Una segunda etapa vivirá a partir de este año Pascua Lama, el proyecto binacional de oro y plata de la canadiense Barrick. La empresa informó en febrero que a mediados de año volverá a ingresar al sistema de evaluación ambiental, ya que solicitará nuevos permisos para la construcción de un sistema de aguas definitivo. Los problemas en este mecanismo causaron la paralización definitiva de la iniciativa en octubre de 2013 y una multa de US$ 16 millones -histórica para la fecha- de parte de la naciente Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por un conjunto de irregularidades en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), entregada en 2006.
Hasta la fecha, la compañía aún no decide si la nueva tramitación se hará a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o bien un Estudio de Impacto ambiental (EIA). Ambos procesos tienen exigencias diferentes. La compañía espera que este nuevo trámite le sea favorable y para eso está reforzando su trabajo con las comunidades ubicadas en torno a la iniciativa.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales, solicitaron a Carlos Gálvez Pinillos, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que se le abra un proceso sancionador en aplicación del Código de Ética a la Minera Yanacocha por el hostigamiento contra la familia de Máxima Acuña de Chaupe, en Tragadero Grande, Cajamarca. La carta fue publicada en la edición del domingo 8 de marzo en el diario La República.
La avidez de la industria extractiva por los bienes minerales de Baja California Sur es un pozo sin fondo. En noviembre pasado, la Red Mexicana de Afectados por la Mineria (REMA) pedimos a las autoridades no otorgar más concesiones de exploración a Mexicana del Arco S.A. de C.V., filial del Grupo México, cuyo proyecto minero “El Arco” amenaza las áreas naturales protegidas del Valle de los Cirios y de El Vizcaíno.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente multó con 22 millones 959 pesos a la empresa minera Buenavista del Cobre por derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Más de 2 mil personas de la Sierra Nororiental de Puebla rechazaron ante emisarios de la compañía Energía Mexicana la construcción de la hidroeléctrica Atexcaco 2 y les advirtieron que no permitirán de ningún modo la imposición de ese proyecto, que consideran vinculado estrechamente a los intereses de la Minera Autlán, por explotar yacimientos a cielo abierto.
Desde la Patagonia, nuevamente, nos unimos para darle la mayor fortaleza y la más potente y fraterna solidaridad y aliento a todas las valientes comunidades del Valle del Choapa, en las exigencias por hacer valer sus derechos al agua y a la vida.
Fueron cumplidas las amenazas de una denuncia de la empresa de minería marina, Exploraciones Oceánicas, contra el reportero de la fuente ambiental y científica, Carlos Ibarra, así como contra miembros de la Cooperativa Puerto Chale, entre ellos su presidente, consignadas en tres inserciones con diferentes fechas, al parecer pagadas, y publicadas por el diario de la Organización Editorial Mexicana (OEM), El Sudcaliforniano.
Primeros impactos ambientales por presencia de empresas mineras en bosques comunitario
Las altas temperaturas no sólo se deben al declarado período estival, sino también a que se ha iniciado el año con un notorio incremento de la conflictividad social. Varios conflictos en diferentes partes del país se han reactivado y han elevado la temperatura en el terreno social y político: en la Amazonía, la toma de los pozos en el lote 1AB en tres cuencas en la región Loreto desde inicios de enero; los recientes sucesos en Pichanaki en Junín y la tensión permanente en la provincia de Condorcanqui en la región Amazonas. En zonas de influencia minera, tenemos los casos de Tía María en la provincia de Islay, Arequipa, donde la población acaba de organizar una gran movilización en contra del proyecto minero; el de Las Bambas en Cotabambas, Apurímac; el caso Uchucarco en la provincia de Chumbivilcas en Cusco y la permanente conflictividad en regiones como Cajamarca y Ancash. Según la base de datos de la Defensoría del Pueblo, en los últimos meses se han registrado por lo menos 10 nuevos conflictos activos.
En un Estado Democrático de Derecho, las personas rigen sus vidas por las leyes y las instituciones. En él, la propiedad es un derecho fundamental y la posesión de un terreno tiene protección cuando es legítima.