Chile

Contraloría desnuda graves fallas en organismo que fiscaliza a grandes mineras del norte

Autor: Gabriel Alvares, Bío Bio Chile

El organismo fiscalizador realizó una auditoría al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Antofagasta, donde se concentra uno de los sectores económicos más importantes del país, como es la extracción de cobre y litio. La revisión reveló múltiples deficiencias ocurridas entre 2016 y 2017. Entre ellas, destacan falta de fiscalización a la firma del Grupo Luksic, Antofagasta Minerals, como también SQM, Codelco, BHP y Rockwood. El ente revisor acreditó que exempleados que estuvieron relacionados a algunas de esas empresas -que hoy trabajan en el servicio estatal- no se abstienen de fiscalizar faenas en las cuales tuvieron algún grado de participación. En otras palabras, evidentes conflictos de interés que prohíbe el estatuto administrativo. Y no es todo. Se estableció que 500 medidas correctivas ordenadas por la autoridad no han sido cumplidas por las mineras. Se agregan atrasos en aplicar sanciones y cobro de multas, irregularidades en las actas de inspección, entre otras fallas. Atendida la gravedad de los hechos, la Contraloría ordenó el inicio de un sumario para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados. El informe lo publica -íntegramente- la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

Antofagasta es la región minera por excelencia, donde se concentra la mitad de la producción del cobre del país y es la única zona en la que se produce litio. Allí operan grandes empresas nacionales y extranjeras, entre ellas, Codelco, Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, SQM y BHP.

El fiscalizador de estos gigantes del sector es el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que no estaría cumpliendo su labor a cabalidad, actuando de forma laxa y deficiente, lo que favorecería a las firmas.

Así lo sostiene un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), donde se acredita que exempleados de estas empresas -que hoy son funcionarios estatales- no se abstuvieron de fiscalizar faenas en las que tuvieron participación, evidenciando un potencial conflicto de interés.

El organismo dirigido por Jorge Bermúdez detectó más de 500 casos de medidas correctivas ordenadas por el Sernageomin a las firmas mencionadas que estaban pendientes y fuera de plazo. Respecto de ellos, además, no se inició un procedimiento para cursar multas que superan, en total, los 500 millones de pesos.

Las fallas incluso van más allá, ya que se constataron problemas en actas de fiscalización. En ellas se encontraron inconsistencias y diferencias entre las registradas en el sistema respecto de los documentos físicos, todo lo cual hace vulnerable el sistema y lo expone a la manipulación y al uso indebido de la información, como se lee en el informe.

Atendido los hechos, la Contraloría ordenó un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios implicados en esas situaciones. El informe íntegro, que revisó la fiscalización del cumplimiento del reglamento de seguridad minera por parte del servicio, lo publica la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío. (Lea el informe completo acá).

“Todas estas deficiencas de control debilitan la efectividad de los procedimientos dispuestos por esa entidad pública para la fiscalización del cumplimiento del Reglamento de Seguridad Minera, con los consiguientes riesgos asociados”, concluyó la CGR.

Radio Bío Bío envió preguntas con varios días de anticipación al servicio actualmente dirigido por Mario Pereira, pero pese a que se insistió para obtener su versión, al cierre de este artículo no hubo respuesta.

Potenciales conflictos de interés

La CGR descubrió en su auditoría que tres funcionarios del Sernageomin realizaron labores de fiscalización en faenas en las cuales habían trabajado en un espacio menor a dos años antes de desarrollar la respectiva inspección.

Uno de ellos es Daniel Fajre Flores, quien indicaba en su currículum vitae (CV) que trabajó hasta 2014 en Minera Centinela, perteneciente a Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic. Pese a ello, entre febrero de 2015 y marzo de 2016 realizó cinco inspecciones de fiscalización a esa compañía. Otro caso es el de Yaneth Godoy Cortés, en cuyo CV consignaba que se desempeñó en SQM S.A. hasta octubre de 2013. Tras ello, durante 2015 realizó efectuó cuatro inspecciones a la compañía. El tercer caso es el de Hipólito Hurtado Astorga, quien cesó sus funciones en Mantos Blancos en noviembre de 2012, de acuerdo a lo detallado en su CV. Una vez en el Sernageomin, hizo una inspección en febrero de 2014 a esa firma.

Según la Contraloría, esta situación vulnera el principio de abstención consagrado en la legislación, el cual exige que los servidores públicos tengan una conducta intachable y un desempeño honesto de su cargo, donde prioricen el interés general sobre el particular, al tiempo que deben ejercer estricta imparcialidad en sus decisiones.

“En este sentido, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría (…) ha sostenido que el principio de probidad administrativamente impone a los funcionarios públicos el deber de evitar que sus prerrogativas o esferas de influencia se proyecten en su ‘actividad particular’, aun si la posibilidad de que se produzca un conflicto sea solo potencial, lo que ocurre cuando la actividad incide o se relaciona con el campo de las labores esenciales de la institución a la cual pertenece el empleado de que se trate”, remarcó la CGR en el documento.

Tras ello, desde el Sernageomin precisaron al organismo fiscalizador que, pese a lo que aparecía en el currículum de cada uno, no se desempeñaron directamente en dichas empresas. En el caso de Fajre Flores acotaron que trabajó para una empresa contratista de Minera Centinela, mientras que Godoy Cortés se desempeñó en SQM Industrial y no en SQM S.A., y respecto a Hurtado Astorga, éste no trabajó para Mantos Blancos.

En ese escenario, la CGR comprobó que los dos primeros trabajaron para las empresas informadas por el servicio, las cuales de todos modos tenían vínculo con las compañías fiscalizadas, mientras que en el caso de Hipólito Hurtado no se pudo acreditar que no tuviese relación con Mantos Blancos.

“Como se señaló precedentemente, los funcionarios deben evitar conflictos de intereses en sus funciones, aun si la posibilidad de que se produzca sea solo potencial. Al efecto, corresponde precisar que el hecho de no haber desempeñado labores como contratado por la empresa titular no implica necesariamente que no exista el riesgo descrito”, determinó.

Productores sin control

Otro ámbito donde se evidenciaron múltiples anomalías fue en el proceso de cumplimiento que deben hacer las empresas mineras a los requerimientos realizados por los funcionarios tras las actividades de fiscalización.

Uno de ellos tiene que ver con que se encontraron medidas correctivas supuestamente implementadas por las compañías, pero que no estaban acreditadas. En ese sentido, se percataron que existían 30 medidas indicadas como corregidas en las actas físicas, las que en el sistema informático aparecían como pendientes de ser regularizadas. Tras ser consultados por la Contraloría, desde el Sernageomin no entregaron documentación que acreditara la supuesta regularización, ni tampoco los antecedentes proporcionados por las firmas.

En ese contexto, cabe destacar que las medidas correctivas están asociadas a multas que ascienden a 620 unidades tributarias mensuales (UTM), las que equivalen a casi 30 millones de pesos, según el valor de la UTM de abril, que fue el considerado por la CGR.

Otro aspecto cuestionado fue la falta de seguimiento a las medidas correctivas pendientes que se encuentran fuera de plazo. Así, el ente contralor detectó que de las 4.306 medidas generadas por la Dirección Regional de Antofagasta de Sernageomin, entre 2016 y 2017, 556 de ellas estaban pendientes y fuera del plazo establecido para regularizar las observaciones.

Las más de 500 medidas pendientes se encontraban vencidas en un promedio de 365 días, donde habia 118 casos en los que los requerimientos acumulaban más de 600 días corridos sin ser atendidos. Todas las medidas no implementadas están asociadas a sanciones pecuniarias que ascienden al menos a 12.126,3 UTM, es decir, un poco más de 573 millones de pesos.

Desde el regulador minero le explicaron a la CGR que la existencia de medidas pendientes fuera de plazo se debía a que los productores mineros no cumplían con subir al sistema los respaldos que acreditaran la implementación de lo requerido. Por ello, aunque el fiscalizador revise en terreno el cumplimiento y lo constate, no puede cerrar la medida, pues es una obligación del productor. También indicaron que cursarían sanciones a las empresas que reiterativamente no den cumplimiento a las medidas exigidas.

Pese a la respuesta, el ente contralor afirmó que “el servicio no proporcionó información que permita acreditar el cumplimiento efectivo de las medidas que se encuentran pendientes en el sistema, por lo que se debe mantener el hecho reprochado en todas sus partes”. Además, enfatizó que esta situación “deja en evidencia la falta de control y de seguimiento de las medidas correctivas a aplicar por los productores mineros”.

Atrasos y deficiencias en el cobro de multas

Una de las herramientas disuasivas más importantes que tiene el Sernageomin para castigar a las empresas mineras que no cumplen con el reglamento de seguridad es la aplicación de sanciones. Sin embargo, la CGR detectó que hay algunas anomalías que dificultan que estas se hagan efectivas: existe demora en el levantamiento de solicitud de la sanción, se genera una dilación en la emisión de la resolución que aplica multas y hay atrasos en el envío de los antecedentes para el cobro de multas a la Tesorería General de la República (TGR).

Sobre el primer punto, el inspector de seguridad minera cuenta con un plazo de 15 días hábiles para realizar el formulario de solicitud de sanción. Tras ello, es revisado por el coordinador de Seguridad Minera y el director regional para luego ser enviado al jefe del Departamento de Fiscalización y Seguridad Minera a nivel central del servicio.

En ese contexto, el ente contralor revisó 31 solicitudes de aplicación de sanción y verificó que 24 de ellas fueron realizadas con una demora promedio de 68 días hábiles. Dentro de ellas, se consignó una sobre la División Chuquicamata, de 104 días hábiles fuera del plazo, una de Rockwood Lithium, por sobre 75 días hábiles, y otra de Minera Antucoya, controlada por el grupo Luksic, que sobrepasó en 67 días hábiles el plazo establecido.

Por su parte, la entidad auditada informó que 21 de los 24 casos correspondían a accidentes graves y fatales, por lo que para poder formular la solicitud debía tenerse a la vista el informe de investigación del respectivo accidente. Esto explicaría la demora mencionada. Sin embargo, la CGR enfatizó que el servicio no aportó antecedentes que lo avalaran. De todos modos, el Sernageomin se comprometió a acortar los plazos del procesamiento sancionatario realizando una evaluación del proceso y una sistematización de la información, junto con desarrollar una capacitación al personal sobre el tema.

Respecto a la dilación para elaborar la resolución que aplica multas, se debe considerar que desde que el director regional remite la solicitud de sanción al nivel central, éste cuenta con 24 días hábiles para emitir el documento que la concreta. Como sea, se constató que en la práctica se consideran 10 días hábiles adicionales de plazo, en particular para los descargos del afectado, lo cual no está contemplado dentro del procedimiento. Así, se desprende que la entidad cuenta con 34 días hábiles para formalizar una multa.

El examen de la Contraloría arrojó que 25 de las resoluciones para aplicar sanciones se hicieron con una demora promedio de 110 días hábiles por sobre el plazo. Esto contraviene el procedimiento del Sernageomin y la legislación sobre la administración pública. Dentro de los atrasos, sobresale un procedimiento sobre Minera Antucoya, con 237 días hábiles fuera del plazo, uno de la División Radomiro Tomic de Codelco, con 230 días hábiles, de Rockwood (196 días hábiles), de la División Chuquicamata de Codelco (189 días hábiles) y uno de SQM Salar, que se hizo 136 días hábiles tras vencer el tiempo correspondiente.

En cuanto al atraso en el envío de antecedentes para efectuar el cobro de las multas, el servicio tiene un convenio de colaboración con la TGR. Ahí se estipula que esta última se obliga a recaudar y efectuar la cobranza judicial y administrativa de las multas a beneficio fiscal impuestas por la entidad.

El análisis de la CGR reveló que hay un promedio de 67 días corridos desde que el servicio emite la resolución que aplica la multa hasta la fecha en la que carga la información al portal de la Tesorería. De esos casos, sobresale un proceso contra Rockwood, con 175 días de demora, uno sobre la División Chuquicamata de Codelco, con 88 días, de Antucoya (42) y de SQM Salar (39).

Todas las anomalías involucradas durante el proceso generaron un promedio de 279 días corridos desde que se levantaron las 25 solicitudes en cuestión por la dirección regional hasta que se notificaron a la Tesorería General de la República. Incluso hay tres casos en los cuales el proceso superó los 450 días.

Actas en riesgo

Luego de finalizar una inspección a alguna faena minera, el funcionario del Sernageomin sostiene una reunión de cierre con su contraparte de la empresa fiscalizada. Ambos firman el acta y se generan dos copias, de las cuales una queda inserta dentro del denominado “Libro del Sernageomin”. En ese documento se plasman todos los antecedentes, observaciones realizadas y acciones correctivas que surgen de la actividad de fiscalización.

Este sistema que debería ser infalible e invulnerable, no lo es. Al menos así lo determinó la Contraloría dentro de su informe de auditoría. Tras revisar 20 actas de fiscalización firmadas por las empresas supervisadas, detectó que en cinco casos existían diferencias en la información contenida en ese documento respecto del acta almacenada en el sistema informático. También descubrió un acta firmada con fecha posterior a la registrada en el sistema como finalizada.

Las diferencias consistieron, principalmente, en la hora de emisión del acta y hay un caso en que el documento registrado en el sistema cuenta con todos antecedentes de la compañía, mientras que el acta física no indica el RUT, ni el estado ni la producción de la feana.

“La situación precedentemente expuesta, da cuenta de una debilidad de control interno que impide mitigar el riesgo de que el acta pueda ser modificada con posterioridad a la fecha en que fue firmada por los participantes de la reunión de cierre de la fiscalización en terreno pudiendo generarse modificaciones en el sistema SIMIN 2.0, que no son parte de los acuerdos suscritos por los intervinientes”, estableció al respecto el ente encabezado por Jorge Bermúdez. A su vez, esto contraviene una resolución exenta que se refiere al registro inmediato y pertinente de las operaciones para asegurar la oportunidad y fiabilidad de la información para la toma de decisiones.

En su respuesta, el director regional subrogante del servicio dijo que la diferencia en las fechas y horas se debía a que los inspectores están varios días en terreno, en general, de lunes a jueves, tras lo cual los días viernes realizan el proceso de sincronización de dichos documentos en el sistema. Agregó que lo anterior se podía solucionar con un reforzamiento del proceso de entrega de las actas de inspección a los productores mineros y que se desarrollaría una capacitación a los inspectores y coordinadores de Seguridad Minera.

Como sea, la explicación del director regional no dejó conforme al ente contralor. “Lo expuesto por la autoridad del servicio auditado ratifica los riesgos detectados en cuanto a la probabilidad de efectuar modificaciones en las actas de fiscalización con posterioridad a la reunión de cierre con las empresas fiscalizadas, y si bien indicó que efectuará acciones para corregirlo, ello no desvirtúa lo objetado, considerando que las situaciones representadas corresponden a hechos consolidados y que la debilidad del sistema, en este aspecto, no se ha regularizado”.

Pero este no es el único problema detectado en cuanto a las actas. También se constató que existe un resguardo deficiente de ellas. El lunes 26 de marzo de 2018, el equipo de supervisores de la Contraloría revisó cómo se guardan las actas físicas y descubrió que éstas eran almacenadas en la oficina de las asistentes técnicas, la cual no posee llave ni puerta para resguardarlas de forma segura. Incluso no contaban con controles de acceso para prevenir la pérdida, sustracción, intervención o alteración de los documentos, como tampoco un posible uso indebido de ellos.

Esto adquiere especial importancia debido a que en el sistema informático no se almacenan las copias de las actas originales firmadas por las partes, por lo cual quedan sin aprobaciones.

Dicha situación, estableció el ente contralor, vulnera una resolución exenta y la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado.

A partir de la intervención de la CGR, el Sernageomin informó que desde mayo implementó un sistema para darle más seguridad al resguardo de las actas.

Junto con todo ello, se hallaron inconsistencias en cuatro actas de 24 que fueron revisadas. Estas consisten en que primero se observa un requerimiento que debe ser subsanado, luego se dice que ya fue corregido y finalmente se indica que persiste la observación.

Uno de esos casos tiene que ver con una inspección realizada a Mina Julia, ubicada en Taltal. En febrero de 2017, en el acta se observó que al interior de la mina faltaba señalización de las vías de emergencias. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, un numeral del documento señaló que se constató la implementación de las correcciones, pero contradictoriamente dentro del mismo acta se precisó que aún no estaban señalizadas las salidas de emergencias.

Cabe recordar que entre medio de ambas fiscalizaciones, el 24 de octubre de 2017, se produjo un derrumbre en Mina Julia, tras lo cual quedaron atrapados dos mineros a más de 100 metros de profundidad, los que afortunadamente lograron ser rescatados al día siguiente (ver nota).

Fuente:https://www.biobiochile.cl/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2018/09/05/contraloria-desnuda-graves-fallas-en-organismo-que-fiscaliza-a-grandes-mineras-del-norte.shtml

Mexico

Napo es cómplice y debe entregarse

Autor: Remamx.org
Conflicto Relacionado: Pasta de Conchos-Coahuila-IMMSA

La organización Familia Pasta de Conchos sostuvo que en el afán de legitimarse, el dirigente minero y Senador electo Napoleón Gómez Urrutia miente al asegurar que reabrirá el caso de la mina que explotó en febrero del 2006, para rescatar los cuerpos de los 65 mineras que quedaron atrapados.

A través de la activista Cristina Auerbach, señalaron que como dirigente máximo del Sindicato Minero Nacional tuvo la facultad para evitar una de las mayores tragedias, pero se limitó a cobrar cuotas sin preocuparse por la seguridad de los trabajadores, lo cual lo convierte en cómplice.

Así mismo manifestó que Gómez Urrutia no puede abrir ningún caso porque el caso está abierto ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que le dio admisión en marzo del año pasado, litigio que va acompañado por casi mil 100 familiares directos de los mineros muertos; Napoleón Gómez nada tiene que ver, sostuvo.

Exigieron un documento que muestre que Gómez Urrutia intentó actuar para evitar la muerte de los 65 mineros, tomando en cuenta que él representa al sindicato.

“Entonces que ahorita venga a decir que quiere que se abra el caso y que se investigue, pues yo le pediría que se entregue y que cuente que fue lo que pasó. Porque aquí la tragedia de Pasta de Conchos es la suma de complicidades entre el estado mexicano, grupo México y el Sindicato Minero, porque el sindicato minero los únicos emplazamientos que hizo fueron por salario, nunca por las condiciones de inseguridad”, expresó.

La activista manifestó que el dirigente minero ha mentido todos estos años, y ahora ensaya un discurso que le viene bien, que se ha posicionado porque tiene poder y dinero, pero es mentira.

“Quiere legitimarse, yo creo que  él pensó que iba a llegar y que todo mundo le iba a aplaudir, y resulta que se encontró con una fuerte oposición no solo de las familias de Pasta de Conchos, no sólo de un sindicato pulverizado, porque me estoy enterando que del sindicato minero ahora hay otros 9 sindicatos, hay 10 sindicatos mineros, ni siquiera sé realmente a cuantos representa”, apuntó.

Y agregó: lo que no es aceptable y es absolutamente condenable es que un sindicato, un representante sindical se haya quedado callado, haya sido omiso ante las condiciones de esclavitud en que estaban los trabajadores de Pasta de Conchos, que haya cobrado cuotas sindicales, que sólo haya representado a 28 de los 65; él no representaba a todos, sin tomar a los de confianza y el resto el personal de la empresa contratista que se llamaba General de Hulla.

Manifestó que Gómez Urrutia también cobraba un contrato de protección, cobraba por no sindicalizar a sus trabajadores, “entonces es una hipocresía que hoy diga que va  a acabar con los contratos de protección cuando él ha vendido contratos de protección desde que es el sindicato minero, así que no tiene ninguna calidad moral, ninguna legitimidad y ningún derecho de hablar a nombre de nosotros”.

Actualmente no existe diálogo con el sindicato, la empresa o el estado, las familias sobreviven con un ingreso de 3 mil pesos mensuales, informó.

Auerbach pidió a  los trabajadores que están en los 10 sindicatos que derivaron del Minero, que recapaciten sobre lo que está pasando con sus organizaciones, “porque el regreso de Gómez Urrutia nos recuerda lo vulnerables que son, lo desprotegidos que están y que son sólo ellos los que pueden tomar cartas en el asunto para que sus centros de trabajo no sean trampas mortales”.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/09/napo-es-complice-y-debe-entregarse/

Argentina

Para evitar otro “Pelambres” mensurarán 3 proyectos mineros en la frontera con Chile

Autor: Tiempo de San Juan.com
Conflicto Relacionado: Caimanes-Los Pelambres

Para no volver a tener el conflicto ambiental que generó la escombrera de la mina chilena Los Pelambres (que dejó toneladas de escombros en territorio sanjuanino), el Ministerio de Minería de la Provincia realizará una nueva mensura de tres de los proyectos mineros sanjuaninos que se ubican en la frontera con Chile.

En febrero y marzo del 2019 se realizará la medición definitiva de los proyectos Del Carmen, Azules y Los Amarillos y el Ministerio pidió a la Secretaría de Asuntos Institucionales de la Provincia que se  notifique a los organismos trasandinos pertinentes la nueva mensura de proyectos sanjuaninos limítrofes.

Es la primera vez que se realizará este registro con gran nivel de detalle y con previo aviso a las autoridades chilenas. La notificación irá acompañada de los planos de los proyectos con sus coordenadas geográficas, según el sistema de información del Catastro Minero de San Juan.

La tarea también servirá para agilizar futuros proyectos mineros binacionales.

Proyecto Los Azules

Es un proyecto en estado de exploración avanzada. Se trata de un yacimiento de pórfidos de cobre de estilo andino clásico, con reservas de oro y plata también.

Está a 3600 msnm en el departamento de Calingasta. La zona se ubica en el cordón de Los Azules y el extremo septentrional de la Cordillera de La Totora. Está aproximadamente a 250 km al oeste de la ciudad de San Juan, a 3 km del límite con Chile.

El proyecto fue descubierto en 2004 pero recién con la perforación de un pozo de 221 metros de profundidad en 2006 se encontraron vestigios de cobre de alta calidad. Minera Andes descubrió un alto grado de mineralización de enriquecimiento secundario en el yacimiento en el 2006, cuando se registró 1,62 por ciento de cobre en un pozo de exploración que alcanzó los 221 metros de profundidad. Hasta finales del 2010, se perforaron 106 pozos de exploración por un total de 30.181 metros en el yacimiento.

 

Proyecto Del Carmen

Es otro de los proyectos sanjuaninos en etapa de exploración avanzada, de oro y plata. En el modelo predomina un sistema epitermal de alta sulfuración. Según la Clasificación de Depósitos Minerales en la República Argentina, corresponde a: Depósitos Epitermales y de Transición. Oro de alta sulfuración (alunita) (7c).

Está ubicado a 4829 msnm en el extremo sur del Valle del Cura, en el departamento de Iglesia, en zona fronteriza con Chile.

La zona fue identificada como área de interés durante la prospección realizada en 1983 por el Servicio Geológico Minero Nacional y declarada área de reserva provincial. Ésta fue licitada y la empresa Barrick SA realizó tareas de exploración a partir de 1995.

 

Proyecto Los Amarillos

Es un proyecto de oro y plata en etapa de prospección/exploración, ubicado a 4002 msnm. Está ubicado en el departamento de Iglesia, hacia las cabeceras del arroyo Los Amarillos, en el límite con Chile al norte del proyecto Lama, dentro del Valle del Cura.

Según la Clasificación de Depósitos Minerales en la República Argentina corresponde a: Depósitos Epitermales y de Transición (7c). Oro de alta sulfuración (alunita).

La zona fue seleccionada como área de reserva provincial luego de los reconocimientos realizados en la prospección regional del valle del Cura por el Servicio Geológico Minero Nacional en 1983. La actividad privada realizó tareas de exploración en la década de 1990.

Fuente:https://www.tiempodesanjuan.com/economia/2018/8/28/para-evitar-otro-pelambres-mensuraran-proyectos-mineros-en-la-frontera-con-chile-227054.html

Perú

Tahoe Resources informa protesta de la comunidad en mina Perú

Autor: Redacción Minería en Línea.com

La empresa con sede en Canadá Tahoe Resources suspendió el jueves por la noche las operaciones mineras en la mina La Arena, en Perú, en respuesta a una protesta por el impacto de la mina en la cercana comunidad de La Ramada.

Un grupo de entre 80 y 100 personas se traspasó a la propiedad de la mina, interrumpió las operaciones y exigió el pago de los supuestos impactos del polvo y la vibración de las actividades de voladura en la comunidad, dijo Tahoe en un comunicado el viernes.

La minera dijo que había presentado cargos formales contra los líderes de la protesta por entrada ilegal ilegal.

A principios de la semana, Tahoe informó un intento de robo de oro en la misma mina. Los agujeros se cortaron en la parte superior de una tubería para extraer el oro de la solución. El intento de robo resultó en una descarga de la solución y la contaminación del sistema de gestión de aguas pluviales.

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2018/09/tahoe-resources-informa-protesta-de-la-comunidad-en-mina-peru/

Argentina

Carrió: «La minería es un engaño y un negocio que destruye el medio ambiente»

Autor: Redacción El Diario de Cuyo.ar

La diputada nacional Elisa Carrió ratificó su apoyo a Mauricio Macri y al gobierno de Cambiemos en un encendido discurso frente a empresarios en la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Además, habló de minería y dijo que esta actividad «es un engaño y un negocio que a medio término destruye el medio ambiente. Lo único que nos da una prosperidad permanente es el desarrollo de economías internas que también exporten, por eso tenemos que crear una aduana legal paralela».

 

También apuntó contra el sector que, según su visión, le quiere dar un golpe al Presidente: «Yo les digo a los militantes golpistas: acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile. si quieren hacer el golpe me van a sacar muerta de la Casa Rosada. Pero yo viva no salgo y Macri tampoco».

Y agregó: «La decisión que tiene Macri no la vi en ningún dirigente político y pasé por muchos gobiernos. La voluntad de sacar de la Argentina a la patria contratista la vi en él, aunque le cueste llevarse puesto a su primo más querido, Ángelo Calcaterra. La decisión que tiene frente al campo y las pymes es irrevocable. No es un presidente débil, es un presidente que es ingeniero. Está acostumbrado a guardar sus sentimientos».

 

«Se imaginan que estar con el hijo de Macri padre es el mayor sacrificio humano que hice en mi vida. El Presidente no va a cambiar. Sus hijos le desprecian el dinero. Él entendió, viniendo de Franco Macri, lo cual es casi excelso, que quiere ser otra cosa y que la Argentina sea distinta, y no le tiene nuevo a los dueños del poder», cerró en este tramo.

También aprovechó para llevar calma sobre sus dichos el fin de semana: «No se asusten porque nunca me pongo furiosa, simplemente soy una gran actriz de la escena nacional, como Tita Merello. Las crisis me generan adrenalina, me divierto en el riesgo, soy una jugadora que no tengo ganas de morir pero puedo morirme con tranquilidad».

En ese sentido, sostuvo: «Que nadie se confunda: yo interpreto la voz del Presidente de la República. Todo lo que hice este fin de semana desde la chacra y el Presidente desde Los Abrojos es una melodía, frente a los grupos que querían sacarle todos los ministros».

 

«Acá hay un modelo de salida que puede traer prosperidad de 100 años a la Nación, que es cambiar la alianza económica que rigió el corporativismo. Esa alianza terminó. Es la decisión del presidente Macri. Por eso está este chiquito Sica (ministro de Producción)», completó.

Brevemente, la fundadora de la coalición gobernante hizo referencia a la coyuntura económica y buscó llevar tranquilidad: «No tenemos posibilidad de default. Estoy negociando hace un mes con «Toto» Caputo que saquen el 1% al depósito (bancario) y lo estamos haciendo con Mario Quintana».

 

Sobre esto, añadió: «Hoy no se tocó el programa de rebaja de retenciones. Todos van a pagar 4 por 1, pero es 4 pesos, la inflación te lo devalúa. Es transitorio. Yo estaba en el 2001. Eso fue un golpe civil: Alfonsin y Duhalde».

 

Y sentenció: «A la clase media este año le va a ir mal. Hay que sostener empleados y hablar con ellos. ¿Vamos a tener conflicto social en diciembre? Si. ¿Va a ganar Cristina? No.Los trabajadores no van a votar a los que se robaron los 100.000 millones de dólares que faltan en salud, comida y educación».

 

Carrió también adelantó que la ley de extinción de dominio, que fue modificada en el Senado y ahora deberá debatirse nuevamente en Diputados, saldrá de la manera que quiere Cambiemos: «Si no sale en Diputados va a salir un decreto del Presidente para conseguir el dinero (de la corrupción)».

En el final, le mandó un mensaje a los empresarios: «Úsenme, está alianza (Cambiemos) no la voy a romper. Tienen acá a una gran defensora del repoblamiento, de la prosperidad y de las pymes. Y úsenme porque después me muero y mi velorio va a ser un éxito».

Fuente:https://www.diariodecuyo.com.ar/argentina/Carrio-La-mineria-es-un-engano-y-un-negocio-que-destruye-el-medio-ambiente-20180903-0068.html

Mexico

Con desapariciones forzadas imponen proyectos de muerte, acusan

Autor: Efraín Nuñez, E-consulta.com

La desaparición forzada es otra de las herramientas utilizadas por el Estado y las grandes corporaciones para castigar a quienes se oponen a los llamados proyectos de muerte en la entidad, afirmó Mariel Bonilla Dumit, integrante de la Red de Defensa de los Derechos Humanos en Puebla.

Tras la presentación del libro sobre la desaparición de dos integrantes del Ejército Nacional Revolucionario (EPR), la activista recordó que recientemente desapareció Sergio Rivera Hernández, opositor a la hidroeléctrica que pretende construir la minera Autlán en la Sierra Negra.

Desaparecido opositor a las represas

Bonilla Dumit sostuvo que el caso de Sergio Rivera puede presumirse como una desaparición forzada, debido a su activismo en contra de una hidroeléctrica en el municipio de Zoquitlán.

“El caso no ha sido muy sonado mediáticamente pero se puede presumir el interés político del Estado para deshacerse de él. Por su práctica política se puede presumir que se trata de una desaparición forzada”.

La integrante de la Red sostuvo que la población sufre diversas violaciones a sus derechos humanos por la imposición de estos proyectos, ya que en un primer momento no se les da la información debida de las mineras,fracking o hidroeléctricas que se construirán.

“Cuando ellos reaccionan es porque ya están siendo desplazados. Violentan su derecho a una calidad de vida, a su entorno social, y cuando se quieren defender son criminalizados, sometidos a procesos inventados”, expuso.

Sergio Rivera desapareció el pasado 23 de agosto en el municipio de Zoquitlán, luego de que al parecer era perseguido por una camioneta con camper que merodeaba el lugar.

Compañeros de quien integra el Movimiento Agrario Indígena Zapatista hallaron su motocicleta abandonada.

En otro tema, la activista refirió que otro caso importante de desaparición forzada en Puebla fue el de Fermín Mariano Matías, cofundador de la Liga Estudiantil Democrática y ex integrante del PRD, quien desapareció en 2009 y posteriormente fue hallado asesinado.

Al respecto afirmó que es sonado que existen inmuebles en la entidad destinados para retener a personas sin la intención de ponerlas a disposición de la autoridad ni sujetarlas a un proceso penal.

Difícil cuantificar cuántos casos hay

Durante la presentación del libro sobre la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del EPR que desaparecieron durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el historiador Fritz Glockner sostuvo que es “imposible” saber cuántos casos de desapariciones forzadas hay en México y en Puebla.

Manifestó que se estima que hay más de 30 mil personas que han desaparecido como consecuencia de su activismo político y social, sin embargo hay académicos que estiman que son más de 300 mil.

“Con la información de los colectivos se podría plantear la hipótesis que entre 1969 y 1978 el gobierno mexicano desaparece o asesina a 5 mil mexicanos. Pero en la actualidad no hay claridad”, expuso.

Fuente:http://www.e-consulta.com/nota/2018-08-27/seguridad/con-desapariciones-forzadas-imponen-proyectos-de-muerte-acusan

Mexico

Proyectos de minería provocarán poblaciones desplazadas, alertan

Autor: Efraín Nuñez, E-consulta.com

El 90 por ciento del territorio del municipio de Francisco Z. Mena está concesionado a la minería y el fracking, lo que eleva el riesgo de un desplazamiento de la población, advirtió el activista Eduardo Morales Sierra.

El también académico destacó que las principales violaciones que viven quienes se oponen a los que calificó como “proyectos de despojo” son el hostigamiento, las amenazas, las denuncias falsas y el asesinato.

Riesgo de desplazamiento

Morales Sierra destacó que los municipios tanto de la Sierra Norte como en la Sierra Negra están amenazados con proyectos de gasoductos, minerías, hidroeléctricas, instalación de paneles solares y fractura hidráulica.

“En Francisco Z Mena el 90 por ciento del territorio está concesionado a minería y fractura hidráulica; eso va a implicar un proceso de desplazamiento forzado”, expuso.

El municipio de Z. Mena, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, cuenta con una población de 16 mil 667 personas, y mil 600 hablan una lengua indígena.

Asimismo, cuenta con una extensión territorial de 535.8 kilómetros cuadrados, lo que implica que más de 482 kilómetros cuadrados están concesionados a los proyectos de despojo.

Violaciones trascienden a los gobiernos

El académico destacó que los proyectos de despojo trascienden a los gobiernos, ya que el estado está diseñado para esto.

“Va mucho más allá del gobierno y de los partidos en turno que continúen estos procesos. La estructura del gobierno está diseñada para ello”.

Agregó que una de las formas que tiene el Estado para presionar a los activistas que se oponen a estos proyectos en el estado es la vinculación a procesos con delitos inventados, como sucedió con indígenas de Cuetzalan.

Fuente:http://www.e-consulta.com/nota/2018-09-03/gobierno/proyectos-de-mineria-provocaran-poblaciones-desplazadas-alertan

Mexico

Protestas contra la minería en Baja California Sur

Autor: Roberto Galindo para Contralínea.com
Conflicto Relacionado: Caimanes-Los Pelambres

En La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, se vivieron el 29 de agosto de este año intensas y nutridas protestas en contra de la mega minería tóxica a tajo abierto. Y es que Desarrollo Zapal, compañía de Invecture Group, intentó de nuevo conseguir el cambio de uso de suelo de una gran área dentro de la Reserva de la Biosfera de La Sierra de la Laguna, con el propósito de establecer el proyecto Los Cardones y extraer oro a gran escala. Y aunque ese mismo día por la mañana el presidente municipal de La Paz, Armando Martínez Vega, ratificó que el cambio de uso de suelo fue rechazado, también dijo que la empresa puede intentar tramitar los permisos de nuevo. Lo que no aminoró la molestia de los ciudadanos ante lo que consideran un grave riesgo para su subsistencia, debido a que La Sierra de la Laguna es la reserva de agua dulce más grande al sur del estado.

Desde hace más de 10 años se ha intentado establecer el mismo proyecto de minería con diferentes nombres y, como en ocasiones anteriores, los empresarios mineros se toparon con la resistencia de la sociedad sudcaliforniana. En La Paz se congregaron alrededor de 1 mil personas afuera del palacio de gobierno estatal para exigirle al gobernador, Carlos Mendoza Davis, realizar un acto contundente contra la minería en el estado. Ante la ausencia del mandatario, incrementaron el tono de la protesta hasta que el secretario general de gobierno Álvaro de la Peña Angulo salió y, micrófono en mano, dijo que “el gobierno del estado no apoya la minería que pueda afectar a Baja California Sur y a sus habitantes, es no a ese proyecto…”, haciendo referencia a Los Cardones. Pero ante la insistencia de los manifestantes de dialogar formalmente, aceptó el ingreso de una comitiva de representantes de las diversas organizaciones ciudadanas al recinto de gobierno.

En la mesa y ante las demandas de integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), de otras organizaciones procedentes de Los Cabos y Todos Santos, así como de ciudadanos independientes que le manifestaron los riesgos de permitir la minería a tajo abierto en la Reserva de la Biosfera, de la Peña Angulo, acompañado por otras autoridades, entre ellos el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Baja California Sur, Axxel Sotelo, se comprometió a elaborar un documento oficial en el que se especifique que se emitirá una iniciativa de ley contra la minería y para la protección ambiental de la Sierra de la Laguna, mismo que, acordaron, dará continuidad a lo ya desarrollado por el Freciudav y que será integrado de común acuerdo por ambas partes y con la participación de las diversas áreas del gobierno estatal y municipal competentes en la materia, incluyendo al cabildo saliente y al entrante, así como las instituciones encargadas del medio ambiente. Peña Angulo aseveró que el documento se dará a conocer en una rueda de prensa la primera semana de septiembre. Por su parte los integrantes del Freciudav declararon que mientras no exista una ley que blinde al estado contra la minería, ellos no dejarán de manifestarse y protestar, pues dijeron que lo que defienden es su derecho a la vida.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/09/03/protestas-contra-la-mineria-en-baja-california-sur/

Argentina

En defensa de lo que se votó

Autor: Darío Aranda, Página12.com.ar
Conflicto Relacionado: El Desquite - Esquel

Incumplir promesas electorales, desoír a comunidades afectadas, lobby sobre legisladores e intendentes, campaña mediática, falsas promesas de trabajo, violación de leyes. Las asambleas socioambientales de Chubut denuncian que es el plan que ejecuta el gobierno nacional, aliados provinciales y la multinacional Pan American Silver para imponer la megaminería. Aunque está vigente la ley provincial 5001, que prohíbe la actividad extractiva, sectores políticos planean entregar el 60 por ciento del territorio de Chubut a las empresas mineras. Se multiplica el rechazo en toda la provincia, con movilizaciones en una decena de ciudades.

Desde hace quince años la población de Chubut rechaza la megaminería. Esquel fue el punto de quiebre, cuando votó “no” a la actividad y demostró que se podía frenar a las multinacionales mineras. Se aprobó la Ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro.

Pan American Silver es la mayor empresa minera de plata del mundo y desde hace diez años quiere dinamitar un yacimiento de plata y plomo en la meseta de Chubut (centro geográfico de la provincia).

El gobernador Mario Das Neves (fallecido en octubre de 2017) tuvo sus vaivenes pero finalmente se decidió por rechazar la actividad. “El 63 por ciento de la gente no quiere minería ni centrales nucleares”, afirmó en mayo de 2017. Luego de su fallecimiento, asumió su vice, Mariano Arcioni. En un spot de campaña electoral no tenía dudas: rechazaba la minería y cuestionaba que “desde Buenos Aires” quieran imponer extractivismo a las provincias.

En 2018 cambió. Arcioni argumentó que daba la bienvenida al debate, dejó abierta la posibilidad de que los intendentes avancen y, al mismo tiempo, dio luz verde para que sus ministros y legisladores promocionen la megaminería. Las asambleas socioambientales denuncian la voltereta del gobernador.

El proyecto “Navidad” está ubicado en la meseta de Chubut, la zona más empobrecida de la provincia, entre las localidades de Gan Gan y Gastre, territorio de comunidades mapuche-tehuelche. La avanzada minera viola los derechos de las comunidades, tanto leyes nacionales como tratados internacionales de derechos humanos. Las comunidades indígenas son referencia en el rechazo a la Pan American Silver.

Trelew, Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia, Esquel, Trevelin, El Hoyo, Lago Puelo, Yala Laubat, Gualjaina y Puerto Pirámides son algunas de las localidades movilizadas en defensa del agua, el territorio y contra la megaminería. Cuestionan que los sucesivos gobiernos nunca buscaron opciones sustentables para la meseta.

El gobierno nacional y aliados provinciales, con los diputados Alfredo Di Filippo y Sergio Bruscoli a la cabeza, presentaron un proyecto de ley para “zonificar” la provincia. La iniciativa, celebrada por las mineras, busca habilitar la minería en la meseta. En mapas detallados se muestran las “zonas de sacrificio”.

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la más importante de la provincia, se expidió el 17 de agosto pasado. “El Consejo Superior de la Universidad rechaza al proyecto de zonificación minera. Esta propuesta carece de proyección a largo plazo para la región y no cuenta con el respaldo de un análisis exhaustivo de los aspectos sociales, económicos, ambientales y político-legales implicados”, afirmó.

La Universidad alertó que el proyecto de zonificación ofrece el 64 por ciento del territorio provincial (14 millones de hectáreas) a las empresas mineras y cuestiona que la dirigencia política no tenga en cuenta “el trabajo pasado, presente y proyectado” del INTA, el Conicet y la misma universidad pública que han propuesto el desarrollo y mejoramiento de actividades no extractivas, como la agrícola-ganadera y el turismo.

La Universidad no tiene dudas del motivo de la avanzada minera: “Es producto de presiones político-empresariales que no contemplan un tratamiento realmente democrático a un tema que tiene una gran importancia estratégica para el pueblo de la provincia”. Y se ofrece, junto con otras instituciones científicas y con movimientos sociales, a sistematizar y desarrollar alternativas productivas realmente sustentables.

El 28 de julio hubo una multitudinaria movilización en Rawson. La consigna principal fue “no a la megaminería”. Desde hace quince años, todos los día 4 del mes se marcha en Esquel en rechazo a la minería. “Hoy el pueblo de Chubut está movilizado y más unido que nunca para defender su territorio, sus oportunidades, su presente y su futuro. Desde hace 20 años se vienen sosteniendo épicas resistencias a basureros nucleares y megaminería. Es hora de que los representantes respeten la voluntad popular y dejen de ser funcionales a los intereses de las corporaciones extractivistas”, exigió la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel.

Recordaron que ninguna de las provincias mineras de Argentina tuvo el trabajo prometido, ni el desarrollo local y, muchos menos, el cuidado del ambiente. Repudiaron el accionar de los funcionarios del gobierno nacional, al gobernador Arcioni y a los intendentes promineros, y también repudiaron a los grandes medios por “venderse al mejor postor, hacer propaganda minera” e invisibilizar las luchas.

Fuente:https://www.pagina12.com.ar/139614-en-defensa-de-lo-que-se-voto

Bolivia

¿Puede un país morirse de extractivismo?

Autor: Eduardo Gudynas para Págian Siete.bo

Don Nicolás se murió del “mal de la mina”. Apenas tenía 34 años, según cuenta Ander Izagirre en su notable libro Potosí. Su padecimiento fue la silicosis, una afectación crónica provocada por partículas de sílice que atacan los alvéolos de los pulmones hasta hacer imposible la respiración.

Los que trabajan en las entrañas de los socavones, respiran durante décadas ese aire cargado de sílice, y poco a poco, sin pausa, ese polvillo microscópico avanza silenciosamente hasta que el minero fallece asfixiado. No estamos ante un evento repentino como una puñalada, sino que el arma letal es microscópica y lenta, pero igualmente fatal.

La silicosis es apenas una entre las variadas consecuencias negativas del extractivismo minero, y se suma a otros problemas también graves que se observan en otros sectores extractivos, como minería o petróleo. Ante ese tipo de situaciones me pregunto si algo similar puede ocurrir con un país. ¿Puede morirse Bolivia por un “mal de la mina”? O dicho en otros términos, ¿puede fallecer un país por lo que podríamos llamar “la enfermedad crónica de los extractivismos”?

Cuando los extractivismosmatan

Los extractivismos son posiblemente el modo más intensivo de apropiación de la Naturaleza, y como además se despliegan en grandes escalas territoriales o remueven enormes volúmenes de recursos, generan muy severos impactos tanto sobre las personas como en el ambiente.

Todos ellos son actividades locales, y por ello sus efectos negativos atacan especialmente a las comunidades locales, aunque su destino siempre es alimentar las exportaciones hacia los mercados internacionales. Adentro nos quedamos con los impactos, y hacia afuera se envían los recursos valiosos.

El dinero que deja ese vínculo con la globalización es presentado como una de las principales justificaciones de los extractivismos. Aunque hay un mérito en el argumento de la importancia económica de esos sectores, se ha llegado a extremos bajo los cuales se agita el fantasma del colapso económico o la retórica de salvar a los pobres, para justificar a nivel local todo tipo de debacle ecológica y social local, mientras a nivel nacional persisten los desarreglos financieros, comerciales y productivos que ocasionan esas actividades.

Más allá de la publicidad, muchos extractivismos gozan de subsidios y protecciones estatales. De un modo u otro todo confluye en repetir la conocida estrategia de ser meros proveedores de materias primas a otros continentes.

Esos debates se vuelven interminables y lo que hacen es precisamente ocultar las enfermedades extractivistas. Un primer problema es que los extractivismos actuales implican sucesivas amputaciones al cuerpo ecológico del país. La minería, sea formal y a gran escala, cooperativa o informal, siempre significa la remoción de enormes volúmenes de rocas y piedras para quedarse con una pequeña proporción del mineral que será exportado.

Por ejemplo, sumando los ocho primeros rubros mineros, Bolivia ha enviado al exterior más de 1,29 millones de toneladas de materia en 2016. Lideraron el cinc y plomo, pero en estos y otros tipos de minerales, se deben remover centenas a millones de toneladas de roca y piedra de las cuales sólo una fracción será exportada. Esa relación es particularmente desventajosa en el oro, ya que en muchos sitios se requiere remover una tonelada de rocas, suelos y arenas para poder separar un gramo.

Se generan así las explotaciones a cielo abierto, y basta ver una fotografía de la mina de cobre Don Mario para comprender qué significan esas amputaciones.

Lo mismo ocurre en los usos de la tierra, y de hecho los grandes empresarios rurales del oriente y el Gobierno coinciden en ampliar la superficie bajo explotación y hacerlo lo más rápido posible.

Ninguno de esos sectores “produce” recursos como minerales o hidrocarburos. Se hace una trampa con el lenguaje, ya que lo que realmente ocurre es que todo se extrae. Las pérdidas del patrimonio natural de cada año se suman a las anteriores, y de ese modo el país queda repleto de cicatrices. La estrategia que se defiende es esencialmente persistir en la misma senda, y si un mineral se agota o su precio cae, entonces se buscará otro recurso que lo suplantará.

Preguntando por los muertos

Aunque se acumulan las denuncias sobre los duros impactos de esos extractivismos, no siempre los indicadores están ordenados o son de acceso público. Volviendo al libro Potosí, Izagirre nos cuenta que uno de sus entrevistados recorría los funerales y los entierros preguntando por los muertos.

Debía hacerlo, no tenía otra opción, porque no había indicadores certeros de cuántas personas fallecían por el mal de la mina. Y no era raro que cuando se intentaba conseguir esos informes, los responsables esquivaran las respuestas.

Entonces me pregunto: ¿Quiénes recorren la Naturaleza para identificar sus muertos? ¿Dónde están los cementerios ecológicos que atestiguan ambientes o especies perdidas? Izagirre nos dice algo que todos sabemos: “los fallecimientos de mineros por accidentes o enfermedad no constan en ningún registro, ninguna estadística”. Más o menos lo mismo se repite con las enfermedades de los extractivismos.

Esa barrera se debe a que los síntomas y signos en unos casos son activamente ocultados o negados, y en otras situaciones simplemente no se los busca. La enfermedad avanza precisamente por la incapacidad del país de saberse enfermo.

Considerando los indicadores clásicos, como la calidad del agua en los ríos, no existen mediciones regulares, rigurosas e independientes, y cuando esos datos aparecen son por algún estudio académico o en reacción a algún accidente. De modo similar, las informaciones sobre cuestiones como la deforestación casi siempre llegan tarde, y hay todo tipo de discrepancias entre números oficiales y lo que se observa en algunas regiones. Todo esto hace que la condición de un país pueda agravarse hasta entrar en un “coma ecológico”, sin que suenen las alarmas a tiempo y todo esto pase desapercibido para quienes viven en las ciudades.

Paralelamente hay una mayúscula distorsión económica alrededor de los extractivismos. Mientras se minimizan las advertencias ambientales al mismo tiempo sólo se calculan los beneficios económicos. El problema es que esa contabilidad está errada ya que no se incorporan los costos económicos del daño social o ambiental, como el dinero que se pierde por la contaminación del agua, la erosión de los suelos o las enfermedades.

Tampoco reconocen adecuadamente los subsidios y beneficios que la sociedad les transfiere a esos sectores (que en Bolivia van desde las exoneraciones tributarias a las cooperativas mineras hasta las facilidades en energía o impuestos a mineras y petroleras).

Como la economía convencional, esa misma que usan nuestros gobiernos, no hace una contabilidad adecuada, se refuerza la ceguera ante los impactos sociales y ambientales, cancelando la capacidad para reconocer y sopesar todos los síntomas de la enfermedad extractivista.

Estas dificultades se repiten en todos los distintos tipos de Gobierno, sean conservadores o progresistas, y un recorrido por los países vecinos deja eso en claro. En Perú, el Gobierno admitió el pasado julio que se han acumulado más de 8.000 sitios mineros abandonados, con todo tipo de problemas de contaminación, y unos 3.500 de sitios donde antes se extraían hidrocarburos.

Mientras que en Ecuador, la explotación petrolera en la Amazonia por parte de Texaco dejó centenas de pozos y unas 1.000 fosas con todo tipo de contaminantes, y se derramaron al menos 71 millones de litros de residuos que cubrieron unos dos millones de hectáreas en la selva.

La frontera de los derechos

Más allá de los indicadores que se usan y los que se podrían usar, de los que se aceptan y los que se rechazan, de algún modo las circunstancias ante los extractivismos remiten a cuestiones más profundas que pueden ser entendidas como enfrentamientos contra los derechos, sean de las personas como de la Naturaleza.

En efecto, los extractivismos contemporáneos siguen avanzando porque no se cumplen las salvaguardas de los derechos, desde aquellos que exigen información y consulta ciudadana a los que aseguran la integridad de los ecosistemas. La postura convencional es que la violación de derechos son accidentes ocasionales y puntuales en los emprendimientos extractivos, como puede ser un técnico que permitió un derrame contaminante o unos policías desobedientes que reprimieron a comunarios.

En cambio, un examen más atento de la situación muestra que la dinámica es en realidad inversa: una y otra vez se erosionan y debilitan los marcos de derechos humanos y ambientales, ya que eso es necesario para poder implantar los extractivismos actuales. Estos son de tal intensidad y tienen efectos tan graves, que si las salvaguardas de derechos se aplicaran realmente, la mayor parte de los emprendimientos no podrían ser aprobados. El debilitamiento de los derechos pasa a ser una condición necesaria para seguir adelante con los extractivismos.

Para dejar esto en evidencia es que se acuñó el término “extrahecciones”, que se deriva del latín extrahere y que significa arrancar con violencia. Las extrahecciones son esos extractivismos violentos, sea por las disputas entre grupos locales como por los que originan empresas o gobiernos, y que discurren en ese incumplimiento de los derechos. Posiblemente esto sea uno de los factores determinantes en la muerte de un país por los extractivismos. O para decirlo de otro modo, ¿está vivo un país que no puede asegurar los derechos a sus ciudadanos y su madre tierra?

Justamente para abordar esta problemática es que se ha lanzado el Observatorio de los Derechos de la Naturaleza. Su foco está en las violaciones de ese tipo de derechos, y con ello espera servir como un antídoto temprano frente a los males de los extractivismos. Este observatorio es una iniciativa que parte del sur, y que se apoya en esta primera etapa en organizaciones y personalidades latinoamericanas.

Luchar por la vida

¿Puede un país morirse del mal de los extractivismos? Posiblemente sí. No es que el país desaparezca como entidad política de la noche a la mañana o que estará al pie de una lápida en los camposantos de la historia. Pero sí es posible que se sumen viudas y viudos para llorar la pérdida de paisajes, de comunidades, de una ecología y modos de ser que se pierden irreversiblemente de forma callada y silenciosa, y que, como los mineros de los socavones, dejan a sus huérfanos. Desaparece una Bolivia, con todos lo bueno y malo que tenía, con sus contradicciones y su geografía, para dar paso a otra, muy distinta, con más objetos de consumo pero menos Naturaleza.

Se podrá retrucar que todo esto es una exageración, ya que un país es resistente a los extractivismos. Sin embargo, ese optimismo no tiene en cuenta que ya sabemos que se pierde año a año un enorme volumen de recursos naturales, hay selvas y nevados que se han ido para siempre, río y lagos que agonizan, y amputaciones que se acumulan en distintos rincones del país.

Nada de esto es nuevo, ya que los ciclos de alzas y caídas en las exportaciones de recursos naturales persisten desde tiempos coloniales. Cada uno de ellos sumó un nuevo tajo en el altiplano, un bosque perdido en el oriente. Y la enfermedad ahora está en plena eclosión, contagiándose entre grupos que pelean y tirotean unos contra otros por acceder a una veta mineral o una hectárea de cocal.

Si los países realmente mueren por el mal de los extractivismos, sospecho que lo hacen de uno de los modos más penosos. Es que ese drama resulta de la incapacidad para pelear por la vida, y no ocurre abruptamente, sino que es la consecuencia inevitable de esas mezclas entre la desidia para actuar frente a los impactos, la petulancia que sirve para aferrarse a viejas recetas del desarrollo y el renunciar a salvaguardar los derechos. La cura está en luchar por la vida.

*Artículo basado en la conferencia del autor en la presentación del Observatorio de los Derechos de la Naturaleza, que tuvo lugar en el Salón de Honor de la UMSA, en La Paz, en una mesa redonda donde también disertaron Carmen Capriles, Cecilia Requena, Toribia Lero y Waldo Albarracín, con la moderación de Óscar Campanini de CEDIB.

Fuente:https://www.paginasiete.bo/ideas/2018/9/2/puede-un-pais-morirse-de-extractivismo-192332.html