La extracción de líquido de los mantos acuíferos por parte de empresas mineras e industriales asentadas en la entidad está acabando con el agua, lo que afecta, sobre todo, a la población cercana a estas compañías, cuya condición es por lo regular de pobreza extrema.
Por lo anterior, es necesario cambiar las políticas públicas en materia de agua potable y sistema alimentario, pues hay un desorden notable en cuanto a estos aspectos en todo el país.
Así lo declaró Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa de Investigación Sierra Nevada, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), tras informar que a principios de octubre diversas organizaciones sociales de oposición presentarán una iniciativa para cambiar el sistema hídrico y alimentario de México.
Al menos 800 colonizadores se dedican a explotar los minerales del Cerro Rico de Potosí y según sus representantes se niegan a dejar el lugar, ante anuncios de ser reubicados, tras conocerse que la mítica montaña corre el riesgo de desplomarse por la intensa actividad extractiva que existe en ella.
Los dirigentes del Movimiento Demócrata Social de Potosí (MDS) presentaron ayer un recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad de la nueva Ley de Minería y Metalurgia ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la ciudad de Sucre.
El ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, cuestionó que el ministro del AmienteManuel Pulgar no haya renunciado ante las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo.
La Secretaría de Economía (SE) deberá dar a conocer las coordenadas geográficas de las concesiones mineras de la República mexicana, correspondientes al periodo del 4 de febrero de 2013 a la misma fecha de 2014.
El Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Región Noroeste denunció los intentos por establecer en San Juanico una mina submarina de fosfato autorizada por la Secretaría de Economía que no presentó su Manifestación de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT.
Las comunidades campesinas de Espinar exigirán la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Antapacay, a fin de que se incluya a aquellas localidades y sectores que no han sido consideradas como afectadas en el área de influencia directa por las operaciones mineras.
En toda Sudamérica hay enormes exportaciones en volumen (toneladas de petróleo, carbón, mineral de hierro, soya, madera, cobre…) y sin embargo varios países (Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Ecuador) no logran apenas pagar sus importaciones. Argentina está entre caer o no en déficit comercial. Colombia, Brasil, Perú, Ecuador ya lo hicieron en 2013 y principios de 2014. Sus exportaciones no pagan sus importaciones. Un ejemplo: Colombia vende al exterior unas cinco veces más toneladas que lo que compra de él, y sin embargo no puede pagar sus importaciones con las exportaciones que, en este caso, son en buena parte de carbón.
Más de mil 500 personas tomaron parte este domingo de un foro contra la minería organizado por el Consejo Tiyat Tlali en el municipio de Ixtacamaxtitlán, donde la trasnacional de origen canadiense Almaden Minerals tiene amplias concesiones de terreno para la explotación de yacimientos de oro y plata a cielo abierto.
Antofagasta lidera las iniciativas con inversiones totales por USD 1.620 millones, de las cuales USD 1.500 millones corresponden a la minería. En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama el recurso más escaso es el agua. Como se trata de zonas desérticas con un consumo elevado por parte de la industria minera durante décadas, las iniciativas públicas y privadas para revertir ese déficit apuntan al mar, que aparece como la única fuente abundante y disponible.