COLIMA, Col. (apro).- Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos demandaron la adopción de medidas cautelares para prevenir daños irreparables a la población indígena nahua otomí que reside en comunidades de la Sierra de Manantlán, en la zona de conflicto limítrofe territorial entre los estados de Colima y Jalisco.
Los poblados afectados –entre ellos Puertecito de las Parotas, El Mameyito, Rancho Quemado, La Piedra y Los Potros– han sufrido daños derivados del funcionamiento de la minera Peña Colorada, además de que sus habitantes son presionados y acosados para que abandonen los terrenos que rentó el ejido Ayotitlán a la empresa para que deposite ahí sus desechos.
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El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Juan Carlos Valencia Vargas, llamó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a que evalúe el probable otorgamiento de nuevas concesiones para la extracción del líquido en Jonacatepec, Ayala y Jantetelco, donde la minera canadiense Minaurum Gold, S.A. de C.V. posee dos concesiones para la búsqueda de plata, plomo y zinc.
Este 26 de junio se realizará un paro comunal en Calama, el que se votó en un cabildo ciudadano y que tiene como motivación la falta de respuesta por parte del Gobierno. Propuestas como el Fondenor, que es el que apunta a resolver gran parte de las demandas, por parte del Ejecutivo, es rechazado por todos los sectores ajenos al oficialismo.