Criminalización de la protesta, Internacional

Defensores ambientales filipinos piden al organismo de derechos humanos de la ONU que investigue las amenazas que enfrentan

Gaea Katreena Cabico (Philstar.com) 03/03/2020
MANILA, Filipinas – Defensores del medio ambiente pidieron al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que realice una investigación independiente sobre el empeoramiento de la situación de los activistas del medio ambiente y la tierra.

Solicitaron al ACNUR que realizara una misión independiente de investigación o estableciera una Comisión de Investigación en Filipinas.

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«Existen serios desafíos para la vida, la seguridad y la libertad de los defensores del medio ambiente en Filipinas, que redundan en transgresiones en los derechos a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible de las comunidades, incluido el de los pueblos indígenas y campesinos», Clemente Bautista, coordinador de la red internacional del grupo ambiental Kalikasan, dijo durante la 43ª sesión del CDHNU en Ginebra.

En 2019, 46 defensores del medio ambiente fueron asesinados en Filipinas, según Kalikasan. Este fue un aumento del 53 por ciento de las 30 muertes registradas en 2018.

Filipinas fue el país más mortífero del mundo para los defensores del medio ambiente y la tierra, según el organismo de control Global Witness, que rastrea las amenazas y los ataques contra los defensores de los derechos.

Hubo al menos 113 activistas ambientales y de tierras asesinados desde que el presidente Rodrigo Duterte asumió el cargo en julio de 2016. Tres años antes de la administración, no menos de 65 fueron asesinados.

Cullamat: IPs, campesinos atacados por oponerse a la minería y la tala
La representante Eufemia Cullamat (Bayan Muna), líder de Manobo, dijo que la mayoría de los defensores ambientales asesinados eran indígenas y campesinos que estaban en la primera línea de protección de los recursos forestales y terrestres del país.

«En el curso de la conservación de nuestros recursos naturales y la defensa de las comunidades de las grandes compañías mineras, madereros comerciales y agro-corporaciones, los pueblos indígenas y campesinos son blanco de ejecuciones extrajudiciales y hostigamiento judicial», dijo el representante de Bayan Muna.

Ella le dijo a la sesión de UNHRC que muchos de sus compañeros defensores ambientales en Surigao del Sur enfrentan cargos falsos y que al menos 60 hogares de su comunidad fueron evacuados de sus hogares debido a disparos indiscriminados y ataques de los militares.

Clarissa Ramos de Paghida-et sa Kauswagan Development Group dijo que la invasión de corporaciones mineras, la conversión de tierras agrícolas y el establecimiento de zonas económicas industriales en la isla de Negros «desplazarán a miles de familias pobres y destruirán los bosques y arrecifes de coral restantes de Negros».

Las Fuerzas Armadas de Filipinas han acusado a muchos grupos activistas opuestos a industrias como la minería y la tala de estar en alianza con los rebeldes comunistas.

La Oficina de Operaciones de Comunicaciones Presidenciales también ha aconsejado al ACNUR que sea prudente «al evaluar reclamos, particularmente de fuentes que han disfrutado del estatus sagrado de los defensores de los derechos humanos mientras libran la insurgencia más larga en Asia y aterrorizan a las comunidades en Filipinas», dijo el PCOO en un comunicado. comunicado de prensa distribuido a través de los medios estatales.
https://www.philstar.com/headlines/2020/03/03/1997792/filipino-environmental-defenders-ask-un-rights-body-look-threats-they-face

Criminalización de la protesta, Perú

ESTADOS DE EMERGENCIA Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Luis Gárate
25/02/2020
Foto: El Comercio

Por quinta vez el gobierno peruano ha decretado un estado de emergencia en el Corredor Minero del Sur, zona que se encuentra convulsionada desde hace varios años por los impactos y las tensiones con las comunidades con grandes proyectos mineros, como los que manejan las empresas Glencore (Antapaccay) y MMG (Las Bambas).

El Decreto emitido el 8 de febrero pasado se aplica para los tramos comprendidos entre los distritos de Coporaque (Espinar) y Ccapacmarca (Chumbivilcas) en la región Cusco.

Recordemos que según el artículo 137 de la Constitución, un estado de emergencia se da “en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.”

En otras palabras es una medida que debe adoptarse en casos de extrema necesidad, como por ejemplo ocurrió en el periodo del conflicto armado interno.[1] El abogado cusqueño Ramiro Llatas señala que todas las declaratorias de estados de emergencia, tienen algo en común: se basan en informes que tienen carácter reservado y que son emitidos por la Policía Nacional del Perú.

“La Policía Nacional a través del Ministerio del Interior, tendrían vigentes convenios policiales para que efectivos de la policía nacional presten servicios de seguridad privada a las empresas mineras que se encuentran en el corredor vial minero, entre ellas las Bambas” [2]; lo que refuerza la idea de que esos informes podrían tener un sesgo tendencioso a favor de las empresas mineras.

El Estado peruano busca afirmarse en la comunidad internacional como un país con una democracia representativa de la mano de una economía de libre mercado estable. Sin embargo, el país tiene una alta conflictividad social, y un número significativo de casos tienen que ver con disputas entre comunidades con empresas mineras. La gestión de este alto número de conflictos deja aún mucho que desear en materia de estándares de Derechos Humanos y participación democrática de la sociedad civil.

Sabemos desde hace años que estos conflictos son abordados con reacciones tardías cuando estos se desbordan, se acude a la represión policial y militar directa, eventualmente se conforman mesas de diálogo que a veces se prolongan, y en ocasiones llegan a acuerdos que no se cumplen. Desde los medios de comunicación y los líderes de opinión no tardan en descalificar a los defensores ambientales y de los territorios como “antimineros” o hasta “terroristas”.

En este contexto es que recientemente visitó nuestro país el relator de las Naciones Unidas Michel Forst, que ve temas relacionados a los defensores de Derechos Humanos. Forst se reunió con numerosos dirigentes y activistas de casos emblemáticos de nuestro país. Como era de esperarse los grandes medios de comunicación no dieron mucha importancia al tema.

El relator de la ONU, pudo constatar algo que diversas organizaciones venimos advirtiendo desde hace un buen tiempo. El Estado peruano enfrenta las demandas sociales y los conflictos criminalizando, antes que atendiendo las causas reales que provocan los mismos. Precisamente, el 3 de febrero el relator emitió una declaración donde señaló su preocupación por el despliegue de los militares para vigilar las manifestaciones tras las declaraciones de los estados de emergencia y para la protección de las instalaciones de petróleo gas y minería.

La declaratoria de un nuevo estado de emergencia en el Corredor Minero del Sur, lejos de rectificar, muestra que el gobierno continúa con el estilo de la “mano dura” y el recorte de derechos para atender conflictos que no son nuevos. De esta manera se pretende aplacar los conflictos de manera coyuntural, dejando cabos sueltos para que se reabran o se profundicen.

No se puede hacer un uso indiscriminado de la figura de los estados de emergencia que claramente vulnera los derechos humanos. Es una forma de intimidación a la población y pone en riesgo a todas las comunidades de las zonas comprendidas.

[1] Artículo 137 de la Constitución Política http://www2.congreso.gob.pe/sicr/RelatAgenda/constitucion.nsf/constitucion/6FB258E38A13F1A40525672A004F862F

[2] ¿Por qué no se debe declarar estado de emergencia en el corredor minero del sur?

https://diariouno.pe/por-que-no-se-debe-declarar-estado-de-emergencia-en-el-corredor-minero-del-sur/?fbclid=IwAR23X6N16T-duEls4WZvKRUXHeG9UWSI6BLO8l8D10Luh5Xb40OF5PLnDWA
www.cooperaccion.org.pe

Criminalización de la protesta, Latinoamerica

América Latina: riqueza minera y conflicto social

Autor: DW.com

La represión de la protesta de las comunidades locales ante proyectos mineros está alcanzando niveles preocupantes. Aquí una radiografía a la conflictividad minera en la región.

Con su abundancia y variedad de minerales, América Latina atrae gran parte de la inversión y explotación a nivel mundial. De acuerdo con datos de la CEPAL, Chile es el principal productor de cobre, Brasil el tercero de hierro, México el mayor productor de plata y Perú está entre los primeros de plata, cobre, oro y plomo. En la región se encuentra además el 61% de las reservas de litio.

Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de las exportaciones de minerales y metales de la región. Ahí donde hay una minera, casi invariablemente surge un conflicto. Según la CEPAL, América Latina es la zona con más conflictos socioambientales de explotación minera.

«La falta de apoyo de las comunidades locales a los proyectos mineros es un hecho innegable y uno de los problemas más graves que enfrentan las empresas mineras en la región”, dice a DW César Padilla, coordinador general del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

En opinión de Susanne Friess, asesora en minería y desarrollo sostenible de Misereor, «la actividad minera tiene un alto impacto sobre el acceso al territorio y recursos como el agua. En muchos casos las minas están justamente en donde nace el agua, por lo que el conflicto surge ya en el momento en que la empresa pide la concesión”.

El rechazo se manifiesta de distintas formas, desde expresiones en medios de comunicación, protestas, acciones legales o consultas. No solamente contra los nuevos proyectos, sino también ante los ya existentes. Estas manifestaciones se enfrentan con la represión, el atropello a los derechos humanos, la criminalización y judicialización de la protesta.

Defensores y representantes de las comunidades sufren las consecuencias, que van desde amenazas, amedrentamiento, persecución, secuestro, condenas judiciales y diversas formas de violencia, incluida la muerte.

Bomba de tiempo

Un caso emblemático es el proyecto Tía María, en una zona agrícola de Arequipa, en el sur del Perú, donde la comunidad se ha levantado desde hace años para expresar su rechazo. En la represión de las protestas han muertos siete personas en diferentes incidentes en los últimos años. «En Perú, la minería es una de las actividades que más conflictos genera y como es muy abundante, va también acompañada de numerosos conflictos”, dice Padilla.

Junto con la abundancia de minerales, Latinoamérica ofrece atractivas condiciones para las empresas. En el ranking del Instituto Fraser de los países más atractivos para la exploración y la inversión, por sus características geológicas y las políticas de sus gobiernos, Chile -único con sistema de concesión plena- figura en sexto lugar a nivel mundial y a la cabeza de los latinoamericanos. Perú escala año a año posiciones.

Las comunidades, en tanto, están en alerta ante amenazas al medio ambiente, contaminación, problemas de competencia por el uso de agua y suelo, y destrucción de zonas protegidas. «Las comunidades se quedan sin agua o el agua está contaminada. Además, la minería necesita acceder al territorio y surgen problemas de poca claridad de los títulos”, aporta Friess.

Zonas agrícolas ven amenazada la salud y su medio de subsistencia. En Las Bambas, en la región del Cusco, Perú, las autoridades sanitarias no han respondido adecuadamente ante la grave situación de contaminación por metales pesados, alerta OCMAL.

La enorme cantidad de desechos y movimiento de tierras que genera la minería es otra causa de rechazo. «Los desechos generan cada vez más problemas y preocupación. Los casos de Mariana y Brumadinho, en Brasil, no son únicos. Hay muchos otros en que los desechos mineros se han convertido en una bomba de tiempo ambiental y social”, dice Padilla.

Friess observa además que «la mayoría las comunidades que están en torno a proyectos mineros no obtienen muchos beneficios. A veces reciben algún pago, que con el tema de la corrupción tampoco llega a todos o no se distribuye bien”.

Una lucha desigual

 «En América Latina la lucha se da entre empresas mineras muy poderosas y comunidades con posibilidades muy limitadas. Es una lucha entre David y Goliat. Las comunidades se sienten discriminadas por parte de la empresa y el Estado, y tienen que pagar el precio por una política de aprovechamiento de materias primas de la que ellos son los que menos se benefician”, señala Friess.

La experta explica que «junto con problemas por el acceso al agua y la tierra, está la falta de participación de la comunidad en todas las etapas del proceso. No pueden opinar sobre nada, más bien tienen que someterse a decisiones que otros toman y, conociendo muchos otros casos en su región o país, no están dispuestos a pagar ese precio sin una lucha”, dice Friess.

A la fecha, OCMAL registra más de 470 proyectos mineros en América Latina, la mayoría (112) en Chile. Allí también se observa la mayor cantidad de conflictos (49), seguido de México y Perú, donde al igual que en Colombia, la conflictividad se ha intensificado en el último tiempo. Estudios de OCMAL registran un alza de la criminalización de la protesta, con los mayores casos en Perú, México, Guatemala, Ecuador y Colombia.

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Capitales extranjeros y doble estándar

A excepción de Chile, que mantiene la empresa estatal Codelco, en la mayoría de los países las mineras han pasado a manos de empresas privadas transnacionales. Canadá, seguido del Reino Unido, es el principal inversor en minería metálica y en los últimos años se observa la irrupción de capitales chinos, con cierta relevancia en Perú, Chile y México.

«Canadá mantiene un doble discurso de respeto a los derechos humanos, un discurso vacío, pues no se hace cargo de los efectos que producen sus empresas mineras y ha ido construyendo una deuda en términos ambientales y sociales”, dice Padilla.

Un caso emblemático es el de Mariano Abarca, opositor a la minera Blackfire en México, «quien pidió protección en la embajada canadiense y denunció las amenazas que estaba profiriendo una empresa minera de ese país, pero ni la embajada ni el gobierno hicieron nada y fue asesinado”, relata Padilla.

Según el experto, «lo que una empresa minera extranjera deja en un país, en términos de impuesto a la renta y otros, es muchísimo menor de lo que se debiera invertir en reparación y en protección ambiental. El saldo final para el patrimonio ambiental y social es negativo”.

El coordinador de OCMAL apunta también a la responsabilidad de los estados al firmar acuerdos y tratados comerciales que favorecen a las empresas por sobre el impacto que la extracción minera tiene en la sociedad y el ambiente.

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas.

 

Fuente:https://www.dw.com/es/am%C3%A9rica-latina-riqueza-minera-y-conflicto-social/a-50391043

Colombia, Criminalización de la protesta

Bajo Aguán: Asesinatos y criminalización continúan contra dirigentes campesinos

GISSEL GRANDEZ DDHH 05 FEBRERO 2019
Tocoa, Colón, (Conexihon).- El asesinato de dos dirigentes comunitarios ocurrido este lunes a manos de desconocidos en la aldea La Ceibita, del municipio de Tocoa, departamento de Colón es la muestra del aumento de la violencia y la conflictividad contra líderes que defienden los bienes comunes en la zona del Bajo Aguan denunciaron organizaciones defensoras derechos humanos.

De acuerdo con un comunicado emitido este lunes 4 de febrero por la Plataforma Agraria, Gerson Leiva, fue sorprendido por hombres fuertemente armados en su casa de habitación la madrugada, mientras que en horas de ese mismo día fue asesinado Lucas Bonilla ambos crímenes fueron perpetrados por desconocidos que les dispararon en reiteradas ocasiones.

Para las organizaciones que integran la Plataforma la criminalización de líderes que están en defensa de los recursos naturales, la violencia se ha intensificado desde que la Empresa Minera Inversiones los Pinares se instaló en el municipio quien ha pretendido destruir las fuentes de agua que abastecen al menos 16 comunidades.

“La Empresa minera ha contado con el apoyo de la Alcaldía Municipal que dirige Adán Fúnez y las fuerzas de seguridad pública que han mantenido el terror y la muerte de al menos cinco personas por el conflicto minero”, señalaron.

Ante esta amenaza las comunidades se han organizado para defender su fuente de agua, y exigen la salida inmediata de la Empresa Minera, que el alcalde Adán Funes y regidores convocan a Cabildo Abierto Municipal para que las comunidades decidan.

Por su parte, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos exigió, al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia aplicar medidas urgentes para garantizar la vida de los y las defensoras de derechos humanos y beneficiarios de la MC50-14 que están siendo víctimas de una campaña de criminalización y difamación.

Igualmente responsabilizaron al Alcalde Municipal por negarse a convocar a un cabildo abierto y a la Empresa Inversiones los Pinares de cualquier acción que atente contra la vida de Esly Banegas, Isela Juárez, Juan López y Gregorio Vásquez.

La campaña de criminalización, difamación y desprestigio se desató desde hace varios meses en contra de organizaciones como la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA) y la Fundación San Alonso reconocidas históricamente por su trabajo en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los Derechos Humanos, esta situación pone en riesgo la integridad física y psicológica de líderes sociales de la región del Aguán.

http://www.conexihon.hn/index.php/dh/955-bajo-aguan-asesinatos-y-criminalizacion-continuan-contra-dirigentes-campesinos-2