Javier Ramírez Piedra es el presidente de la comunidad de Junín, una pequeña comunidad situada en los Andes ecuatorianos, en el Valle de Intag. Es agricultor y padre de familia, y se opone junto a otras familias de su comunidad al proyecto minero Llurimagua, impulsado por el estado ecuatoriano.
Está acusado de rebelión, sabotaje y terrorismo por parte de las mineras ENAMI-CODELCO y la fiscalía. Tales acusaciones son falsas pues no ha cometido ningún delito más que defender la vida y la naturaleza, si es que eso puede ser considerado un delito.
Sin embargo, está en prisión preventiva desde hace 10 meses. El juicio se celebra esta semana, y la semana próxima se dictará sentencia. Nos solidarizamos con Javier Ramírez y pedimos su libertad inmediata y sin cargos, pues conocemos a Javier y tenemos la total certeza de su inocencia. Desde la distancia, hemos observado un proceso plagado de anomalías e irregularidades desde la misma detención.
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Habitantes del Ejido La Sierrita en Durango lograron por medio de un amparo que les liberaran el pago de la renta de su tierra, ya que la empresa minera Excellon Resourse Inc había depositado el dinero directamente en el Tribunal Agrario a consecuencia de un litigio por rescisión de contrato.
Un grupo de entre 30 y 50 indígenas arrancará desde esta semana la recolección de las aproximadamente 1.493 firmas que se requieren para convocar a una consulta popular que revoque las licencias otorgadas para la explotación minera en el sector de Quimsacocha, provincia del Azuay.
Juan Ángel Trasviña Aguilar, presidente de Medio Ambiente y Sociedad (MAS) expresó que la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), a la que pertenecen, se pronunció en contra de la instalación del proyecto minero El Arco.
Según diversos medios periodísticos, el 20 de enero, 15 efectivos de la Policía Nacional en compañía de varios miembros de la empresa SECURITAS, que presta servicios de seguridad a Minera Yanacocha, intervinieron la casa de Máxima Acuña Chaupe, ubicada en el sector de Tragadero Grande, frente a la Laguna azul, en el área donde se ubica el proyecto minero Conga. El objeto de dicha intervención habría sido prohibir a la familia Acuña Chaupe que realice actividades agropecuarias y obras de mejoramiento de su vivienda.