El coordinador de Fortalecimiento Político de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) Rafael Quispe señaló ayer que se lograron importantes avances en el anteproyecto de Ley de Consulta Previa que se debate con el Gobierno y organizaciones sociales. Uno de los más importantes es que el Gobierno ha aceptado que el 5 % del Impuesto Directo a los Hidrocarburos vaya al Fondo Indígena; en el mismo campo, piden la creación del Impuesto Directo a la Minería.
Según Quispe, a raíz de los conflictos en el Territorio Indígena Isiboro Sécure (Tipnis), como consecuencia de la falta de una ley marco de consulta, se comenzó a trabajar en forma ordenada para lograr un instrumento legal, con la participación de las organizaciones indígenas: el Consejo Nacional de Mallkus y Ayllus del Qollasuyo (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia, comunidades interculturales y la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.
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El relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, señaló como parte de las conclusiones y recomendaciones del informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que los nativos tienen derecho a definir su propio desarrollo e incluso negarse a actividades extractiva en sus territorios a favor de otras iniciativas para su progreso.
En la Sala Constitucional de la Corte Suprema se escucharon este lunes nuevos alegatos relativos el cuestionado proyecto minero Pascua Lama, impulsado por la trasnacional Barrick Gold en la Región de Atacama, con una inversión estimada en 3.000 millones de dólares.
Los manifestantes aseguran que según resultados emitidos por la Universidad Catolica el agua en sectores de Tulahuén se encuentra con niveles de arsénico tres veces por encima de lo permitido para el riego y para el consumo humano