Autor: David Padilla Corona , El Independiente de Hidalgo.com
En total nueve localidades han sido afectadas por las actividades de extracción
Pachuca.- Al menos nueve localidades de Zimapán registran contaminantes en el agua y sus habitantes presentan dificultad para respirar, así como dolor de ojos y cabeza, a raíz del mal manejo de los “jales” que contienen los residuos de la actividad minera en la zona.
En el municipio hay al menos cinco montañas que concentran 20 millones de metros cúbicos de residuos mineros (jales), mismos que provocan tolvaneras con metales pesados.
La situación afecta a los habitantes de las localidades San Miguel, La Lincera, La Sabina, Santiago, El Calvario, La Alberca, El Fas, Nueva Reforma, la cabecera municipal y los ejidos San Francisco y Xodhé.
Eso, porque la población padece dificultades para respirar, dolor de ojos y cabeza, así como la contaminación en elementos como el agua que consumen, a raíz de la dispersión de los metales pesados con los vientos.
Lo anterior lo dio a conocer el diputado local Víctor Guerrero Trejo, quien en conferencia de prensa detalló que las mineras asentadas en la demarcación son El Espíritu, La Purísima, Sago y Carrizal Mining, por lo que llamó a esas empresas y a algunos molinos de procesamiento a ser parte de la solución.
Además, pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a las dependencias estatales correspondientes a tomar cartas en el asunto.
El diputado morenista exhortó al edil de Zimapán Erick Marte Rivera Villanueva a no dar más permisos para la instalación de jales en la demarcación y atender los que ya existen.
Tan solo en los primeros días del año, cuando ocurrieron las rachas de viento en la entidad, una tolvanera generó una nube tóxica que afectó por varios días la demarcación.
La zona del Canipaco, ubicada en la parte alta de la provincia de Huancayo, región Junín, se encuentra en emergencia ambiental a causa del vertimiento de aguas ácidas a tres ríos que a su vez son tributarios del Mantaro.
El presunto atentado contra el medio ambiente sucedió el jueves 9 de enero, informaron los pobladores que llegaron hasta el paraje Chuyas advirtieron el peligro pues las aguas del afluente de la zona adquirieron una coloración rojiza.
“Este es el riachuelo Chacote que sale de la misma operación minera de Corihuarmi, de allí se origina el riachuelo y constatamos aquí abajo en el encuentro que este río venía de color rojo, presumimos de que fue relave”, declaró el poblador de Huasicancha, Julio Santos Cahuana Tácunan.
Según los pobladores, varios kilómetros del cauce de los ríos fueron afectados por los relaves al parecer provenientes de pozas de oxidación ubicadas en la parte baja del tajo abierto de la mina Corihuarmi; inicialmente se contaminó el riachuelo Chacote, el cual se une con el río La Virgen y posteriormente con el río Canipaco, cuyas aguas finalmente desembocan en el río Mantaro.
En los afluentes de la zona fácilmente se podía pescar truchas, y en las riberas de los mismos también los animales pastaban y tomaban agua y muchos pobladores utilizaban el recurso hídrico para regar algunos sembríos, pero ahora el panorama se tornó sombrío y catastrófico.
Oefa investiga denuncia
Frente a las denuncias de los presidentes de las comunidades locales y las autoridades de los distritos de Huasicancha, Chongos Alto, Colca y Chacapampa, personal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa)–Junín, se constituyó a la zona y catalogó preliminarmente lo sucedido como una emergencia ambiental.
“Hemos recibido el reporte preliminar sobre la emergencia ambiental por parte de la empresa Corihuarmi; por lo tanto, nos estamos apersonando a la zona del evento para hacer la toma de muestras; hemos visto aguas abajo que el río ha cambiado a coloración amarillenta, pero igual tenemos que ir al punto donde ocurrió el evento”, manifestó la jefa de oficina desconcentrada de OEFA Junín, Ymelda Montoro.
Sostuvo que las muestras de las aguas contaminadas en diferentes puntos estratégicos se analizarán en un laboratorio acreditado para verificar que tipo de residuos contaminaron los ríos y determinar así el grado de afectación en esta zona ubicada en la parte alta de la provincia de Huancayo.
“Lo que señala el reporte de emergencia por parte de la empresa es el vertimiento de aguas ácidas, entonces nosotros vamos a corroborar esa información, tenemos que dimensionar la afectación. Es una emergencia ambiental y tenemos que acelerar el tema de la atención y la toma de muestras”, remarcó.
Durante la reciente conferencia que acaba de realizar el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, ante la Asociación de Prensa Extranjera en la sede del ministerio; acaba de anunciar que el proyecto minero tía maría de la empresa Southern Copper, perteneciente al Grupo México, no va a iniciar operaciones antes del 2024. “Eso nos da 5 años para que el Estado haga el cierre de brechas”, añadió el ministro.
De acuerdo a los tweets de la periodista Jacqueline Fowks, el ministro afirmó que primero construirán el hospital de los distritos de Cocachacra y de Mollendo y realizarán el estudio de agua y desague del Valle de Tambo.
«El Ministerio se va a hacer presente en el valle de Tambo para ‘cerrar brechas’. Eso nos da 5 años para fomentar el diálogo y alejar preocupaciones. Esto empezó con reclamos hídricos», añadió el ministro Liu.
Asimismo, también anunció que este año empezará a operar Mina Justa en Marcona (Ica), que inicialmente produciría aproximadamente 100.000 toneladas de cobre al año a partir de las operaciones de dos minas a cielo abierto.
Justicia en México
Mientras el gobierno anuncia, a través de su ministro de Energía y Minas, la estrategia para que el proyecto minero tía maría se implemente en Arequipa después del 2024; en México, la empresa transnacional dueña de Southern Copper, Grupo México, acaba de recibir una sentencia desfavorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tener que reabrirse el fideicomiso que había destinado para la reparación ambiental, social y en materia de salud de las personas afectadas el 2014, o definirse nuevos mecanismos de remediación y reparación de los daños generados tras el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi. En estos días se hará pública la sentencia.
La denuncia de los afectados organizados en los Comités de Cuenca del río Sonora, señala que la reparación implementada por el Grupo México y el gobierno de Peña Nieto a través del fideicomiso, fue fallida, mal implementada y sin participación de los afectados en el Comité Técnico. Por ejemplo, hasta ahora no se construye el centro de salud especializado para la atención de los afectados por metales tóxicos y no se ha realizado la remediación ambiental completa de la cuenca del Sonora.
Una de las primeras referencias públicas en San Luis Potosí al “oro blanco” o “nuevo petróleo” -en relación a su posible riqueza- ocurrió en los albores de junio de 2010: el día 8, el periódico La Jornada publicó que empresarios españoles vinculados al Banco Santander firmaron un acuerdo con Litiomex, SA de CV, del empresario Martín Sutti Courtade “para hacerse cargo de la comercialización global” del litio mexicano.
Según este antecedente, laboratorios especializados de Canadá, Japón, Estados Unidos, Perú y México, encontraron que los depósitos de litio en SLP y Zacatecas “son de calidad mayor a la esperada”.
Courtade afirmó en ese entonces, que la empresa china Citic Gouan Group construiría en esta entidad una fábrica de baterías de litio para los automóviles eléctricos de los gigantes Nissan, Honda y GMC, a un costado de los salares del municipio de Santo Domingo. Courtade añadió que él posee los títulos de concesión de estos depósitos litíferos, a través de la empresa Pietro Sutti, sobre 47 mil hectáreas en el Altiplano de ambos estados.
Este empresario está identificado como un pionero en el conocimiento del litio y su valor, pero hace nueve años nadie le hizo caso. Cuando se busca a la empresa Litiomex en Google, apenas aparecen mil 20 resultados en 32 segundos, pero en realidad es muy poca la información de fondo.
Oficialmente, según el emprendedor, la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (SE) federal, fue la encargada de entregarle la enorme extensión para su explotación.
PRIVILEGIADOS
El único estudio formal corrió a cargo, precisamente, de la SE. El documento de la Dirección General de Desarrollo Minero intitulado “Perfil de mercado de litio” consta de 43 páginas y data de 2018. Las referencias son escasas, pero suficientes en el sentido de que el litio no está en todo el país, sino en ciertas regiones y una de ellas es San Luis Potosí-Zacatecas, tal como dijera Courtade, además de Baja California y Sonora, donde estaría el mayor yacimiento probado por el momento.
La dependencia federal indica que el proyecto se ubica en la parte occidental de San Luis, dentro de los municipios de Salinas, Santo Domingo y Villa de Ramos; además de Villa de Cos, en Zacatecas.
«El proyecto pretende explotar un depósito de sales de litio y de potasio que se encuentra en sedimentos arcillosos y en salmueras de evaporación, formando lagunas (…) y miden en promedio 2.5 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho, y están distribuidas a lo largo de un alineamiento de 100 kilómetros de largo dentro de cuencas endorreicas. Los estudios realizados a la fecha por la empresa Litiomex, indican que existe un gran potencial, estimando recursos del orden de los 8 millones de toneladas de litio equivalente», expresa el trabajo.
La zona donde estaría el recursos es el Altiplano potosino.
GEOPOLÍTICA
Pero el tema del litio, en sí mismo, no tiene mucho tiempo de circular a nivel nacional. Las primeras referencias fueron geopolíticas, por parte del analista político Alfredo Jalife-Rahme, quien sostuvo que el «golpe de Estado» en Bolivia contra el expresidente Evo Morales, tuvo su principal origen en la ambición de Estados Unidos por la riqueza de litio que posee el país, si bien está reconocido que Chile es el principal productor.
De hecho, México, a pesar de tener litio en su territorio, hoy lo importa. Según Economía, en 2016 gastó 1.6 millones de dólares en este producto (90% lo trajo del país andino), contra una venta irrisoria de 658 dólares de tres kilos a El Salvador, sin que refiera de qué parte del país se extrajo el elemento químico que hoy está en boca de todos. Además de Chile, otros países productores son EU, Argentina, Australia, Brasil, China, Portugal y Zimbabue. Bolivia y México tienen litio en abundancia y… está virgen.
De acuerdo con un reciente pronunciamiento del experto de la Facultad de Química (FQ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Plinio Sosa Fernández, el litio ofrece tecnologías más ligeras y actualmente es explotado en baterías de celulares, equipos electrónicos de trabajo, energía eólica, celdas solares, dispositivos recargables y autos eléctricos.
Ricardo Femat Flores.
POTENCIAL POTOSINO
El investigador de la División de Matemáticas Aplicadas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), Ricardo Femat Flores, declaró a Quadratín SLP que el valor del litio radica en que permite desarrollar baterías con alta duración y gran capacidad de almacenamiento de energía, “de ahí que baterías de litio en móviles y vehículos híbridos, son capaces de mover camiones de carga; sí se deben recargar constantemente, como un tanque de gasolina, pero es importante decir que será una de las alternativas energéticas para acumulación de energía para el futuro”.
Femat aclaró que la energía tiene una característica: no se puede acumular si no es con una batería. Puso como ejemplo los automóviles que tienen batería de ácido sulfúrico, alternador y generador, que la almacenan “y de ahí que los volvamos a prender al día siguiente”.
Consideró “exagerado” comparar el litio con el petróleo, ya que de este se pueden extraer varios compuestos, mientras aquel solo es utilizado para hacer baterías, aleaciones base, “incluso para ser superconductores, pero esa tecnología no maduró; es decir, en los superconductores no se pierde energía, mientras otros metales tienen una resistencia al paso de la energía y se pierde”.
El Investigador Titular “C”, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México (SNI) Nivel 3, aceptó que del litio “se sabe poco en el país, pero la gente que se dedica a sales y minería tiene registros desde hace años, sobre todo en las salmueras continentales (regiones donde hay sal)”, de las que San Luis posee una gran extensión.
A futuro, la ventaja para el estado potosino es que podría dotar de litio a los autos eléctricos del clúster automotriz del Bajío y en un momento dado, ser productor para las grandes empresas como Tesla en EU.
Es un recursos con una potencial demanda
UN DESPERDICIO
Femat añadió que tan insignificante fue el litio en México hasta hace poco tiempo, que a pesar de tener entre 400 y 500 años, las mineras, al extraer sal para cocina, lo tiraban, por lo que debe estar en esas áreas de explotación y es posible producir cloruros de litio (sal formada por cloro y litio) para las baterías.
“El litio debe estar en las minas o sus linderos, pero además se sabe que en la salmuera hay litio, es decir, en la sal que no han extraído para llevarlo a la mesa”.
El doctor recordó que Salinas de Hidalgo era productor de sal por excelencia en el país hasta que apareció Guerrero Negro (la más grande salina al sur de la península de Baja California), por lo que debe haber una gran dotación de litio abandonado ahí.
A través de una misiva, desde la comunidad de Cazarpamba, en Cotacachi, se informó que las “comunidades afectadas por concesiones mineras en Íntag rechazan firmemente la presencia de la empresa transnacional BHP – Cerro Quebrado”.
Según denunciaron, al medio día del martes, “hombres y mujeres de la comunidad de Cazarpamba, juntamente con moradores de comunidades aledañas, le prohibieron el paso a empleados de la poderosa empresa transnacional minera BHP, a pesar de haber estado acompañada de decenas de policías”.
Además, se expuso que en la carretera se instaló un “control comunitario”, precisamente, “para controlar la presencia de personas no deseadas”.
“En horas de la tarde, moradores informaron que los policías esperaban refuerzos para intentar de nuevo pasar por el control, con la intención de llegar a la comunidad vecina de Irubí. Sin embargo, decenas de moradores de otras comunidades ahora se encuentran junto a los comuneros de Carzarpamba, incluyendo campesinos y campesinas de Irubí, Guamirla, Puranquí y Santa Rosa”, detallaron desde la organización Decoin (Defensa y Conservación Ecológica de Íntag).
“Los comuneros afirman que el permiso para que la empresa inicie la exploración inicial se otorgó sin que el Estado consulte debidamente con las comunidades. Ya van cerca de dos años que la empresa obtuvo el permiso para la exploración minera, pero no ha logrado iniciar debido a la resistencia de las comunidades, que no hace sino fortalecerse”, finalizaron. (DLH)
El 19 de diciembre último, se reunieron en la provincia de Espinar, Cusco, una comitiva del Poder Ejecutivo y representantes de las 13 comunidades de la zona de influencia de la mina Tintaya – Antapaccay, que actualmente se encuentra en proceso de ampliación con el proyecto Coroccohuayco. La reunión tenía por finalidad dar seguimiento al compromiso asumido por el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, en la reunión del 19 de noviembre, relacionado con la implementación del proceso de consulta previa para el proyecto Coroccohuayco.
En esta reunión se acordó que las sesiones preparatorias para la realización de la consulta se iniciarán a fines de enero del presente año. Para dicho fin, el Poder Ejecutivo presentaría el plan de consulta, que es el primer paso para la realización de este proceso. El plan debe precisar: qué comunidades son las consultadas, quién es el encargado de hacer la consulta (el Ministerio de Energía y Minas en este caso), las etapas del proceso, los principios que la rigen, entre otros temas; siendo un punto fundamental, el objeto de la misma, es decir qué es lo que se está consultando.
De igual manera, en el acta de esta reunión de diciembre, también aparece como acuerdo la posibilidad que las comunidades presenten una propuesta de plan.
Hasta acá uno podría pensar que las cosas se están manejando correctamente por parte del Poder Ejecutivo, y los derechos de las comunidades están siendo respetados. Pero si uno escarba un poco más, encuentra muchas más sombras que luces en este caso. Para entrar en detalles, es necesario contextualizar el caso.
Como es bien sabido, el primer tajo Tintaya data de mediados de los ochenta, cuando todavía la mina era una empresa pública. En los noventa la mina se privatizó, y ya con la empresa suiza Xstrata como titular, Tintaya amplió sus operaciones con la aprobación del proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya a partir del 2010. Luego Xstrata fue absorbida por Glencore, que es el actual dueño de esta mina. Años de explotación indiscriminada bajo nulos estándares ambientales o sociales, y las sucesivas expansiones de la mina con las compras de tierras, ha devastado el tejido social de estas comunidades, y condenado a aquellos que decidieron quedarse y no migrar a zonas urbanas a convivir con los relaves mineros y las aguas contaminadas. De acuerdo a estudios del Ministerio de Salud, existen más de 700 personas que habitan en la zona de influencia de la mina a los cuales se les ha detectado presencia de metales pesados en el organismo.
Para viabilizar el proyecto Coroccohuayco, la empresa presentó una Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) ante el SENACE, órgano encargado de su aprobación y la certificación ambiental. Como lo señaló el mismo SENACE en el proceso de evaluación de esta MEIA, la ejecución de Coroccohuayco implicaría el reasentamiento de 3 comunidades: Huano Huano, Huini Coroccohuayco y Pacopata. De acuerdo al artículo 16 del Convenio 169 de la OIT, que protege a estas comunidades en su condición de pueblos originarios, el reasentamiento requiere el consentimiento de estas comunidades. Y solo en el excepcional caso que no se pueda obtener tal consentimiento, el Estado debe brindar a aquellas comunidades o pueblos indígenas reasentados, similares o mejores condiciones que las que tenían inicialmente; eso quiere decir que el lugar al cual sean reasentados les debe permitir seguir manteniendo su infraestructura comunal y, especialmente, sus prácticas tradicionales de convivencia con la tierra y el territorio, sus derechos colectivos como pueblos originarios.
Dada el nivel de impacto que conllevaría el proyecto Coroccohuayco sobre estas 3 comunidades, poniendo en peligro su subsistencia física y cultural, desde hace más de un año estas comunidades vienen demandando que la MEIA sea objeto de consulta. Existe una acción de amparo pendiente de resolver en el juzgado de Espinar por esta causa, y, además, en el transcurso del 2019 se han enviado numerosos petitorios al SENACE y otros ministerios para que se socialicen los contenidos de esta MEIA ante las comunidades. SENACE nunca atendió ninguna de estas solicitudes, justificando su decisión en el carácter técnico de su labor. De acuerdo a lo que señalaron en sus respuestas, formalmente ellos no se sentían obligados a dialogar con la población o sentarse en un espacio de diálogo.
De tal manera que, ya existían varios cuestionamientos sobre la forma cómo SENACE venía manejando el proceso de evaluación de la MEIA Coroccohuayco. Lo concreto es que esta entidad nunca tuvo la iniciativa para informar con transparencia a las comunidades cuáles eran los planes de venta de sus tierras.
Y así se llegó a la reunión del día 19 de diciembre. Dos días antes, el 17 de diciembre, el SENACE emitió la Resolución 00196-2019-SENACE-PE/DEAR que aprobó la MEIA Coroccohuayco. Las comunidades de Coroccohuayco que acudieron de buena fe a la reunión del 19 de diciembre no pudieron enterarse de dicha decisión, puesto que no fue un punto de agenda en la reunión ¿Se hubiera llegado a un acuerdo con las comunidades sobre la consulta previa si es que estas se hubieran enterado de antemano de la aprobación de la MEIA?
De tal manera que, nos encontramos próximos al inicio de un proceso de consulta con unas comunidades que aún no saben cuáles son las implicancias de los planes de compra de sus tierras. Con una MEIA aprobada, lo más probable es que el Poder Ejecutivo no quiera incluir en la consulta el reasentamiento de estas comunidades.
Pero hay que dejar algo en claro. En el proceso de evaluación de la MEIA, SENACE le requirió a Glencore que presente un plan de reasentamiento para las comunidades de Coroccohuayco, y este plan tenía que cumplir con los estándares de protección de pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT. La empresa nunca cumplió con presentar dicho plan, justificando su posición en el hecho de que no está regulado el reasentamiento poblacional para actividades mineras, y de que sus tratativas se deben enmarcar en el libre acuerdo entre privados. Bajo este marco, la empresa prefiere impulsar negociaciones bilaterales, o entre grupos de interés dentro de las comunidades, generando divisionismos y la fractura social.
A pesar de que la empresa no presentó ningún plan de reasentamiento, SENACE les ha aprobado la MEIA. En el Informe que sustenta esta aprobación, SENACE señala, de forma contradictoria, que el plan de adquisición de tierras presentado por la empresa debe cumplir con los estándares sociales y ambientales del Convenio 169 de la OIT, aunque propiamente todavía no puede ser considerado un plan de reasentamiento[1]. Ante una MEIA aprobada y la ausencia de una legislación sobre reasentamientos poblacionales para actividades mineras, cabe preguntarse: ¿qué órgano del Estado va a garantizar de que el proceso de adquisición de tierras en este caso cumpla estándares mínimos de protección de pueblos indígenas? Si es un acuerdo entre privados, va a ser difícil que el OEFA se vea obligado a intervenir. Si no lo hace, ¿quién lo hará entonces? SENACE se lava las manos al plantear una obligación que tiene que cumplir la empresa, pero sin especificar cuál es el órgano que va a supervisar que se cumpla tal disposición. Sería saludable que el Ministerio de Cultura, en su condición de órgano rector de los pueblos indígenas del país, pueda plantear alguna posición respecto a esta grave situación que pone en completa indefensión a estas comunidades. Nos preguntamos si lo hará o también se va a lavar las manos en este tema.
Resulta indispensable que en el próximo proceso de consulta que se va iniciar, puedan ser aclarados los puntos mencionados, particularmente precisar cómo el gobierno va a garantizar la vigencia de los derechos colectivos de las comunidades de la zona de influencia del proyecto Coroccohuayco.
16 de enero del 2020
[1] Como indica SENACE en el Informe 1017-2019-SENACE-PE/DEAR (págs. 270 y 271) que sustenta la aprobación de la MEIA: “(…) el efecto del impacto (Pérdida de tierras de actividades productivas) generado por el Proyecto es el desplazamiento físico y económico de los hogares asentados en dichas tierras, por lo cual, la medida que corresponde para este caso es reubicar dichos hogares en otras tierras en las condiciones que señala la citada disposición (…) Por lo tanto, considerando a la vivienda como medio de subsistencia y ubicándose ésta en tierras donde se asientan los hogares de las comunidades campesinas de Huano Huano, Pacopata y Huini Coroccohuayco, que son pueblos indígenas, y que van a ser impactados por el Proyecto; se les aplica la medida de compensación de reubicación de viviendas conforme el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT.
Autor: Samantha Anaya, Blanca González, Karely Jiménez y Polette Mendoza* de Zona Docs / Remamx.org
Entre enero 2010 y diciembre 2018 se concesionó el 15.9% (1´270,636.9 hectáreas) del territorio de Jalisco para la explotación minera. Para el 2030, la cantidad de territorio se incrementará al 30%.
Las empresas transnacionales que se han hecho de estas concesiones lo hacen siguiendo la ruta del despojo, la división de las comunidades e, incluso, la utilización de la violencia contra los líderes comunitarios que se han opuesto a estos megaproyectos.
Este reportaje hace un reecuento de la historia de la minería en Jalisco dando énfasis a la resistencia y lucha por un territorio que con la complacencia gubernamental de a poco se está convirtiendo en una gran mina a cielo abierto.
La minería en Jalisco ha generado graves problemas ambientales, sociales y culturales, tales como: la contaminación; la pérdida de mantos acuíferos; la exterminación de la fauna, cerros y árboles; así como el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas.
Las comunidades de las zonas de extracción se encuentran en el total olvido y marginación por parte del Estado Mexicano, quien se niega a ofrecer servicios básicos bajo la justificación de que se vuelven espacios de difícil acceso. Esta investigación cuenta la historia de aquellos a los que la vida y la libertad les fue arrebatada por defender sus territorios de los megaproyectos extractivistas.
Desde hace medio siglo, las minas que se han instalado en México usan técnicas y tecnologías capaces de movilizar en pocas horas miles y miles de toneladas de rocas, que en conjunto significan cerros enteros. La cantidad de los recursos explotados en los últimos 50 años son el doble de lo que se extrajo durante los 300 años de la colonia española.
Las empresas mineras modificaron sus métodos de extracción y ahora implementan las técnicas de cielo abierto y la de tumbe y relleno, mismas que se vieron en la necesidad de extender sus áreas de extracción para poder tener espacio suficiente y lograr procesar la descomunal cantidad de material removido para la extracción de los metales.
Las minas a cielo abierto catalogadas las más depredadoras: vuelan cerros enteros apoyándose con detonaciones de pólvora y el uso de sustancias químicas como el cianuro de sodio y ácido sulfúrico, para hacer hoyos en la tierra y extraer los minerales.
Carlos Chávez Reyes, presidente de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), nos explicó queeste tipo de proceso extractivo:
«Deja la tierra súper contaminada; queda un polvo muy fino… y ahora la gente va a comer y respirar arsénico, plomo, mercurio…»
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición prolongada al arsénico, a través del consumo de agua y alimentos, es causa de cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes.El envenenamiento por plomo, provoca daños al sistema nervioso y convulsiones. Y, el contacto con mercurio es causa de erupciones en la piel, dermatitis, pérdida de memoria, trastornos mentales y debilidad muscular.
Chávez también relata los casos extremos de desnutrición con los que se encontraron en la zona wixárika, al Norte de Jalisco, por el olvido en el que viven:
«Su fuente de alimentación es el maíz, y si las vacas de los ganaderos se comen todo, entonces, se mueren de hambre».
Las comunidades indígenas más afectadas por la presencia de minas en Jalisco son las ubicadas en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, al sur de Jalisco, donde durante años han estado en conflicto con las empresas mineras transnacionales Benito Juárez Peña Colorada, SA de CV y la minera China GanBo International.
Los habitantes de la sierra de Manantlán y Tequesquitlan, respectivamente, han denunciado la invasión de las empresas en sus terrenos, el saqueo ilegal de los recursos naturales de la zona, el despojo, hostigamiento, violencia, casos de agresión hacia defensores ambientales, como el ocurrido con Gaudencio Mancilla Roblada, arrestado sin justificación el 24 de diciembre de 2013; y Félix Monroy Rutilo, quien se manifestó contra los crímenes de Peña Colorada, el 10 de septiembre de 2014, tras la desaparición forzada de su sobrino, Celedonio Monroy Prudencio, el 23 de octubre de 2012.
Otra comunidad afectada por la actividad minera se localiza al norte de Jalisco, en los municipios de Mezquitic y San Martín de Bolaños, lugar de origen de los activistas Miguel y Agustín Vázquez Torres, asesinados el 20 de mayo de 2017.
Esta problemática ha sido ignorada por las autoridades gubernamentales locales y federales, lo cual genera que estos delitos queden impunes, almacenados en carpetas de investigación que han quedado archivadas; incluso, en diversas solicitudes de información enviadas a la Fiscalía del Estado de Jalisco, se aseguró no tener ninguna investigación abierta por los crímenes cometidos contra estos defensores de los derechos humanos.
LA HISTORIA DE PEÑA COLORADA
César Díaz Galván, Secretario de Participación y Planeación Ciudadana del Estado de Jalisco, relató la historia del consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada en la sierra de Manantlán, al sur de Jalisco.
Este consorcio comenzó como una paraestatal de Altos Hornos de México; es decir, una industria que era propiedad del gobierno mexicano.
El expresidente Carlos Salinas de Gortari vendió la mina a Grupo Alfa en 1992 y desincorporó la industria paraestatal Altos Hornos de México. Esta a su a vez, la vendió a Grupo México, quien la dividió en cinco empresas pequeñas, las cuales constituyen el ahora consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada.
Ahora hay dos empresas transnacionales involucradas en la minera Peña Colorada: Ternium y Mittal Steel. Estas transnacionales –además de controlar el mercado de hierro en México– son las principales exportadoras de este metal a China, el mayor comprador de hierro mexicano.
La razón por la que Peña Colorada se encuentra en la Sierra de Manantlán, se debe a que es el espacio idóneo para el desarrollo de la industria minera, dada la gran variedad de minerales como plata, hierro, cobre y zinc.
SALTO EN EL TIEMPO: LA SIERRA DE MANANTLÁN Y EL EJIDO DE AYOTITLÁN 1921
En la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán -que marca la división entre Jalisco y Colima- se encuentra la comunidad Nahua de Ayotitlán. Antes de la llegada de los españoles, Ayotitlán se extendía hasta el Océano Pacífico, pero hoy en día los habitantes viven en el cerro.
En 1921, apoyada en la nueva legislación agraria, Ayotitlán solicitó formalmente una solicitud de para la titulación de su terreno, pero nunca procedió: la Comisión Nacional Agraria (CNA) exigió a la comunidad presentar el documento de propiedad original, con el que no contaban.
La CNA retiró a los invasores, pero no sirvió de mucho, ya que en 1940 regresaron. A partir de entonces, se desarrolló una lucha en defensa de la tierra y los bosques, encabezada por el Consejo de Mayores, autoridad tradicional de Ayotitlán. Este consejo no era oficialmente reconocido, pues Ayotitlán dependía de la autoridad mestiza del municipio de Autlán y luego la de Cuautitlán, que se constituyó como municipio en 1946.
La recomendación de la Comisión Nacional Campesina (CNC, rama rural del PRI) al Comité Provisional de Bienes fue apelar por un ejido, ya que la lucha por la comunidad estaba perdida. De esa forma se librarían de la discriminación al convertirse en ejidatarios, y ganarían la «protección» del PRI, deber que ya está por demás mencionar.
A pesar de que el Consejo de Mayores puso objeción, se obtuvo la mayoría de votos a favor en la asamblea comunal.
El ejido parceló una porción de las tierras mediante el común acuerdo de las familias. El Consejo de Mayores, fue el encargado del reparto, pero los nuevos arreglos agrarios y presiones políticas exigían que desaparecieran las autoridades tradicionales. En respuesta, durante 1980 se reforzó la capacidad de acción de la autoridad tradicional, con el apoyo de nuevos actores, como sacerdotes y maestros rurales vinculados con la Alianza Revolucionaria Campesina de Izquierda.
Para legitimarse, el Comisario Ejidal comenzó juicios en contra de la empresa minera, invasores y autoridades federales y estatales, y de esta manera recuperar su territorio. Años después, obtuvieron, con ayuda de la CNC, una ampliación de 10,000 hectáreas adicionales a las ya otorgadas anteriormente.
Desde entonces, la invasión minera no cesó ni tampoco la devastación forestal, hasta que un decreto presidencial en 1987 creó la Reserva de la Biosfera sierra de Manantlán, la cual comprende 139 mil 577 hectáreas (incluidas casi todas las de Ayotitlán).
En la zona central de la Biosfera quedó prohibida toda actividad que pudiera afectar a la flora y fauna, modificar el uso de suelo, quedando suspendida la tala de árboles por 50 años.
Otras iniciativas, para promover su protección y desarrollo sustentable, fueron revitalizar las costumbres y saberes ancestrales de la cultura de los habitantes. En julio de 1993 se creó la Unión de Pueblos Indígenas de Manantlán (UPIM), una asociación civil que dota a la región de recursos, conformada por instituciones públicas, universitarias y privadas, quienes promueven los derechos humanos y la sustentabilidad ambiental.
Con todo y todo, no se ha resuelto el problema de la invasión de las minas, justificada en la actual disputa limítrofe entre los estados de Jalisco y Colima, pues tan sólo en el período comprendido de noviembre de 2010 a diciembre de 2017, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán se otorgaron 13 nuevas concesiones mineras con vigencia hasta 2067.
LOS NAHUAS DE AYOTITLÁN: UNA HISTORIA DE VIOLENCIA Y LUCHA POR SU TERRITORIO
Desde 1975 llegó el consorcio minero indo-italo-argentino Benito Juárez Peña Colorada, SA de CV a instalarse al sureste del territorio Nahua para comenzar con la explotación química de ricos yacimientos de cobre y hierro.
En 1992, con la privatización de la mina y sus intenciones de ampliarse para buscar yacimientos dentro de las tierras indígenas sin ningún tipo de permiso local, estatal o federal, el panorama de tensión incrementó hasta hacerse evidente.
Para los nahuas el conflicto con Peña Colorada es claro, la empresa mantiene desde hace décadas las misma maniobras: sobornos a ejidatarios para evitar procesos legales en su contra, apoyó con recursos a quienes están a favor de la mina, omisión de los pagos a las comunidades por la extracción del hierro e interviniendo con recursos a favor de candidatos en las elecciones ejidales y municipales.
A más de 40 años de su llegada, la empresa mantiene su producción prácticamente de manera ininterrumpida, amparada en su estatus de paraestatal y el apoyo de diversos grupos de poder por ser una de las más importantes minas de hierro de América Latina. A pesar de que el expediente contra la minera Peña Colorada sigue acumulando delitos ambientales: destrucción de cerros y contaminación de miles de metros cúbicos de agua; e irregularidades legales, tales como actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Después en 2008, cuando el precio del hierro se disparó, llegaron las mineras ilegales a instalarse por la fuerza, con grupos armados, en los predios de los ejidatarios indígenas para extraer el hierro (con el apoyo de autoridades corruptas) y vender el mineral en el mercado negro. Actualmente existen en esta situación alrededor de siete predios, o más, entre los que se destacan los de Cañada Verde y Piedra Imán.
En un principio los indígenas se movilizaron para confrontar a los invasores extractivistas, deteniendo la instalación de las maquinarias y suspendiendo el traslado del material. Sin embargo, ello llevó a los grupos mineros a incrementar la violencia en contra de sus opositores, lo que incluye la desaparición, el 23 de octubre de 2012, de Celedonio Monroy Prudencio, y las amenazas de muerte y agresiones contra Gaudencio Mancilla Roblada, por mencionar los casos más notables.
LOS ROSTROS Y VIDA DE LA DEFENSA COMUNITARIA
Celedonio Monroy Prudencio,nacido en 1975, es un luchador social nahua y defensor de los de los derechos de los pueblos indígenas del ejido Ayotitlán. En 2006, después de graduarse de la Universidad de Colima, ingresó como activista a el Frente Regional pro Manantlán y Cuenca del Marabasco AC (Fremar). En 2009, Celedonio se convirtió en asesor del Consejo de Mayores, director de Asuntos Indígenas del municipio de Cuautitlán y participó activamente en el Congreso Nacional Indígena de la región Occidente.
Celedonio, luchaba contra el saqueo de los recursos naturales de la Sierra de Manantlán (reserva de la biosfera desde 1987) en la Costa Sur de Jalisco. Denunciaba el hostigamiento de las compañías mineras principalmente el Consorcio Benito Juárez Peña Colorada S.A, que se ubica dentro de la zona de indefinición de límites territoriales entre Colima y Jalisco; la explotación ilegal de maderas preciosas que exportan los Talamontes a China y el abandono del gobierno del Estado de Jalisco para brindar los mínimos servicios públicos hacia la comunidad, así como el entorpecimiento de cualquier obra de beneficio social por parte de la policía Estatal de Colima.
La desaparición del defensor ambiental Celedonio ocurrió el 23 de Octubre de 2012 y está relacionada con su defensa ecológica de la sierra de Manantlán.
A finales de octubre de 2012 corrió el rumor de que un grupo de talamontes andaba sacando cedro blanco, rojo, primavera, tampiciran (conocido en esta región como granadillo) y rosa-morada. Entonces, un grupo de indígenas de la comunidad, entre ellos Celedonio Monroy Prudencio, se dirigió a los predios de Llano Grande y las Crucecitas. Cuando la brigada localizó a los talamontes y les pidieron sus permisos, éstos sacaron sus armas y los amenazaron.
Días después, los pistoleros fueron a la casa de los indígenas y les dijeron que anduvieran con cuidado y no se metieran con ellos. El día 23 de octubre de 2012 a las 23:20 horas llegaron a la casa de Celedonio en una camioneta Lobo blanca y otra tipo Suburban de las que bajaron ocho encapuchados armados y vestidos de militares.
Yo escuché gente y pensé que venían a pedirle consejo, como él estudió ciencias políticas. Al día siguiente tenía pensado a ir a Manzanillo, a trabajar. Me dijo: «voy con mi tía a pedirle su teléfono porque lo acaban de instalar y te marco a ese número». En eso estábamos, anotando el número, cuando llegan dos encapuchados. Uno daba las órdenes, el otro llegó preguntando por Celedonio y comenzó a buscar armas, incluso me encañonaron. Después de sacarlo, uno me dijo: «Si tu esposo no tuvo nada qué ver en las armas que buscamos, yo mismo te lo traigo». Hasta ahorita no sé nada de él (Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. Diciembre 2012).
Ya han pasado 7 años desde su desaparición y es fecha que sus familiares y amigos no saben nada de él.
El equipo realizó diversas solicitudes de información (Folio: 07233619) a la Fiscalía del Estado de Jalisco para conocer cuál es el estado procesal de la investigación del caso de Celedonio Monroy Prudencio.
La respuesta de los sujetos obligados fue que en la Fiscalía Regional Costa Sur fue que no se encontró registro de la información solicitada. Así mismo, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas informó que sí existe una carpeta de investigación activa a nombre del defensor; sin embargo, aún no sabe del paradero de la víctima y sí ésta se encuentra viva o muerta.
Gaudencio Mancilla Roblada,de 72 años, es el más joven de los integrantes del Consejo de Mayores (Autoridades Tradicionales Indígenas de la comunidad de Ayotitlán), líder nahua y defensor de la tierra de Manantlán. En 2008, fue galardonado con el premio Francisco Tenamaxtle de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
Gaudencio ha denunciado constantemente el problema con el reparto agrario, la explotación ilegal y el impacto ambiental que generan las diversas empresas mineras; la tala clandestina de las madereras en la Sierra de Manantlán; y las violaciones, amenazas y hostigamiento de las que son víctimas. Pide a las autoridades justicia para la resolución de los delitos que se han cometido en contra de sus compañeros defensores del territorio, el apoyo para crear su propia policía comunitaria que haga frente a la inseguridad, así como la presencia de militares que resguarden a la población.
El 17 de junio de 2013, un grupo de hombres, que se identificaron como el cuerpo de seguridad de la cooperativa Mineros Piedra Azteca, se presentaron armados en el domicilio de Gaudencio para dejarle una «recado»: «Si vuelven a interceptar camiones o vuelven a frenar maquinaria que esté extrayendo material. Si un solo incidente se vuelve a dar habrá consecuencias terribles».
Lo anterior lo confirmó en una entrevista, que tuvo lugar cinco días después del incidente, en el programa de radio Territorios de la Universidad de Guadalajara. Donde además aprovechó para pedir apoyo a las autoridades para la formación de cuerpos de seguridad autónomos en su comunidad.
No obstante, y a pesar de sus denuncias, un año después, el 14 de agosto de 2014, Mancilla Roblada fue detenido por policías municipales y estatales. El líder nahua cuenta que desde el primer momento del arresto fue violentado física y verbalmente con el fin de que declara su participación en la policía de los nahuas, la compra de armamento para esta organización y aceptara que, en colaboración con el representante de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de Jalisco, miembros de la Universidad de Guadalajara y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estarían creando una fuerza policiaca comunitaria en Ayotitlán.
Al no encontrar elementos para culparlo, Gaudencio fue arrestado por porte ilegal de arma de fuego y trasladado primero a las oficinas de la policía investigadora de Cuautitlán para después ser llevado a la ciudad de Guadalajara, donde se le dio una sentencia de 1 año y tres meses de prisión. Sin pruebas para demostrar la culpabilidad de Gaudencio de las acusaciones y frente a la rapidita circulación de información en medios independientes de la desaparición y detención ilegal del representante nahua, Gaudencio fue liberado con el pago de una fianza menor.
El representante legal del Consejo de Mayores salió de la cárcel para regresar a su comunidad, dando antes una rueda de prensa en la que describió los hechos, exigió a las autoridades el “trato como personas” de los indígenas, declaró tratarse la acción contra su persona de un acto de intimidación por “un asunto de minas” y afirmó que lo más importante en el momento era regresar a las comunidades para saber si otros habían sido intimidados y mostrar que continuaba vivo para seguir enfrentado a autoridades, políticos e intereses económicos que buscan aprovecharse ilegal e ilegítimamente los recursos naturales del territorio indígena.
El líder nahua ha recibido amenazas de muerte desde 2008 por oponerse a la explotación de la zona. A pesar de los ataques y amenazas, Mancilla Roblada, sigue reiterando que está dispuesto a afrontar las consecuencias derivadas de su defensa de la tierra.
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EL CERRO DE SAN PEDRO EN SAN LUIS POTOSÍ: EL ORIGEN DE LA LUCHA WIXÁRICA CONTRA LAS MINAS EN SUS TERRITORIOS SAGRADOS
El escudo de armas de San Luis Potosí nos muestra un cerro, el cerro de San Pedro, el cual en la actualidad ya no existe. La minera de New Gold extrajo de éste todo los minerales, aún con los amparos que interpuso la comunidad guachichil para prohibir la extracción de los minerales y para trabajar en su territorio. Toda la comunidad defendió hasta el final la protección del cerro de San Pedro, mas vivieron distintas etapas que hizo esta lucha imposible.
Cuando llegó la minera NewGold se dio una reacción fuerte y negativa sobre la presencia de esta empresa, sobre todo por parte de la presidenta municipal, María Rosaura Loredo Loredo, quien demandó que no se les otorgaran los permisos para el cambio del uso del suelo, requisito fundamental para la minería. La comunidad ganó los juicios siguientes, y la empresa se retiró por un tiempo.
Después de 10 años, y aún con el permiso vigente, volvieron a San Luis Potosí, pero ya no había quien defendiera las tierras o pudiera pararlos, extinguiendo el cerro.
Actualmente, se le conoce como un pueblo fantasma: todas las casas se encuentran cuarteadas por todas las explosiones, aún siendo patrimonios culturales e históricos por la antigüedad de sus iglesias y las grandes construcciones, donde todo terminó derrumbado. Después de todo esto se sigue viendo la explotación de esa tierra por parte de la empresa minera, extrayendo debajo del pueblo las enormes cantidades de oro que aún quedan.
LA COMUNIDAD WIXÁRIKA EN EL NORTE DE JALISCO
Al inicio del siglo XXI, la comunidad oscilaba entre los 20,000 miembros, en un territorio que abarcaba, en aquel entonces, 50 mil kilómetros de Este a Oeste, y 75 mil de Norte a Sur. Este se ubica en dos municipios jaliscienses: Mezquitic y San Martín de Bolaños.
El presidente de la AJAGI, Carlos Chávez Reyes, relata que en el lugar donde residen los indígenas wixárikas hay un peñasco enorme y su labor es cuidarlo, ya que es un lugar sagrado para su cosmología. No se trata solo de las tierras, sino de todo un territorio en el que ejercen su cultura, su forma de ser, vivir y sentir. Ellos tienen otra forma de conectar con la naturaleza, considerándola parte de la esencia humana.
Ellas y ellos conciben al mundo desde cuatro puntos cardinales: al Norte, Wirikuta, definido como el primer camino al mundo y ubicado en Real de Catorce, San Luis Potosí; en el punto Sur mencionan a Nuestra Madre la Lluvia, la cual se encuentra en la isla Alacranes, Jalisco; al Oriente, está Hauxa Manaka, «el tronco petrificado» que habita en la cima del Cerro Gordo, en Durango; al punto Occidente corresponde Tatei Haramara, Nuestra Madre el Agua de Mar, al lado del puerto de San Blas.
La comunidad Wixárika concluyen que sus antepasados les han heredado esas fértiles y abundantes tierras no únicamente para proporcionarles el sustento, sino como un lugar de adoración, como «una gran catedral» ( De la Peña, 2006).
Desde que son pequeñas y pequeños, se les enseña a sentir la energía del mundo, a percibirlo como un recuerdo, el lugar en el que la historia humana está en curso. Además, aprenden las canciones sagradas que les une con el universo.
UN RINCÓN «FUERA» DE LA JUSTICIA: EL CASO DE LAS Y LOS INDÍGENAS WIXÁRIKAS
Carlos Chávez Reyes, presidente de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Comunidades Indígenas (AJAGI), relata que él junto con un alópata y un curandero huichol recorrieron la sierra en busca de las enfermedades más comunes, dándose cuenta de la enorme tristeza de las personas. Además de que su dieta está conformada por únicamente frijol, huevo y tortillas, el acceso al agua es muy limitado y, ya que no hay caminos que conduzcan a ellos, el derecho a la salud es prácticamente inexistente.
Como si fuera poco, se encontraron con que había granaderos que arrojaban a las vacas a los cultivos de maíz de los huicholes con el propósito de hacer que abandonaran las tierras. Pero la comunidad indígena nunca lo hizo.
Ante la situación, contactaron a políticos, quienes dijeron «sí, lo vamos a ver», pero «solo se tomaron fotos con algunos miembros de la comunidad», detalló Chávez. Hecho completamente opuesto a lo que establece el artículo 10 del convenio 169 vinculante (una ley de este tipo hace obligatorio su cumplimiento) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el que establece que los gobiernos deben proporcionar a los pueblos protección contra la violación de sus derecho y bienestar.
Cuando Carlos y el resto del grupo de apoyo llegaron a la comunidad hicieron el compromiso de curar a la gente, pero se encontraron con casos de agresión por parte de los caciques, quienes decían castigar a los miembros de la comunidad. Eso los hizo entrar en ámbitos más amplios como, por ejemplo, el despojo de sus territorios.
Entrando en el tema de las minas y las concesiones de 50 o 60 años, Carlos menciona que son nada comparadas con los títulos virreinales que se remontan a 1725, y, cuando los conquistadores llegaron, los indígenas wixárikas ya ocupaban esas tierras, pero hacer valer sus derechos como dueños ancestrales de esas tierras es una realidad completamente opuesta: el artículo 14, del convenio 169, párrafo segundo, establece que los gobiernos deben definir las tierras que los pueblos ocupan tradicionalmente, para garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
A pesar de las denuncias por la sobreexplotación de recursos en el territorio del pueblo Wixárika, no basta con llegar hasta el juicio:
«la ley es elitista, gana quien tenga para pagar un abogado, pero un campesino que no tiene la suficiente solvencia económica para pagar el pasaje y ver si se ha avanzado en el caso es casi imposible. Además, si no te presentas en la fecha del citatorio, entonces, pierdes puntos procesales. Y, finalmente, te van a ganar», cometa el presidente de la AJAGI.
División en las comunidades
En la misma charla con Chávez Reyes, relató que la forma en cómo se aseguran los accionistas de las concesiones mineras de no perder su inversión –por motivos de la resistencia e inconformidad del pueblo Wixárika–. Estas personas se valen de «manuales hechos por cámaras de la industria minera, que son internacionales, donde les dan el camino a las minas sobre cómo vencer las resistencias populares». Los inversionistas, observan los conflictos internos en las comunidades, para causar división:
«No les interesa como aliados. Les importa que se debilite la sociedad, hasta la desaparición, hasta el asesinato de algún miembro».
Mientras los inversionistas compiten en la bolsa de valores desde otra parte del mundo, en las comunidades del norte de Jalisco los gobiernos olvidan lo establecido en el artículo 20 de la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Jalisco: si una persona ajena a la comunidad o pueblo comete hechos presuntamente delictivos, el Ministerio Público deberá hacer las averiguaciones correspondientes.
¿Por qué las minas se instalan en territorio indígena?
Chávez expresa que el 80% de los ambientalistas asesinados eran indígenas, lo cual nos permite notar que aproximadamente el 80% de los recursos naturales puros del planeta están en zonas indígenas.
Las y los indígenas habitan en zonas serranas, donde están los yacimientos minerales.
«Si hay pueblos indígenas se convierte en un problema para las empresas, no por su riqueza sino por su comunalidad».
Las asambleas comunales son un gran problema para que el capital avance, ya que las y los indígenas no buscan la riqueza económica;
«tenemos fotos impresionantes donde se ve la línea divisoria entre un pastizal erosionado con ganado que antes era bosque y un pastizal sembrado para la comunidad», relata Carlos.
Cuando una comunidad conserva tradicionalmente su organización y conservan su cultura son muy fuertes, pero cuando entran en sus tierras internamente se quebrantan, o se ven obligadas y obligados a migrar del campo a la ciudad, lo que provoca que disminuya su comunalidad.
Miguel y Agustín Vázquez Torres eran líderes de la comunidad Wixárika. Ambos fueron asesinados el sábado 20 de mayo de 2017 en Tuxpan de San Martín de Bolaños, en la sierra norte de Jalisco.
Miguel, de 40 años, pertenecía al Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta (sitio sagrado wixárika en San Luis Potosí), era uno de los principales líderes indígenas que encabezó el movimiento de restitución de su territorio y el 22 de septiembre de 2016 logró la devolución de 184 mil hectáreas.
Entre varias cosas, impulsó la creación de la preparatoria Bicultural de la Universidad de Guadalajara. Además, impulsó la creación de una policía comunitaria wixárika para defender a la población.
Agustín, de 30 años, se había graduado recientemente de la escuela de derecho, con especialidad en derecho a humanos.
Las principales investigaciones señalaron que los hermanos fueron agredidos con armas de fuego. Herido, Agustín fue trasladado al centro de salud local donde, más tarde, falleció. Al salir de ese lugar, Miguel fue asesinado del mismo modo, señaló la Fiscalía de Estado de Jalisco.
La comunidad Wixárika de Tuxpan de Bolaños y San Sebastián exigen la restitución de más de 10 hectáreas de la localidad Huajimic, en Nayarit.
Diversos medios señalan que el responsable del doble asesinato es el Cártel Jalisco Nueva Generación. La comunidad a la que pertenecían los hermanos, meses antes de ser asesinados, había registrado agresiones por parte de los granaderos de Huajimic. El ex fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia hizo acusaciones falsas contra los wixáricas por robo de ganado y siembra de amapola.
La Fiscalía del Estado de Jalisco, a las solicitudes de transparencia (Folios: 07233519 y 07233419), sobre el estado procesal de las investigaciones por el homicidio doloso de Miguel y Agustín, informó que por ahora no puede dar detalles públicos, ya que la carpeta de investigación sigue en trámite.
LA SITUACIÓN DE MARGINACIÓN EN LA QUE VIVE EL EJIDO DE AYOTITLÁN AL SUR DE JALISCO
Y así como en el norte de Jalisco quebrantan las leyes y se violentan los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, en el sur del estado no es muy distinta la situación .
«La parte que están explotando lo hacen de forma ilegal, en un predio que, si bien fue desincorporado de la propiedad pública, no hubo un acuerdo por parte de la comunidad para que el predio fuera explotado», menciona Juan Manuel César Díaz Galván de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.
Volvemos a un punto primordial: el verdadero ser de la ley en México.
En el convenio 169, artículo 6, párrafo 1°, inciso A, establece que los pueblos deben ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas, las cuales atentan contra su bienestar. Un ejemplo de que esto no se cumple es la venta de la paraestatal Altos Hornos de México a empresarios extranjeros. Esta decisión del gobierno debió ser notificada a los terceros afectados, ósea, los habitantes del ejido, lo cual nunca sucedió y el negocio quedó entre el gobierno mexicano y los dueños de las empresas transnacionales.
El ejido resultó perjudicado con una extensión de 192 hectáreas donde se encuentra la veta principal de hierro. La denuncia del ejido continúa en un juicio:
«Tiene que ver con el conflicto interestatal entre Jalisco y Colima. Esta indefinición en los límites estatales permite que la empresa se aproveche y siga explotando los yacimientos de forma ilegal», explica César Díaz.
La demanda que nunca procedió (y tal vez nunca lo haga).
En 1997 se llevó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el conflicto limítrofe entre Colima y Jalisco. La Primer Sala de la SCJN admitió la demanda del gobierno de Jalisco contra el gobierno de Colima e hizo llegar los intereses de ambas partes hasta el desahogo de pruebas.
Cuando los colimenses se enteraron que el gobierno de Jalisco tenía un 80% de posibilidades de ganar decidieron pasar el asunto al Senado colimense en su parte priísta.
Ante el cinismo de pasar el asunto de un lado al otro, la Red Jalisciense de Derechos Humanos y la Unión de Pueblos de la Sierra de Manantlán introdujeron un amparo ante el juzgado de distrito en materia administrativa de Jalisco, ya que el amparo nunca procedió en el Poder Judicial de la Federación, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde lleva 10 años en estudio.
En octubre de 2012, la Corte abordó de nuevo el caso; sin embargo, los expedientes se quedaron en un archivo del Senado de la República, donde no han proseguido, pero hay otros interés que no son de las empresas ni del poder político. Díaz Galván dijo que:
«los grupos del crimen organizado también han explotado esa parte de la mina, en un predio llamado Cañada Verde, punto que está contiguo a la empresa Peña Colorada».
El amparo de 1968
En 1921, la comunidad Nahua de Ayotitlán hizo un reclamo para que por la vía legal les restituyeran el título virreinal de sus bienes comunales, el que reconoce que son poseedores de 440 mil hectáreas. No fue hasta 1963 que les concedieron una resolución presidencial, en la que se les adjudicó únicamente 50 mil hectáreas, es decir, sólo el 12% de su territorio total que por derecho les corresponde. Pero, aún con el 88% de su territorio en manos de particulares, dicha resolución sólo le entregó materialmente 34 mil hectáreas.
El juicio de amparo de 1968 se dio por el reclamo de esa devolución complementaria de su territorio. Sin embargo, a pesar que ganaron el juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nunca se ejecutó la entrega complementaria, adeudando al ejido 16 mil hectáreas.
¿Por qué la reposición de sus tierras comenzó en 1921 y se resolvió hasta 1963?
En este periodo fue cuando el general Marcelino García Barragán realizó contratos con empresas madereras para explotar la reserva: «Por eso Ayotitlán es dotado como ejido y no restituido como comunidad, como debió de haber sido».
La Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco es por completo ignorada y pasada por alto. La razón: el conflicto limítrofe que actualmente se gesta entre Jalisco y Colima; el gobierno jalisciense argumenta que la problemática está fuera de su jurisdicción, al estar fuera de su territorio.
Una segunda razón es que esta ley es para preservar y defender los derechos de pueblos y comunidades indígenas originarias de Jalisco. No obstante, sólo se especifica lo que se entiende por pueblo y comunidad indígena, en ningún momento se mencionan los derechos de los miembros de un ejido, tal y como se le dotó a Ayotitlán.
El investigador de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI), Alejandro Carrillo Ceballos, mencionó que una comunidad indígena tiene más peso para echar a andar los órganos jurisdiccionales que un ejido, tal y como se le reconoció a Ayotitlán, aunque en los hechos es una comunidad indígena por su organización social, motivo por el que entran en esta lógica de organización que violenta sus derechos, a pesar de tener a sus autoridades tradicionales. En el artículo 7, fracción III de la Ley de Derechos y Desarrollo Indígena, se específica qué es una comunidad indígena, características con las que claramente cuenta Ayotitlán.
En 2007, una resolución indica que hay imposibilidad material para completar el territorio que, por derecho, les corresponde a los miembros del ejido, es decir, ya no hay tierras y lo que queda ya tiene dueño. Entonces, lo que continúa buscando Ayotitlán, a más de 50 años de haber ganado el juicio de devolución complementaria, es una indemnización, esto es que el gobierno pague al ejido lo que valen las hectáreas que les deben. El juicio sigue en proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Como ya se mencionó, el convenio 169 es vinculante, por lo que es obligatorio su cumplimiento. México forma parte de él desde 1989 y en 1990 fue ratificado por el congreso, lo que lo volvió de rango constitucional. César Díaz puntualizó que, a pesar de ser vinculante, «sigue siendo letra muerta», ya que poco a servido para defender las tierras de los indígenas.
Tal es el caso del artículo 18, el que manifiesta el derecho que tienen los pueblos a preservar los recursos naturales que se encuentran en sus tierras. Pero en la realidad sucede que se explotan los cerros con un modelo extractivo que contamina la tierra y la deja estéril. O el artículo 7, párrafo 4°, sobre las medidas que debe tomar el gobierno en cooperación con los pueblos para proteger el medio ambiente.
En la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se gesta en la actualidad un debate sobre la consulta a los pueblos indígenas para llevar a cabo megaproyectos de «desarrollo» en sus terrenos, ya que si los proyectos buscan «elevar el nivel de vida de la población», y un pueblo indígena se opone, la consulta no debe ser obligatoria. Situación contradictoria, ya que el artículo 7 del convenio 169 plantea que los pueblos tienen el derecho a decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo.
Además, el mismo artículo menciona que los gobiernos están en la obligación de cooperar con los pueblos para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. Curiosos adjetivos: proteger y preservar. Sin embargo, lo que se discute en la actualidad es que:
«cuando el daño sea irreversible y afecte profundamente las condiciones de vida de las personas, entonces, sólo entonces, la consulta debe ser obligatoria», comenta Carlos Chávez.
LA LEY MINERA EN MÉXICO
El primer artículo de la Ley Minera, que resalta para entender este tema de la «letra muerta», es el número 10, párrafo 1°, este aclara quiénes tienen el derecho de explotar los minerales: personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas; sin embargo, el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, que ha destruido la Sierra de Manantlán (Sur de Jalisco), pertenece a dos empresas: Arcelor Mittal, del hindú Laskshmi Mittal y la empresa italo–argentina, Ternium.
Pero, Peña Colorada no es la única en esta zona. La empresa china GanBo, tiene como principal accionista a uno de los hombres más ricos del mundo, el hindú Likshmi Mittal. Ésta ha estado involucrada en conflictos por las tierras el ejido de Tequequitlán en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, el tercero más pobre de Jalisco.
La Terronera, de capital canadiense, ubicada cerca de al municipio de San Sebastián del Oeste, también cuenta con un permiso vigente. Tres concesiones de capital extranjero arrasando con los recursos de México y con la vida de las comunidades indígenas que ahí residen.
El artículo 43, fracción III, aborda uno de los motivos de suspensión de una concesión: si se corre el riesgo de provocar daños a propiedad privada.
Un ejemplo notorio de la violación de estos artículos es lo que vivió Félix Monroy Rutilo, tío de Celedonio Monroy Prudencio. En la madrugada del 5 de enero de 2016 fue introducida maquinaria pesada, perteneciente a el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, a el predio de Los Potros, propiedad de la familia del campesino y habitante del ejido. Buscaban destruir los cultivos de maíz y jamaica, árboles y cercos colocados por Félix hace más de 40 años. Y, como si fuera poco, Peña Colorada ha cercado ilegalmente el terreno de cultivo de Félix.
Los recursos más abundantes se encuentran en zonas indígenas y el artículo 13, en su tercer párrafo, esclarece que si el pueblo o comunidad solicita el terreno que habita a la par de otra persona, se le dará preferencia a la solicitud del pueblo y/o comunidad. Es más que obvio que este artículo no se cumple.
El ejido de Ayotitlán en el municipio de Cuautitlán de García Barragán y el pueblo Wixárika en los municipios de Mezquitic y San Martín de Bolaños, han luchado por años para la restauración de sus tierras, entregadas a empresas mineras transnacionales (lo cual ya está violando el artículo 10 de la Ley Minera), que con el proceso de extracción a cielo abierto están causando un impacto ambiental y social irreparable.
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EL CASO DE DOÑA MARÍA
Doña María es habitante de una de las comunidades poseedoras de uno de los yacimientos más abundantes de hierro ubicada en el ejido de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. En 2009, debido a una detonación ilegal a cielo abierto de la mina El Pesar, Consorcio Benito Juárez Peña Colorada, no pudo refugiarse y fue así que cayó en su cabeza un trozo de hierro, el cual la dejó ciega permanentemente y le propició intensas migrañas.
La empresa responsable de la extracción a cielo abierto, El Pesar, nunca la indemnizó por el gran daño que le causó.
La Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas en El Estado de Jalisco, bajo el Artículo 35, establece que los habitantes de las comunidades indígenas tienen el derecho a recibir los beneficios de las actividades extractivas que se lleven a cabo en sus tierras, o en caso de sufrir algún daño recibir una indemnización equivalente a éste. Las autoridades responsables deberán asegurarse que dicha indemnización se acredite y cuantifique. Y aún así, a sus 87 años, doña María recuerda cuando llegaron las minas con la promesa de hacer prosperar al municipio de Cuautitlán de García Barragán, el tercer municipio más pobre de Jalisco.
El Pesar y Peña Colorada no dejan beneficios económicos para los habitantes de la región, quienes desde hace cuatro décadas esperan el progreso que se les prometió, argumento que no dejan de utilizar y mantener las mineras en sus discurso de desarrollo.
LA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE LOS EMPRESARIOS MINEROS Y EL ESTADO MEXICANO
Las concesiones y permisos mineros son otorgados por el Gobierno Federal, quienes justifican el daño ecológico y social con la entrada económica que dejan las inversiones extranjeras.
En junio pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con Lakshmi N. Mittal dueño de Arcelor Mittal, la mayor siderúrgica en el mundo. Además, Arcelor Mittal es una de las dos empresas que conforman el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, con quien acordó
«una inversión en proceso de mil millones de dólares […] ya se ha establecido parte de la inversión… 600 millones de dólares», expresó el presidente.
En la reunión, Mittal afirmó que están:
«comprometidos a invertir en México. Tenemos un plan de negocios que integra todos los procesos desde la minería a la producción de acero». Es curioso cómo es que Mittal dice que busca «mejorar la calidad de vida de los mexicanos»
Pero los vínculos no acaban ahí, el presidente designó a Francisco Quiroga Fernández como Subsecretario de Minería por ser ex-empleado de importantes empresas trasnacionales mineras, y a Laura Cristina Díaz Nieves como Directora General de Minas por tener una larga carrera en empresas trasnacionales; funcionarios que tienen un evidente «conflictos de interés».
Quiroga Fernández laboró en el Grupo Villacero como director de planificación internacional durante el periodo de 2004 a 2007. En abril de 2006 Arcelor Mittal compró Sicartsa a Grupo Villacero, que la convirtió en la siderúrgica más grande de México. El actual subsecretario de Minería ayudó a Arcelor Mittal a consolidarse en México, ya que trabajó para la compañía de 2007 a 2009, periodo en el que crecieron los números de ésta empresa, al grado de que actualmente tiene una participación estimada de 22% a 25% en el mercado nacional. De 2009 a 2012, Quiroga Fernández volvió a Villacero para hacerse cargo de la recién adquirida Coutinho & Ferrostaal.
Díaz Nieves tiene más de 22 años como asesora legal para múltiples empresas públicas de exploración y explotación en México con un historial exitoso en transacciones de recursos naturales. Fue abogada corporativa para empresas mineras canadienses que operan en México, y hasta mayo 2012 se desempeñó como directora de la compañía canadiense Marlin Gold Mining Ltd, que opera en el país a través de su filial Oro Gold de México.
En la Dirección General de Minas, Díaz Nieves tiene, entre otras atribuciones, expedir títulos de concesión, así como resolver la corrección administrativa, sustitución, prórroga, desistimiento, cancelación o nulidad de los permisos, conforme al marco normativo vigente según el artículo 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2016.
Muchas comunidades indígenas y defensores de derechos humanos, que se oponen a megaproyectos energéticos, expresaron preocupación por el nombramiento de Katya Puga Cornejo como Subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la Fiscalía General de la República (FGR), Felipe Muñoz Vázquez.
Puga Cornejo, después de trabajar en los sexenios de Fox y Calderón en 2013, se incorporó a la Secretaría de Energía (Sener) como directora de Vinculación Social en la Subsecretaría de Electricidad y, posteriormente, se unió a la Subsecretaría de Hidrocarburos. Ahora, como Subsecretaria de Planeación y Política Ambiental, se encarga de las políticas ambientales de los megaproyectos en toda la república mexicana.
Conforme a la Secretaría de Economía, México se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre; además es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo de acuerdo con el reporte publicado por SNL Metals & Mining 2015, pero lo que más destaca es que es el quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, los cuales son relevantes porque contribuyen con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. Por ello, quizá, no importan las consecuencias y daños colaterales de la instalación de las mineras.
Para 2030, el porcentaje estimado del territorio que se encontrará concesionado para la explotación minera en Jalisco será del 30%, aumentando las posibilidades de un deterioro ambiental y, seguramente, afectando a las comunidades indígenas más vulnerables, ya que es ahí donde se instalarán los megraproyectos extractivistas, y todo esto sucederá mientras se recrudece la impunidad y la injusticia en los casos de Celedonio Monroy Prudencio, Gaudencio Mancilla Roblada, Félix Monroy Rutilo, Miguel y Agustín Vázquez Torres, quienes eran y son imparables en la defensa de su territorio.
Investigación realizada por alumnos de la Licenciatura en Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara en el marco de la asignatura de Investigación Periodística.
Activistas alertaron a pobladores sobre riesgos del proyecto
▲ Pobladores de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en conferencia de prensa en julio pasado, cuando manifestaron su inconformidad por el proyecto minero en el Cerro del Gallo de la empresa canadiense Argonaut Gold, por los daños que podría causar al entorno y la economía de la región. Ayer, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negó a la compañía la autorización de impacto ambiental.Foto Carlos García Carlos García Corresponsal Periódico La Jornada
Martes 14 de enero de 2020, p. 22
Dolores Hidalgo, Gto., La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó a San Antón de las Minas SA de CV, de la empresa canadiense Argonaut Gold, las autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales para explotar una mina a cielo abierto en el Cerro del Gallo, en el municipio de Dolores Hidalgo.
La dependencia encabezada por Víctor Manuel Toledo menciona en el oficio SDPA/DGIRA/DG/09968 –dirigido a la representante legal de San Antón de las Minas, Celia Rosario Badillo Botello– que el expediente técnico del proyecto fue archivado como asunto totalmente concluido, aunque la empresa puede someter nuevamente su proyecto a evaluación.
El documento, firmado por el titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, Juan Manuel Torres Burgos, detalla que la empresa presentó 62 copias certificadas de escrituras, cesión de derechos y contratos de compraventa de terrenos adquiridos en diferentes comunidades de Dolores Hidalgo para la explotación del yacimiento.
La empresa solicitó permisos para la preparación del sitio, la construcción, operación y mantenimiento de una unidad minera para la explotación y el beneficio de oro, plata y cobre en el depósito Cerro del Gallo.
Los trabajos se realizarían en 370.32 hectáreas, pero sólo en 142.69 (39.87 de ellas con vegetación arbustiva de bosque de encino y 102.82 con vegetación arbustiva de pastizal natural) se solicitó cambio de uso de suelo forestal, precisa el oficio.
Menciona que el Consejo Forestal Estatal emitió una opinión desfavorable para el proyecto porque no se sustentan de manera adecuada las medidas de remediación de las áreas a impactar.
Por su parte, el ayuntamiento de Dolores Hidalgo, presidido por el alcalde priísta Miguel Ángel Rayas, emitió una opinión técnica en la que rechazó este proyecto debido a aspectos que generan molestia y preocupación entre los habitantes de las comunidades.
Los pobladores se oponen a la eliminación de flora y fauna por el uso de explosivos para fragmentar rocas y por la utilización de cianuro en el proceso de lixiviación de los minerales, lo que pondría en riesgo la calidad del agua superficial y subterránea, y por la desaparición de la agricultura y la ganadería, agregó el gobierno municipal.
La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato (Smaot) dio a conocer una opinión técnica en la que puntualiza que el proyecto no es congruente con las políticas de protección ni de restauración de la localidad.
Gustavo Lozano, integrante de la asociación Acción Colectiva Socioambiental, comentó que la resolución de la Semarnat es un logro de las comunidades que habrían sido afectadas por la mina a cielo abierto y que tuvieron el apoyo de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, la Red Mexicana de Afectados por la Minería y Acción Colectiva Socioambiental, entre otras organizaciones.
Estas organizaciones ofrecieron a los pobladores pláticas informativas sobre daños a la salud y al medio ambiente causados por las mineras, recordó Lozano.
Aseveró que las minas a cielo abierto son los proyectos que generan más devastación en el mundo. En las reuniones informativas se advirtió que el yacimiento contaminaría el acuífero de la cuenca Independencia, que abastece a siete municipios, y causaría entre los habitantes enfermedades en la piel, en los ojos, abortos, deformaciones congénitas y problemas renales.
EL PROYECTO MINERO CERRO DEL GALLO NO VA.
COMUNIDADES DE DOLORES HIDALGO
EN DEFENSA DE SU TERRITORIO CONTRA EL DESPOJO MINERO.
Ante la pretensión de la empresa canadiense Argonaut Gold de explotar una mina a tajo abierto en
el Cerro del Gallo en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato y luego de una lucha continuada
de las y los pobladores de las comunidades que habrían sido afectadas por la defensa de su territorio,
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) resolvió negar la
autorización en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo solicitados por la
empresa.
Apenas en noviembre del 2019, a invitación del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier,
integrantes de las comunidades afectables visitaron el Cerro San Pedro en San Luis Potosí para
constatar, de primera mano, las afectaciones concretas al territorio, a la salud y al medio
ambiente que produce la minería en su paso por los territorios de extracción.
Mediante un proceso de información, que concitó la participación de mujeres y hombres de las
comunidades del municipio de Dolores Hidalgo en oposición al proyecto minero (Santa Bárbara,
Cerrito de Guadalupe, La Colmena, El Durazno, Palacio de Abajo, El Potrero de Guadalupe, San José de
la Campana, San José de la Palma, El Llanito, La Ventilla, San Isidro el Sisote, San Marcos, Purísima de
Cebolletas, Cabaña de San Jerónimo, La Tinaja, Cerrito de Santa Cecilia, San Vicente, Silleros, San
Francisco de la ERRE y El Capulín) las y los potenciales afectados cobraron concienca de la
capacidad criminal de la megaminería tóxica.
No olvidamos que apenas en julio del año pasado, en la ciudad de Guanajuato, durante el acto de
inauguración de la “Expo México Minero”, Salvador García Ledesma, presidente de la Asociación
de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, calificó como “ridícula” la
preocupación de las comunidades por los daños a la salud y al medio ambiente que genera la
actividad minera. Se refería a la preocupación de las comunidades por las posibles afectaciones del
Proyecto Cerro del Gallo. Desde la REMA, advertimos entonces, cómo esa declaración revelaba
justamente la actitud con la que la actual industria minera en México se relaciona con las
comunidades que habitan los territorios que pretenden explotar: desprecio a sus intereses y
preocupaciones, desprecio por su vida, su salud y su territorio.
Pues bien, aquí siguen de pie estas comunidades y las organizaciones que las acompañan,
dispuestas a la “ridícula” idea de defender su territorio, su vida y su futuro.
Durante este proceso de defensa, las comunidades han contado con el apoyo sostenido de las
organizaciones que conforman la Hermandad de la Cuenca de la Independencia (nombre del
acuífero que sería afectado por la minera), del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier y de
la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
Para combatir la estrategia de desinformación utilizada por las empresas del Modelo Extractivo
Minero, la cual implica el ocultamiento de las consecuencias nocivas de sus proyectos y la oferta
de beneficios ficticios, nuestro trabajo consiste en acercar información objetiva y real sobre las
diversas afectaciones que produce la minería: contaminación de la tierra, del agua y del aire, erosión
y desertificación del territorio y afecciones a la salud; pérdida de soberanía alimentaria, de
biodiversidad y del paisaje así como altísimas contribuciones al cambio climático; empleos precarios,
violaciones sistemáticas a los derechos humanos, debilitamiento del tejido social, división de
comunidades; atentados contra la integridad física y emocional de opositores así como su
criminalización, son algunos de ellos cuando las mineras aparecen.
Pese al estado de necesidad que impera en las comunidades que habitan los territorios donde la
minera canadiense Argonaut Gold y su filial mexicana San Antón de las Minas, S.A. de C.V. pretenden
explotar el Cerro del Gallo, las y los pobladores han expresado su rechazo demostrando dignidad y
capacidad de organización. Ello refrenda que desde la organización, la información técnica y la
movilización, los pueblos tienen la autoridad y legitimidad necesaria para hacer valer el respeto a la
vida y el respeto a su futuro.
Felicitamos a las comunidades que se han movilizado en esta lucha dando un ejemplo de unidad y
de capacidad de respuesta en la Cuna de la Independencia de México. Nos congratulamos y
felicitamos a las organizaciones que han apoyado este proceso y a nuestros compañeros de REMA
implicados en esta batalla por la integridad de los territorios. La confluencia de capacidades y de
dignidad prevalece y nos da bríos para continuar esta lucha contra el despojo y por la vida.
¡NO AL DESPOJO DE NUESTROS TERRITORIOS!
¡ORGANIZACIÓN, INFORMACIÓN Y MOVILIZACIÓN POR LA VIDA Y CONTRA EL MODELO
COMUNIDAD INDIGENA DIAGUITA PATAY CO, RESPECTO A MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CONTINUIDAD
DE PASCUA LAMA
En relación a la sentencia de la Corte Suprema que falló a favor de la empresa minera Barrick Gold en su proyecto Pascua Lama, respecto al recurso de casación que buscaba dejar sin efecto la autorización de la modificación del permiso ambiental del proyecto, nuestra comunidad indígena de base territorial declara enfáticamente:
Está sentencia tiene poca relevancia respecto a los intereses por querer revivir este transgresor proyecto minero, debido a que se encuentra paralizado con la máxima sanción de CLAUSURA TOTAL Y DEFINITIVA, dictaminada el 17 de Enero de 2018 por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Esta sentencia es solo un fallo especifico sobre la autorización de una modificación al permiso ambiental del ya muerto proyecto Pascua Lama, donde la empresa junto a los organismos “técnicos” del estado de Chile nos dicen que el agua se contamino de “manera natural”, por lo que deben subir los parámetros de metales pesados permitidos en el agua para que la contaminación sea legal y la culpable sea la naturaleza.
Denunciamos el mal manejo periodístico de algunos medios de comunicación que de manera sistemática lucran mal informando, así lo demuestra la orden de compra y oferta (adjuntos) de empresas como AZERTA que cobran importantes sumas de dinero por hacer un lavado de imagen de esta empresa que por más de 20 años ha mentido, a la comunidad, a las entidades fiscalizadoras y hasta sus propios inversionistas.
Denunciamos el interés de incidir en la ratificación del CLAUSURA TOTAL Y DEFINITIVA dictaminada por la Superintendencia de Medioambiente, que fue reclamada por la empresa ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Valoramos el voto en contra del Ministro Sergio Muñoz, debido a que efectivamente se infringió el Convenio 169 de la OIT al omitirse la apertura de un proceso de participación indígena, de manera previa, libre e informada. Sin duda estamos estudiando, acudir a instancias internacionales.
Compartimos las luchas del agua como un derecho humano y las demandas levantadas por los pueblos organizados.
Pachuca.- Al menos nueve localidades de Zimapán registran contaminantes en el agua y sus habitantes presentan dificultad para respirar, así como dolor de ojos y cabeza, a raíz del mal manejo de los “jales” que contienen los residuos de la actividad minera en la zona.
La zona del Canipaco, ubicada en la parte alta de la provincia de Huancayo, región Junín, se encuentra en emergencia ambiental a causa del vertimiento de aguas ácidas a tres ríos que a su vez son tributarios del Mantaro.
Durante la reciente conferencia que acaba de realizar el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, ante la Asociación de Prensa Extranjera en la sede del ministerio; acaba de anunciar que el proyecto minero tía maría de la empresa Southern Copper, perteneciente al Grupo México, no va a iniciar operaciones antes del 2024. “Eso nos da 5 años para que el Estado haga el cierre de brechas”, añadió el ministro.
Una de las primeras referencias públicas en San Luis Potosí al “oro blanco” o “nuevo petróleo” -en relación a su posible riqueza- ocurrió en los albores de junio de 2010: el día 8, el periódico La Jornada publicó que empresarios españoles vinculados al Banco Santander firmaron un acuerdo con Litiomex, SA de CV, del empresario Martín Sutti Courtade “para hacerse cargo de la comercialización global” del litio mexicano.
A través de una misiva, desde la comunidad de Cazarpamba, en Cotacachi, se informó que las “comunidades afectadas por concesiones mineras en Íntag rechazan firmemente la presencia de la empresa transnacional BHP – Cerro Quebrado”.
El 19 de diciembre último, se reunieron en la provincia de Espinar, Cusco, una comitiva del Poder Ejecutivo y representantes de las 13 comunidades de la zona de influencia de la mina Tintaya – Antapaccay, que actualmente se encuentra en proceso de ampliación con el proyecto Coroccohuayco. La reunión tenía por finalidad dar seguimiento al compromiso asumido por el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, en la reunión del 19 de noviembre, relacionado con la implementación del proceso de consulta previa para el proyecto Coroccohuayco.
Entre enero 2010 y diciembre 2018 se concesionó el 15.9% (1´270,636.9 hectáreas) del territorio de Jalisco para la explotación minera. Para el 2030, la cantidad de territorio se incrementará al 30%.
Activistas alertaron a pobladores sobre riesgos del proyecto
EL PROYECTO MINERO CERRO DEL GALLO NO VA.
DECLARACIÓN PUBLICA
