Un susto y serias dudas hicieron temblar el anuncio hecho por funcionarios macristas en el G20 respecto a tener novedades de la puesta en marcha del único megaproyecto minero de oro y cobre en Catamarca. El agua que toma la ciudad de Andalgalá bajó turbia y de un color cobrizo, producto de que las lluvias “lavaron las laderas” en la zona de exploración de la mina “Agua Rica”. Una negligencia grave por parte de Yamana Gold y una impericia técnica incomprensible por parte de la Secretaría de Minería de la provincia, que conduce Rodolfo Micone, que pone en riesgo la salud de la población. ¿Deberían ir presos? El Intransigente advirtió que los controles ambientales se habían relajado.

Seguro van a decir que hubo desplazamiento de material -natural y lógico- en época estival, pero de ninguna manera pueden justificar esa versión oficial con imágenes satelitales. La primera hipótesis es que se debería a la actividad exploratoria sobre la ladera del cerro donde se encuentra el mencionado megaproyecto minero. El punto es que si se genera este riesgo solamente con actividad exploratoria, qué sucederá cuando avance Agua Rica, o qué se puede esperar, entonces, para el caso de Bajo la Alumbrera, que tiene el dique más grande de Sudamérica (paredón de 170 metros de altura).

Precisamente, El Intransigente hace poco hacía mención a que los controles eran ineficientes y se habían relajado en el marco del anuncio en el G20. El Estado promueve la minería y el Estado controla. En Catamarca falta generar una entidad independiente con profesionales de experiencia y no tener estudiantes crónicos cuyo único mérito es ser del mismo color político y, a esto, le sumamos que los funcionarios del Gobierno provincial tienen parientes que trabajan en las empresas privadas mineras. O sea, manejo en forma clandestina, favores cruzados y un sistema donde matrimonios e hijos están jugando de los dos lados del mostrador… ¿Qué tipo de control pueden hacer? No pueden exigir nada. No hay una minería seria. Los responsables son ineptos y corruptos.

Los gobiernos no atienden debidamente la problemática ambiental. En política minera ya no hay margen para los errores. Lo del agua turbia cobriza en Andalgalá, una población de 17 mil habitantes, es causa y efecto de una minería sin control. En este sentido, hay resoluciones internas para controlar el riesgo en época estival, en otras palabras, tareas específicas del gobierno y las empresas. Evidentemente, no hay un programa de contención de sólidos para que no llegue abajo el material suelto o sedimento que terminó afectando a la planta potabilizadora de agua y a toda la comunidad andalgalense. Si la mina no está en actividad (hasta aquí solo se exploró Agua Rica), ¿cuáles son las medidas que -en teoría- la Secretaría de Minería debería haber controlado y aprobado?

Estos hechos que generan dudas en la sociedad se dan por la falta de transparencia del Gobierno y las empresas. Con la tecnología de hoy, cámaras, imágenes satelitales, drones, etc., no deberíamos tener ningún tipo de incertidumbre por estos fenómenos. Sin embargo, aún no se han expresado formal y oficialmente las autoridades. Lo reconozcan o no, los únicos avances en materia ambiental se hicieron gracias a los “ambientalistas” o movimientos sociales relacionados con el cuidado del medio ambiente.  En síntesis, hay que recorrer la zona de unión de los ríos Minas y Blanco (sector anómalo) para verificar de dónde vienen los sedimentos que le dieron ese color al agua afectándola en el departamento de Andalgalá. De todas formas, el impacto social fue incalculable en las redes sociales.

Asimismo, si el proyecto Agua Rica no avanza se debe hacer un “cierre temporal” de la mina, no puede dejarse de esa manera, incluso para que no suceda esta grave situación de dejar sin agua a toda la población. No entienden Nación y Provincia que ya vienen complicados con la licencia social, pero siguen matando al proyecto que supuestamente promueven. Creen que todo es político-partidario y que con pagar las pautas publicitarias en los medios de comunicación alcanza. Sin controles ambientales eficientes, no hay política minera seria, ni mucho menos licencia social.

En definitiva, si la empresa no trabaja -o la mina está en stand by- deben explicar cuáles son las medidas de cierre temporal que lleva adelante la empresa Yamana, en tanto la Secretaría de Minería, que conduce Rodolfo Micone, debe comunicar los controles que realiza desde el organismo oficial, porque si no hay deslizamiento el color se debería al lavado de las laderas exploradas. Sin duda, Yamana no debería pensar en operar la mina, sino en devolverla, y los funcionarios de Minería deberían ir presos, ya que ambos juegan con la salud de la población. Aparte del color, seguro que hay polución química que afectó la potabilidad del agua luego de que la lluvia arrastrara la parte alterada -o tocada- en Agua Rica.

Fuente:https://www.elintransigente.com/politica/2019/1/2/la-mesa-de-dialogo-de-la-matanza-exigio-soluciones-recursos-533132.html