La megaminería en nuestro país dará un salto sin precedente con el desarrollo del Proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) llevado a cabo por el gobierno de Maduro. El mismo implica la entrega de una parte importantísima del territorio nacional a las transnacionales, y lo único que le va a quedar al pueblo es la destrucción del ecosistema y la expoliación de nuestras riquezas.
En la lucha contra este plan devastador, se constituyó la Plataforma por la Nulidad del Decreto del Arco Minero que la conforman diversas organizaciones políticas, movimientos sociales y activistas que se fueron sumando contra el proyecto del gobierno.
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Muchos comentaristas han alabado la reciente encíclica del Papa Francisco, Laudato Si’ por centrarse en temas relacionados con el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, si bien no evita mencionar el nombre de los responsables directos: el capitalismo global y los mercados que lo sostienen. No debe sorprender que la encíclica haya recibido críticas de parte del sector privado, el cual cuestionó la legitimidad del Papa para opinar sobre algo que dicho sector percibe como un tema científico, técnico y, por encima de todo, económico. No obstante, el impacto del capitalismo en los cuerpos, ecosistemas y formas de vida forma parte, sobre todo, de un raciocinio biopolítico, que también es moral. Esto es por demás evidente en los debates que ocurren en Perú en torno a las economías neo-extractivistas, donde se enuncian preocupaciones sobre la “vida en sí misma” (Rose 2006): el agua, la tierra y los diversos medios de subsistencia necesarios para el bienestar de cuerpos humanos.
Creo que hoy estamos en un momento histórico, yo espero que esto lo esté viendo Venezuela y el mundo y que todas aquellas personas que luchan porque el planeta nos dure por lo menos unos cien años mas y vivamos en mejores condiciones y mejor calidad de vida se unan a esta luch. Así lo indicó Tibisay Maldonado como parte del grupo de ciudadanos y ciudadanas que se agruparon frente al Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, el 31 de mayo a apoyar la introducción en la Sala Político- Administrativa, del Documento con la solicitud de nulidad del decreto 2.248 sobre el Arco Minero del Orinoco.
Un total de 185 activistas ecologistas fueron asesinados durante el año 2015, lo que supone más de tres cada semana, por defender sus tierras, bosques y ríos frente a las industrias destructivas, según el informe "En tierra peligrosa" publicado por la ONG Global Witness.
Por oponerse a proyectos mineros, agroindustriales o eléctricos depredadores del medio ambiente o de los derechos de tierra de pueblos indígenas fueron asesinadas 185 personas en 2015; eso es, una cada dos días y un 59% más que en 2014, según un informe alarmante que publicó hoy la organización Global Witness, cuya sede se encuentra en Londres.
La empresa australiana Berkeley, que pretende abrir la única mina a cielo abierto uranio de Europa, solicita 500.000 euros al Secretario de la Plataforma Stop Uranio José Ramón Barrueco y al bloguero Jesús Cruz por participar en la campaña contra la minería del uranio.
En los últimos 25 años, la minería ha estado en una fase expansiva sin precedentes a nivel global: aunque con algunos intervalos, desde inicios de la década del 90 se ha registrado un proceso de crecimiento significativo que puede ser medido tomando en cuenta diferentes variables. El peligro es que se pretenda seguir haciendo extracción de recursos naturales sin tomar en cuenta los mensajes que nos vienen dando tanto la naturaleza como las poblaciones en las zonas de influencia de los proyectos.
Con la participación de aproximadamente 150 delegados y delegadas de 7 municipios transfronterizos que integran esta región Jacaltenango, San Antonio Huista, Santa Ana Huista, Nenton, Concepcion Huista, Petatan y Union Cantinil, el Consejo de Pueblos Wuxhtaj popti-Huista realizo asamblea extraordinaria.
Una reformada ordenanza ambiental de Las Heras para regular la minería contaminante ya divide las aguas en el departamento. La medida que se había sancionando en abril, que especificaba las técnicas y sustancias contaminantes que se prohibían, se "suavizó" en mayo. Así lo denunció un grupo de ambientalistas autoconvocados de Uspallata, que entiende que se la "ablandó" para abrir la posibilidad de que la minera San Jorge pueda concretar su proyecto. Desde la Comuna insisten en que se cambió porque avanzaba más allá de la ley provincial 7.722, que prohíbe las sustancias tóxicas en la minería.
El Gobierno de Río Negro desembolsó ayer $ 3.193.095 para la empresa MCC Minera Sierra Grande S.A., para sostener los puestos de trabajo y la actividad económica en esa ciudad. El desembolso de este mes forma parte de los $44.000.000 que la Provincia acordó subsidiar por el término de un año. Se incluiye en este desembolso el pago de las obligaciones de la seguridad social (Formulario de AFIP 931) por un total de $1.808.879,62; y dos facturas de consumos eléctricos por $1.384.216,25. Negocio redondo para la minera de capitales chinos.