Habitantes del Ejido La Sierrita en Durango lograron por medio de un amparo que les liberaran el pago de la renta de su tierra, ya que la empresa minera Excellon Resourse Inc había depositado el dinero directamente en el Tribunal Agrario a consecuencia de un litigio por rescisión de contrato.
“Estamos contentos porque hemos logrado un paso grande en relación en acceso a la justicia”, David Espinoza, Presidente del Comisariado Ejidal La Sierrita.
Los pagos se encontraban consignados mediante billetes de depósito en el Tribunal y el magistrado se había negado a dárselo a la comunidad porque existía la acción de rescisión contra la empresa canadiense, pero la defensa de los ejidatarios interpuso un amparo, concedido por el Tribunal Agrario del Distrito Sexto, con sede en Torreón, Coahuila.“La resolución constituye un importante avance en el respeto a los derechos humanos, principalmente de acceso a la justicia, de ejidos y comunidades en México que se defienden ante las violaciones realizadas por empresas trasnacionales”, aseguró Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C.
Un grupo de entre 30 y 50 indígenas arrancará desde esta semana la recolección de las aproximadamente 1.493 firmas que se requieren para convocar a una consulta popular que revoque las licencias otorgadas para la explotación minera en el sector de Quimsacocha, provincia del Azuay.
Juan Ángel Trasviña Aguilar, presidente de Medio Ambiente y Sociedad (MAS) expresó que la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), a la que pertenecen, se pronunció en contra de la instalación del proyecto minero El Arco.
Según diversos medios periodísticos, el 20 de enero, 15 efectivos de la Policía Nacional en compañía de varios miembros de la empresa SECURITAS, que presta servicios de seguridad a Minera Yanacocha, intervinieron la casa de Máxima Acuña Chaupe, ubicada en el sector de Tragadero Grande, frente a la Laguna azul, en el área donde se ubica el proyecto minero Conga. El objeto de dicha intervención habría sido prohibir a la familia Acuña Chaupe que realice actividades agropecuarias y obras de mejoramiento de su vivienda.
En un primer dictamen de una investigación que concluirá en 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno de ese país son responsables de violar los derechos humanos en América Latina.
Investigadores de la Universidad de Puerto Rico demostraron que entre 2001 y 2013 América del Sur perdió alrededor de 1.680 kilómetros cuadrados de bosque tropical como consecuencia de la extracción de oro.