Poco a poco, el fondo marino de la Ensenada de Chapaco comenzó a cubrirse con un manto arenoso. Héctor Zuleta ya no podía mariscar entre las cuevas, los cerros y los bosques, que “al igual como existen en la tierra, existen en el mar” porque “todo eso quedó tapado” y los pescadores y mariscadores tuvieron que ir a buscar otros lugares donde trabajar. Cuando Héctor Zuleta escuchó decir a la autoridad ambiental que “tal disminución de recursos puede ser atribuible a la permanente descarga de relaves recibida en dicho sector marino, proveniente de la actividad de la planta de pellet”, él solo confirmo algo que ya sospechaba.

Desde 1978 que la Compañía Minera del Pacífico (CMP), miembro del grupo CAP Compañía de Acero del Pacífico, vierte sus relaves mineros al mar en la ciudad portuaria de Huasco, al norte de Chile. Un pedazo del desierto más árido del mundo que, en 2012, fue declarado zona de sacrificio por sus altos índices de contaminación.

Para nadie nunca fue un secreto que el mar de Huasco recibe los desechos de la minera. Pero lo que los habitantes no sabían era que la empresa —la principal productora de minerales de hierro en toda la costa oeste americana, la mayor productora siderúrgica en Chile y la más importante procesadora de acero del país— lo hacía sin autorización ambiental.

Cuando, en agosto del año pasado, la organización de conservación marina Oceana denunció los hechos, ante la Superintendencia de Medio ambiente, esta autoridad ambiental inició un proceso sancionatorio en contra de la empresa por veinte infracciones. CMP arriesga hoy el cierre de sus faenas, pero mientras se desarrolla el procedimiento para acabar con la contaminación de 50 años los relaves estos continúan siendo arrojados al mar.

La toxicidad de los relaves

Los relaves mineros son el residuo resultante de procesos industriales, donde son utilizados métodos químicos, para extraer el metal de interés —en este caso el hierro— de la roca. Debido a la toxicidad de los relaves mineros, el vertimiento de estos desechos al mar está prohibido en gran parte de los países del mundo con excepción de Noruega, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Indonesia, Francia, Turquía y Chile.

Asfixia de organismos bentónicos —como las estrellas y soles de mar— y la alteración física del hábitat; la reducción en la abundancia de especies y biodiversidad de las comunidades marinas; toxicidad directa por el contacto de metales pesados; riesgo en la salud de las personas por consumo de peces contaminados por bioacumulación de metales son los principales impactos. El Senado de Chile los enumeró todos en un proyecto de ley ingresado en 2012, que busca prohibir los relaves marinos.

En 1993 empezó a operar el emisor submarino mediante el cual CMP deposita los relaves, hasta el día de hoy, a 350 metros de la costa y a 35 metros de profundidad en la Ensenada de Chapaco.

En 2010, la autoridad de evaluación ambiental aprobó un proyecto presentando por CMP para ampliar su planta aunque con la condición de presentar, en un plazo de 18 meses, “una propuesta de mejora técnica y ambiental de la disposición de sus relaves”. Ese sistema, una vez que fuera aprobado, debía además comenzar a operar en un plazo máximo de dos años.

Tres años más tarde, CMP presentó, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto que se le había solicitado. Tras ser estudiado, la autoridad evaluadora hizo 490 observaciones a las que la empresa debía entregar soluciones. Pero en 2017, CMP desistió del proyecto y lo retiró del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. De esa manera, el requisito que se le había exigido dejó de ser evaluado y se dio por cerrado el capítulo.

Las ilegalidades del relave

Sin un nuevo sistema de depositación de relaves, CMP continuó vertiendo sus residuos al mar de la misma manera en la que venía haciéndolo desde 1993. Ello, a pesar de que el permiso que se le había otorgado estaba “condicionado al cumplimiento de todos los requisitos, exigencias y obligaciones establecidas”. Juan Pablo Sanguinetti, abogado de la Fundación Relaves explicó a Mongabay Latam que “el permiso de CMP es un permiso con condiciones. Si estas no se cumplen, el permiso no existe”.

Al mismo tiempo, el efluente que CMP vierte en el mar, tampoco cumple con las condiciones especificadas en el permiso que se le otorgó en 2010.

Los desechos mineros que son vertidos al mar deben tener al menos un 50 % de solidez puesto que “si el efluente es demasiado líquido, en lugar de decantarse en el fondo marino, se dispersa en el agua provocando mayores efectos contaminantes” dice Victoria Caroca, química de Fundación Relaves. Pero, según el proceso sancionatorio, CMP vierte sus desechos “con un porcentaje de sólidos inferiores al 50 % y por un caudal superior al que fue aprobado ambientalmente correspondiente a 4,700 m3/día. Los monitoreos especifican, por ejemplo, que entre el 6 y 7 de septiembre del 2016, el caudal promedio fue el doble de lo permitido.

Por otro lado, Sanguinetti señaló que se autoriza verter al mar “siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones, como que el material vertido sea inocuo” es decir que no sea dañino. Pero un estudio del 2015, encargado por la Subsecretaría de Pesca, revela que los óxidos de hierro, contenidos en el relave de CAP, son disueltos en el mar al entrar en contacto con ciertas materias orgánicas. En ese proceso de disolución, se liberan elementos trazas a la columna de agua. Específicamente Magnaneso, Cobre, Arsénico, Vanadio y Galio.

Actualmente, la Superintendencia se encuentra evaluando el Plan de Cumplimiento que presentó la empresa, en respuesta al proceso sancionatorio que se abrió en su contra.

CMP se comprometió a que si dicho plan es aceptado por la autoridad, dejará de arrojar relaves al mar en un plazo de 12 meses. Si el Plan, en cambio, no es aceptado, el proceso sancionatorio continuará su curso y la autoridad podría determinar el cierre de las faenas. Ello, al menos, durante el tiempo que tome construir una infraestructura para dejar los relaves en tierra.

Mientras todo eso se resuelve, los relaves continúan siendo arrojados al mar.

Fuente:http://www.terram.cl/2018/10/chile-relaves-mineros-son-arrojados-al-mar-en-huasco/

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, viajó hasta Chile Chico, en la región de Aysén, para anunciar a la comunidad que el conflicto de los límites de la futura Red de Parques Nacionales de la Patagonia, ya está solucionado.

A finales de enero de este año, la expresidenta Michelle Bachelet firmó los decretos que permiten la creación de la Red de Parques Nacional de la Patagonia para proteger el ecosistema y su conservación, así como también fomentar el turismo.

La Red de Parques Nacionales de la Patagonia, consiste en ocho parques nacionales que suman un total de 4,3 millones de hectáreas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, tras la donación de las fundaciones del fallecido empresario Douglas Tompkins.

Sin embargo esta iniciativa afectaba directamente las fuentes de trabajo de los habitantes de Chile Chico. Entre los parques se encuentra el Parque Nacional Patagonia que, en su decreto original, incluyó terrenos fiscales  donde se practican actividades ganaderas como el uso de veranadas y la minería.

De esta forma el ministro Felipe Ward, informó el día de ayer que se logró “firmar un acuerdo muy emblemático e histórico” luego de “una labor muy profunda” en la que se recorrió la provincia para ver qué familias se veían afectadas por la propuesta que se efectuó durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Esta solución consiste en excluir de la superficie del Parque las actividades esenciales para la subsistencia de los habitantes de la zona, reemplazándolas por otras áreas. Así, de las 4.279.760 hectáreas (aprox.) de la Red de Parques de la Patagonia, el Parque Nacional Patagonia contará con una superficie total de 305.712,15 hectáreas.

El ministro aseguró quedar “muy contento” ya que “suscribimos un acuerdo donde fuimos capaces de representar como Gobierno a todas las fuerzas viva de la comuna”.

La minera australiana Equus Minig realizó exploraciones cerca del Parque Patagonia, el cual ha sido fuertemente cuestionado.

A fines de enero de este año, a menos de dos meses de dejar su cargo como Presidenta, Michelle Bachelet firmó los decretos que permiten la creación de la Red de Parques Nacionales de la Patagonia, consistente en ocho parques nacionales, que suman 4,3 millones de hectáreas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, y que son fruto de un aporte de las fundaciones del fallecido empresario Douglas Tompkins en conjunto con el Estado.

Entre ellos, se encuentra el Parque Nacional Patagonia (Aysén), que en su decreto original incluyó terrenos fiscales donde hoy existen zonas de actividades ganaderas llamadas veranadas y, además, un área aledaña a la Reserva Jeinimeni, donde una minera (la australiana Equus Minig) realizó exploraciones para un nuevo proyecto minero.

Fuente:https://www.vcchile.com/es/noticias/nacional/gobierno-de-pinera-reduce-limites-del-parque-nacional-patagonia-para-permitir-las-exploraciones-de-mineras/15/10/2018/29067.shtml

La Comisión de Minería de la Cámara de Diputado aprobó un proyecto de ley para declarar de interés nacional a las empresas privadas que explotan litio.

“Ello en el fondo implicará que estas compañías son expropiables por el Estado, como una forma de recuperar el litio para Chile”, explicó la presidenta de esta instancia, diputado Marcela Hernando (PRSD).

Este proyecto de autoría del diputado Daniel Núñez (PC) concitó 7 votos a favor y 3 en contra de los diputados Diego Paulsen (RN), Nicolás Noman (UDI) y Sofía Cid (RN), tres de los 6 representantes de Chile Vamos que estaban presentes en la instancia.

“Esperamos que la próxima semana se ponga en tabla en la Sala. Necesitamos mayoría simple para que sea aprobado”, indicó Hernando.

La diputada comentó que el Ejecutivo manifestó que el proyecto no era necesario porque actualmente la Constitución establece que el litio no es concesionable, pero los parlamentarios fundaron el proyecto en que los contratos actuales de arrendamiento no se cumplen a cabalidad por la empresa privada. Citaron los problemas de pago de SQM y las desaveniencias sobre el precio preferente de venta de litio con Albemarle.

“Hoy no hay cómo controlar los contratos de arrendamiento, y las empresas faltan en el cumplimiento, y no nos referimos sólo a SQM sino también a Albemarle. Hasta en una concesión el Estado tiene más herramientas para resguardar su parte. Por eso queremos que el Estado recupere esas pertenencias y después determine si quiere explotarlas o concesionarlas”, explicó.

Fuente:https://www.latercera.com/pulso/noticia/comision-mineria-aprueba-expropiacion-empresas-litio/364801/#