A partir de la “Declaración de Acacoyagua”, elaborada en el marco del foro Estatal de Afectados por la Minería los días 15 y 16 de agosto del 2015 en la región del Soconusco, Chiapas, en donde “refrendamos nuestro compromiso de continuar unidos y organizados en favor de la defensa de nuestro territorio, el agua y la vida”, avanzamos en diversas acciones políticas para denunciar la actividad minera.
En el Ejido de Los Cacaos analizamos la situación ilegítima de El Puntal S.A de C.V. en nuestro territorio, reconociendo que el convenio realizado con la minera por la ocupación temporal (pagado por $500,000.00) y las regalías por tonelada a propietarios (2.00 dólares), es injusto e inequitativo. Mientras que la empresa gana millones de pesos por la extracción de titanio, están poniendo en riesgo la salud y alimentación de las familias de los ejidos de Los Cacaos, Magnolia y Satélite Morelia.
En Gachantiva (Boyacá), realizarán consulta popular para decidir sobre el futuro de la minería en el municipio. La medida se anunció este jueves, en una audiencia pública en el Congreso sobre las afectaciones de la minería en Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense.
El Inai desechó una primera versión pública entregada por la Semarnat a un ciudadano por haber suprimido información de carácter ambiental; la minera está implicada en el derrame de materiales tóxicos en Río Sonora y Bacanuchi.
A pesar de las explicaciones de las autoridades comunales y de los equipos técnicos de Osse y del hospital del departamento, los 
El Tribunal Ambiental de Santiago aprobó la sanción de clausura temporal y total del depósito de estériles Donoso de la mina Los Bronces -controlada por Anglo American- impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) al finalizar uno de los procedimientos sancionatorios que llevó contra la minera ubicada en la Región Metropolitana. La empresa no resolvió el origen del drenaje ácido detectado durante la inspección ambiental.
En un comunicado emitido en la noche del ayer 15 de septiembre el gobierno de San Juan comunica que impulsará una denuncia penal por el derrame de cianuro en Veladero, a cargo de Barrick Gold. Confirmando lo anunciado por la población de la región del emprendimiento respecto de la contaminación de la cuenca, el propio gobierno comunicó «a las comunidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto que eviten y/o limiten el consumo de agua proveniente del Río Blanco». Antes de esto, se había comunicado oficialmente que «básicamente ya pasó el problema. En menos de 48 horas se negativizó el contenido en el Río la Taguas. Así que su agua es apta para la vida humana y acuática».
Este domingo 13 de septiembre se produjo un grave incidente en la mina Veladero en las altas cumbres sanjuaninas, por la rotura de una cañería que conduce solución cianurada desde la planta de procesos hacia el valle de lixiviación. El Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Marcelo Ghiglione, explicó que “el material salió del valle de lixiviación y fue hacia el rió Taguas pero rápidamente se diluyó». El mismo gobernador, José Luis Gioja, principal lobbista de las empresas mineras en Argentina, debió realizar declaraciones: “Fue contingencia técnica, son cosas que pueden llegar a pasar”. Jachal y otras poblaciones en alarma y con altísima preocupación.
(Santiago/Ottawa) Mientras Barrick anuncia la venta de activos y la reducción de sus gastos operacionales para mejorar su estatus con sus accionistas, los costos sociales del proyecto Pascua Lama en el valle de Huasco, Chile, continúan creciendo.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró una mina que operaba en el municipio de Mulege, BCS., sin contar con la Licencia Ambiental Única (LAU) ni el aviso de inicio de operaciones que exige la ley por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
El Procurador General de la Corte de Mendoza, Rodolfo González, avaló hoy la constitucionalidad de la polémica Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en la minería a cielo abierto.Para González la ley es razonable y constitucionalmente válida porque busca armonizar y complementar la tutela del ambiente y el desarrollo.