Largo camino. Luego de casi 10 años de protestas, pobladores de la cuenca del Llallimayo lograron el fin de las operaciones de empresa por contaminar aguas.

Tuvieron que pasar más de 10 años, para que el Gobierno central les dé la razón a los pobladores de la cuenca del Llalimayo. Estos responsabilizaban a la empresa Aruntani SAC de contaminar el agua y el suelo en las provincias de Lampa y Melgar.

Ayer las autoridades de Puno se reunieron con representantes del Gobierno; en la cita, se acordó el cierre definitivo de la unidad minera Arasi y declarar improcedente el proyecto de la unidad minera Carlos Este, ambas de propiedad de Aruntani. Además, no podrá procesar oro ni utilizar el cianuro u otros elementos químicos. Para evitar que la minera siga operando, la Fiscalía lacró todas las instalaciones.

La decisión se dio, luego que la población de la provincia de Melgar acatara desde el pasado lunes un paro indefinido. La protesta se radicalizó ayer porque los gremios de San Román y Puno se sumaron a la medida de lucha.

El paro fue total en la ciudad de Juliaca; desde las primeras horas, se bloquearon vías. Mientras tanto, en Puno, hubo movilizaciones. En estas, además, se pidió la nulidad de la licencia del proyecto Tía María en Arequipa.

Reunión

La noticia del fin de las operaciones de Aruntani fue confirmada la tarde de ayer, luego de una reunión en Lima entre el alcalde provincial de Melgar, Esteban Álvarez Ccasa; los burgomaestres distritales de Cupi, Marcelino Surco Quispe; de Llalli, Juan Rojas, y de Umachiri, María Apaza, y el Ejecutivo.

La cita se concretó en Palacio de Gobierno con los ministros del Ambiente, Energía y Minas, y Vivienda, además del viceministro de Agricultura. Asimismo, estuvieron el gobernador de Puno, Walter Aduviri, y los congresistas Alberto Quintanilla, Edilberto Curro y Oracio Pacori.

Lucha de años

En 2016, tras repetidas jornadas de protesta, se instaló la primera mesa de diálogo para abordar la problemática ambiental. Fue un largo proceso, para que en primera instancia se reconozca la contaminación y, luego, se identifique al agente contaminante.

Ahora quedan pendientes la recuperación ambiental y la atención de salud a los afectados, teniendo en cuenta que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó la presencia de metales pesados en el agua, suelo y sedimentos.

En todo este periodo de reclamos, representantes de la minera nunca acudieron a las mesas de trabajo, actitud que, para los lugareños, obedecía a que sus actividades eran anómalas, porque nunca se habría comunicado ni socializado el Estudio de Impacto ambiental (EIA).

Seguirán en la zona

El presidente del Comité de Lucha por la Defensa de la Cuenca del Llallimayo, Edwin Díaz, dijo que continuarán con su paralización hasta el viernes 26 de julio. Esperan la llegada de los ministros con el documento que disponga el cierre definitivo de Aruntani.

Para esa fecha, también se prevé la implementación del plan de trabajo y la indemnización a la población afectada.

Movilizaciones en Moquegua y Tacna

En Moquegua, organizaciones acatarán hoy y mañana un paro de 48 horas contra el proyecto Quellaveco de la empresa Anglo American. La acusan de contaminar el agua y el ambiente. El dirigente Óscar Zeballos dijo que no le han comprado en gran volumen a empresas locales ni han priorizado a personal local.

El secretario de Defensa de la CGTP en Tacna, Isaac Contreras, convocó para hoy una movilización contra el proyecto Tía María. Además, recalcó que Tacna reclamará una mesa técnica para la provincia de Candarave. La población pide el fin de la licencia de agua que tiene Southern en su territorio.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/07/25/gobierno-ordena-cierre-de-minera-aruntani-en-puno/?fbclid=IwAR08NCiU-gvPj9zF5UcKOJ9wrFdAirdhuEWVplKN9V90pVyNzRcTKZtbuKY

Con joven son ocho los detenidos desde el inicio del paro indefinido contra Tía María. Intervención se dio entre el reclamo de familiares y pobladores que terminaron siendo amedrentados con bombas lacrimógenas.

En medio de lágrimas y reclamos, Cristian Quispe Torres (26) fue detenido la tarde de este viernes en el distrito de Cocachacra (Islay), durante el paro contra el proyecto cuprífero Tía María.

El joven fue llevado por efectivos de la Policía Nacional al cuartel de Chucarapi para luego ser trasladado a Arequipa, donde se unirá a los otros cinco detenidos Carlos Enrique Huamán Vargas (44), Manuel Cuno Parancco (53), Edwin Cuno Parancco (30), Remigio Quispe Mendoza (47) y un menor (16) de la provincia de Islay. Otros dos permanecen detenidos en la provincia de Camaná, Jesús Flores Chipana y Andersón Arizmendi Paredes.

Con Quispe, suman ocho en total las personas detenidas durante los enfrentamientos por el conflicto social que afronta la región de Arequipa y que ha ocasionado el bloqueo de vías y constantes manifestaciones en las diferentes provincias.

Policías enmarrocaron y llevaron al joven de 26 luego de que presuntamente causó disturbios en el lugar del conflicto, en la carretera de ingreso a Cocachacra. En el sector se han apostado cientos de protestantes que desde hace días se enfrentan a los agentes de control en su intento por restringir el tránsito.

Familiares y varios pobladores cuestionaron a los efectivos por la intervención. Señalan que Quispe no hizo nada y solo se encontraba en el lugar ayudando a tu tía a vender papas. En medio de los reclamos, los policías habrían lazando bombas lacrimógenas a los pobladores, cosa que causó la indignación de las personas que calificaron de abusivos y vende patria a los agentes.

NVESTIGACIÓN

El Ministerio Público de Arequipa informó que los protestantes fueron detenidos por el presunto delito de entorpecimiento del transporte público. El fiscal Abdón Saca Soto de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Islay dispuso tomar la declaración de los detenidos y pasen reconocimiento médico legal en la ciudad de Arequipa, entre otras diligencias para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, los detenidos de Camaná pasarán las mismas pruebas en Camaná y en 48 horas se determinará su situación legal.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa investiga a los responsables de las lesiones de los efectivos Eleuterio Cutimbo Turpo, Víctor Moron Chávez y Rodolfo Condori Maque, heridos durante los enfrentamientos; al igual que de Carla Gamarra Cerecede (29), una estudiante de la Unsa que recibió el impacto de perdigones durante una manifestación en la ciudad de Arequipa.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/26/arequipa-detienen-a-octavo-manifestante-en-enfrentamiento-por-paro-contra-tia-maria-videos/?fbclid=IwAR1oCUOu0gHfLOvDfiRYgn_kCMGR5enag7SMRHOfwVTog5A907xvQKAcy0Q

En mensaje grabado se dirigió a los arequipeños para comunicar anulación y pedir la renuncia del ministro de Energía y Minas

En mensaje dirigido a la región Arequipa, el gobernador Elmer Cáceres Llica, anunció que ha firmado la nulidad de la resolución regional que le otorgaba a la empresa Southern un derecho de servidumbre. Eran 49 hectáreas de propiedad del gobierno regional que fueron destinadas a ese fin, lo que posibilitaba las operaciones del proyecto minero Tía María.

Las razones que mencionó son:

En primer lugar, un ecosistema frágil como las Lomas de Cachendo, que estaría siendo afectado en más de 800 hectáreas y se trata de una zona protegida.

En segundo lugar, habló de la planta desalinizadora que no cuenta con autorización, ni con Estudio de Impacto Ambiental, por lo que no podría implementarse.

En tercer lugar, mencionó que parte de los terrenos destinados a la ejecución del proyecto son de propiedad del gobierno regional. Por tanto, no autorizará que se instalen allí y no tiene autorización de uso superficial.

Finalmente, mencionó que insistirán en el recurso de revisión de la resolución que otorga la licencia de construcción al proyecto Tía María, que se ha presentado ante el MINEM.

Además, refirió que le ha pedido al presidente que retire la policía y no cause muertes ni violencia en el valle de Tambo. Que vaya allá y hablé con el pueblo.

Luego de firmar la resolución anulando la resolución de servidumbre, solicitó la renuncia del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes. La razón es haber firmado una licencia con deficiencias legales y técnicas.

Fuente:https://elbuho.pe/2019/07/gobernador-elmer-caceres-llica-anula-servidumbre-para-proyecto-tia-maria-video/?fbclid=IwAR3_Ji8VqezcU_TabQ5HdI6_YdB14yGgOrmVhx0KfmKwj1METCrNmNlogZU

La ministra de Salud, Zulema Tomás Gonzales, estuvo en la provincia cusqueña de Espinar para ser parte de la Mesa de Diálogo, que esta vez abordaba la sub-mesa del eje de salud, ambiente, saneamiento y residuos sólidos. En este espacio participaron autoridades regionales, locales, funcionarios del Ejecutivo y dirigentes de organizaciones sociales. Uno de los acuerdos más importantes para los asistentes fue el compromiso de atención especializada a personas afectadas por metales tóxicos a partir de agosto del presente año.

La ministra anunció que, a más tardar, desde la tercera semana de agosto llegarán hasta Espinar un equipo de médicos especialistas para brindar Atención Integral Especializada a las personas afectadas por metales pesados. Sin embargo, desde mañana, se empezaría con atención priorizada a las personas que requieran una atención urgente.

Por otro lado se acordó la realización de monitoreos de calidad del agua en la zona urbana y en las comunidades, del 19 al 23 de agosto. También se anunció la construcción del Hospital a partir de octubre del 2019, y desde la sociedad civil se conformará un comité de vigilancia para fiscalizar la obra.

Después de varias horas de debate, también se tomaron acuerdos en materia ambiental, saneamiento y gestión de residuos sólidos (Ver Acta). La próxima reunión se realizará el 15 de agosto, hasta la fecha la Comisión Ambiental Municipal convocará al OEFA para que informe sobre las acciones de fiscalización a las empresas mineras Brexia Gold Plata y Antapaccay.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/espinar-ministra-de-salud-se-compromete-a-atender-a-personas-afectadas-por-metales-toxicos/

La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana ha expresado recientemente que el diálogo es el mejor medio para alcanzar y garantizar la paz social. Desea manifestar también que, así como el intercambio honesto y transparente de posiciones colabora con solucionar conflictos, pensamos que la responsabilidad de los actores permitirá darles una salida pacífica a situaciones como la de Tía María, en Arequipa, la del derrame de petróleo en Datem del Marañón, en Loreto, entre otros.

1. Las empresas tienen la responsabilidad de buscar el crecimiento económico sostenible en armonía con la equidad social, especialmente con comunidades originarias y el cuidado del medio ambiente; del mismo modo, deben absolver cualquier tipo de dudas y temores en torno a sus actividades extractivas, y colaborar en el establecimiento de canales de diálogo, con transparencia y honestidad. La lógica de la rentabilidad no puede oponerse a su responsabilidad para con la vida digna de las poblaciones de influencia directa o indirecta de sus proyectos y el medio ambiente.

2. Los gobiernos regionales y locales deben tener vocación al diálogo. Están llamados a tutelar el ambiente de sus comunidades y a trabajar arduamente por el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. Los primeros llamados a trabajar en esta tarea son ellos, más allá de cualquier acción de responsabilidad social por parte de las empresas privadas.

3. Al gobierno nacional le cabe promover el desarrollo integral, institucionalizar las mesas de diálogo y velar por el cumplimiento de todos los acuerdos, dentro de un diálogo equitativo y bien informado, garantizando la compatibilidad de la actividad empresarial con la sostenibilidad social y ambiental. Esto pasa por crear mecanismos de vigilancia y supervisión en los que participen el mismo Estado y las comunidades afectadas. La construcción de confianza está estrechamente vinculada a la verdad, a la fiabilidad mutua y al rol que cumpla un Estado neutral y garante de derechos.

4. El compromiso de las comunidades es participar y opinar con responsabilidad y libertad, teniendo en cuenta no solo el bien propio sino el bien común de la región y del país. Al mismo tiempo que poseen el legítimo derecho a la protesta, dentro del marco legal deben asegurar que sus manifestaciones sean pacíficas, sin alterar el orden público, y sin obstaculizar el normal funcionamiento de la vida social en la región. Es su responsabilidad mantenerse abiertas a un diálogo sin posiciones extremas, evitando conflictos y facilitando el desarrollo integral.

El bien común y el desarrollo sostenible son frutos de la responsabilidad de todos los actores sociales y en definitiva de todos los peruanos, como nos invita la Sagrada Escritura, que “tengan vida y vida en abundancia” (Juan 10,10).

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/conferencia-episcopal-peruana-la-rentabilidad-no-puede-oponerse-a-la-vida-digna-de-las-poblaciones/?fbclid=IwAR2m1cVawywarf904lSaSr9Xtw4aMFgiBMI-u66VlKUo3GqDH56_CG3Zz6A

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/914-mision-de-derechos-humanos-realizo-acciones-en-valle-de-tambo?fbclid=IwAR2sSxTSi1GR7j1JG5ax3PKkOM3BXgxTTZILocWApBbQyRa3X2Kl_QV5x9M