caso que siga con las concesiones. “Seguro habrá muchos otros empresarios que quieran invertir y hacerse cargo de esas minas, que son aún bastante productivas.

Es muy grave que el dueño de Grupo México pase por alto el llamado que formuló el Presidente de la República y que insista en la necedad de no conciliar con el sindicato una salida que permita reabrir la minas de Taxco, en Guerrero, y de Sombrerete, en Zacatecas, y resolver el conflicto en Cananea, donde rompió la relación laboral con el apoyo del gobierno de Felipe Calderón.

El senador Gómez Urrutia resaltó que el argumento de Larrea para no solucionar las huelgas de Taxco y de Sombrerete, iniciadas en 2007 por violaciones al contrato y por la decisión del empresario de desconocer a los comités ejecutivos locales, es que se habían agotado las reservas de plata en ambas minas, lo que es absolutamente falso.

Señaló que en un informe a la Bolsa Mexicana de Valores, el propio Larrea reconoció que hay 27 por ciento de reservas de plata. No tiene ninguna excusa ni pretexto, es sólo un capricho visceral, una falta de voluntad política de este empresario, uno de los más ricos del país.

Las concesiones, recalcó, las otorga el Estado para operar las minas, crear empleos y llevar progreso a las regiones, por lo que no tiene sentido que Larrea mantenga sin operar las de Taxco y Sombrete. Se debe poner fin a la desesperación de los trabajadores y sus familias, que han logrado subsistir estos 13 años con la ayuda del sindicato minero.

Al dueño de Grupo México, agregó, tampoco le interesa la caída brutal de la economía en Taxco, Sombrerete y Cananea: Su soberbia es tal que lo que al parecer quiere es que se conviertan en pueblos fantasmas.

Explicó que las autoridades labores deberían también intervenir, ya que en Taxco la huelga fue imputada a la empresa y en Zacatecas el sindicato minero debió imponer diversos recursos legales, entre ellos dos amparos, para impedir que se pasara por encima de los huelguistas y se reabriera Sombrerete con esquiroles, gánsters y un contrato de protección.

En cuanto a la huelga de Cananea, Sonora, el caso se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que en 2007 Larrea logró una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le permitió expulsar por la fuerza a los huelguistas. Creó una nueva empresa, Buenavista del Cobre, con trabajadores de otras entidades. Los mineros de Cananea no sólo quedaron en el desempleo, sino que la empresa los boletinó para que nadie los contratara, acusó.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/30/gomez-urrutia-pedira-a-amlo-quitar-concesiones-mineras-a-grupo-mexico-5350.html

Mexico

Debe realizar el sector privado una minería de cero accidentes, sin desastres ambientales ni conflictos sociales: Quiroga

Por Mineriaenlinea Última actualización 27/08/2020
México.- El sector privado tiene que hacer una minería ambientalmente sostenible y socialmente incluyente, de cero accidentes fatales, sin desastres ambientales ni generar conflictos sociales. La carga fiscal es un factor negativo desde el punto de vista de las inversiones, porque es relativamente alta, pero el gobierno está satisfecho con ella y que los inversionistas vengan a México sabiendo que pagarán más impuestos, pero con todas las ventajas que tiene por otros factores de competitividad.

Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, informó lo anterior y dio a conocer que las concesiones mineras activas representan sólo cuatro millones de hectáreas, o sea, poco más de dos por ciento del territorio nacional y después de realizar una revisión, las concesiones totales disminuyeron de 25 mil a 21 mil, que representaron una reducción de 21 millones a 16 millones de hectáreas,

Por otra parte, anunció que la presente administración acabó con el rezago de 21 mil trámites pendientes en la industria minera, porque abren la oportunidad a la corrupción y se han denunciado intentos de intimidación para solucionar algunos expedientes, pero se recuperó el carácter de la autoridad para no someterse a ningún intento de extorsión.

Al rendir un amplio informe de la situación de la industria minera a Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, indicó que el Gobierno Federal pide al sector privado que su participación en ese sector implica el cumplimiento de sus obligaciones, como pagar sus impuestos en tiempo en forma.

Aceptó que en la industria minera la carga fiscal es relativamente alta, pero México no quiere competir con precio, con costo, sino producir con valor y que los inversionistas vengan por otros factores, como el blindaje social, el costo y la disponibilidad de financiamientos. Expuso que el país está rankeado competitivamente en el entorno que ofrece a la atracción a la inversión.

Destacó que la minería tiene que hacer un desarrollo incluyente con las comunidades, con un deslinde de prácticas extractivistas que pudieron existir hace 400 o 20 años, sino que es preciso impulsar una transparencia, consulta e incorporación de las comunidades en los proyectos del sector.

El funcionario explicó que las autoridades trabajan en las concesiones omisas, que presentan retrasos en sus pagos o están ociosas, que no tienen proyectos productivos detrás de ellas y no tienen información disponible o bases de datos inconsistentes.

“Las concesiones activas representan cuatro millones de hectáreas, aquellas que tienen algún tipo de operación minera, eso es un poco más de 2 por ciento del territorio nacional y las obras dentro de las concesiones representan un poco más de 200 mil hectáreas, es decir 0.1 por ciento del territorio nacional”, expuso.

Quiroga Fernández explicó que normalmente una concesión minera fluctúa entre mil 500 y dos mil hectáreas y las obras de las empresas ocupan entre 10 y 20 hectáreas, que representan menos de 1 por ciento de cada concesión.

Enfatizó que la industria minera está altamente regulada, por más de 500 leyes, normas y permisos de los tres órdenes de gobierno, que se traducen en mil 77 trámites que deben cumplirse para que las empresas puedan operar.

Dio a conocer que las autoridades trabajan en la seguridad y salud laboral, para evitar fatalidades y cada vez que se produce un accidente el sector minero e investigan las causas raíz para evitar ocurran más fatalidades

Planteó que las autoridades federales dan seguimiento a la conciliación de conflictos entre concesionarios, sindicatos, ejidos y otros actores, para que se llegue a acuerdos dentro de la ley.

“En el tema laboral. Estamos trabajando con los grandes sindicatos, con los trabajadores, para que sean un factor de competitividad e innovación y no haya interrupciones a la continuidad operativa”, indicó.

El subsecretario de Minería aseveró que los salarios en todo el sector son 39 por ciento superiores a promedio de la economía formal, en tanto que los pagados en el sub sector minería metálica son 74 por ciento mayores.

Mostró fotos de remediaciones ambientales en minas de México y el mundo e informó que el compromiso de las empresas es dejar los sitios ocupados en mejores condiciones en que las anteriores a su presencia. Agregó que el uso del agua es a circuito cerrado con líquido tratado y no potable.

Mencionó que se da apoyo a los pequeños productores que cumplan con todas sus obligaciones fiscales y patronales, con el Fideicomiso de Fomento Minero.

Debe realizar el sector privado una minería de cero accidentes, sin desastres ambientales ni conflictos sociales: Quiroga

Chile, Litio

Acuerdo de SQM con Camar tensiona a comunidades: Peine y Consejo de Pueblos Atacameños no negociarán con la firma

Vanessa Azócar
La Tercera La Tercera
El viernes por la tarde, el Consejo de Pueblos Atacameños convocó a una reunión extraordinaria. El punto crítico de la tabla era el convenio extrajudicial firmado por la comunidad de Camar con SQM Salar por un monto total de $1.700 millones que La Tercera PM dio a conocer ese mismo día.

A través del acuerdo extrajudicial con SQM, Camar desistió del proceso judicial que junto a las comunidades indígenas inició contra la empresa productora de litio por el uso de agua e impacto de las operaciones en la zona. En febrero de 2019, Camar, la comunidad de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), habían presentado una reclamación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta contra la Superintendencia de Medio Ambiente por la aprobación del Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por SQM en enero de 2019 por un costo de US $25 millones.

A la reunión convocada el viernes por el Consejo de Pueblos Atacameños, llegaron 17 comunidades aledañas al Salar de Atacama. Solo faltó Camar, cuya decisión fue ampliamente cuestionada por el avenimiento a la empresa que, a juicio de las agrupaciones, contradice un acuerdo expreso de no tener acercamientos con la firma.

“Debemos afirmar nuestros principios de unidad frente a la división, la lealtad a la desidia y no caer en el juego que tiene la empresa SQM, quien está realizando sus estrategias, ya que son los únicos que se sienten amenazados con el proceso sancionador”, dice el comunicado interno emitido ese días por las comunidades.

En la cita, las comunidades reafirmaron que la decisión de Camar no incidirá en el proceso judicial contra la empresa. Un compromiso que la comunidad de Peine reafirmó al asegurar que no tendrá acercamiento ni llegará a acuerdos con SMQ.

Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños añade que la intención de las comunidades, de hecho, es continuar además un proceso contra el Estado de Chile en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Hemos respetado lo que la comunidad de Camar ha realizado, obviamente, que ese acuerdo tiene que ver con procesos que se vienen dando desde hace muchísimo tiempo y que son afectaciones que la empresa ha hecho a lo largo de la historia con la comunidad. Esto, obviamente, no va a impedir en ningún caso que la Comunidad de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños continúen en el proceso sancionatorio contra SQM y también la demanda internacional que hay contra el Estado por la firma del contrato entre Corfo y esta misma empresa”, asegura el dirigente.

Cubillos dice que las comunidades están decididas a llevar el caso a la CIDH para lo cual son asistidos por el abogado Jaime Madariaga. “Por la pandemia, lamentablemente, no pudimos participar en las instancias. Unas eran aquí, las otras eran en Washington y Colombia. No se pudo, pero estamos pidiendo audiencia con la CIDH para presentarles el caso”, explica.

“Peine no negociará”

Amanda Barrera, presidenta de la Comunidad de Peine, dice que el acuerdo entre Camar y SQM distancia entre sí a las comunidades.

“Sentimos afectadas las relaciones entre los comuneros. Obviamente que el desconocimiento del acuerdo entre Camar con SQM y el desestimiento nos afecta porque todos formamos el Consejo de Pueblos Atacameños. Teníamos una decisión de no negociar con SQM”, afirma la dirigenta.

Barrera reafirma que Peine no se acercará a SQM. “Nosotros como directorio de Peine seguimos el mandato de la asamblea y no vamos a negociar. Vamos a continuar con la defensa del territorio. Ni siquiera sentarnos a conversar. Pretendemos que el proceso sancionatorio siga adelante porque el daño en el Salar es evidente”, insiste.

Toconao: “Las comunidades de Lickanantay no se venden”

Las comunidades de Toconao y Talabre aseguran, a su vez, que no existen acercamientos a la empresa posteriores al acuerdo adoptado en conjunto con el resto de las comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños.

Así lo recalca Cristian Varela, representante de la comunidad de Toconao. “Las comunidades de Lickanantay no se venden y no han negociado en ningún momento el tema medio ambiental, tampoco sus derechos de agua. Los acuerdos anteriores a los que han llegado algunas comunidades están dentro del marco de la reparación por la intervención y el daño histórico que han producido estas empresas extractivistas al interior del Salar de Atacama”, asegura.

Varela añade que “seguiremos adelante con el proceso sancionatorio. Hay un claro compromiso de las comunidades de Lickanantay del borde sur, y en especial de Toconao, con el medio ambiente y con los valores de identidad de nuestros ancestros”.

Talabre: “No nos bajamos del proceso sancionatorio”

En la misma se pronuncia Eliza Soza, presidenta de la comunidad de Talabre, quien reafirma que no se bajarán del proceso sancionatorio contra la empresa y sostiene que el acercamiento de la firma a la comunidad es previo y no tiene relación al proceso judicial reciente.

“Hace muchos años, SQM viene trabajando con la comunidad en agricultura, ganadería y pequeños proyectos. Hay un relacionamiento con la comunidad anterior y esto siempre ha estado en conocimiento de la Comunidad de Pueblos Atacameños. Eso no significa que perdamos nuestra autonomía y nuestro derecho a reclamar por nuestro territorio a la empresa. Eso es intransable. En ningún momento vamos a dejar de reclamar a la empresa por nuestra afectación al medio ambiente. No nos bajamos del proceso sancionatorio y la empresa está al tanto de eso”, asegura.