Manifestaciones ocurrieron entre diciembre del 2011 y febrero del 2012. Comuneros impulsaron las protestas contra una supuesta contaminación ambiental producida por la empresa minera Anabi S.A.C en el distrito de Quiñota
Cusco. Después de varias postergaciones, el viernes empezó el
juicio oral en contra de 10 exdirigentes que entre diciembre del 2011 y febrero del 2012 impulsaron las protestas contra una supuesta
contaminación ambiental producida por la
empresa minera Anabi S.A.C en el distrito de Quiñota, de la provincia cusqueña de Chumbivilcas. La audiencia se desarrolló en las instalaciones de la Corte Superior de Justicia del
Cusco y se presentaron los alegatos de apertura.
El
Ministerio Público sustentó la acusación contra los exdirigentes acusados por los delitos de secuestro, robo agravado, disturbios, daños a la propiedad, entre otros. Entre ellos están Jaime Mantilla, Julian Ataucuri, Victoria Quispesivana, Luciano Atucuri, Samuel Acero, Urbano Cjulca, Esteban Alvis, Wilber García, Grimaldo Asto y Edgardo Aguirre.
La
fiscalía solicitó como pena de cárcel hasta 30 años y una reparación civil a favor de la minera de más de US$ 2.5 millones. Este caso, según el abogado Ramiro Llatas, "se encuentra en trámite desde hace más de 7 años sin que existan elementos probatorios que incriminen a los exdirigentes".
Los dirigentes son defendidos ...
Se estima que la caravana con el mercurio líquido dará una vuelta de más de 2.400 kilómetros para llegar al puerto local, que está a unos 775 kilómetros de distancia de la mina.
Cien toneladas de mercurio fueron despachadas desde una mina argentina con rumbo al puerto de San Antonio. Los residuos de este químico son trasladados en camiones desde la mina Veladero, en San Juan, y serán llevados al puerto chileno para ser embarcados a Alemania, según informó Mdz.El trayecto que seguirá el cargamento se hará por el norte argentino en lugar de cruzar por el trayecto más corto que es el paso fronterizo de Mendoza."Los residuos del químico, que es altamente contaminante, estaban depositados desde el año 2012 y ahora las operadoras de la mina resolvieron enviarlo a Alemania para su depósito final.
Una empresa suiza especializada en este tipo de operaciones es la encargada de llevar adelante el operativo, que implicará un recorrido por seis provincias argentinas hasta el paso de Jama, por donde los camiones cruzarán la cordillera hacia Chile", señaló dicho medio."Es la ...
En el país tenemos al menos 45 conflictos (OCMAL, 2018) serios y muy complejos derivado de las más de 20 millones de hectáreas vigentes concesionadas a las empresas mineras. A ellos, se sumarán los conflictos socioambientales generados por las mineras que se están explotando para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
En la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIAMR) del NAIM, se indica que: “se calcula un volumen aproximado de 35,448,000 m3 de material requerido para la nivelación del terreno, la fuente de suministro serán los bancos localizados en los municipios de Ecatepec, Chimalhuacan, San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca y Texcoco” (GACM, II-83). Es decir, el material requerido tan sólo para nivelar el terreno corresponde al volumen de 6,394 albercas olímpicas o 381 veces más del material que se utilizó para la construcción del Estadio Azteca. Pero ¿de qué material esta hablando la MIAMR?
De manera particular se señala que durante la Fase 1, una vez que se retiren 7 millones de m3 (por las excavaciones del terreno), “el volumen para relleno será de 15,986,000 m3, el tipo de material que se empleará será tepetate y tezontle” (GACM, II-83). Este relleno se obtendrá de “bancos de préstamo” que “son las excavaciones a cielo abierto destinadas ...
Cada vez queda menos tiempo de vigencia al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María. La validez del documento expira en agosto. Si se quiere continuar con el proyecto después de la fecha límite, tendrían que elaborar un nuevo estudio, pues han pasado 5 años desde que se presentó.
Conocedores de esta cuenta regresiva, desde la empresa Southern esperan que la licencia de construcción sea emitida pronto. Éste es el único permiso que, desde el estado, queda pendiente para su operación.
Voceros de Southern enfatizaron que cuentan con estudios de ingeniería y todos los requerimientos ambientales exigidos. Esto comprende la subsanación de 14 observaciones hechas por el Ministerio de Energía y Minas, el año pasado.
Desde la empresa existe confianza en obtener el visto bueno. Sostienen que el esfuerzo conjunto de comunidades locales y trabajo en equipo de la compañía aportaron a una “justa y honesta evaluación del proyecto”. Así lo reporta Diario Gestión:
227 organizaciones y redes guatemaltecas e internacionales firmaron la carta que fue entregada hoy a instancias del gobierno guatemalteco y la embajada de los Estados Unidos en Guatemala. En ella se denuncia la demanda de US$300 millones de dólares de la empresa minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA) en contra del estado centroamericano por ser un intento descarado de socavar la voluntad de las comunidades afectadas por su proyecto así como la decisión de las cortes en Guatemala. La empresa presentó su demanda en diciembre de 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
Miembros de la resistencia pacífica ‘La Puya’ presentaron la carta a representantes del gobierno durante una cita en el Congreso, incluyendo representantes de los Ministerios de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, además del Procurador de los Derechos Humanos, entre otros.
Las organizaciones firmantes constatan que la demanda “representa un nuevo ataque al sistema judicial de Guatemala”. Señalando un aumento de presión sobre la Corte Constitucional por parte del Presidente Jimmy Morales por decisiones judiciales tomadas ...
Un grupo de abogado que ha estado litigando a favor de los 12 defensores y defensora del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, en el departamento de Colón presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 252-2013 que permite la explotación minera.
El abogado Rodolfo Zamora explicó que no se ocupa saber de derecho para entender que hay un parque nacional y el Congreso Nacional aprobó otorgar a una familia la explotación minera en una zona donde el recurso natural es vital para sus habitantes.
“Modificaron los límites y las colindancias del parque del Cerro de Botaderos para que esa familia se beneficie de dicha explotación minera en perjuicio de todas las comunidades. Sabemos que explotación minera perjudica el agua, el medio ambiente, la salud, en definitiva, perjudica la vida de todos los habitantes de la zona”, expresó Rodolfo Zamora.
También se refirió a los abusos de autoridad, las negociaciones incompatibles que se han hecho desde el ejercicio de funciones pública. Además de otros tipos de delitos que se pueden dar en el departamento de Colón, debido a la creación de una mina que perjudica a toda la comunidad y solo ...
I. Introducción al conflicto territorial de Azacualpa
A. El origen del conflicto territorial en Azacualpa. Los acuerdos y confrontaciones entre la población y las empresas mineras
La comunidad de Azacualpa en el municipio de la Unión, departamento de Copán, Honduras, es escenario de un conflicto territorial constante y de largo aliento. Tiene sus orígenes en 1998, cuando en la zona inició operaciones la compañía minera Greenstone Minerals, de capital canadiense (Orellana Peña, 2016). La problemática en Azacualpa evidencia las implicaciones de la actividad minera en los territorios de Honduras, bajo una política estatal que promueve el extractivismo de forma desmedida.
Prueba de lo anterior son las acciones de destierro que provocó la minera en sus primeros años de operación. Esta empresa minera generó el desplazamiento de tres aldeas en el municipio: San Andrés Minas, San Miguel y Azacualpa. En el caso de San Andrés, la empresa minera gestionó con el Gobierno la reubicación total de la comunidad. Mientras que, en el caso de San Miguel y Azacualpa, el desplazamiento fue parcial (CESPAD, 2017).
Estos desplazamientos han tenido enormes consecuencias para las comunidades. En los últimos años, la dinámica de la contienda territorial ha estado ...
El proyecto minero Tintaya Antapaccay de la empresa minera Glencore, que opera hace varios años en la provincia de Espinar, Cusco; empieza lentamente a colocarse – otra vez- en el ojo de la tormenta.
Como es sabido, desde hace unos meses Glencore, pretende conseguir las autorizaciones para empezar a explotar su nuevo proyecto: Coroccohuayco. Este, implica minar un nuevo tajo a cielo abierto, túneles subterráneos además de caminos de acceso y otros componentes, en un nuevo territorio de este distrito del sur andino. Estas operaciones su sumarán a las operaciones más antiguas de la empresa, que también serán modificadas: el tajo Antapaccay y sus botaderos serán ampliados, el Deposito de relaves Tintaya (antes el Tajo Tintaya) deberá aumentar su capacidad, entre otros. En conjunto, la empresa minera Glencore pretende integrar todos estos cambios en un solo instrumento ambiental denominado “MEIA del proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”.
Las comunidades campesinas de la zona han reaccionado manifestando su preocupación y rechazo a las pretensiones de la empresa. Tres comunidades del área donde se instalará el nuevo tajo, han presentado una demanda para que se consulte el MEIA presentado, antes de que este ...
El viernes veintiséis de abril en la ciudad de Cusco se dio inicio al juicio oral en contra de 10 dirigentes, defensores del medio ambiente y el territorio, que entre diciembre del 2011 y febrero del 2012, reclamaron en contra de la empresa minera Anabi y otras, por contaminar, su Cuenca, sus ríos y su territorio entre Llusco y Quiñota, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.
“Como no tuvieron respuesta de las autoridades, salieron a protestar. Eso les valió que la fiscalía les abriera una investigación penal por el delito de secuestro, daños a la propiedad privada, disturbios y otros, pidiendo 30 años de cárcel para ellos y corren el riesgo de ser condenados, aunque no existan pruebas concluyentes en contra de ellos” según refiere el abogado José Ramiro Llatas.
El caso ha sido asumido por las organizaciones Derechos Humanos Sin Fronteras, la Red Muqui Sur y Earth Rights Internacional, en modo conjunto con otros abogados particulares.
Junto con Llatas, la defensa de los acusados está siendo asumida por los abogados Pablo Ricardo Abdo, Sergio Sullca, Julissa Calle Godos. Los letrados –según refiere Llatas- respaldan el coraje de los campesinos chumbivilcanos que ...
Malas noticias para el Presidente de la República. En su conferencia mañanera del 18 de marzo pasado el titular del Poder Ejecutivo anunció que