En forma unánime, el Tribunal Ambiental resolvió anular la resolución con que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) multó al proyecto minero Pascua Lama, y le ordenó rehacer totalmente la resolución sancionatoria, resolviendo los vicios e ilegalidades contenidos en el primer documento.
“Este Tribunal ha llegado a la convicción que los vicios de legalidad descritos precedentemente son de tal entidad, que sólo cabe la anulación de la resolución reclamada”, dice la sentencia.
El gobierno federal, «por mandato constitucional y de acuerdo a los compromisos del Estado mexicano por los Pactos y Convenios Internacionales está comprometido y tiene el deber de respetar, proteger y garantizar el patrimonio del Pueblo Wixárika, de México y la Humanidad que es Wirikuta , no obstante ha mostrado una actitud omisa y desinteresada que ha llevado a acciones inoportunas e ineficaces y a pesar del cambio de administración, ésta no ha mostrado una real responsabilidad en el caso, actuando con retórica dudosa y desalentadora y realiza acciones contradictorias a través de las diversas instituciones responsables de hacer valer la tutela de la protección a Wirikuta», denunciaron las organizaciones sociales que apoyan a los aborígenes de la sierra del norte de Jalisco y del este de Nayarit en su disputa por sus sitios sagrados del este, en San Luis Potosí.
El miércoles pasado asistí al foro “Derechos Indígenas y Armonización Legislativa”, organizado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) de la Secretaría de Gobernación y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, que se realizó en el Museo de la Ciudad de México. El evento duró todo el día y en él participaron 260 personas, entre ellos 70 líderes y representantes de 30 pueblos indígenas distintos, académicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios federales y estatales.
La magistrada Imelda Carlos Basurto, del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, decidió no conceder a la empresa minera canadiense Mag Silver, y a su filial El Cascabel, un amparo promovido para dejar sin efectos una asamblea ejidal de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, en la que prohibieron la actividad minera durante cien años.
Ya esto no será una planta extractora de oro de 300 hectáreas en mitad de Centroamérica. Dos décadas después de anunciado el proyecto, el Estado costarricense ha cerrado con candados la posibilidad legal de explotar el yacimiento y el conflicto está ahora en instancias internacionales: la compañía canadiense ha presentado este mes una demanda internacional por 94 millones de dólares, por las inversiones hechas en este pueblo abandonado con el nombre de Crucitas, en los bordes del cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.
La industria de la minería no ha traído la riqueza requerida por la entidad y sí ha brindado deterioro y degradaciones ecológicas en las zonas donde se instalan, manifestó la diputada local por el PRD, Eugenia Flores Hernández.
Por ello, propuso la instrumentación de un foro regional de análisis, realizado por expertos y por los afectados debido al trabajo de esas industrias.
Las empresas mineras dedicadas al carbón podrían virar al negocio del shale gas, o bien, agregar la explotación de este insumo a sus actividades, pues cuentan con el conocimiento necesario en el manejo de hidrocarburos gaseosos, anticiparon especialistas.
Mike Elliott, líder global de minería y metales de Ernest & Young, dijo que ésta es una de las tendencias más importantes para la industria minera en 2014, pues empresas del sector pueden dedicarse a esta operación que varios especialistas de Eagle Ford aseguran no es tan costosa.
En 2013, el capital de la Bolsa de Toronto destinó sólo 145 millones de dólares para proyectos mineros localizados en México, una caída pronunciada si se considera que en 2012 fueron mil millones de dólares.
La caída en los precios de los metales y el cobro de nuevos derechos especiales para minería redujo el apetito por México, aseguran los expertos.
Mientras empresas del sector minero decidieron ampararse contra los nuevos impuestos, por lo mismo, otras replantearon sus inversiones en exploración y extracción, de manera que, oficialmente, en el 2013 se postergaron 104 proyectos de exploración de firmas extranjeras, y se espera una contracción en la generación de empleo, que en 2013 fue de 338 mil.
La Asociación Rural del Uruguay (ARU) reiteró su oposición al proyecto de minería de gran porte, considerando que mientras no estén dadas las garantías de preservación de los recursos naturales dicho planteo no debería llevarse a cabo.
En un documento enviado a El Observador en las últimas horas, la ARU recordó que la posición de la gremial fue trasmitida al presidente José Mujica en febrero de 2013 y que una semana después manifestó ante el Parlamento su oposición al proyecto de Aratirí.