En Antioquia miran con escepticismo y prevención el anuncio del gobierno sobre las multimillonarias inversiones árabes en minería de oro, y alertan sobre el impacto que puede tener en la economía, pero también en el medio ambiente y las comunidades agrícolas.

A través de Caracol radio, el exministro Jorge Eduardo Cock advirtió sobre perjuicios ambientales y económicos de esas gigantescas inversiones que prometieron o anunciaron en Emiratos Árabes al presidente Juan Manuel Santos, y advirtió que se deben tener en cuenta, además, las sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con el Acto por el cual el Ministerio de Minas y energía delimitó el Páramo de Santurbán.

“Si es cierto que se produciría tanto oro como el que se produce hoy en país, no sería una noticia buena para el país, sería azaroso, por la revaluación que eso genera, debido a la gran cantidad de dólares entrando al mercado colombiano, al mercado de divisas. Entonces, con una moneda bien revaluada no somos capaces de competir ni en el país ni mucho menos en exportaciones, con impacto en la producción nacional, en la producción industrial y agrícola: todo todo se nos va al suelo, y de verdad que se frena la actividad económica nacional. Una noticia así, sería desastrosa”, sentenció el exministro de minas Jorge Cock Londoño.

Insistió en que la explotación de oro en esas proporciones “duplicando la producción actual –en una mina grandotota- causaría más daño que beneficio a la economía del país”.

El exministro antioqueño coincidió con los grupos ambientalistas en el sentido de que también se generarán problemas ambientales, y advirtió “que las consultas ambientalistas hay que hacerlas y eso generará, por supuesto, mucha oposición de las comunidades, especial por los efectos en las fuentes agua y eso hay que manejarlo con sumo cuidado”.-

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/11/12/medellin/1510513183_860344.html

La realización de la jornada en ese municipio de Santander fue suspendida por falta de financiación.

El Consejo de Estado negó la tutela interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de Santander por el Ministerio de Minas y Energía, con la cual pretendía que se dejara sin efectos el fallo que declaró constitucional la consulta popular minera en el municipio de El Peñón.

Con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto, la Sección Cuarta del alto tribunal «determinó que la concertación entre autoridades nacionales y locales no era prerrequisito para la realización de la consulta y explicó que los alcaldes no están privados de acudir a este tipo de mecanismos de participación para decidir sobre la realización o no de actividades mineras o de extracción de hidrocarburos en sus municipios».

Asimismo, la Sala consideró que el Tribunal Administrativo de Santander sí efectuó un análisis formal y material de la pregunta y no pasó por alto el hecho que la consulta también pretende indagar sobre la realización de actividades hidrocarburíferas, contrario a lo expresado por los demandantes en la acción de tutela.

Al referirse a los efectos de la decisión que tomen los electores en las urnas, la corporación ratificó que son vinculantes y que, por lo tanto, obligan al gobernante a expedir leyes, reglamentos o actos administrativos de carácter particular y concreto, según sea el caso, que permitan materializar la voluntad de los votantes.

Así mismo, aclaró que si el resultado de la consulta da lugar a la expedición de este tipo de actos posteriores, “los efectos de la decisión serán hacia el futuro, es decir, empiezan a regir desde el momento en que se profiere y publica”.

Añadió el fallo del Consejo de Estado que en ese sentido, se deben respetar las situaciones jurídicas particulares consolidadas de quienes obtuvieron licencias, concesiones, permisos y autorizaciones para desarrollar actividades mineras y de hidrocarburos.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/niegan-tutela-de-minminas-contra-consulta-minera-de-el-penon-149698

La Corte Constitucional reversó la delimitación del páramo de Santurbán porque no se consultó con las comunidades involucradas. Mientras unos defienden el enfoque técnico para trazar las líneas del páramo, otros creen que es mejor fortalecer la participación de comunidades.

Las masivas marchas que protagonizaron los santandereanos en 2011 para rechazar la explotación de minería a gran escala en el páramo de Santurbán, que provee de agua a más de tres millones de personas en el oriente del país, marcaron el comienzo de un gran movimiento ambiental que ha sacudido al país entero desde entonces. Muchos otros municipios siguieron su ejemplo y las consultas populares se convirtieron en el contrapeso de los planes de explotación de muchas empresas mineras.

Tras aquellas protestas, el debate se concentró en la delimitación del páramo. Sin una línea clara de qué era y qué no era páramo, resultaba imposible definir dónde se podían realizar actividades extractivas y dónde quedaban proscritas. Después de un largo y desgastante proceso, en diciembre de 2014 el Ministerio de Ambiente anunció la controversial línea del páramo.

Ese debate, que parecía superado, revivió sorpresivamente esta semana por cuenta de un fallo de la Corte Constitucional que reversó la delimitación y, de paso, dividió las opiniones en el sector ambiental. Los magistrados José Antonio Cepeda Amarís, Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos aceptaron revisar una tutela presentada por los miembros del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En pocas palabras, los demandantes argumentaron que el derecho a participar en la delimitación de esa estrella hídrica no se había cumplido de manera efectiva y habían sido excluidos de la decisión.

Para los magistrados, en efecto, “se negaron la protección de los derechos a la participación ambiental, acceso a la información pública, debido proceso y derecho de petición a las personas afectadas por la delimitación del páramo”. Por esta razón decidieron dejar sin efecto la delimitación del páramo proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En su sentencia, los magistrados ordenaron al Ministerio de Ambiente emitir en el término de un año una nueva resolución para delimitar el páramo en las jurisdicciones Santurbán y Berlín, “acompañado de un procedimiento previo, amplio, participativo, eficaz y deliberativo”.

“Se cae delimitación de Santurbán por falta de consulta. Posmodernidad total: ¿ahora la gente definirá la temperatura participativamente?”, fue la primera reacción de Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, que tuvo a su cargo, con un grupo de ecólogos y cartógrafos, realizar los estudios técnicos para crear los mapas a escala 1:100.000 de casi todos los páramos de Colombia y trazar las líneas.

Brigitte le explicó a El Espectador que respeta el criterio de la Corte, pero teme que “ponga en riesgo todo el proceso técnico de definición de áreas y ecosistemas en el país”. Explicó que, en medio del tenso proceso social y político en torno a Santurbán, se tomó la decisión de trazar un límite “técnico”, pero dejando por fuera las áreas de uso agropecuario, mientras se concretaba un proceso de restauración y trabajo con las comunidades.

Era obvio que una línea no dejaría contento a nadie. A los mineros, entre ellos la empresa Grey Star (Eco-Oro), se les vino abajo su idea de explotar a gran escala en ese lugar. Las comunidades tradicionales que siempre han hecho minería en algunas zonas del páramo protestaron por ver afectada su principal fuente económica. Mientras, en Bucaramanga y municipios aledaños, que esperaban una línea de páramo mucho más amplia, no les gustó mucho que un gran porcentaje de zonas quedaran desprotegidas y se abriera así la puerta a la minería.

Pero en la otra orilla de este debate está el abogado ambiental Rodrigo Negrete, que ha acompañado y asesorado a varias organizaciones del país involucradas en consultas populares. Para Negrete, la decisión de la Corte es coherente con los principios y derechos constitucionales, porque decisiones como la delimitación de un páramo trastocan la vida de muchos de sus habitantes y comunidades. Negrete, como los demandantes, está de acuerdo en proteger el páramo de actividades mineras, pero cree que esa protección no puede pasar por encima del derecho de participación de las comunidades.

“Esa delimitación fue inconsulta. Algunas personas hacen actividades no acordes con el ecosistema, pero eso es parte del manejo que se debe dar. Debería existir también una zona de amortiguación”, explica Negrete, para quien el nuevo proceso de delimitación debería incluso concluir en “una línea más grande”.

Por su parte, Carlos Sarmiento, quien coordinó los estudios para delimitar los páramos hasta el 2016, cree que, más que volver a hablar de una línea, la Corte está exigiendo que el Ministerio reúna tanto a los pobladores del páramo como a los beneficiarios de sus servicios para que organicen las actividades que se pueden desarrollar en este ecosistema. “Vetas, por ejemplo, es un municipio minero clavado en la montaña y siguen pendientes de qué actividad pueden desarrollar, llenos de incertidumbre. Esto no puede volverse otra vez un falso dilema entre oro y agua”.

En efecto, las veces que la delimitación de Santurbán ha estado sujeta a cambios han coincidido con que un proyecto minero se asoma. Primero fue con Angostura, de Grey Star, al cual se le revocaron los títulos mineros y terminó con una demanda por parte de la empresa al Estado colombiano. Y más reciente fue con Minesa, el cual, a pesar de no estar por encima de la línea de páramo ahora revocada, había disparado las alarmas del Comité de Defensa al solicitar la licencia ambiental. De hecho, al tumbar la delimitación del páramo, sus demandantes también aspiran a que sea más extensa y se cierre la puerta a este proyecto.

“Este fallo nos da la razón en términos de que reconoce que, para garantizar el agua de Bucaramanga y el área metropolitana, se debe pensar el ecosistema desde la zona de transición del bosque alto andino, y no sólo desde la zona de páramo o subpáramo”, explicó Mayerly López, vocera del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán. Es por esto que esperan que con esta decisión se congele de paso el trámite de licenciamiento de Minesa, pues, según el Comité, hay áreas del proyecto que están a sólo 160 metros de la zona de delimitación que tumbó la Corte.

La empresa Minesa prefirió no comentar la decisión, ya que no existe un “conocimiento oficial del fallo. Además, reiteramos que respetamos la legislación colombiana y su normatividad”.

Lo cierto es que el fallo de la Corte vuelve a abrir un debate que, al parecer, nunca estuvo superado. Esto sin contar con que podría poner en vilo las próximas delimitaciones que se vienen en Colombia, pues aún falta trazar la famosa “línea” en nueve de los 36 complejos de páramo que tiene el país.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/santurban-divide-al-sector-ambiental-articulo-722277