La Ley Minera debe dar prioridad a intereses públicos fundamentales para la sociedad mexicana.
La Ley Minera debe dar prioridad a intereses públicos fundamentales para la sociedad mexicana: el agua, la salud, el medio ambiente y la seguridad alimentaria, y para ello se debe construir una propuesta de modificaciones a la legislación de esta actividad industrial que “ha agudizado como nunca antes las tensiones sociales y los costos ambientales en toda América Latina”.
Esa fue la conclusión principal del Taller de discusión de la Ley Minera realizado el día de ayer en la Torre 2 de Humanidades en la UNAM, convocado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de esa institución, y que contó con la participación de académicos, grupos ambientalistas. Por el estado de Puebla estuvieron activistas de la organización civil Tetela hacia el Futuro. Participaron también miembros de los grupos opositores a las explotaciones mineras en San Luis Potosí (Minera San Xavier y el proyecto de Wirikuta) y Veracruz (Caballo Blanco), entre otros.
El gobernador de la provincia cajamarquina, Gregorio Santos, dijo que «no es suficiente con levantar el estado de emergencia, es necesario que se cancele el proyecto Conga». Uno de los sacerdotes que trabajó como mediador cree que puede ser el inicio del diálogo y solución a la crisis minera.