El análisis de la firma nace luego de la sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente y el estudio de una opción de desarrollo minero subterráneo.
Jueves 08 de Febrero de 2018.- La resolución de clausura total y definitiva que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) decretó sobre el proyecto minero binacional Pascua-Lama reforzó la idea de la canadiense Barrick de explorar una alternativa de desarrollo subterráneo.

Por esto, y según comunicó la minera a través de un comunicado, está reclasificando las reservas probadas y probables de Pascua-Lama de aproximadamente 14 millones de onzas, que se basan en un plan de mina a cielo abierto, como recursos medidos e indicados.

Como resultado de este análisis y de la clausura de las actuales instalaciones, la firma realizará una pérdida contable de US$ 429 millones antes de impuesto.

Sin embargo, mantiene la esperanza de poder desarrollar el proyecto y reforzó la opción de asociarse con la firma china Shandong para seguir adelante con una iniciativa subterránea.

“La resolución no afecta la evaluación continua de la compañía de una operación subterránea de excavación en bloques de Pascua-Lama, que requeriría permisos adicionales y aprobaciones regulatorias tanto en Argentina como en Chile, independientemente de la reciente decisión de la SMA. En cualquier escenario subterráneo, Barrick también cerraría las instalaciones del sitio y las alteraciones de la superficie en Chile, que no son necesarias para una mina subterránea”, señaló.

Agregó que “un cambio a una operación subterránea resolvería una serie de inquietudes de la comunidad al reducir significativamente los impactos ambientales generales del proyecto, en comparación con una operación a cielo abierto”.

Recalcó que “además, una operación subterránea sería menos susceptible a los impactos en la producción relacionados con el clima durante el invierno”.

La iniciativa ya había sido sancionada por la SMA en 2013; sin embargo, el tribunal ambiental decretó que la agrupación de infracciones que se utilizó en el fallo no se ajustaba a la ley, por lo que instruyó un nuevo proceso en donde se considerara cada falta de manera independiente.

Así, y luego de años en tramitación, la Superintendencia del Medio Ambiente emitió su resolución que incluyó un total de 33 cargos, seis de ellos por infracciones gravísimas, catorce por infracciones graves y nueve por infracciones leves. Asimismo, se aplicaron diversas multas a un total de 24 infracciones, las que sumaron US$ 11,5 millones.

Dos personas que se presentaron como abogados llegaron a la sede del Peñón de Semita, en la comunidad del río Colorado en el Valle del Limarí, región de Coquimbo, a informar a las personas de la Asociación de Comunidades Agrícolas del Limarí, que tenían que autorizar la instalación de plataformas de sondaje en su territorio a cambio de 10 millones de pesos.

Además, les dijeron que no tenían derecho a negarse, porque el Gobierno estaba apoyando las gestiones y la Dirección General de Aguas (DGA) tenía arrendada las aguas necesarias para realizar el cometido.

La situación causó extrañeza en algunos comuneros que hicieron averiguaciones, porque en la reunión les informaron además que el sábado 10 de febrero debían concurrir todos para firmar el contrato que posibilitaría los sondajes. Entre las irregularidades que hasta ahora han constatado los comuneros, figura el hecho de que es inviable que la DGA esté arrendando aguas, porque esa no es facultad del organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

Además, los presuntamente abogados dijeron representar a las comunidades agrícolas, sin embargo la Asociación de Comunidades Agrícolas del Limarí, informó que la comunidad del río Colorado, no está afiliada a la organización y que no tienen antecedente alguno de abogados que estén trabajando para comunidades agrícolas, menos imponiendo una negociación, engañando y fijando unilateralmente las condiciones.

También en dicha reunión se informó que los sondajes que llevan tres años en la cordillera no han arrojado resultados concluyentes, lo que resulta sumamente extraño, porque en noviembre de 2017 se publicó en el diario El Montepatrino que se había suscrito el protocolo adicional específico para el Proyecto Los Azules, en el marco del Tratado Binacional Minero entre Chile y Argentina. Esto quiere decir que las autoridades chilenas y argentinas por solicitud de la transnacional minera canadiense Mc Ewen consideraron que había mérito suficiente para crear un distrito minero en la cordillera de Tulahuén, contrario a lo que expresaron los abogados en la reunión.

Por último, los vecinos indagaron con dirigentes de la Junta de Vigilancia de la cuenca del Río Grande, y se les informó que nadie se ha acercado a la Junta para solicitar permisos para sondajes en el Río Colorado, ni hay antecedentes de que algún canal esté arrendando aguas para una minera, por lo que sería falso que estén disponiendo, al menos legítimamente, de aguas para realizar faenas en la alta cordillera.

El sábado en la sede comunitaria del Peñón de Semita está fijada una nueva reunión, donde esperan que los comuneros y los vecinos del territorio aclaren la situación y no se dejen engañar por estas malas prácticas.
https://www.elciudadano.cl/mineria/denuncian-enganos-malas-practicas-minera-canadiense-valle-del-limari/02/09/

… y que operadores ambientalistas recibieron millonarias sumas de la minera
Una serie de irregularidades y dudas quedaron dando vueltas en el Valle del Huasco tras la firma del Memorándum de entendimiento entre Barrick Gold y comunidades diaguitas. ¿Cuánto dinero quedó? El Ciudadano presenta una lista con los gastos de 2014, donde aparece Alonso Barros y Patricio Rodrigo involucrados.
09/02/2018
El año 2014, Barrick Gold logró firmar un Memorándum de entendimiento con comunidades diaguitas del Valle del Huasco, cuya rúbrica creó una figura sui géneris en la fiscalización de la iniciativa minera de oro y plata Pascua Lama. La idea era que la transnacional canadiense entregara dineros a través del Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto (asociación creada por comunidades que firmaron el memorándum) que tenía la misión de administrar la plata, contratando consultoras y asesoría legal para la fiscalización del proyecto.

Sin embargo, tanto la firma del documento, como la utilización de los dineros, se manejaron con mucho celo. Tanto así que una vez que dieron término al contrato en 2016, los montos usados quedaron sin ser aclarados. Producto de este acuerdo, dirigentes del Valle del Huasco dieron cuenta del quiebre comunitario que produjo, además, denuncian que Barrick usó a comunidades diaguitas del Huasco.

El Ciudadano accedió a parte de los montos que Barrick entregó al Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto por medio de un archivo Excel que da cuenta de los pagos realizado por la empresa el año 2014, que ascienden en total al menos a $684.563.979 al Consejo Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto, y a $52.527.948 millones a Alonso Barros quien hizo de honorable componedor. Además, obtuvo otro documento que da cuenta de pagos entre septiembre y octubre a Patricio Rodrigo que ascienden a $173.275.351 millones de pesos y por último al el número de tres facturas comerciales donde se menciona a Patricio Rodrigo y Alfonso Barros (ligados al mundo ambientalista e indígena) y un archivo Excel donde se aclaran las cifras mensuales.

En la factura 7017029 por Asesoría Jurídica, Barrick (Compañía Minera Nevada Spa) pagó $26.263.974, el 6 de junio de 2014 al abogado Alonso Barros Van Hovell Tot Westerflier por honorarios de “amigable componedor PL–Diaguitas”. Con la factura comercial 7017692, la minera canadiense pagó $86.122.500, el 7 de octubre por los trabajos realizados a Patricio Rodrigo con las comunidades. Finalmente, la factura comercial 7017017, fechada el 4 de junio, de $163.079.436 del mes de mayo a la Asociación Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto, corresponde a la entrega de la segunda cuota a las comunidades según MOU (Memorandum de Acuerdo), y se describe como “CSR Due dilligence”.
“El negocio del vivo”

Para Sebastián Cruz, de la comunidad diaguita Patay Co, esta información es muy relevante pues esto se sabía, pero no tenían cómo demostrarlo, y recuerda que este memorándum de entendimiento entre Barrick y comunidades indígenas fue gestado por Alonso Barros, abogado cuestionado por realizar este tipo de convenios, y Lorenzo Soto, quien el año 2012 interpuso un recurso de protección contra la transnacional canadiense e intentó crear las condiciones para generar indemnización económica y como no le resultó por esa vía, también impulsó el memorándum de entendimiento.

Sin embargo, este memorándum fue supuestamente creado bajo fraudulentas condiciones, tal como denuncia Susana Campillay, quien no pertenece a comunidad alguna pero que asistió representando a su padre a la reunión de la comunidad indígena Placeta, justo el día en que presentaron el memorándum y solicitaron las firmas. Hoy tiene una demanda contra este Memorándum en Vallenar. “Ellos utilizaron mi firma, lo que fue un delito, porque gracias a mí y a tres personas más que firmaron dos veces en mi comunidad al momento de repartir el dinero, lograron reunir el quórum mínimo”, recuerda.

Campillay narra que el Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto ha sostenido que el dinero que Barrick entregó por concepto del memorándum“se ocupó en pagarle a la gente que estaba investigando lo que hacía y dejaba de hacer en Pascua Lama”. Entre ellos, estaba efectivamente Barros, que en el fondo hacía de mediador y Patricio Rodrigo, quien supuestamente iba a hacer un “trabajo muy selecto, con gente internacional, y el estudio que entregaron acá es para reírse… Entonces uno se pregunta, ¿para eso le pagaron a Patricio Rodrigo? No sé si es para reír o llorar”, sostiene Campillay.

La denunciante sostiene que este fue “el negocio del vivo”, porque en el fondo la plata era de Barrick pero la traspasaban a través de los diaguitas, “o sea, Barrick pagó y utilizó a las comunidades”, quien agrega que sospechaban que los montos eran más o menos los que se mencionan en los documentos recibido por El Ciudadano, pero nunca tuvieron ese documento. Por eso insiste en que a las comunidades diaguitas del Valle del Huasco fueron utilizadas “porque entraba plata a las comunidades y después se les pagaba a ellos (Soto, Barros y Rodrigo) y el asunto quedaba arreglado, y como ellos hicieron esto que las comunidades son totalmente autónomas, es poco y nada lo que se puede investigar. Hicieron muy bien el trabajo”, espeta.

Sin embargo, en los documentos recibidos por El Ciudadano no aparece mencionado Lorenzo Soto.
Memorándum de entendimiento

Este memorándum de entendimiento firmado el 2014 y que estuvo vigente hasta el año 2016, cuando Pascua Lama enfrentó el cierre temporal del proyecto, se manejó con mucho celo de parte de Alfonso Barros, Lorenzo Soto y las comunidades. La idea fue iniciada en las alturas de la ONU con James Anaya que al poco tiempo apareció como parte del directorio de Barrick Gold y proponía que las comunidades realizaran una supervisión del proyecto por medio de la entrega de dineros al Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto para contratar a consultoras y empresas que realizaran estudios y así pudieran fiscalizar el proyecto en las nacientes de la cordillera.

Así fue como llegó al Valle del Huasco a realizar una consultoría ambiental Patricio Rodrigo, quien en un principio se presentó como profesor titular de la Universidad de Chile, pero que por la rápida gestión de algunas comunidades y organizaciones del Valle del Huasco, fue desacreditado por el mismo rector de la Casa de Bello.

Sebastián Cruz, de la comunidad Patai Co, denuncia que fueron muy herméticos con este convenio y que incluso, en un momento fueron expulsados de una reunión, por lo tanto, “nunca tuvimos acceso a la información respecto a qué se hacía con el dinero de Barrick”.

Lo que sí percibieron, fueron los conflictos que se comenzaron a generar al interior de las comunidades derivados de la entrega de dinero. “Nos comentaban que se entregaban plata a los dirigentes por concepto de viáticos y diferentes cosas, entonces mucha gente integrante de las comunidades que estaban dentro del memorándum nos dijeron que estaban en desacuerdo, porque querían saber dónde estaban las platas”, expresa Cruz, quien agrega que “eso generó muchos problemas y al final, crearon este conflicto al interior de las comunidades que a la vez se fueron desintegrando”.

Esto lo reafirma Susana Campillay, quien asegura que las comunidades se rompieron y ya no se organizan. Lo que hacían antes, reuniéndose dos veces al año o en el Año Nuevo con la Fiesta de la Challa en febrero, ya no se hace. Porque “las comunidades quedaron quebrantadas”.

El memorándum se mantuvo de forma tan hermética que incluso Susana Campillay, representante de su padre en la comunidad de Placeta, logró obtener solo parcialmente el documento pues nunca le hicieron llegar los anexos. “Fue manejado totalmente oculto y nunca tuvimos acceso a las platas ni nada”, afirma.

Una vez que Barrick dejó de entregar el dinero al Consejo Comunal Diaguita del Guascoalto, “nunca aclararon qué pasó con el dinero entregado o si lo entregaron todo o si quedaron debiendo, nunca se aclaró”, expresa Campillay, quien también cuestiona la labor de CONADI de Copiapó, pues “no fue capaz de quemarse las manos por este tema”. Pese a que les informaron del menorándum, nunca ayudaron. “Nos dieron vuelta la espalda hasta el día de hoy”, dice y agrega que también pidieron ayuda a ciertos políticos.

Finalmente, Susana cree que tarde o temprano toda esta información va a salir a la luz, que las comunidades van a tomar conciencia y “van a tomar en serio lo que es cuidar su tierra y la Pachamama porque con la naturaleza no se juega”.

El Ciudadano intentó acceder a la versión del Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

El ministro del Primer tribunal Ambiental fiscalizó las instalaciones que tiene la estatal para responder a la solicitud. Desde la empresa manifestaron que asumieron medidas.
09/02/2018
(El Mercurio de Calama) Por un riesgo o daño inminente al acuífero Pampa Puno como a la vega Sapunta, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), solicitó al Primer Tribunal Ambiental paralizar la extracción total de agua de los pozos 6B y 8B del proyecto “Suministro, Construcción y Operación Aducción de Agua Pampa Puno” que ejecuta Codelco para la división Ministro Hales.

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Tras segundo día de recorrido por La Higuera
Por Daniela Paleo el Vie, 09/02/2018, Crédito fotografía:Bastián Salfate
Durante este jueves el equipo del 1° Tribunal Ambiental de Antofagasta realizó un track marítimo por las bahías de Coquimbo. En la jornada se volvieron a escuchar, en un marco de respeto, las dispares voces del reclamado y reclamante en torno al proyecto minero portuario. Con esto se cumple la intención del tribunal de acceder a la mayor cantidad de información posible para dirimir el caso Dominga, en un plazo de 30 días a partir de hoy. Así, se espera que en marzo el tribunal dicte un fallo.

Una suerte de verdadero juicio público se ha llevado a cabo en la región durante el recorrido de los ministros del Primer Tribunal Ambiental, quienes están visitando la comuna de La Higuera como medida para mejor resolver el caso del proyecto minero portuario Dominga, que se encuentra en la etapa de sentencia en el tribunal, tras haber sido rechazado en dos instancias anteriores.

Y es que durante la segunda jornada de circuito, tal como sucedió el día miércoles, los ministros titulares Daniel Guevara y Marcelo Hernández se dieron el tiempo de escuchar con atención todos los comentarios que tanto representantes a favor como en contra, tenían que decir, como también de preguntarle al titular del proyecto (es decir Andes Iron, representado por el abogado Patricio Leyton), los comentarios y dudas que iban surgiendo a medida que avanzaban por el recorrido, que ayer jueves contempló un track marítimo por la ruta que harían los barcos que operarían en el puerto contemplado por Dominga, en el sector de Totoralillo Norte. Además de conocer la reserva de pingüinos de Humboldt en isla Choros y Damas.

MINISTROS LOGRARON ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN DEL CASO

Marcelo Hernández, ministro en ciencias del Primer Tribunal Ambiental, señaló durante la jornada de ayer, que gracias a los dos días de recorrido terrestre y marítimo, ya cuentan con la información suficiente para dirimir. “Si bien uno nunca podrá tener la información completa, con lo que hemos recabado hasta ahora, hemos mejorado muchísimo los datos que ya teníamos. La inspección de terreno potencia mucho el enfoque de diálogo con los actores”, dijo y agregó que con ello podrán tomar una decisión imparcial y en conciencia, dentro de los próximos 30 días.

SEGUNDO CIRCUITO DURÓ 9 HORAS

Lejos de ser un paseo recreativo, el circuito de los ministros titulares del tribunal ambiental se ha destacado por ser extenso y detallista. Así, ayer jueves las autoridades zarparon a las 9 de la mañana desde el Puerto de Coquimbo con dirección a Totoralillo Norte.

Daniel Guevara, presidente del tribunal, comentó que recorrieron la misma ruta de navegación que tendrían los barcos hacia el puerto de Dominga. “Son barcos de gran volumen por lo tanto deben navegar a un máximo de 10 nudos. Es lento para evitar cualquier tipo de riesgos. Hicimos la misma línea propuesta por el titular del proyecto en el estudio de Impacto Ambiental”, dijo y agregó que el foco para dirimir estará puesto en lo jurídico.

“Con ese fin pasamos por las islas Pájaro 1 y 2, tomamos fotografías y hemos hecho consultas a una profesional bióloga que nos ha acompañado”, aseguró Guevara.

Todo, con el fin de tomar una decisión lo más informada posible y dejar tranquilas a todas las partes, de que no se dejó ninguna arista fuera.

Por otro lado, uno de los eventos que alteró el orden de las actividades de ayer jueves fue una protesta de pescadores en Totoralillo Norte, quienes de manera simbólica, se acercaron al barco de la Armada que transportaba a los ministros, en botes pesqueros con banderas negras, para hacer sentir su rechazo al proyecto minero portuario.

Sin embargo, Román Muños, abogado representante de la caleta de pescadores de Totoralillo Norte y otros, (a favor de Dominga), comentó que la protesta había sido iniciada por personas que no habitaban en el sector donde se emplazaría la mina, situación que fue corroborada por Raúl Julio, pescador y habitante de la caleta desde hace 22 años.

Al momento de la protesta, y siguiendo la línea de espacio para expresarse, los ministros titulares le preguntaron a Julio sobre su realidad económica, quién afirmó que básicamente viven del loco, y que esa actividad “no les alcanza para cubrir gastos mínimos”.

El recorrido de ayer jueves incluyó dos paradas, una en Totoralillo Norte y otra en Punta de Choros. Fue un circuito marítimo que tomó cerca de 9 horas, y que incluyó desembarque en isla Choros y Damas.

LA LÍNEA DE BASE NO ES SUFICIENTE PARA EVALUAR PROYECTOS PORTUARIOS

Hay que destacar que durante el día trascendió información importante respecto del sistema que rige la institucionalidad ambiental, ya que los mismos ministros y el Servicio de Evaluación Ambiental admitieron que falta información global para aprobar mega proyectos que tienen impacto ambiental.

“Hoy el SEA ha reconocido que no existe un manual o guía con datos completos para la construcción de una línea base para el territorio marítimo, y nosotros como jueces tenemos que resolver algo sin ello, que hubiese permitido una definición en detalle en el trabajo que tiene que hacer un titular de un proyecto. Será una tarea compleja y de gran responsabilidad dar este fallo”, reveló Guevara.

Por otro lado, no está de más mencionar que el presidente del tribunal acotó durante la jornada, que si bien hay especies que efectivamente se verán afectadas por este proyecto, “la vida tiende a buscar el mejor lugar para desarrollarse y cuando los espacios tienden a ser utilizados por vidas, no solo puede haber una coalición con un barco y cetáceo, por ejemplo, sino que también hay una relación de mutualismo”, dijo.

En este sentido, explicó que si el proyecto se llega a aprobar, debe existir un plan de manejo que no signifique una afectación para la fauna y flora tanto marina como terrestre.

“Podrían incluso haber soluciones que no están en la historia escrita o científica, pero sí en la experiencia de las personas como un guardaparque, que conocen al revés y al derecho el mejor manejo de áreas”, relevó.

EMPRESA LLAMA A PONER EL FOCO EN EL SEGUIMIENTO

Otro de los cometidos que resaltó durante la jornada de ayer fue el llamado del representante de Andes Iron, Patricio Leyton, de poner el foco en el seguimiento del proyecto, y no atascarse en la línea base. “No debiéramos enfocarnos tanto en el proyecto como línea base sino en el seguimiento y cumplimiento de las medidas de mitigación y conservación del medio. Y aquí al mismo tiempo hay que saber reaccionar con tiempo”, señaló.

Leyton además aseguró que la mirada de Dominga busca un valor compartido.

Al igual que el día miércoles, la dinámica de los ministros titulares del Primer Tribunal Ambiental fue escuchar todas las partes del caso, incluyendo a pescadores, la empresa y ONG como Oceana.

Hoy abogados y ministros dan cierre a visita inspectiva

Hoy viernes, en tanto, está programada para las 9:30 de la mañana una reunión privada entre los ministros titulares del Primer Tribunal Ambiental y los abogados de las partes, es decir reclamado (SEA) y reclamante (Andes Iron), para dar cierre a la actividad inspectiva a La Higuera, que buscaba conocer con mayor detalle los alcances del proyecto minero portuario Dominga.

Según explicó Marcelo Hernández, ministro titular del tribunal, la reunión será de carácter formal para culminar la fase de entrega de información y poder comenzar así, de lleno con la etapa de sentencia, situación para la que las autoridades tienen 30 días para dirimir.

Según ha revelado Mauricio Oviedo, también ministro titular de la instancia legal, el dictamen en torno a Dominga estaría a más tardar durante el mes de marzo.

Recordar que después de eso, y si la resolución del tribunal es negativa para Dominga, la empresa tiene una última instancia de reclamación, que es ante la Corte Suprema. Este trámite suele extenderse entre tres a seis meses como máximo.
http://www.diarioeldia.cl/economia/tribunal-ambiental-asegura-que-tiene-informacion-suficiente-para-definir-futuro-dominga