La Gobernación de Potosí, en febrero de este año, fue advertida y ya conocía el riesgo de una ruptura del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol, de acuerdo con un informe presentado por el Ministerio Público.
El fiscal de la provincia Cornelio Saavedra, José Luis Ríos, reveló que técnicos del municipio de Tacobamba en febrero enviaron documentación de alerta de riesgo a la Secretaria Departamental de Madre Tierra de la Gobernación de Potosí, cuando Teresa Balderrama fungía como titular en esa cartera del gobierno regional, reportó Radio Aclo de Erbol.
“Ya se tenía (conocimiento), lamentablemente, un informe técnico a los funcionarios de la Secretaria Departamental de Madre Tierra, donde se advertía que el riesgo era inminente, pero lastimosamente, y debo decirlo con hidalguía, estos personeros no han cumplido (con acciones de prevención)”, denunció.
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El costo económico de los daños ambientales por la explotación minera es 30 por ciento superior al valor de las exportaciones mineras, de acuerdo con datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
Comercializadores de pescado de la ciudad de Tarija se movilizaron este martes por la contaminación del río Pilcomayo, tras el colapso del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol de Potosí que botó los desechos químicos a ese afluente.
En Oruro, la Fiscalía del Distrito imputó formalmente a los responsables de la empresa minera Inti Raymi por delitos contra la salud pública a raíz de la contaminación de aguas con minerales pesados como el plomo.
“Helicópteros han bajado y se llevan como muestras, hay gente de piel blanca, unos parecen extranjeros, luego vienen también y le prometen a la gente que habrá escuelas, les preguntan qué necesitan y les dicen que lo tendrán”, señaló el testimonio de un habitante de la Montaña que ha visto cómo empresas mineras han enviado trabajadores a comunidades marginadas de Cochoapa el Grande.
De acuerdo a la investigación realizada por la Asociación Civil PODER, la empresa minera canadiense Almaden Minerals, detenta el 72% de las 169,321 Ha concesionadas a la minería en la Sierra Norte de Puebla, lo que equivale al 13 % del territorio serrano. La empresa presume el haber hecho investigación por más de una década en esta región, antes de haber solicitado sus concesiones. Es decir, le ha puesto el ojo a este territorio. Pero, ¿de qué territorio se trata? ParaAlmaden Minerals se trata de una zona rica en yacimientos de oro y plata, cercana a las urbes de Puebla y el D.F., y que tiene a su alcance la infraestructura que facilita la labor minera (carreteras, supercarreteras, ferrocarriles, infraestructura energética, etc.). Sin duda, esa es una forma seductora para buscar inversionistas que se asocien a sus ambiciosos proyectos, pero son argumentos que no convencen a los pueblos que serán afectados por los impactos de la minería.
Este 22 de julio se celebró, en nueva conmemoración, el Día Internacional de Acción Contra la Minería a Cielo Abierto. 
Integrantes de la Campaña por una Nueva Ley Minera se manifiestan en las escalinatas del Ángel de la Independencia, en protesta por comunidades afectadas por el modelo extractivo.
Integrantes del Frente en Defensa del Agua y la Vida protestaron en el delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y exigieron a la autoridad ambiental dar a conocer el sentido de la resolución del proyecto minero Los Cardones.
El conflicto de la mina San Rafael Las Flores dejó algo más que un Estado de Sitio como respuesta a la oposición de los pobladores a la explotación de su territorio. Fue el punto de partida para que el Gobierno ensaye una nueva estrategia de seguridad, impulsada en secreto, y que ubica a los movimientos de oposición a los proyectos extractivos como una amenaza para la seguridad nacional.