El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realiza acciones de supervisión ante el derrame de sustancias químicas ocurrido en la carretera ubicada a la altura de la comunidad de Yuricancha, en el distrito de Mara, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac.
El personal del OEFA verificó que el área afectada es de aproximadamente 500 metros lineales de suelo. Asimismo, se constató que personal de la empresa minera MMG Las Bambas, que indica no ser responsable del derrame, viene realizando acciones de limpieza en la zona a solicitud de los ciudadanos de Yuricancha.
El OEFA, como autoridad de fiscalización ambiental, tomó muestras de suelo en la zona del derrame para determinar el grado de afectación.
El OEFA indicó que continuará informando oportunamente sobre las acciones de supervisión que realice en la zona.
OEFA SUPERVISA DERRAME DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN APURÍMAC
Publicado 20 del 04 de 2018
Una revisión independiente realizada por especialistas ambientales muestra un conjunto de observaciones y recomendaciones ante la Tercera Modificatoria de EIA del megaproyecto minero Las Bambas.
Una nueva investigación del premiado portal Ojo Público concluye que a la fecha existen 1.810 derechos de uso de agua otorgados a 331 compañías mineras. De ellas, 248 tienen licencias para extraer este recurso a perpetuidad, 31 de las cuales se ubican en zonas con alto riesgo de sequía como Tacna, Moquegua, Lima, La Libertad y Lambayeque.
La investigación recoge la información de los expedientes que se encuentran en el archivo digital de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), así como estudios de dicha entidad y de Defensa Civil y la Defensoría del Pueblo, para conocer en qué zonas se concentran las autorizaciones de uso de agua y cuál es su relación con los conflictos por este recurso.
Los derechos de uso de agua son de tres tipos: licencias, autorizaciones y permisos; solo los primeros no tienen fecha de caducidad, según indica la investigación. La legislación ha otorgado durante décadas las autorizaciones y permisos a plazo indeterminado, y ni siquiera la Ley de Recursos Hídricos aprobada el 2009 prevé regular o actualizar el volumen asignado en zonas con riesgo de sequía. Únicamente se estipula la posibilidad de declarar la extinción de este derecho ...
El proyecto minero Las Bambas es el emprendimiento más grande de la historia reciente de la minería en el país.
Contra el Estado de Emergencia infinito. Líderes sociales y autoridades de Challhuahuacho (Cotabambas, Apurímac), donde opera la gigante china MMG Las Bambas, solicitaron poner fin al Estado de Emergencia vigente en la zona desde hace más de 120 días. También denunciaron que la empresa minera quiere modificar por cuarta vez el proyecto mediante un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) a espaldas de la población.
Todo el corredor. El estado de emergencia decretado hoy 11 de enero por el Gobierno abarca todo el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, con una longitud de casi 500 kms. Se trata de la vía que une las operaciones de Constancia y Antapaccay (Cusco) y Las Bambas (Apurímac) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa). El decreto supremo 006-2018-PCM fue publicado esta mañana en el diario oficial El Peruano y tiene una vigencia de 30 días, aunque en otras oportunidades se ha prorrogado repetidas veces este tipo de medida.
El estado de emergencia implica que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”.
En sus considerandos, el decreto en cuestión se basa en informes policiales “sobre los conflictos sociales advertidos en dichas zonas”.
Como se recuerda, algunos de los distritos comprendidos en este nuevo estado de emergencia ya se encuentran en esta situación supuestamente excepcional desde el 16 de agosto, medida que fue prorrogada hasta en tres oportunidades. Se trata de los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, los mismos que ya cumplieron ...
Nativos de Perú reubicados por la minería rechazaron la nueva ciudad a la cual fueron removidos.
La nueva ciudad llamada Nueva Fuerabamba fue creada para albergar a 1.600 familias que dejaron abandonados sus aldeas y tierras de cultivo.
Las familias dejaron sus hogares por irse a trabajar en la minería de cobre a cielo abierto.
El nuevo pueblo contaba con calles pavimentadas y casas con electricidad y agua potable.
Algunos de los servicios mencionados como agua y electricidad eran desconocidos por los nativos que no contaban con los mismos.
En la comunidad fueron ubicados los nativos quechuas de un pueblo remoto en el sur de los Andes peruanos.
La obra habitacional fue posible gracias a las empresas que ayudaron en su construcción, mientras que las comunidades tuvieron que dejar sus hogares por la minería.
NUEVA FUERABAMBA, Perú (Reuters) - Este pueblo remoto en el sur de los Andes peruanos iba a ser un ejemplo de cómo las empresas pueden ayudar a comunidades que tuvieron que dejar sus hogares por la minería.
El presidente de la minera, José Picasso, resaltó que sacar adelante el proyecto Las Bambas tomó alrededor de 12 años.
El análisis de una base de datos construida por Ojo-Publico.com en base a pedidos de información a la Autoridad Nacional del Agua revela que 10 de las mineras más importantes del Perú tienen autorización para explotar hasta 302 mil millones de litros de agua cada año, a cambio de una compensación máxima de S/0,27 por cada m3 consumido. Sin embargo, las cifras de la autoridad no cuadran con las de las empresas. Ocho mineras deben un total de S/1,6 millones al Estado por el uso del agua.
Cada año, diez de las compañías mineras más importantes que operan en el Perú están autorizadas a usar un máximo de 302.442 millones de litros de agua de quebradas, lagunas y acuíferos para atender sus operaciones. La lista la integran Southern Peru, Antamina, Milpo-Votorantim, Volcan, Xstrata, Buenaventura, Las Bambas, Minero Horizonte, Yanacocha y Barrick, y la cifra se desprende del análisis de una base de datos construida por Ojo-Publico.com con reportes obtenidos a través de pedidos de información a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), institución encargada de la gestión hídrica en el país.