Perú

ALERTA Investigación encuentra que 248 mineras tienen licencias de agua a perpetuidad

Autor: Ojo Publico.com
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Una nueva investigación del premiado portal Ojo Público concluye que a la fecha existen 1.810 derechos de uso de agua otorgados a 331 compañías mineras. De ellas, 248 tienen licencias para extraer este recurso a perpetuidad, 31 de las cuales se ubican en zonas con alto riesgo de sequía como Tacna, Moquegua, Lima, La Libertad y Lambayeque.

La investigación recoge la información de los expedientes que se encuentran en el archivo digital de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), así como estudios de dicha entidad y de Defensa Civil y la Defensoría del Pueblo, para conocer en qué zonas se concentran las autorizaciones de uso de agua y cuál es su relación con los conflictos por este recurso.

Los derechos de uso de agua son de tres tipos: licencias, autorizaciones y permisos; solo los primeros no tienen fecha de caducidad, según indica la investigación. La legislación ha otorgado durante décadas las autorizaciones y permisos a plazo indeterminado, y ni siquiera la Ley de Recursos Hídricos aprobada el 2009 prevé regular o actualizar el volumen asignado en zonas con riesgo de sequía. Únicamente se estipula la posibilidad de declarar la extinción de este derecho cuando el Estado confirme la escasez definitiva o contaminación total del recurso.

Los datos recogidos por Ojo Público muestran que la mayoría de permisos corresponden a Southern Cooper (Grupo México), que tiene 15 licencias vitalicias y nueve autorizaciones temporales. Le sigue Minsur con seis licencias vitalicias, mientras que Anglo American lidera el ranking de autorizaciones temporales con 15 de estas resoluciones en zonas de inminente sequía.

En las cuencas con poca agua Southern Cooper tiene tres proyectos: Cuajone y Toquepala, en Moquegua y Tacna; y Los Chancas, en Apurímac. Para los dos primeros, la empresa utilizó 50.490 millones de litros de agua en 2015. Es la misma cantidad que consumen los habitantes de Tacna y Moquegua durante un año. Por su parte Anglo American, también en Moquegua, tiene la mina de cobre Quellaveco que entrará este año en fase de explotación.

Ambas empresas obtuvieron resoluciones para explotar 41 fuentes de agua en Locumba Sama, Tambo, e Ilo-Moquegua. Cabe destacar que todas estas zonas fueron incluidas en las declaratorias de emergencia hídrica que el Gobierno ha promulgado en los últimos años por la escasez de agua. Incluso en el Decreto Supremo 004-2009, el Ejecutivo confirmó el “agotamiento de los recursos hídricos” de los ríos Caplina y Locumba Sama, en Tacna, y dictó recomendaciones para preservar el agua subterránea.

La investigación recoge también la versión de las compañías. Anglo American informa que tras la crisis hídrica del 2016 se vio obligada a renunciar a la captación de agua del río Asana, y ha ampliado el uso de agua reciclada al 65%. Southern, por su parte, ha anunciado que empleará agua de mar si el Gobierno le autoriza a continuar con Tía María, en Arequipa, proyecto paralizado por las fuertes protestas de la población en los años 2011 y 2015.

Las regiones donde el Instituto Nacional de Defensa Civil ha atendido más emergencias por sequía en zonas agrícolas entre 2003 y 2016 son Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Según la base de datos elaborada por Ojo Público, en la primera de estas se otorgaron 77 derechos de uso de agua, 26 de los cuales están vigentes en manos de las mineras Catalina Huanca, Ares y Buenaventura. En Apurímac se aprobaron 103 resoluciones para explotar este recurso; 57 de ellas están activas y son usadas principalmente por las compañías Southern Copper, Barrick, Anabi y Xtrata Tintaya y Las Bambas, pero también por Buenaventura y Ares. Por último, en Huancavelica se emitieron 122 de estos permisos, principalmente para las mineras Caudalosa, Castro Virreyna, Buenaventura, y otros.

En el caso de Cusco, se aprobaron 78 derechos de agua. Actualmente 38 licencias y autorizaciones están vigentes, principalmente en manos de la canadiense Hudbay y de Antapaccay, subsidiaria de Glencore. Las provincias por donde cruzan las fuentes de agua autorizadas para su explotación son Espinar, Chumbivilcas, Paruro y Quispicanchi; las mismas que también han formado parte de las declaratorias de emergencia temporal que promulga el Gobierno por falta de lluvias y presencia de heladas inusuales.

Cabe indicar que la ANA tiene identificadas 41 cuencas en las que se mantienen 56 conflictos por el agua. El 71% de los cuales es por su mala calidad o contaminación, el 20% por falta de acceso o desaparición de fuentes de agua y el 9% restante por otros motivos.

Estos conflictos se ven atizados por un contexto más difícil a causa del cambio climático. Según un estudio del Senamhi, citado por Ojo Público, hacia el año 2050 las fuentes de agua disponibles en once cuencas de la costa sur del país se reducirán entre 42% y 48%, especialmente en Moquegua, Tacna, Ica.

De hecho, según datos de la ANA citados en el libro “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú” (CooperAcción), entre 2007 y 2014 la disponibilidad de agua en el Perú se redujo en 14.6%. Esto, principalmente debido al derretimiento de los glaciares, que ya han retrocedido en 57%. Como se recuerda, a fines del 2016, 17 regiones fueron declaradas en “emergencia hídrica” por la falta de lluvias, situación que se ha vuelto crónica en los últimos años y que contrasta con la amplia disponibilidad de autorizaciones y permisos para el uso de agua de la que goza el sector minero.

Fuente: http://conflictosmineros.org.pe/2018/02/09/alerta-investigacion-encuentra-que-248-mineras-tienen-licencias-de-agua-a-perpetuidad/

Chile

La pugna por el litio

Escribe Julián Alcayaga O. – Economista y abogado – Febrero 2018
Desde hace 2 años el precio del litio aumentó casi al doble, pasando de menos de US$ 6.000 la tonelada de carbonato de litio, a más de US$ 11.000, que es el precio al cual lo ha exportado la minera chilena SQM, una de las tres principales productoras de este metal en el mundo.

Las proyecciones apuntan a un aumento de la producción y del precio del litio, en razón que en el mediano y largo plazo, en muchos países del mundo ya no se producirán autos convencionales, y solo se podrá circular en autos eléctricos, los que obligatoriamente usarán baterías en las que el litio será uno de sus componentes principales. Según el Wall Street Journal, en la actualidad los automóviles eléctricos representan solo 2% de las ventas globales, pero el año 2025 ese porcentaje alcanzará el 10% y 30% el año 2030.

Además de los automóviles, también ya se están produciendo buses e incluso camiones eléctricos, todo lo que augura una demanda creciente en las baterías de litio. La electromovilidad creciente del parque automóvil mundial, es en la actualidad el principal factor del aumento de la demanda y del precio del litio.

Si bien las baterías y pilas de litio, es el principal impulsor del actual crecimiento del consumo y del precio del litio, existen además, otros sectores de la industria que también utilizan diferentes derivados del litio, como es el caso de la industria del aluminio, de las cerámicas, vidrios, grasas y lubricantes, aire acondicionado, cauchos sintéticos y es conocido desde años el uso del litio en el tratamiento de algunas enfermedades psiquiátricas.

Pero la carrera por apoderarse del litio comenzó hace más de 40 años, cuando se descubrió que el litio enriquecido o litio 6, podría ser muy importante en la posibilidad de crear plantas de fusión nuclear, sin la contaminante radioactividad, lo que vendría a solucionar definitivamente el problema de la generación eléctrica en el mundo. En diferentes países se desarrollaron proyectos experimentales, pero sin resultados comerciales, lo que hizo disminuir el interés por el litio en la década de los ochenta del siglo pasado

A partir de los años noventa, varios países comenzaron a elaborar un proyecto científico común, con el objeto de llegar a la fusión nuclear de carácter comercial. Después de algunos desencuentros respecto del lugar y país para la construcción del reactor y la planta, el año 2003, se llegó al acuerdo que este se construiría en el sudeste de Francia, en Cadarache.

Este proyecto se llama ITER, (International Thermonuclear Experimental Reactor), en el que participan la Unión Europea, EEUU, Rusia, China, India, Japón y Corea del Sur. Según las últimas informaciones, la planta ya habría alcanzado el 50% en su construcción, y esta podría estar operativa en la producción de electricidad a partir del año 2025.

Si el proyecto ITER llega realmente a funcionar comercialmente, el interés por el litio sufriría un salto cualitativo, por lo que, se podría sostener, que en el mediano y largo plazo, el litio tiene un futuro luminoso tanto en la demanda como en su precio.

Tanto el aumento de la demanda como del precio del litio, tienen una gran importancia para Chile, donde se encuentran las mayores reservas de litio del mundo, en diferentes salares del norte de Chile.

Dentro de ellos, de lejos el más importante es el Salar de Atacama, donde se concentra una de las mayores reservas de litio del planeta, y además de las mejores por la calidad del salar, su rápida evaporación y su bajo costo de producción y de transporte. Las pertenencias mineras sobre el litio del Salar Atacama, desde 1977, pertenecen casi en su totalidad a Corfo, (Corporación de Fomento de la Producción) entidad del Estado chileno.

Por otro lado, a raíz de la importancia que se auguraba para el litio desde los años sesenta del siglo pasado, en las futuras plantas de fusión nuclear, la Junta Militar de Gobierno de Chile, en octubre de 1979, en virtud de su poder constituyente, dictó el DL 2.886, que en su artículo 5° dispuso lo siguiente:

“Por exigirlo el interés nacional, desde la fecha de vigencia de este decreto ley, el litio queda reservado al Estado”.

El mandato es claro, por exigirlo el interés nacional, a partir de ese momento, solo el Estado puede explotar el litio.

Posteriormente, el nuevo Código de Minería, de 1983, en su artículo 7° declaró que el litio no es concesible, y la Constitución de 1980, en el inciso décimo del N° 24 del art. 19, dispuso que:

“La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo”.

La Constitución de 1980, dispone perentoriamente que solo el Estado o sus empresas pueden explorar, explotar o beneficiar los yacimientos con sustancias no concesibles, entre las que se encuentra el litio, con la sola excepción que se podrían otorgar concesiones administrativas o contratos especiales de operación, pero solo el Presidente de la República lo puede hacer, por decreto supremo.

En resumen: primero, desde 1977 los yacimientos de litio del Salar de Atacama pertenecen a Corfo entidad del Estado; segundo, desde 1979 el DL 2.886 reserva el litio al Estado; tercero, en 1983, el nuevo Código de Minería, declara no concesible el litio, que es similar a reservarlo al Estado; cuarto, la Constitución de 1980, establece que solo el Presidente de la República puede permitir que terceros otros que el Estado puedan explotar el lito chileno, mediante decreto supremo.

Es una verdadera coraza jurídica que defiende al litio chileno y en particular al del Salar de Atacama, que impide su explotación por empresas privadas nacionales o extranjeras. Además, nunca un Presidente de la República ha firmado un decreto supremo para otorgar derechos de explotación en el litio a alguna empresa privada, sin embargo, dos son las únicas empresas que en la actualidad explotan el litio en Chile, y ninguna es del Estado: Ellas son Rockwood-Albemarle, empresa estadounidense que lo explota desde 1980, y SQM, empresa de capitales nacionales y extranjeros, que lo explota desde 1993.

Que sean dos empresas privadas sean las únicas que exploten el litio, es un contrasentido y es inconstitucional e ilegal, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales que expusimos anteriormente.

Pasar por sobre la ley solo se puede hacer mediante contratos secretos fuera del alcance de la opinión pública, y porque a la vez deben existir enormes coimas para conseguir esos contratos. El secretismo y la completa ausencia de prensa independiente era la realidad con la dictadura militar, y ello hizo posible que en 1980, solo meses después que se reservara constitucionalmente el litio al Estado, se firmara un contrato entre Corfo y Foote Minerals Company, de EEUU, hoy Rockwood-Albemarle, para formar la “Sociedad Chilena del Litio Ltda.” –sugestivo nombre de chilena–, para explotar el litio del Salar de Atacama, sociedad en la que Foote tendría el 55% del capital, aportando tecnología e inversión, y Corfo quedaba con el 45% del capital, aportando 3.344 de su pertenencias en el litio del Salar de Atacama. El contrato era por la producción de 200 mil toneladas del equivalente de litio metálico, con vigencia hasta el año 2014.

Este contrato es ilegal, porque ya estaba vigente la reserva al Estado del litio, y por tanto Corfo no podía aportar pertenencias mineras reservadas al Estado, a una empresa privada extranjera, por más que Corfo participe en dicha empresa. Pero quién y cómo podría denunciar u oponerse a esta ilegalidad, cuando esta dictadura tenía a su haber miles de desaparecidos, miles de asesinados, y decenas de miles de presos y exiliados, todo lo cual se hizo también en la más completa ilegalidad y violación de los derechos humanos.

La dictadura terminó en 1990 y fue reemplazada por el gobierno de Patricio Aylwin, quien asumió en marzo de 1990. En lo que respecta al litio, se podría haber llegado a pensar que el contrato entre Corfo y Foote Mineral sería anulado, precisamente por ser ilegal e inconstitucional. Bien por el contrario, este gobierno democrático volvió a entregar el litio de manera ilegal e inconstitucional a otra empresa, Soquimich.

Soquimich era una empresa minera e industrial que explotaba salitre, yodo, potasio, bórax, etc. en el norte de Chile y que pertenecía al Estado, pero que en 1987 la dictadura la privatizó por un valor muy inferior a su valor comercial, en favor de Julio Ponce Lerou, yerno del General Pinochet, empresa a partir de la cual ha formado un verdadero imperio, aliándose con empresas extranjeras.

En 1993, Corfo le entregó en arriendo a Soquimich, llamada ahora SQM, sus pertenencias en el Salar de Atacama, para extraer el equivalente a 180 mil toneladas de litio metálico, con vigencia hasta el año 2030. Al ritmo actual de producción ya casi no le queda especio a SQM para completar la cuota de 180 mil toneladas, por lo que necesita obligatoriamente un nuevo contrato.

Ante el término del contrato con Rockwood-Albemarle, el año 2014, y el casi término del contrato con SQM por agotamiento de la cantidad autorizada, todo daba a pensar que por fin el Estado se haría cargo de la extracción e industrialización del litio en Chile, ahora que la demanda y el precio del litio no paran de crecer, y como en cierta manera lo está haciendo el Estado boliviano.

Pero nada de eso ha ocurrido por un lado porque “poderoso caballero es don dinero”, que consiguió a a fines de 2016 Corfo hiciera un nuevo contrato con Rockwwod-Albemarle para extraer 262 mil toneladas, hasta el año 2044. Y hace unas semanas se dio a conocer que Corfo concedía a SQM una nueva cuota de extracción de 350 mil toneladas, hasta el año 2030.

Varios parlamentarios, dirigentes sindicales y de organizaciones civiles se han manifestado completamente contrarios al nuevo contrato entre Corfo y SQM, sin embargo, nada han dicho respecto del nuevo contrato entre Corfo y Albemarle. No nos parece aceptable y más bien sospechoso que no se pronuncien contra el contrato con esta empresa estadounidense, y solo se opongan al contrato con SQM.

Fuera del hecho que es el dinero que ha conseguido estos nuevos contratos en los que Corfo entrega a empresas privadas nacionales y extranjeras, el litio que dictador Pinochet reservó al Estado, también existe una operación política a solo 2 meses que asuma el nuevo Presidente de derecha Sebastián Piñera, de esta manera liberarlo a él, del estigma de entregar a extranjeros lo que dictador Pinochet reservó para todos los chilenos.

Lo lamentable, es que esto se realiza en las postrimerías del gobierno de la “socialista” presidente Michelle Bachelet.

Argentina

Tensión entre el Gobierno nacional y Chubut por la reserva de plata más grande del mundo


Conflicto Relacionado: Navidad

Aranguren visitará a los intendentes que quieren avanzar con los emprendimientos, pero una ley provincias los prohíbe
Aranguren visitará a los intendentes que quieren avanzar con los emprendimientos, pero una ley provincias los prohíbe Fuente: Archivo
Ana Tronfi, 10/02/2018
COMODORO RIVADAVIA.- En medio de un clima tenso que tiene como telón de fondo el debate en torno al impulso que Nación pretende darle al Proyecto Navidad en Chubut, el ministro de Energía, Juan José Aranguren , visitará la localidad chubutense de Telsen el próximo 21, con el objetivo de mantener una reunión con los intendentes que promueven la explotación minera en el centro de esta provincia.

El desembarco, sin embargo, encendió una luz de alerta en esta provincia, en donde pisa fuerte el discurso antiminero. Rige todavía la Ley provincial 5001, que prohíbe la explotación a cielo abierto, y no se avanzó aún en la zonificación de la explotación que propone el artículo 2 de la legislación vigente.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, aclaró que van a estar «acompañando la visita de Aranguren pero no formando parte del debate».

«Está viniendo un ministro de la Nación a Chubut, a nuestra casa, yo soy el gobernador y por eso lo voy a estar recibiendo», sostuvo.

Sin embargo, advirtió que ellos tienen «una posición tomada» respecto a la actividad minera, hoy prohibida en Chubut por la Ley 5001. Pero dejó en claro que están «de acuerdo con que se den los debates, que los distintos sectores de la sociedad se escuchen entre ellos con el respeto que se merecen».

Arcioni, sin embargo, deberá medir la resistencia a la avanzada de Nación: transita una semana complicada en la que debe lograr revertir los votos desfavorables dentro de la Legislatura para adherir al Pacto Fiscal y aprobar una Ley de Emergencia Económica, ambas iniciativas claves para sostener las endebles cuentas provinciales golpeadas por la caída de la producción petrolera y su consecuente impacto sobre los ingresos en concepto de regalías hidrocarburíferas.

Las tensiones que rodean a la minería tienen ya un largo camino recorrido: la posición antiminera del exgobernador Mario Das Neves, fallecido el año pasado, fue la que cortó el vínculo de Chubut con el gobierno de Mauricio Macri. Es que, pese a que Chubut prohíbe la minería, sobre fines de 2016 Pan American Silver anunció inversiones al presidente por u$s 1000 millones en el Proyecto Navidad, una mina de plata ubicada en la provincia de Chubut.

La difusión fue mediante un comunicado por parte de Nación, en el que indicó que el anuncio fue formulado por el presidente de la empresa, Ross Beaty, durante una reunión que mantuvo con Macri en el marco del Foro de Inversión y Negocios que se desarrolla en Buenos Aires. Das Neves reiteró entonces su oposición a la explotación minera a cielo abierto y ya nada volvió a ser igual en la relación del entonces gobernador con el mandatario nacional.
El Proyecto Navidad

Según los estudios, el Proyecto Navidad es la reserva de plata más grande del mundo, pero está suspendido desde 2003 por una ley provincial que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro para la extracción. Pan American Silver alcanzó a presentar el informe de viabilidad y factibilidad. pero las condiciones legales de la provincia no le permiten avanzar de la etapa de exploración.

Pese a que el antecesor de Das Neves, el exgobernador Martín Buzzi, impulsó cambios en el marco regulatorio, la resistencia de organizaciones ambientalistas permitió avanzar en este sentido sobre la actividad hidrocarburífera, pero no la minera. Tampoco se reglamentó el artículo 2 de la ley 5001, que obliga al gobierno a «zonificar» la explotación de minerales habilitando a la búsqueda del consenso social para avanzar con cada propuesta de inversiones.

El Proyecto Navidad -que debe su nombre a los primeros resultados de laboratorio registrados un 25 de diciembre- está ubicado en la meseta central de la provincia de Chubut, en la localidad de Gastre, con una extensión de 10.000 hectáreas y es propiedad de Pan American Silver Argentina desde 2010. En caso de que se reactive el proyecto, la minera canadiense invertirá 1.000 millones de dólares para la construcción de la mina de plata. Según las proyecciones de la empresa, se obtendrán 22 millones de onzas de plata al año.

El proyecto de Pan American Silver está suspendido desde fines del 2013 por la ley provincial que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro para la extracción, algo que imposibilita el funcionamiento de la mina.

En enero de este año, Macri volvió a reunirse en la Casa Argentina en Davos, Suiza, con Ross Beatty, propietario de la empresa canadiense dueña del yacimiento de plata que se encuentra en la meseta chubutense, entre las comunas rurales de Gan Gan y Gastre, y que es el más importante del mundo entre los que se encuentran sin explotar.

Macri estuvo acompañado por Aranguren, y por el ministro de la Producción, Francisco Cabrera. De allí surgió el siguiente paso, en busca de avanzar con el proyecto: Aranguren estará el próximo 21 de febrero en Telsen para participar de la denominada «Jornada informativa y de debate sobre el desarrollo minero de la Meseta», organizada por jefes comunales, intendentes y representantes de productores de la meseta con el objetivo de tratar la posibilidad de la zonificación para permitir el desarrollo del Proyecto Navidad.
https://www.lanacion.com.ar/2108320-mineria-tension-entre-el-gobierno-nacional-y-chubut-por-la-reserva-de-plata-mas-grande-del-mundo

Mexico

Encubrimiento sistemático de Canadá a violaciones legales de sus mineras: activistas

Redacción AN 10/02/2018
José Luis Abarca y organizaciones que acompañan la demanda contra la embajada de Canadá en México recorren oficinas y universidades canadienses para mostrar pruebas.    Por Ángeles Mariscal
MONTREAL, CANADÁ.- La demanda contra la embajada canadiense en México abrió el debate sobre la protección sistemática que ha dado la diplomacia de ese país a empresas que poseen concesiones mineras en México, a pesar de las denuncias por contaminación y violación a los derechos de los pueblos que son dueños de la tierra donde se encuentran los yacimientos.

No se trata de protección o encubrimiento ocasional, sino acciones continúas que demuestran que “la embajada ha hecho suyos los intereses de las empresas”, sostienen las organizaciones sociales demandantes, académicos y activistas de México y Canadá.

Desde el 3 de febrero, José Luis Abarca, hijo del ambientalista chiapaneco Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009 por oponerse a la minera Blackfire, recorre varias ciudades de Canadá para presentar ante ciudadanos de este país y sus autoridades los argumentos que sostienen la primera demanda formal que se presenta contra la diplomacia canadiense en México.

El joven es acompañado por integrantes de las organizaciones Mining Watch, la Red de Méxicanos Afectados por la Minería (Rema), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, y el Proyecto Justicia para la Integridad Corporativa de la Universidad de York, que son también partes demandantes.

La primera parada fue en las oficinas del Comisionado para Integridad de la Administración Pública de Canadá, donde se presentó la demanda. Esa institución tiene la función de investigar casos de conductas deshonestas de los servidores públicos canadienses.

En esa oficina, los familiares de Roblero y organizaciones demandantes presentaron argumentos y evidencias documentales que muestran que la diplomacia canadiense violentó las políticas del gobierno de Canadá al apoyar a la empresa Blackfire Exploration para imponer la operación de una mina en la comunidad de Chicomuselo, en Chiapas y que esas acciones desembocaron en el homicidio de Abarca Roblero, quien tres meses antes de su muerte había solicitado directamente la atención de la embajada en su sede en la Ciudad de México, pero fue ignorado.

Representantes del Comisionado recibieron la demanda e informaron que tienen 90 días para analizarla y decidir si investigarán el hecho.

Homicidios, desplazamientos, contaminación y envenenamiento

En los días consecutivos a la entrega de la demanda, la delegación mexicana y organizaciones canadienses que acompañan a Abarca tuvieron reuniones con estudiantes de diversas universidades, que organizaron foros a donde también acudieron otros ciudadanos canadienses. También se reunieron con representantes del Poder Legislativo, y directivos de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá

En todas estas reuniones expusieron cómo las empresas mineras canadienses que operan en México han seguido un mismo patrón de conducta para imponer la extracción a pueblos y comunidades que rechazan estas acciones. Estas conductas han dejado una secuela de homicidios, desplazamiento de personas, contaminación medioambiental, enfermedades y muertes por el envenenamiento.

Un caso sobresaliente, señaló Miguel Mijangos, representante de la Rema, es el que enfrenta la comunidad de Carrizalillo, en Guerrero. Ahí le fue concesionado a la empresa Gold Corp la mina de oro más grande que posee México. Gold Corp, detalló Mijangos, “ha violado sistemáticamente los derechos ambientales, a la salud y la vida de las personas. Hoy la mitad de la población de Carrizalillo ha tenido que huir de la región. Lo mismo ha ocurrido en 81 poblados que componen lo que se llama El Cinturón Dorado de Guerrero”, conocido así por sus minas de extracción de oro.

Silencio de la embajada

En cada una de las reuniones y foros, la delegación que acompaña la demanda de justicia para Mariano Abarca explicó que uno de los factores que permiten y propician estas violaciones es el apoyo que abiertamente han tenido las empresas mineras por parte de la embajada de Canadá en México.

Y este apoyo ocurre aun cuando la diplomacia canadiense ha recibido peticiones concretas por parte de ciudadanos mexicanos para intervenir contra las violaciones a sus derechos. Por ejemplo el 12 de mayo de 2013, el Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Metales Preciosos acudió a la embajada de Canadá en México para solicitar que el órgano diplomático intercediera ante la empresa Almaden Minerals, porque la mina de oro a cielo abierto que tiene en Morelos impactará el sitio arqueológico de Xochicalco; 17 mil campesinos de la región respaldaron la solicitud. Pero tras recibirla, la embajada no dio ninguna respuesta a los peticionarios y el proyecto de extracción sigue en puerta

El apoyo de la embajada canadiense a las empresas mineras ha pasado de ignorar las peticiones de la población afectada, hacer cabildeo político a su favor y brindar asesoría jurídica, hasta cometer actos que de manera evidente violan los preceptos éticos y administrativos que las leyes de su país les exigen.

Un caso que se comprobó con documentación obtenida de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá –vía solicitudes de acceso a la información- señala que en 2012 la embajada canadiense entregó documentación privada de pobladores del ejido La Sierrita, de Durango, a la minera Excellon Resourses y su equipo legal, para que la empresa defendiera sus intereses en la demanda que enfrentaba la empresa.

Luego de analizar esos patrones de conducta, y en el caso particular de Abarca Roblero, la conclusión es que “la embajada ha hecho suyos los intereses de las empresas, y actúa en consecuencia”, señaló Miguel Ángel de los Santos, abogado de la familia Abarca y titular del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades de la UNACH.

En el caso de Blackfire –dijo- la embajada Canadá en México tuvo conocimiento a tiempo y de manera suficiente sobre las actividades que realizaba la empresa y decidió continuar su apoyo, omitiendo el dar a conocer a las autoridades de su país los actos de corrupción. Su apoyo a la minera comprometió la seguridad y la vida del activista.

“La violación a los derechos de los pueblos donde están asentadas las empresas mineras canadienses, y la impunidad con que actúan no puede entenderse sin la protección que reciben de su embajada”, afirmó Miguel Mijangos, de Rema.

Mecanismos de sanción blandos

Las leyes canadienses indican que si el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá encuentra elementos suficientes para iniciar la investigación y comprobar que su diplomacia en México violó las normas del código de conducta que rige el servicio público, e incluso incurrió en otros delitos –como señala la demanda-, tendría que recomendar un procedimiento sancionatorio de sus conductas.

La normatividad señala que, en su caso, el Comisionado presentaría un informe al Parlamento (Poder Legislativo canadiense), el cual puede incluir recomendaciones para tomar medidas correctivas, atender las infracciones y prevenir que vuelvan a suceder actos como el señalado.

Es decir, pese a el logro que significó buscar y encontrar en el caso de Mariano Abarca Roblero, las evidencias para iniciar una demandar ante el Comisionado –un proceso que llevó más de 8 años-, el dictamen al que podría llegar esta institución se enmarca más en sanciones de tipo administrativo.

Por ello, José Luis Abarca y las organizaciones que lo acompañan se reunieron también con representantes de Parlamento canadiense –con los partidos Social Demócrata y la líder del Verde, Elizabeth May-, a quienes plantearon el vacío legal que hay en las leyes canadienses para poder sancionar las conductas de las embajadas, y les pidieron legislar con mayor rigurosidad las conductas de los diplomáticos en el extranjero.

“Hay un problema muy amplio en relación al contexto de violación a los derechos humanos por parte de la embajada, y prácticamente el recurso que tienen para detenerlo es el establecimiento de un mecanismo para interponer quejas o denuncias, cuyos resolutivos quedan en códigos voluntarios de conducta, con poca responsabilidad jurídica, dijo Mijangos.

“Creemos que medidas más fuertes pueden ayudar a disuadir y erradicar conductas violatorias de los derechos humanos y ambientales de las personas donde se encuentran las concesiones mineras”.

¿Un ombusdman para comunidades afectadas por la minería?

Los señalamientos contra las empresas mineras y la diplomacia canadiense no son exclusivos de México. El gobierno de ese país ha recibido denuncias de habitantes de Guatemala, Honduras, EL Salvador, Perú, Chile, Argentina, Filipinas, Colombia, El Congo, Nueva Guinea, entre otros países donde empresas de Canadá explotan minas.

Un día después de que se presentó la denuncia, directivos de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá -encargados de las políticas de comercio y de relaciones internacionales- aceptaron recibir a representantes de la familia Abarca. A la reunión llegaron una docena de representantes de la División de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de Norteamérica; de la División de Planificación y Cooperación de Comercio Internacional y Prácticas Empresariales Responsables; de Programas Comerciales de Norteamérica; representativas del Punto de Contacto Nacional de Canadá para la administración de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales; y de la oficina del Consejero de Responsabilidad Social Empresarial para el Sector Extractivo.

Jen Moore, de Mining Watch, y Miguel Mijangos, de Rema, plantearon nuevamente la situación ante los directivos, quienes respondieron que asistían a la reunión solo para escuchar, pero que ya habían “tomando medidas” para atender demandas como las de México y el resto de los países donde empresarios de Canadá tienen minas.

Se trata –dijeron- de la creación de un Defensor del Pueblo Canadiense para Negocios Responsables, un ombudsman que, señala la normatividad que lo regiría, “emitirá recomendaciones no vinculantes (no obligatorias) frente las empresas, sobre la posible suspensión de servicios gubernamentales –como financiamiento y apoyo diplomático- y sobre posibles cambios en las leyes y las políticas canadienses”.

Los funcionarios entregaron a Moore y Mijangos el boletín de prensa que el 17 de enero pasado habían dado a medios de comunicación, cuando hicieron pública la nueva figura administrativa, que al momento no ha sido creada formalmente.

En reuniones posteriores a ese encuentro, ante con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de Canadá, Mijangos analizó los alcances de esa nueva figura administrativa canadiense: “Todos los ombudsman actúan con acciones tenues y recomendaciones que generalmente no se atienden, porque las instituciones de gobierno no están obligadas a hacerlo. La prueba son los relatores de la ONU, que hacen recomendaciones a los gobiernos, sin que con ello se detengan las violaciones a los derechos de las personas”.

Sin embargo, frente al tamaño y la gravedad de las violaciones que cometen las empresas extractivas canadienses, “no queremos una ventanilla de quejas, queremos una ventanilla con dientes y que los responsables sean llevados ante la justicia”, sostuvo el activista.

https://m.aristeguinoticias.com/1002/mundo/encubrimiento-sistematico-de-canada-a-violaciones-legales-de-sus-mineras-activistas/?utm_source=OneSignal&utm_medium=PushNotification&utm_campaign=Notificaciones

Argentina

El derrame de la Barrick: se amplía el debate sobre la protección de los glaciares


Conflicto Relacionado: Veladero-Jachal

La causa por el incumplimiento de la Ley Nacional de Glaciares generó un espacio de disputa en los planos jurídico, científico y ético.
El derrame de la Barrick: se amplía el debate sobre la protección de los glaciares
Por Carolina Vespaciano – Agencia de Ciencia y Tecnología – Universidad Nacional de La Matanza
Investigadores como la socióloga Maristella Svampa y la glacióloga Ana Paula Forte avalaron, en diálogo con esta agencia, el pronunciamiento judicial contra Ricardo Villalba y los ex funcionarios de la cartera de Medio Ambiente.

Frente a este panorama, el doctor en Ciencias Geológicas e investigador de Ianigla, Lucas Ruiz, defiende, en esta entrevista, a Ricardo Villalba y adjudica la responsabilidad de los derrames a «la falta de control provincial sobre la minería».

A su vez, justifica que la omisión en el registro de ciertos tipos de cuerpos de hielo y de ciertas formas geológicas del ambiente periglaciar está basada en que «no está científicamente probado que actúen como reserva de agua» e, incluso, interpreta que «el inventario no identifica el efecto o el impacto que tiene la minería».

Según el juez Sebastián Casanello, la forma en la que se desarrolló el Inventario Nacional de Glaciares (ING) dejó expuestas áreas sensibles para el cuidado de las cuencas hídricas, como la cuenca del río Jáchal, en San Juan, contaminadas en varias oportunidades por la empresa canadiense Barrick Gold. A continuación, la respuesta del científico.

-¿Qué reflexiones despertaron los argumentos a favor del fallo?

-Entendemos que es útil la discusión sobre para qué se hace ciencia. Trabajamos en el armado del inventario desde el inicio, y siempre lo hemos pensado como una herramienta para la sociedad, más allá de las cuestiones científicas o de nuestras incumbencias. La situación por la cual se llega al cuestionamiento del inventario es absurda.

Nosotros no decimos que el inventario no es perfectible. Pensamos que, una vez publicado, habría que seguir mejorándolo, y se puede debatir cuál es la mejor forma de mejorarlo, pero es absurdo pensar que Ricardo (Villalba), por ser el director del Instituto, o nosotros, por realizar el inventario, tenemos responsabilidad por lo que hace una empresa minera en la provincia de San Juan.

-La glacióloga Ana Paula Forte, testigo en la causa, sostiene que no hay un basamento científico para no estimar a los geoformas menores de una hectárea como recurso hídrico.

-Ana Paula (Forte) no pone en contexto el trabajo del inventario. Los glaciares pequeños son los que tienen menos de un kilómetro cuadrado (100 hectáreas). Los glaciares de San Juan son glaciares desérticos, que también se encuentran en La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y en algunos lugares de Bolivia. Cuando hablamos de glaciares muy pequeños, no hablamos de glaciares menores de una hectárea. Pueden existir otras geoformas glaciares menores de una hectárea, pero glaciares propiamente dichos, que son cuerpos de hielo formados por la cristalización de la nieve, no.

Cuando se dice que «el inventario no involucra glaciares menores de una hectárea» se está simplificando la discusión. El inventario tiene un umbral que es cien veces menor de lo que consideramos glaciares muy pequeños (1 km2).

Cuando nos acercamos a este umbral de área mínima es difícil diferenciar qué es un cuerpo de hielo perenne de lo que no lo es, qué es un manchón de hielo que dura más de dos años de lo que es un manchón de nieve estacional. Hay que analizar varias imágenes de años diferentes y que hayan sido tomadas en momentos diferentes para ver realmente si ese manchón de nieve perdura al final del verano o no.

-También se cuestiona la omisión de geoformas como los protalus lobes y el permafrost (suelo congelado).

-En el fallo del juez también se habla de geoformas periglaciares que no entraron en el inventario, pero tiene que estar comprobado científicamente que eso tiene hielo para considerarlo reserva. Si uno empieza a incluir elementos del paisaje que no tienen ese rol de reserva de agua, el inventario y la Ley de Glaciares se desdibuja. Es por eso que los lóbulos de solifluxión, las morenas o los deslizamientos no están en el inventario.

Hasta que no esté comprobado científicamente que algo es una reserva de agua, no puede estar protegido por la ley. Está demostrado que los glaciares de escombro sí tienen hielo. En cambio, los glaciares de escombro fósiles, que Ana Paula Forte mapea y que el magistrado cuestiona que son cuerpos afectados por la minera y que no han sido inventariados, por definición no tienen hielo. Entonces, ¿vamos a poner como una reserva a proteger por una Ley de Glaciares que está pensando en el agua del futuro algo que dejó de tener hielo hace 15 mil años?

-Hay investigaciones, como las del doctor Juan Milana, que ponen de relieve la importancia hídrica del ambiente y las geoformas periglaciares en los Andes Desérticos.

-Siempre va a aportar más agua un glaciar descubierto que uno cubierto, y ni hablar uno de escombros. Básicamente porque el glaciar descubierto tiene hielo en superficie, y ese hielo es propenso a derretirse y aportar agua. Entonces, en los Andes Desérticos, uno puede tener una gran superficie de permafrost, una gran porción de suelo que está por debajo de los 0°C, pero, al haber poca humedad, son muy pocos los glaciares de escombros que se pueden formar.

Todo lo que sea reserva de agua en los Andes Desérticos está reducido. No hay cuerpos más pequeños que los glaciares de escombros, como los protalus lobes, que tengan hielo comprobado. Dentro de cien, de mil años, puede ser que aporten, pero el aporte que hacen hoy en día es cero. No hay evidencia de que el hielo que está guardado en el permafrost sea un recurso hídrico actual.

Suponemos que los glaciares de escombros van a ser importantes en el futuro, cuando los glaciares descubiertos dejen de existir. En ese momento vamos a comenzar a utilizar esa agua porque la temperatura de nuestra región va a aumentar y el permafrost va a dejar de estar por debajo de 0°C todo el tiempo. Pero eso no es lo que protege la ley de glaciares y en ese sentido, es muy clara: en el inventario tienen que estar todas las geoformas glaciares y periglaciares que actúen como reserva de agua.

-La exploración y explotación minera en zona de glaciares está prohibida por ley (Ley 26.639/ art. N° 6). La mera comprobación de la existencia de glaciares debería haber supuesto el cese de la actividad.

-Para saber si una actividad puede o no impactar, primero tenemos que analizar dónde se desarrolla esa actividad, qué tipo de actividad se desarrolla y, a partir de ahí, ver cuál es el impacto que puede tener. Cuando se hace un inventario, se identifican los cuerpos que hay y se miden un montón de parámetros asociados a ese cuerpo para caracterizarlos de la mejor manera, pero un inventario no identifica el efecto o el impacto que tiene la minería.

El inventario en la zona de Veladero tiene identificados más de 35 cuerpos de hielo entre glaciares de escombro muy pequeños, manchones de nieve y glaciares descubiertos, todos mayores de una hectárea. Esto sirve para que, en los casos donde haya minería en zona glaciar, se demuestre que no está afectando.

-¿Por qué el inventario no comenzó por las zonas prioritarias?

-Nadie nunca dijo dónde se están desarrollando los proyectos mineros en la Argentina. Las zonas prioritarias no estuvieron definidas hasta varios años después de la sanción de la ley. La Secretaría de Minería de San Juan es la única que tiene publicada información de dónde están ubicados los proyectos mineros. En 2014, el Inventario Nacional de Glaciares (ING) identificó glaciares en esa región, pero salió publicado en 2017 por cuestiones que tienen que ver con el organismo de aplicación de la ley, la ex Secretaria de Medio Ambiente que hoy es el Ministerio de Medio Ambiente.

Los científicos no podemos ser los que protejamos los glaciares porque no tenemos facultad de hacer cumplir la norma. La aplicación de la ley pasa por las provincias y por el Ministerio de Medio Ambiente, a ellos son los que como sociedad tenemos que reclamarles que cumplan la ley.
http://losandes.com.ar/article/view?slug=el-derrame-de-la-barrick-se-amplia-el-debate-sobre-la-proteccion-de-los-glaciares

Nicaragua

Marchan contra minería industrial en Chontales

La empresa indica que sostiene reuniones «de manera constante con pobladores y autoridades locales»
Cinthya Tórrez García, 09/02/2018
Un poco más de cien personas participaron este viernes 09 de febrero en una marcha contra la minería en Chontales, bajo el argumento de que la actividad industrial atenta contra los recursos naturales, en especial, el agua del municipio Santo Domingo, indicaron los integrantes del Movimiento Salvemos Santo Domingo.
En la marcha se recordó el quinto aniversario del encarcelamiento y represión por parte de tropas antimotines hacia mineros artesanales mientras éstos tenían un tranque para impedir la entrada de la maquinaria de la empresa B2Gold, que tiene concesiones mineras en la zona.
Lea También: Minería crece y aporta poco
Uno de los arrestados fue Boanerges Luna, presidente del Movimiento Salvemos Santo Domingo, y quien aseguró que estuvieron sin comunicación durante 40 días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote.
La marcha partió de la rotonda Santa Cruz, ubicada en la entrada del municipio y finalizó en el parque central; donde varios de los organizadores y ciudadanos expresaron su preocupación por el impacto que según ellos ha tenido la minería industrial sobre la fuente de agua Túnel Azul, que según los participantes debido a la actividad minera ha disminuido su caudal.

Las protestas contra la minería industrial en Chontales se argumenta bajo el temor a perder las fuentes de agua, según los pobladores, mientras la empresa aludida rechaza tal reclamo. LA PRENSA/JFLORES
Los pobladores portaban pancartas con mensajes como “No a la minería”, “No a la contaminación de nuestras aguas” , a la vez que gritaban consignas en las que preferían el agua que el oro.
Además: Debaten sobre desarrollo minero en Nicaragua
Otra de los casos que fueron expuestos al final de la marcha es el de las viviendas que presuntamente han sido afectadas por las voladuras.
Zoila López, expresó su preocupación porque su casa de habitación se ha venido socavando desde hace unos tres años, y ella cree que es consecuencia de las vibraciones provocadas por la voladuras cercanas a uno de los tajos de la empresa.
También otros pobladores como Francisco Vásquez mostró como su vivienda tiene una rajadura en medio de la pequeña sala y aseguró que las paredes estaban agrietadas pero que él las había reparado. Vásquez relaciona esos daños al trabajo de la empresa, ya que la veta que explotan no está muy lejos.
Empresa mantiene vigilancia
Respecto a las denuncias de daños por voladuras, la empresa B2Gold expresó que mantiene un monitoreo de los niveles de ruido, vibración y golpe de aire de cada explosión.
En el caso de molestias causadas por dicho proceso, los comunitarios tienen a su disposición una oficina de relaciones comunitarias y hay un mecanismo de gestión de quejas, refirió B2GOLD en una comunicación enviada a LA PRENSA.
En cuanto al tema del túnel azul, las personas se quejan que éste haya sido entubado y alegan que el agua que beben presenta un sabor diferente a años anteriores, y si está se deja reposar un poco tiempo, en el fondo, se torna de otro color.
Mediante un comunicado la empresa sostuvo que más de trescientas personas de Santo Domingo realizaron una visita al túnel azul y observaron que se mantiene su calidad y caudal y que, además, comprobaron las gestiones de cuido de agua que realiza la empresa.
Además, según la compañía minera, explicó que sostiene reuniones “de manera constante con pobladores y autoridades locales, así como con líderes tradicionales en el municipio. Estos diálogos han dado como resultado que la empresa minera se enfoque en la realización de proyectos de inversión social sostenible en las áreas de salud, educación y generación de medios de vida”.

El comunicado indica que desde su llegada a Santo Domingo, en 2011, B2Gold ha realizado más de 150 proyectos de inversión social de diversas categorías.

Chile

Barrick hace pérdida tras clausura de Pascua-Lama por US$ 429 millones


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

El análisis de la firma nace luego de la sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente y el estudio de una opción de desarrollo minero subterráneo.
Jueves 08 de Febrero de 2018.- La resolución de clausura total y definitiva que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) decretó sobre el proyecto minero binacional Pascua-Lama reforzó la idea de la canadiense Barrick de explorar una alternativa de desarrollo subterráneo.

Por esto, y según comunicó la minera a través de un comunicado, está reclasificando las reservas probadas y probables de Pascua-Lama de aproximadamente 14 millones de onzas, que se basan en un plan de mina a cielo abierto, como recursos medidos e indicados.

Como resultado de este análisis y de la clausura de las actuales instalaciones, la firma realizará una pérdida contable de US$ 429 millones antes de impuesto.

Sin embargo, mantiene la esperanza de poder desarrollar el proyecto y reforzó la opción de asociarse con la firma china Shandong para seguir adelante con una iniciativa subterránea.

“La resolución no afecta la evaluación continua de la compañía de una operación subterránea de excavación en bloques de Pascua-Lama, que requeriría permisos adicionales y aprobaciones regulatorias tanto en Argentina como en Chile, independientemente de la reciente decisión de la SMA. En cualquier escenario subterráneo, Barrick también cerraría las instalaciones del sitio y las alteraciones de la superficie en Chile, que no son necesarias para una mina subterránea”, señaló.

Agregó que “un cambio a una operación subterránea resolvería una serie de inquietudes de la comunidad al reducir significativamente los impactos ambientales generales del proyecto, en comparación con una operación a cielo abierto”.

Recalcó que “además, una operación subterránea sería menos susceptible a los impactos en la producción relacionados con el clima durante el invierno”.

La iniciativa ya había sido sancionada por la SMA en 2013; sin embargo, el tribunal ambiental decretó que la agrupación de infracciones que se utilizó en el fallo no se ajustaba a la ley, por lo que instruyó un nuevo proceso en donde se considerara cada falta de manera independiente.

Así, y luego de años en tramitación, la Superintendencia del Medio Ambiente emitió su resolución que incluyó un total de 33 cargos, seis de ellos por infracciones gravísimas, catorce por infracciones graves y nueve por infracciones leves. Asimismo, se aplicaron diversas multas a un total de 24 infracciones, las que sumaron US$ 11,5 millones.

Mexico

Veracruz: Comunidades de Alto Lucero y Actopan se declaran libres de minería

Comunicado de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) – Xalapa, Veracruz, a 7 de febrero 2018
Asambleas agrarias y populares presentan citas por medio de las cuales se declaran como territorios libres de megaminería.
Manifiestan a autoridades estatales y federales la decision autónoma de no permitir actividades que pongan en riesgo la vida, la salud y el medio ambiente.
Establecen que la libre autodeterminación se encuentra plenamente respaldada en el derecho agrario y los convenios internacionales firmados por México.
Este miércoles 7 de febrero de 2018, habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, Veracruz, manifestaron que entregaron a dependencias del gobierno del estado de Veracruz y del gobierno federal copias de Actas de Asamblea que constatan que los pueblos organizados de múltiples localidades de estos municipios se declaran como “pueblos libres de megaminería tóxica”. Representantes de la Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica (UVPLMT) y el colectivo Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida (PVUDV) – organizaciones que encabezan la defensa del territorio en estos municipios de la región central-costera de Veracruz – declararon que esta decisión se empata en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, así como la legislación agraria y los convenios firmados y ratificados por México, entre los cuales destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La entrega de las Actas a las dependencias del gobierno federal y estatal es para mantenerles al tanto sobre una decisión que hemos tomado, con plena libertad y autonomía, sobre nuestro territorio (…) para proteger la vida, la salud y el medio ambiente”, dijo Ascención Sánchez Vásquez, quien preside la UVPLMT. “Esperamos que nuestros gobernantes respeten la decisión que hemos tomado.”

La inconformidad de los pobladores de Alto Lucero y Actopan tiene su origen en la entrega, por parte de la Secretaría de Economía del gobierno federal, de veintiún concesiones mineras para realizar actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales del subsuelo. A partir de estas concesiones, las empresas canadienses Candelaria Mining y Almaden Minerals han procurado, desde 2011, desarrollar los proyectos de megaminería por tajo a cielo abierto denominados “La Paila” (antes “Caballo Blanco”) y “El Cobre”, respectivamente.

 

Chile

Denuncian engaños y malas prácticas de minera canadiense en Valle del Limarí

Dos personas que se presentaron como abogados llegaron a la sede del Peñón de Semita, en la comunidad del río Colorado en el Valle del Limarí, región de Coquimbo, a informar a las personas de la Asociación de Comunidades Agrícolas del Limarí, que tenían que autorizar la instalación de plataformas de sondaje en su territorio a cambio de 10 millones de pesos.

Además, les dijeron que no tenían derecho a negarse, porque el Gobierno estaba apoyando las gestiones y la Dirección General de Aguas (DGA) tenía arrendada las aguas necesarias para realizar el cometido.

La situación causó extrañeza en algunos comuneros que hicieron averiguaciones, porque en la reunión les informaron además que el sábado 10 de febrero debían concurrir todos para firmar el contrato que posibilitaría los sondajes. Entre las irregularidades que hasta ahora han constatado los comuneros, figura el hecho de que es inviable que la DGA esté arrendando aguas, porque esa no es facultad del organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

Además, los presuntamente abogados dijeron representar a las comunidades agrícolas, sin embargo la Asociación de Comunidades Agrícolas del Limarí, informó que la comunidad del río Colorado, no está afiliada a la organización y que no tienen antecedente alguno de abogados que estén trabajando para comunidades agrícolas, menos imponiendo una negociación, engañando y fijando unilateralmente las condiciones.

También en dicha reunión se informó que los sondajes que llevan tres años en la cordillera no han arrojado resultados concluyentes, lo que resulta sumamente extraño, porque en noviembre de 2017 se publicó en el diario El Montepatrino que se había suscrito el protocolo adicional específico para el Proyecto Los Azules, en el marco del Tratado Binacional Minero entre Chile y Argentina. Esto quiere decir que las autoridades chilenas y argentinas por solicitud de la transnacional minera canadiense Mc Ewen consideraron que había mérito suficiente para crear un distrito minero en la cordillera de Tulahuén, contrario a lo que expresaron los abogados en la reunión.

Por último, los vecinos indagaron con dirigentes de la Junta de Vigilancia de la cuenca del Río Grande, y se les informó que nadie se ha acercado a la Junta para solicitar permisos para sondajes en el Río Colorado, ni hay antecedentes de que algún canal esté arrendando aguas para una minera, por lo que sería falso que estén disponiendo, al menos legítimamente, de aguas para realizar faenas en la alta cordillera.

El sábado en la sede comunitaria del Peñón de Semita está fijada una nueva reunión, donde esperan que los comuneros y los vecinos del territorio aclaren la situación y no se dejen engañar por estas malas prácticas.
https://www.elciudadano.cl/mineria/denuncian-enganos-malas-practicas-minera-canadiense-valle-del-limari/02/09/

Chile

Diaguitas denuncian que fueron usados por Barrick…


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

… y que operadores ambientalistas recibieron millonarias sumas de la minera
Una serie de irregularidades y dudas quedaron dando vueltas en el Valle del Huasco tras la firma del Memorándum de entendimiento entre Barrick Gold y comunidades diaguitas. ¿Cuánto dinero quedó? El Ciudadano presenta una lista con los gastos de 2014, donde aparece Alonso Barros y Patricio Rodrigo involucrados.
09/02/2018
El año 2014, Barrick Gold logró firmar un Memorándum de entendimiento con comunidades diaguitas del Valle del Huasco, cuya rúbrica creó una figura sui géneris en la fiscalización de la iniciativa minera de oro y plata Pascua Lama. La idea era que la transnacional canadiense entregara dineros a través del Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto (asociación creada por comunidades que firmaron el memorándum) que tenía la misión de administrar la plata, contratando consultoras y asesoría legal para la fiscalización del proyecto.

Sin embargo, tanto la firma del documento, como la utilización de los dineros, se manejaron con mucho celo. Tanto así que una vez que dieron término al contrato en 2016, los montos usados quedaron sin ser aclarados. Producto de este acuerdo, dirigentes del Valle del Huasco dieron cuenta del quiebre comunitario que produjo, además, denuncian que Barrick usó a comunidades diaguitas del Huasco.

El Ciudadano accedió a parte de los montos que Barrick entregó al Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto por medio de un archivo Excel que da cuenta de los pagos realizado por la empresa el año 2014, que ascienden en total al menos a $684.563.979 al Consejo Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto, y a $52.527.948 millones a Alonso Barros quien hizo de honorable componedor. Además, obtuvo otro documento que da cuenta de pagos entre septiembre y octubre a Patricio Rodrigo que ascienden a $173.275.351 millones de pesos y por último al el número de tres facturas comerciales donde se menciona a Patricio Rodrigo y Alfonso Barros (ligados al mundo ambientalista e indígena) y un archivo Excel donde se aclaran las cifras mensuales.

En la factura 7017029 por Asesoría Jurídica, Barrick (Compañía Minera Nevada Spa) pagó $26.263.974, el 6 de junio de 2014 al abogado Alonso Barros Van Hovell Tot Westerflier por honorarios de “amigable componedor PL–Diaguitas”. Con la factura comercial 7017692, la minera canadiense pagó $86.122.500, el 7 de octubre por los trabajos realizados a Patricio Rodrigo con las comunidades. Finalmente, la factura comercial 7017017, fechada el 4 de junio, de $163.079.436 del mes de mayo a la Asociación Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto, corresponde a la entrega de la segunda cuota a las comunidades según MOU (Memorandum de Acuerdo), y se describe como “CSR Due dilligence”.
“El negocio del vivo”

Para Sebastián Cruz, de la comunidad diaguita Patay Co, esta información es muy relevante pues esto se sabía, pero no tenían cómo demostrarlo, y recuerda que este memorándum de entendimiento entre Barrick y comunidades indígenas fue gestado por Alonso Barros, abogado cuestionado por realizar este tipo de convenios, y Lorenzo Soto, quien el año 2012 interpuso un recurso de protección contra la transnacional canadiense e intentó crear las condiciones para generar indemnización económica y como no le resultó por esa vía, también impulsó el memorándum de entendimiento.

Sin embargo, este memorándum fue supuestamente creado bajo fraudulentas condiciones, tal como denuncia Susana Campillay, quien no pertenece a comunidad alguna pero que asistió representando a su padre a la reunión de la comunidad indígena Placeta, justo el día en que presentaron el memorándum y solicitaron las firmas. Hoy tiene una demanda contra este Memorándum en Vallenar. “Ellos utilizaron mi firma, lo que fue un delito, porque gracias a mí y a tres personas más que firmaron dos veces en mi comunidad al momento de repartir el dinero, lograron reunir el quórum mínimo”, recuerda.

Campillay narra que el Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto ha sostenido que el dinero que Barrick entregó por concepto del memorándum“se ocupó en pagarle a la gente que estaba investigando lo que hacía y dejaba de hacer en Pascua Lama”. Entre ellos, estaba efectivamente Barros, que en el fondo hacía de mediador y Patricio Rodrigo, quien supuestamente iba a hacer un “trabajo muy selecto, con gente internacional, y el estudio que entregaron acá es para reírse… Entonces uno se pregunta, ¿para eso le pagaron a Patricio Rodrigo? No sé si es para reír o llorar”, sostiene Campillay.

La denunciante sostiene que este fue “el negocio del vivo”, porque en el fondo la plata era de Barrick pero la traspasaban a través de los diaguitas, “o sea, Barrick pagó y utilizó a las comunidades”, quien agrega que sospechaban que los montos eran más o menos los que se mencionan en los documentos recibido por El Ciudadano, pero nunca tuvieron ese documento. Por eso insiste en que a las comunidades diaguitas del Valle del Huasco fueron utilizadas “porque entraba plata a las comunidades y después se les pagaba a ellos (Soto, Barros y Rodrigo) y el asunto quedaba arreglado, y como ellos hicieron esto que las comunidades son totalmente autónomas, es poco y nada lo que se puede investigar. Hicieron muy bien el trabajo”, espeta.

Sin embargo, en los documentos recibidos por El Ciudadano no aparece mencionado Lorenzo Soto.
Memorándum de entendimiento

Este memorándum de entendimiento firmado el 2014 y que estuvo vigente hasta el año 2016, cuando Pascua Lama enfrentó el cierre temporal del proyecto, se manejó con mucho celo de parte de Alfonso Barros, Lorenzo Soto y las comunidades. La idea fue iniciada en las alturas de la ONU con James Anaya que al poco tiempo apareció como parte del directorio de Barrick Gold y proponía que las comunidades realizaran una supervisión del proyecto por medio de la entrega de dineros al Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto para contratar a consultoras y empresas que realizaran estudios y así pudieran fiscalizar el proyecto en las nacientes de la cordillera.

Así fue como llegó al Valle del Huasco a realizar una consultoría ambiental Patricio Rodrigo, quien en un principio se presentó como profesor titular de la Universidad de Chile, pero que por la rápida gestión de algunas comunidades y organizaciones del Valle del Huasco, fue desacreditado por el mismo rector de la Casa de Bello.

Sebastián Cruz, de la comunidad Patai Co, denuncia que fueron muy herméticos con este convenio y que incluso, en un momento fueron expulsados de una reunión, por lo tanto, “nunca tuvimos acceso a la información respecto a qué se hacía con el dinero de Barrick”.

Lo que sí percibieron, fueron los conflictos que se comenzaron a generar al interior de las comunidades derivados de la entrega de dinero. “Nos comentaban que se entregaban plata a los dirigentes por concepto de viáticos y diferentes cosas, entonces mucha gente integrante de las comunidades que estaban dentro del memorándum nos dijeron que estaban en desacuerdo, porque querían saber dónde estaban las platas”, expresa Cruz, quien agrega que “eso generó muchos problemas y al final, crearon este conflicto al interior de las comunidades que a la vez se fueron desintegrando”.

Esto lo reafirma Susana Campillay, quien asegura que las comunidades se rompieron y ya no se organizan. Lo que hacían antes, reuniéndose dos veces al año o en el Año Nuevo con la Fiesta de la Challa en febrero, ya no se hace. Porque “las comunidades quedaron quebrantadas”.

El memorándum se mantuvo de forma tan hermética que incluso Susana Campillay, representante de su padre en la comunidad de Placeta, logró obtener solo parcialmente el documento pues nunca le hicieron llegar los anexos. “Fue manejado totalmente oculto y nunca tuvimos acceso a las platas ni nada”, afirma.

Una vez que Barrick dejó de entregar el dinero al Consejo Comunal Diaguita del Guascoalto, “nunca aclararon qué pasó con el dinero entregado o si lo entregaron todo o si quedaron debiendo, nunca se aclaró”, expresa Campillay, quien también cuestiona la labor de CONADI de Copiapó, pues “no fue capaz de quemarse las manos por este tema”. Pese a que les informaron del menorándum, nunca ayudaron. “Nos dieron vuelta la espalda hasta el día de hoy”, dice y agrega que también pidieron ayuda a ciertos políticos.

Finalmente, Susana cree que tarde o temprano toda esta información va a salir a la luz, que las comunidades van a tomar conciencia y “van a tomar en serio lo que es cuidar su tierra y la Pachamama porque con la naturaleza no se juega”.

El Ciudadano intentó acceder a la versión del Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.