Argentina

Regalías mínimas, tóxicos y destrucción abundantes: Barrick paga solo $168 millones anuales en San Juan

Autor: Diario de Cuyo, No a la Mina.
Conflicto Relacionado: Veladero-Jachal

Según datos oficiales que surgen de las declaraciones de la empresa al gobierno de la provincia de San Juan, desde el inicio de Veladero en octubre de 2005, la ex compañía Barrick Gold lleva pagados $1.850.283.736,73 en materia de regalías mineras, que distribuidos en los once años transcurridos equivalen a unos ínfimos $168.207.612,36 cada año. Esta cifra significa el 0,4 por ciento del presupuesto aprobado recientemente para el año 2018 que asciende a $42.500 millones. La verdad ante el mito del derrame económico y la solución financiera a las cuentas provinciales.

Se entiende por regalía a la contraprestación económica establecida por ley de la nación, mediante la cual los titulares de concesiones mineras pagan mensualmente y de forma obligatoria al Estado el 3% del valor del mineral en boca de mina.

A su vez, también se conoció que desde el origen de la mina y hasta la declaración jurada de diciembre de 2017, la empresa lleva pagados $460.976.104,26 en derechos de exploración al Instituto Provincial de Exploración y Explotación Minera (IPPEM). Teniendo en cuenta que la exploración del yacimiento comenzó en 1994, este monto siginifica tan solo $20.004.000 durante cada uno de los veintitres años transcurridos.

A pesar de las mínimas cifras señaladas, la prensa pro minera al igual que funcionarios provinciales continúan hablando del mito del “derrame económico” que produce la minería y de “los grandes beneficios que desde hace años viene generando a la economía local y nacional”. Está altamente demostrado que el único derrame que producen las mineras es el de tóxicos y la ruina de las economías regionales.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/san-juan/item/38548-regalias-minimas-toxicos-y-destruccion-abundantes-barrick-paga-solo-168-millones-anuales-en-san-juan

Mexico

“​POSICIONAMIENTO DE REMA ANTE LOS DIFERENTES MECANISMOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES QUE IMPULSAN LA MINERÍA”.

Autor: REMA.org

Una falacia es una trampa, un engaño. En el marco del Modelo Extractivo Minero dominante, las iniciativas de minería a tajo abierto por metales en nuestro país y a nivel mundial se acompañan de una serie de mecanismos justificatorios, de falacias compartidas actualmente por el sector empresarial y el gubernamental, como expresión de la subordinación incondicional de este último a los intereses particulares del primero.

Las empresas y las instancias de gobierno supeditadas a ellas, han establecido mecanismos para financiar sus iniciativas mediando en ello incluso fondos públicos, aduciendo “Principios Rectores” y términos cuya inconsistencia debe ser denunciada, como es el caso de la llamada “Responsabilidad Social Empresarial”, la “Minería Socialmente Responsable” o la “Minería Sustentable”, constituyendo referentes meramente discursivos que forman parte de su campaña permanente de desinformación, simulación y disimulo.

Estos mecanismos se basan en una serie de argumentos que caen por su propio peso cuando se hace un balance objetivo de la operación de estos proyectos extractivistas.Se habla de generación de empleo,de la protección de la naturaleza, del impulso al desarrollo y al progreso,de la producción de bienestar y de beneficios económicos para las comunidades, de responsabilidad empresarial y minera, de consulta a los pueblos,cuando el empleo generado es precario y los medios locales de trabajo se vulneran; cuando los territorios sometidos a estas iniciativas sufren afectaciones evidenciables, multidimensionales e irreversibles; cuando se pretende perpetuar una imagen del “desarrollo” y del “progreso” que en los hechos se traduce en depredación ambiental, supresión de las economías y
saberes locales y disolución de perspectivas; cuando las afectaciones a la salud de los pobladores en los territorios afectados son incontroverti bles y severas; cuando los beneficios económicos que se generan a nivel local y nacional son ínfimos y a muy corto plazo, y a un costo desmesurado para las
comunidades y el país; en síntesis, la “Responsabilidad Social Empresarial”, la “Minería Socialmente Responsable” o la “Minería Sustentable” y lresponsabilidad social y ambiental que con esos términos se aduce por parte de esas empresas y del gobierno a su servicio son solamente recursos discursivos utilizados
para ocultar los efectos inversos de aquello que se publicita.
La brutal irresponsabilidad y expoliación del Modelo Extractivo Minero han de ser así ocultadas con simulacros de apoyo a las comunidades como el “Fondo Minero”,y la oferta de supuestas“remediaciones”, por agentes al servicio de la extracción intensiva en un modelo que operan empresas extranjeras y también nacionales, pasando por alto no solamente los efectos negativos locales y regionales, sino la realidad ya planetaria de una afectación inédita y suicida que trasciende fronteras.
Estos mecanismos forman de hecho parte sustantiva y tradicional en México de las políticas de comunicación gubernamental. El discurso florido opera para instrumentar precisamente lo contrario a ese discurso. Así,la “Consulta Previa” a las comunidades sin que el las tengan información objetiva ni poder decisorio constituye una burla. Como a su vez lo es aducir una “Minería Sustentable” mediante procedimientos que implican una destrucción múltiple y masiva a corto, mediano y largo plazo.
En ese mismo sentido, se capitaliza la precariedad laboral, la falta de apoyo gubernamental a las poblaciones y la carencia o insuficiencia de servicios públicos
y se estimula la división interna de las comunidades , trasgrediendo la ley y desvirtuando las responsabilidades del Estado.
En estas estrategias se enmarca el denominado “Fondo Minero” publicitado por las empresas.
La minería a tajo abierto por metales es injustificable desde la perspectiva del bien común y de la protección a la vida. Así como la contaminación no se evita con la contaminación,y el atropello no se previene mediante el atropello, así tampoco existe “Responsabilidad Social Empresarial” ni “Minería Sustentable”alguna en iniciativas que vulneran integral y sistemáticamente a los territorios en su diversidad de dimensiones. La irresponsabilidad no conduce a la responsabilidad y el saqueo no deja de serlo aunque se le disfrace y adorne. En ese marco es que se explica la centralidad de las estrategias de desinformación deliberada diseñadas e instrumentadas por empresarios y gobiernos para ocultar la reproducción de inequidades y el desprecio por las comunidades que son los puntales en que se fundamenta el Modelo Extractivo Minero.
¡Alto
a la simulación de programas de apoyo a las comunidades como el Fondo Minero!
¡Alto a los intentos de engañar a la población con falacias como la “Minería Socialmente Responsable” o la “Minería Sustentable”!
¡Alto a la “Consulta previa, libre e informada” como simulacro para legitimar la imposición del Modelo Extractivo Minero en las comunidades!
Enero 15, 2018
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
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Colombia

Andes, municipio de Antioquia con cero mercurio en la minería

Autor: HEIDI TAMAYO ORTIZ, El Tiempo.

Entre febrero y marzo, esta población no utilizará este elemento para la actividad minera.

Al principio no veían con buenos ojos que un grupo de investigadores llegara a sus entables mineros a enseñarles otras alternativas para extraer y procesar el oro. Sin embargo, luego de explorar dichas alternativas, hoy el municipio de Andes, en el suroeste antioqueño, busca ser el primero de Colombia que practique la minería sin mercurio.

Según cuentas del Grupo de Investigación de Materiales Preciosos (Mapre), de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, este logro será una realidad en febrero o marzo de este año. De los 12 entables mineros que hay en el municipio, siete ya trabajan con tecnologías limpias, explicó Jairo Ruiz Córdoba, director de este grupo, que desarrolla el proyecto en Andes desde hace tres años.
El director relató que el proceso empezó en el 2013 con el análisis de los procedimientos usados en la extracción del oro en siete municipios de Antioquia: Andes, Nechí, Zaragoza, Puerto Berrío, Remedios, Segovia y Buriticá. Los daños ambientales y a la salud causados por el uso del mercurio fueron evidentes en los resultados.

Andes fue elegido aunque no es el más minero de los analizados, y aunque su principal actividad económica es la caficultura; de hecho, durante temporada de cosecha, a muchos se les pasa la fiebre del oro y se dedican a recolectar los granos. Empezar no fue sencillo, recordó Jeiber Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Mineros de Andes (Asominandes), quien lleva 33 años en esta actividad. “Algunos preferían seguir trabajando con mercurio porque creían que iban a tener pérdidas usando otras tecnologías. Muchas veces, como mineros no somos conscientes de los males ecológicos que causamos.

Al principio, a los investigadores no los dejaban ingresar a los entables o a las bocaminas. Aun así, los integrantes del grupo de investigación, que trabajaron

conjuntamente con la administración municipal, lograron que los mineros escucharan sus razones.

Ruiz explicó que por medio del diseño de tecnología limpia se puede recuperar el oro sin impactar negativamente el medioambiente, así como disponer mejor los residuos. También se cumple así la Ley 1658 de 2013, que prohíbe el uso del mercurio para extraer el oro y que se puso la meta de erradicarlo en un plazo de cinco años, es decir, en este 2018.

El proceso

“El mercurio tiene la rara propiedad de ser líquido a temperatura ambiente y de atrapar fácilmente el oro y la plata. Pero a veces se usa en forma excesiva y ello hace que el ambiente sufra, el agua, la flora y la fauna”, explicó Ruiz.

El primer paso que se trabaja con los mineros es el uso de gravedad para recuperar el oro libre, por medio de canalones y mesas especiales, un proceso que permite separar con facilidad metales pesados de metales livianos. Este mecanismo de concentración se basa en que el oro es más pesado que otros metales.

Luego de que se sacan las rocas de las bocaminas, se trituran para después ser procesadas por mesas concentradoras, máquinas que por medio de vibración separan el oro y la piedra, un método que puede ser más eficiente que el que usa mercurio, según indicó Juan Sebastián Henao, experto en pequeña minería.

Si el oro no se puede recuperar por este método, es necesario recurrir a algunos agentes que lo disuelven. El más habitual es el cianuro, “que es usado en otras industrias del papel, los recubrimientos, los polímeros, y ha sido satanizado en la minería”, dice Ruiz.

Sin embargo, este elemento también requiere muchos cuidados, por lo cual a los mineros se les enseña a someterlo a procesos para neutralizarlo. Henao indicó que cuando el cianuro cumple su función, lo ‘desactivan’ con químicos, para que pierda el potencial dañino y deje de ser contaminante, algo que no puede hacerse con el mercurio.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/el-municipio-de-antioquia-andes-no-utilizara-mercurio-en-la-mineria-170814

Chile

Ambientalistas esperan que Superintendencia del Medio Ambiente acabe con Pascua Lama

Autor: Camilo Villa J.Radio U. de Chile.
Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

Se espera que la sanción sea millonaria y marque un precedente en el país, sin embargo lo que los vecinos y ambientalistas buscan es el cierre definitivo del proyecto.

“La fiscal cerró el proceso de investigación los primeros días de diciembre. Cumpliendo una serie de procedimientos internos, nosotros estimamos que la resolución de sanción que debe hacer el superintendente tiene que salir de aquí a fines de enero”.

Con estas palabras el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, se refirió a la expectativa generada por la resolución que la Superintendencia de Medio Ambiente debiese aplicar a la minera Barrick Gold, encargada del Proyecto Pascua Lama.

Se espera que la sanción sea millonaria y marque un precedente en el país, sin embargo, lo que los vecinos y ambientalistas buscan es el cierre definitivo del proyecto.

“La gravedad de la situación, lo que demanda la comunidad y lo que todos esperamos es que la autoridad aplique con toda la fuerza necesaria las medidas que le permite la legislación. En este caso la sanción máxima es anular el permiso ambiental de Pascua Lama. Eso es lo que todos esperamos”, indicó Cuenca.

Por su parte, Constanza San Juan, vocera de La Asamblea por el Agua del Guasco Alto, dijo que como agrupación esperan la sanción máxima para la empresa minera, pues es vital lo que se está dirimiendo.

“Es importante que la comunidad sepa y se vuelva a enterar que lo que está en juego son incumplimientos gravísimos que debe sancionar la Superintendencia. Y dentro de ellos estamos hablando de que tenemos una empresa en desacato de la autoridad. Esta comienza a ser el rajo de la mina, produciendo material contaminante sin tener el sistema de manejos de las aguas construido para no contaminar justamente el agua y el Valle del Huasco”, explicó.

Para llegar a este punto del proceso se ha debido andar un camino largo y tedioso: el año 2013 se postergó de manera indefinida el proyecto de Barrick Gold por numerosas infracciones. La comunidad estimó que la sanción era insuficiente y acudió a tribunales para reabrir el proceso, pues consideraban que las infracciones no debían agruparse como se estaba haciendo y debían sancionarse una por una, petición que fue aceptada.

A esto se suma otro proceso que se abre en 2015 debido a diversas denuncias en contra de la minera. En este momento lo que se espera es el resultado de la causa que se reabrió y también la de la más reciente.

Los opositores a Pascua Lama han dicho que si la sanción no es la que esperan, se pondrá de manifiesto la intención del Gobierno por salvar al proyecto minero y, si así fuera, se pondrá de manifiesto también la intención de la comunidad por salvar la naturaleza.

Fuente:http://radio.uchile.cl/2018/01/12/ambientalistas-esperan-que-superintendencia-del-medio-ambiente-acabe-con-pascua-lama/

Argentina

Para impulsar la minería, buscan cambiar la ley de glaciares

Autor: Javier Drovetto, La Nación.

Pasaron siete años desde la aprobación de la ley de glaciares, pero el debate sobre qué superficies son las que deben ser preservadas volvió a ponerse en discusión. Empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsan una reforma de la norma para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.

Varias ONG advierten que la iniciativa pone en riesgo reservas vitales de agua dulce en zonas de lluvias escasas y aridez extrema. Y denuncian que el inventario de áreas a preservar que se hizo sobre la base de la ley que ahora se pretende flexibilizar incumple la propia norma al no incluir todas las superficies que contienen agua sólida. Se basan en un reciente fallo judicial que expone que el inventario incorporó solo extensiones de más de una hectárea, una limitación no establecida en la ley.

Las pretensiones de las mineras pasaron de ser cautelosas a abiertas. «Hay que hacer una ley técnicamente aceptable, que preserve los glaciares importantes y los vinculados al paisaje. Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia», afirmó Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y señaló la necesidad de modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley, justamente los que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la minería en esa extensión.

Los empresarios consideran que no todo el ambiente periglaciar hace un aporte significativo de agua a los ríos que nacen en la cordillera. Por eso la expectativa es reformular la ley para invertir la carga de la prueba y que ante la presentación de un proyecto minero se estudie si el ambiente periglaciar donde se quiere radicar la explotación opera como una reserva de agua y, de comprobarse que es así, que solo en esa instancia se lo desestime.

Para entender la dimensión de lo que está en discusión basta detallar que actualmente hay 21 proyectos mineros de grandes dimensiones en actividad, por lo que una hipotética reforma -según los empresarios- ayudaría a despejar el camino para incrementar considerablemente las exploraciones.

La herramienta que tienen los empresarios para volver a poner en debate el tema son las inversiones. Bergé detalló que en San Juan hay entre cuatro y cinco proyectos parados: «Nadie quiere poner US$2000 millones, la inversión inicial promedio, con esta ley». Raúl Rodríguez, titular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, indicó que en esa provincia hay 20 proyectos parados, con una inversión estimada en US$16.000 millones, y reconoció que los 10 proyectos que él representa como abogado «podrían (según la interpretación que se hiciese de la ley) estar en zona considerada periglaciar».

Informe

Un informe hecho en julio de 2016 por la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Hídricos y Acuáticos de la Nación detalla que existen 44 proyectos mineros «cercanos» a glaciares o ambientes periglaciares inventariados. De esos, solo uno está en actividad, Veladero.

Las pretensiones de las mineras ya habían surgido en 2008, en la previa a la aprobación de la primera ley de glaciares, vetada por Cristina Kirchner, y en 2010, cuando se sancionó la actual. Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, afirmó que «la ley no define con claridad cuándo se considera que se está frente a un recurso hídrico estratégico» y reconoció que los proyectos mineros de Los Azules, Altar y Pachón se planificaron en zonas periglaciares.

Rodolfo Micone, secretario de Minería de Catamarca y presidente del Consejo Federal de Minería, coincidió en que es necesario modificar la ley porque «se hace referencia a un cuidado preventivo», y destacó que esa prevención «ya viene dada por la ley nacional de prevención para la actividad minera». El subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, opinó que «la ley puede ser mejorada» y señaló que tiene definiciones que «permiten interpretaciones para quien se oponga ideológicamente al desarrollo».

Desde CAEM aseguran que la idea de modificar la ley tiene el visto bueno del presidente Mauricio Macri y afirman que se lo hizo saber el 14 de noviembre en la Casa Rosada. Además insisten en que la intención es poner el tema en la agenda legislativa de marzo. Voceros de la Secretaría de Minería, que encabeza Daniel Meilán, sostuvieron que no es la secretaría la que impulsa la reforma y señalaron a las provincias como promotoras: «Hemos sido consultados sobre aspectos técnicos de la ley y hemos prestado colaboración».

Consecuencias

Ocurre que una reforma como la propuesta no pasaría inadvertida y tendría múltiples costos: políticos, con el antecedente de la carta que la diputada Elisa Carrió le envió a Meilán en noviembre, en la que le adelantó que modificar la ley de glaciares «implica ruptura de acuerdos básicos de Cambiemos», y también traería repudio social por la regresividad en la protección ambiental.

«En la región andina central, La Rioja, San Juan, Mendoza y norte de Neuquén, los ríos solo se abastecen de precipitaciones níveas y cuando estas son escasas el flujo hídrico lo regulan los glaciares y ambientes periglaciares», advirtió Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), lo ejemplifica: «Los glaciares de escombro [tienen agua sólida en los poros de rocas] de San Juan tienen casi tres veces más agua que los embalses de Cuesta del Viento, Ullum y Caracoles juntos».

Con la ley actual, en el país están protegidos 5742 kilómetros cuadrados de glaciares y ambiente periglaciar. Esa superficie de hielos y glaciares de escombros es la que suman las 15.703 áreas que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) incluyó en el inventario que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación planea publicar en su totalidad en marzo.

El ministro Sergio Bergman negó que Ambiente esté trabajando en un proyecto alternativo a la ley actual. Y respecto de la exclusión en el inventario de las áreas inferiores a una hectárea, consideró que se encuadra dentro del estándar científico internacional.

Fuente:http://www.lanacion.com.ar/2100669-para-impulsar-la-mineria-buscan-cambiar-la-ley-de-glaciares

Colombia

Las artimañas del Tribunal de Antioquia para atropellar a los pueblos que dijeron NO a la minería

Autor: Jorge Eduardo Cock , Las 2 Orillas.

Argumentando leyes que no existen y escogiendo como válidos solo argumentos del Estado y Anglo Gold Ashanti, los jueces de Medellín dan vía libre a la minería.

Sí. Doloroso decirlo, pero a las críticas y las acusaciones recientes en las cortes se suma esta forma de actuar que han tomado algunos magistrados del Tribunal Superior de Antioquia y de otros departamentos. De manera muy curiosa, declaran No Válidos los acuerdos de los concejos municipales que prohíben ciertas formas o clases de minería para defender el medio ambiente en sus territorios.

Violando el debido proceso y claras normas de la Constitución, de frente, apoyándose en normas derogadas hace ya bastante tiempo o contrariando abiertamente sentencias de las cortes que son muy claras. Y tales formas de actuar, en lugar de buscar la defensa del bien colectivo, lo único que benefician es el conjunto de intereses de grandes empresas explotadoras, casi siempre gigantes multinacionales cuyo comportamiento en Colombia ha sido poco correcto.

En el caso de Antioquia, donde la minería de metálicos de mediano y gran tamaño en otros minerales ha sido proscrita por once municipios del Suroeste. Lo han hecho por tener clarísima vocación muy diferente de la minera. Pero el Tribunal Administrativo ha declarado No Válidos los Acuerdos proferidos al respecto por los concejos de Urrao y Jericó y están pendientes los otros, empujados hacia el mismo lado por las autoridades mineras nacionales y regionales. Esta decisión es cuestionable pues sólo la fiscalización de las decisiones de los consejos está en dentro de sus funciones, mas no el apoyo y la promoción. Las declaratorias de No Válidos en estos casos se han estructurado así de fácil, de claro, y de absurdamente contrarias a la normatividad vigente.

Por un lado el Tribunal de Antioquia omitió analizar las intervenciones de los concejales de Urrao y de Jericó y las de otras organizaciones y personas muy conocedoras como el abogado Rodrigo Negrete Montes, el Semillero de Minería de la Universidad de Antioquia y otros representantes de la comunidad, en las que explicaban sus razones para que se aprobara el Acuerdo. Pero en cambio sí acogió las intervenciones de la Asociación Colombiana de Mineros, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, de Minera Quebradona (AngloGold Ashanti) violando así claramente los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y la participación, previstos en la Constitución Nacional.

Igualmente el Tribunal pasó por alto la existencia de las Exposiciones de Motivos de los dos Acuerdos, en donde están nada menos que las razones que justifican la prohibición de la minería, con argumentos de tipo constitucional y legal, basados en sentencias de la Corte Constitucional.

La Sentencia T445 de 2.016 de la Corte Constitucional establece cosas supremamente importantes y claras que son violadas por el Tribunal. Por ejemplo “La Corte considera que cuando la Carta se refiere al Estado, y le impone un deber, o le confiere una atribución, debe entenderse prima facie que la norma constitucional habla genéricamente de las autoridades estatales de los distintos órdenes territoriales (…) la Carta utiliza la palabra Nación cuando se refiere a las competencias propias de las autoridades centrales, mientras que la palabra Estado denota en general el conjunto de todas las autoridades públicas.” Por ejemplo, el artículo 288 establece que corresponde a la legislación orgánica territorial establecer “la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales”. Así mismo establece que, el artículo 313 señala que los concejos deben dictar las normas necesarias para garantizar el “control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico municipal”

Y lo más importante: que, “administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política, resuelve: Precisar que los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera.”

Más claro no canta un gallo, pero el Tribunal se va contra todo esto, desconociéndolo o negándolo.

En cambio cita el Tribunal, en el fallo sobre el acuerdo de Urrao, unas normas que no necesitan abogado de cabecera para saber que ya no existen, que fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional: el artículo 37 del Código de Minas, por la sentencia C273/16 y la Ley 1382 de 2010, por la Sentencia C-366/11.

Además, copia casi textualmente un fallo de 2012 por el cual declaró no válido un acuerdo del municipio de Jardín, sobre otro asunto completamente distinto. ¡Qué maravillas las de esta villa!

 Fuente:https://www.las2orillas.co/las-artimanas-del-tribunal-de-antioquia-para-atropellar-los-pueblos-que-dijeron-no-la-mineria/
Chile

Pascua Lama y el afán de borrar los límites

Autor: Lucio Cuenca, Director Olca.
Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

Cada cierto tiempo aparecen informaciones en la prensa sobre nuevos fallos, resoluciones y controversias alrededor del proyecto Pascua Lama, armando un entramado de datos que suele ser difícil de seguir.

En días recientes la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) notificó la resolución que da por cerrada  la investigación que lleva hace más de cuatro años, lo que supone que la sanción al proyecto es inminente. De inmediato el diario La Tercera auguró la multa más alta de la historia para Nevada SpA, filial de Barrick Gold en Chile, obviando la demanda territorial más sentida, dada la gravedad de las infracciones, de  la anulación del permiso ambiental.

El expediente del caso es grueso y da cuenta de  más de 30 infracciones a las Resoluciones  de Calificación Ambiental (RCA) de un proyecto que por las mismas irregularidades, quedó a medio construir desde comienzos de 2013, y está paralizado por medidas cautelares de la autoridad fiscalizadora que fueron confirmadas por los tribunales, sin poder terminar la construcción para entrar en operación. La empresa ha buscado mañosamente minimizar las faltas, que en la mayoría de los casos fueron relevadas por la comunidad, no por el Estado, pues en Chile opera el auto-control de las empresas, por lo tanto la fiscalización es indirecta y estatalmente deficitaria.

 

Sin embargo,  las presiones de una minera sobre gobiernos extractivistas, rinden fruto: por ejemplo, logró que se acumularan  los dos procesos de sanción en curso (A 002-2013 y D 011 – 2015), por eso cuestiones que ocurrieron hace más de cuatro  años están siendo vistas con otras que ocurrieron en fechas posteriores a 2013, esto impide que un proceso constituya precedente del otro, evitando que la reincidencia agrave las faltas que se han seguido produciendo, sobre todo en lo referido a la contaminación de las aguas y el daño irremediable a los glaciares.  Sobre este mismo punto, a mediados de 2016, Barrick logró que se modificara la RCA del proyecto cambiando el sistema de monitoreo de las Aguas,  fijando una nueva línea base de éstas, con parámetros de concentración de metales pesados  más altos que lo que tenía el río antes de la llegada de la minera al Valle del Huasco, por lo tanto eximiendo de responsabilidad a la empresa de la contaminación que ha traído consigo y estableciendo que ésta es un fenómeno natural.

Es decir, estamos ante un proyecto inviable, mal evaluado, que ha violado sus escuálidos compromisos ambientales lo que ha tenido que ser denunciado y fiscalizado por las propias organizaciones territoriales porque no hay personal suficiente ni voluntad política para dar seguimiento a estas materias. Ante esto, lo normal sería que se encendieran las alertas en el gobierno y se revisara qué está mal, partiendo por el Tratado sobre Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, que constituye la ley marco que posibilita despropósitos como estos. Y de hecho, las alertas se encendieron, pero no para frenar tanta locura y aprender de los errores, sino que para perpetuarlos y profundizarlos.

Actualmente, los gobiernos están relanzando este instrumento bi-nacional a través de un proceso rápido de renegociación, otra vez a espaldas de la ciudadanía y sin que se conozca evaluación alguna de sus impactos, pero sosteniendo en los medios de prensa que ha sido positivo, tanto que aunque en 20 años las comunidades hayan impedido la operación del primer proyecto que se pretendió realizar porque se emplaza en la zona de frontera, es decir en las nacientes de las aguas y de ecosistemas glaciares de los valles transversales de Chile, el gobierno aseguró que 32 nuevos proyectos similares a  “Pascua Lama” estarían en carpeta.

En este sentido, lo que resuelva la Superintendencia de Medio Ambiente SMA en los próximos días, será clave para determinar la autonomía de la principal autoridad de fiscalización ambiental de Chile,  en un país entregado en bandeja a las transnacionales mineras, en este caso. Sin duda en esta devastación ecosistémica y territorial a la que están sometiendo a los territorios, son los gestos honestos, valientes y comprometidos, los que hacen la diferencia. Como hiciera la ex SEREMI de salud de la Región de Atacama, Pilar Merino en el Caso de Termoeléctrica Castilla, cuando se negó a decir que las emisiones de la termoeléctrica más grande de América Latina eran solo molestas y no contaminantes, lo que supo ser aprovechado por la comunidad de Totoral. Esperamos que el Superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, esté a la altura y revoque la autorización ambiental de un proyecto inviable, que de mantenerse con vida sentaría un precedente nefasto para la cordillera, que en nuestro país, alberga un 91%  de los glaciares existentes en  Sudamérica.

Fuente:http://radio.uchile.cl/2018/01/11/pascua-lama-y-el-afan-de-borrar-los-limites/

Mexico

Explotación minera en Actopan y Alto Lucero es un riesgo ambiental: Inecol

Autor: Redacción , E.Veracruz.mx
Conflicto Relacionado: Ex Caballo Blanco - La Paila

El proyecto Caballo Blanco pone en riesgo al corredor de aves rapaces, la biodiversidad de la zona e incluso se expone ante los meteoros.

Entrevistado en la XXX Reunión Nacional de Jardines Botánicos, aseguró que para el Inecol no es un proyecto recomendable y que no se necesita ser doctor en ecología para advertir el riesgo que representa la explotación de minerales en esta zona.

Por ese motivo, dijo que la semana pasada envió una carta al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que no se ha querido pronunciar sobre la solicitud de la empresa ante Semarnat para la explotación de la zona– a fin de darle a conocer su preocupación por este proyecto que incluye 300 hectáreas en el Cerro de La Paila.

«El Instituto de Ecología está preocupado porque se trate de revivir el proyecto. En 2012 se propuso pro primera vez y el Inecol junto con otros 50 investigadores recomendamos que no se autorizará y ahora es exactamente el mismo sitio. Ahora han entregado un Documento Técnico Unificado y a reserva de que estudiemos con mucho cuidado esas mil 400 páginas y tengamos una opinión mucho más informada, lo que nos preocupa es que hay cosas que no pudieron haber cambiado».

Explicó que en este lugar hay biodiversidad que se pondría en riesgo, ya que es la única parte de la Sierra Madre que llega prácticamente hasta el mar, lo que lo convierte un sitio único. Además, recordó que es el corredor de aves migratorias más grande del mundo.

«Es el famoso corredor de rapaces y no tiene que ser un doctor en ecología para darse cuenta que si tienes una laguna llena de metales pesados donde llegan millones de aves migratorias, no es muy buena idea».

Rubio Godoy agregó que en este lugar hay cícadas milenarias; es decir, plantas que sobrevivieron desde la extinción de los dinosaurios, y que es una de las pocas poblaciones en el mundo con silos tropicales.

Abundó que a esto se añade el hecho de que el proyecto está muy cerca de la planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde y de zonas de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

«No me parece conveniente que esté cerca de los ductos, no soy experto en esto. Es una minera a cielo abierto y la otra objeción que le hacía al Gobernador la semana pasada es que nos preocupa que es un lugar expuesto a meteoros, hace dos semanas pasó uno que pasó más arriba y la probabilidad de que haya una tormenta muy grande es súper alta y es un riesgo que aumenta con el cambio climático porque es mucho más probable que haya meteoros más frecuentes y más fuertes».

Advirtió que esta actividad podría generar que ante un huracán las aguas y minerales que se usan para la extracción vayan a dar a zonas pobladas y, más aún, a los mantos freáticos, con lo cual se contaminarían las aguas que surten a las poblaciones vecinas.

«Si tienen a cielo abierto las cosas y les cae una cantidad descomunal de agua, todo eso se va a salir y los minerales pesados se van a diseminar por el suelo, se van a los mantos freáticos y la afectación puede ser gigantesca y permanente».

Fuente:http://www.e-veracruz.mx/nota/2017-09-04/ecologia/explotacion-minera-en-actopan-y-alto-lucero-es-un-riesgo-ambiental-inecol

Ecuador

Mujeres indígenas piden que se detengan las concesiones mineras y petroleras

Autor: Redacción , El Telégrafo.
La segunda mandataria, María Alejandra Vicuña, mantuvo este jueves un diálogo con las mujeres de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y la Ecuarunari, en la Vicepresidencia de la República.
Las dirigentes, que apoyan la consulta popular, buscan principalmente que se terminen y se detengan las concesiones y que se revierta la política minera y petrolera en el país. Blanca Chancoso, vicepresidenta de la Ecuarunari, entregó la propuesta a Vicuña en la reunión.
Dentro del documento también consta la propuesta para impulsar el turismo comunitario y promover la agricultura. Vicuña resaltó que el Gobierno tiene una nueva línea en el campo minero.
Dijo que la economía del país depende todavía del extractivismo. Y agregó que se está trabajando para que ya no sea de esa manera. Aclaró que al momento el Gobierno revisa las licencias ambientales e instó a las mujeres dirigentes que le entreguen información sobre posibles incumplimiento de la ley. Indicó que el diálogo con las dirigentes se enmarca en la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural que impulsa el Gobierno, y que se manifiesta en la consulta popular, que «busca corregir los errores que haya que corregir de la mano de todas las organizaciones y la ciudadanía.
Entre los temas está la minería». Maria Vicenta Andrade, subsecretaria de la Política, aclaró que en el proceso de diálogo con la Conaie, al momento, se realizan mesas de trabajo, para avanzar en temas de minería, educación y transporte. Por ejemplo, las representantes indígenas de Zamora Chinchipe le indicaron la preocupación por el tema minero, ya que según ella, tres cantones están siendo afectados por las actividades extractivistas, ya que existen 32 concesiones mineras por parte de la empresa Fruta de Norte.
En Loja, en cambio, la preocupación radica ya que en esa provincia hay más de 700 concesiones. Mientras en Cuenca, en la comunidad Río Blanco, una dirigente denunció que allí se hace una mala práctica minera por parte de una empresa china. Incluso, la actividad ha provocado que existan pugnas entre familias. «No vamos a permitir que nos sigan afectando», dijo, al tiempo que aseguró que la intención es que el Gobierno las apoye en el turismo comunitario.
En cambio, Maria Muñoz, de la parroquia de Tumbaco, en Quito, pidió que se analice la posibilidad de mejorar la calidad de vida en la zona, ya que luego de la construcción del Aeropuerto de Tababela, según dijo, «aumentó la delincuencia». Las representantes de la Amazonía también buscan que parem las actividades mineras que están afectando al agua y al aire. Al respecto harán una solicitud para pedir al Gobierno que no haya más contaminación. (I)

Fuente:https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/mujeres-indigenas-piden-que-se-detengan-las-concesiones-mineras-y-petroleras
Colombia

Cierran 33 bocaminas en el suroeste antioqueño

Autor: Redacción Medellín , El Tiempo

La minería en el suroeste antioqueño es un problema al que no han podido echar por tierra. El año pasado, cerca de una docena de municipios aprobaron acuerdos municipales diciéndole no a la minería metálica, y, para este 2018, las secretarías de Gobierno y de Minas de Antioquia, articuladas con el Ejército Nacional, informaron el cierre de minas en sectores donde se desarrollan actividades ilegales.

Es decir, aquellas que no están amparadas por un título minero, que son consideradas zonas de amenaza o presentan alto riesgo para quienes laboran allí.

“Entre las zonas impactadas se encuentran la cuenca del Sinifaná, en los municipios de Angelópolis y Amagá, donde se cerraron 33 bocaminas por ser esta región la de mayor número de accidentes presentados en la minería ilegal”, explicó Dora Balvin, secretaria de Minas de Antioquia.

Dichos cierres se llevaron a cabo con la debida priorización por el nivel de riesgo de cada unidad minera, con su respectivo acto administrativo expedido por la administración municipal competente. En cada caso se ordenó la suspensión y cierre de actividades de extracción.

En todo el suroeste, según explicó la secretaría, hay 156 de los 1.325 títulos mineros de Antioquia. Es decir que equivalen al 12 por ciento del territorio.

De igual forma, durante este año se continuará con los operativos de cierre de minas ilegales, para lo que tendrán en cuenta las solicitudes allegadas por las alcaldías municipales, “en las que se plasman necesidades en capacidad técnica y operativa para erradicar extracción ilícita de minerales en su territorio”.

Además, la funcionaria aclaró que la actividad no se trata solo de cierre. Para que los mineros impactados con la decisión puedan seguir ejerciendo su profesión bajo la legalidad, la secretaría puso a disposición diferentes programas de asesoría y capacitación en torno a los procesos de regularización.

Con estas iniciativas, la secretaría informó que ha regularizado 52 unidades productivas mineras (UPM), lo que representa un total de 800 empleos directos generados.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/anuncian-cierre-de-33-bocaminas-en-el-suroeste-antioqueno-170258