Perú

Exigen que el gobierno y minera Gold Fields respondan por derrame producido hace un año en Hualgayoc

Hace un año, exactamente el 16 de diciembre, se produjo un derrame desde las operaciones de la empresa minera Gold Fields en la provincia de Hualgayoc, que ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas según las informaciones locales. A raíz de este suceso, las organizaciones sociales emprendieron una serie de acciones de protesta para exigir la atención a la contaminación y que no se otorguen mayores permisos para actividades mineras, además, se instaló una mesa de trabajo liderada por el gobierno nacional.

Al cumplirse un año de este hecho, los dirigentes que encabezaron las protestas continúan exigiendo que la empresa se haga responsable de los daños producidos y una de las principales acciones que vienen realizando, tiene que ver con el seguimiento a la denuncia que interpusieron en la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Cajamarca en contra de Gold Fields.

El dirigente Víctor Hugo Cruzado publicó la Cédula de Notificación 2424-2019 incluyendo la Disposición N° 07-2019-FEMA, en la que se informa que Gold Fields solicitó al Ministerio Público la acumulación de la investigación de dos hechos. El primero por “la presunta infiltración permanente y continua del relave contenido en la relavera de la Unidad Minera Cerro Corona, de la Empresa Minera Gold Fields La Cima S.A. hacia aguas subterráneas – manantial Las Tomas”, de acuerdo a un informe de la Administración Local del Agua Chotano Llaucano de febrero del 2019. El segundo hecho, se refiere al derrame producido el 16 de diciembre del 2018 y que ya es de conocimiento público. No obstante, la conclusión de la Fiscal Gricelda Ysla fue que no procede la acumulación solicitada por la empresa, debido a que los hechos no son los mismos y, por lo tanto, las investigaciones preliminares tampoco investigan el mismo presunto hecho.

Asimismo, Víctor Hugo Cruzado junto al también dirigente Niño Benavides Marín, difundieron una carta abierta dirigida al alcalde provincial de Hualgayoc, Marco Aguilar, en la que le exigen que haga presión ante el gobierno nacional para que se cumplan los acuerdos firmados por los ministros de Energía y Minas y de Salud, durante una reunión a principios de febrero de este año y entre los que destacan la atención médica por dos años a personas y niños contaminadas con metales tóxicos como plomo y arsénico; construcción del hospital de Bambamarca y culminación del expediente técnico, financiamiento y construcción de la planta de tratamiento de agua potable para Bambamarca; igualmente, le solicitan que se continúe respaldando las acciones de protesta para que la empresa Gold Fields a modo de indemnización, construya una planta de tratamiento de aguas ácidas y realice la limpieza y descolmatación del río Tingo – Maygasbamba.

“Seguimos firmes en la defensa de la salud de nuestros hijos y población en general. Ahora se recuerda un año de la contaminación de la minera Gold Fields que derramó sus relaves matando todo ecosistema, hábitat y las aguas superficiales y subterráneas. Nuestra lucha contra los relaves de Gold Fields tiene que fortalecerse y todos retomar el paro suspendido hasta lograr justicia”, posteó Víctor Hugo Cruzado.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/exigen-que-el-gobierno-y-minera-gold-fields-respondan-por-derrame-producido-hace-un-ano-en?fbclid=IwAR2aExbVX2YC7DB6pVnf9xwaFp5bqaQrNyTkZtntjhET-61rWzRXscByZ7g

Perú

Ariana y Quiruvilca: Dos caras de una misma empresa beneficiada en perjuicio del Perú

Artículo de opinión de asesor de Red Muqui, Ing Juan Aste Daffós.

Cabe preguntarle al Director General de Minería, Oscar Alfredo Rodríguez Muñoz: ¿cómo así el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Dirección General de Minería (DGM), no se percató que Southern Peaks Mining (SPM), a través de su subsidiaria Minera Quiruvilca Limited, compró primero en junio 2012 la totalidad de la unidad minera Quiruvilca a la canadiense Panamerican Silver, propietaria de Cía Minera Quiruvilca, y luego SPM se la venda a ella misma a través de otras de sus subsidiarias, primero a Sociedad Minera Quiruvilca Inversiones SAC, en julio 2015, y luego a Cía Minera Quiruvilca, regresando al punto inicial; para en diciembre 2017 declararse en quiebra, dejando de operar desde enero 2018 en que abandonó la mina, con lo cual dejaba de cumplir con el plan de cierre?

La ejecución inmediata de la garantía vigente que mandata la Resolución de la Dirección General de Minería N° 0066 del 05 de marzo del 2018 al declarar el incumplimiento del plan de cierre de minas de la unidad minera Quiruvilca de la Cia Minera Quiruvilca SA, significaba el cobro del monto de la carta fianza y que la DGM se encargue de ejecutar el plan de cierre, sin embargo, este monto al ser insuficiente para cumplir con el plan, implicó un beneficio para la empresa SPM y un perjuicio para el Estado Peruano. ¿Quién calculó el monto de este plan y el de la carta fianza?: La Dirección General de Minería.

Para la empresa era mejor que le ejecuten la carta fianza porque se ahorraba dinero y la responsabilidad de asumir la remediación del pasivo ambiental, que, por lo que ocurrió, era de gran dimensión y riesgo ambiental, comprobado con el impacto ambiental del ingreso de mineros informales y con la rotura de los diques de las relaveras, en un breve tiempo luego que la empresa SPM, a través de Cía Minera Quiruvilca, abandonó la mina. Así, con suma facilidad, el plan de cierre pasó a ser un compromiso del Estado financiado en gran parte por todos los peruanos, y cuya elección de la empresa ejecutora se habría concretado desde la DGM a través de adjudicaciones directas (sin concurso) para el tratamiento de las aguas ácidas. Lo peor han sido las lamentables consecuencias de la contaminación de la cuenca del río Moche que condujo a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a declarar en emergencia esta cuenca. ¿Quiénes ganaron? Saquen sus conclusiones.

Pero, ¿quiénes son los representantes en el Perú de la empresa Southern Peaks Mining (SPM) cuyos capitales son del paraíso tributario de la isla Gran Cayman? Esta empresa es gestionada en el Perú principalmente por Enrique Ramírez Ostolaza, y Adolfo Vera Fernández, ex funcionarios de Volcan Cía Minera y de Cía Minera Quiruvilca, antes en manos de Panamerican Silver, y hoy SPM es la propietaria de Ariana Operaciones Mineras SAC, titular del proyecto Ariana. Las preguntas que se caen de maduras son ¿Cómo hizo SPM para que el 2016 MINEM le apruebe el EIA del proyecto Ariana ubicado entre las fuentes de agua para Lima ubicadas en la cabecera de la cuenca del Atlántico y que se derivan hacia la costa del pacífico mediante un túnel trasandino?

Agua de Lima en riesgo

Ello porque existe un alto riesgo de ingreso de material del relave a través de la boca del túnel y porque precisamente el EIA aprobado no contempla estaciones de monitoreo ambiental en la entrada y en la salida del túnel. Todos los componentes del proyecto han sido diseñados dentro de la huella colectora del Sistema Marca, por lo que cualquier derrame va a ir directo a los canales de coronación del sistema y de inmediato ingresará al túnel trasandino.

Lo cierto es que hay demasiadas coincidencias en favorecer a la empresa SPM que demandan una seria investigación y revisión del traslado y la responsabilidad del plan de cierre de la unidad Quiruvilca al Estado, así como, del proceso de aprobación del EIA del proyecto Ariana y los permisos. Al respecto, en la fundamentación de la aprobación del EIA, Informe 385-2016-MEM/DGAAM/DNAM/DGAM/D del 29 de abril 2016, se afirma que “(…) la propuesta de localizar el depósito de relaves colindante al túnel trasandino debe ser descartada y adjuntar otras alternativas viables para su ubicación (…)”, lo cual ha sido ratificado en la aprobación del EIA y consentido por la empresa minera, sin embargo, esta última insiste en construir la relavera en el mismo lugar, desacatando lo establecido en dicho informe de la certificación ambiental. La DGM no realizó un análisis de riesgo, incumpliendo con lo establecido en el anexo 07 del reglamento de seguridad minera del MINEM.

Por lo señalado, no hay las garantías del caso en el proyecto Ariana, y el sindicato y el directorio de Sedapal tienen razón en estar preocupados y alertas. Habría que saber quiénes son los verdaderos dueños de SPM y quiénes son los funcionarios que le han facilitado las cosas aun a riesgo de afectar a toda la población de Lima porque un aumento de la contaminación del agua para la ciudad capital del Perú se traduce en un mayor costo del procesamiento para obtener agua potable en la planta de La Atarjea, y esto presionaría al alza la tarifa pública del agua.

Preguntas: ¿Por qué la DGM no alertó del perjuicio para el Estado Peruano y el país en los casos de la unidad minera Quiruvilca y del proyecto Ariana? ¿Por qué se aprobó el EIA del proyecto Ariana sabiendo las implicancias de la contaminación y el costo de la disponibilidad del agua para la población de Lima? ¿Por qué la DGM no devolvió el expediente a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) para que esta revise la inconsistencia identificada en el EIA? ¿Qué garantías ofrece hoy SPM en el proyecto Ariana frente a la evidencia de hechos inaceptables para el país?

 

Fuente:https://muqui.org/noticias/ariana-y-quiruvilca-dos-caras-de-una-misma-empresa-beneficiada-en-perjuicio-del-peru/?fbclid=IwAR3CYyK_yMuZPoFJcdrNsGJ4xXjqaVTkfzIHlmvt0P3vhgZkTAYHCgOsrzw

 

 

Perú

Perú. El viejo cuento de “Agua Sí, Oro También” otra vez

Durante esta semana, nos sorprendió un artículo escrito por el conocido político y ex gobernador de Ica, Fernando Cillóniz, denominado “Agua sí, oro también”, el cual trata de recolocar en el debate la idea que solo la gran minería salvará al país, y que las resistencias y cuestionamientos de la gente, solo son radicalismos y manipulación de peligrosos antimineros.

El artículo se centra en “analizar” el caso Cajamarca,  a partir de la presencia de Minera Yanacocha y su aporte.  Es casi surrealista la forma como Cillóniz describe la supuesta época de oro y bonanza de Cajamarca- que dice haber conocido-  ubicándola entre el 2012 y los años siguientes.  Dice entonces que en aquella época,  Yanacocha llegó a producir tantas onzas de oro y había tanto dinero en Cajamarca, que se construían escuelas, hospitales, carreteras, reservorios, plantas de tratamiento de agua, etc., etc., etc.  Pero no queda ahí su relato, habla de los grandes bosques de pino que se sembraban,  la ganadería y la industria lechera que prosperaban, y la agricultura y la pisicultura que crecían de mano de “su” minería. Solo la faltó decir que la leche y la miel manaban por los campos.

Este artículo no debiera pasar de ser una anécdota, por la falta de rigurosidad mínima con la que escribe, proporcionando de manera ligera una serie de datos que solo con un poco de memoria y un primario googleo, se puede establecer que son falsos. No señor Cillóniz, el 2012 no era la época de la bonanza minera donde todo florecía,  fue la época del peor conflicto enfrentado con esta actividad, el conflicto Conga, que nos dejó 5 muertos y decenas de heridos.  No, esa no fue la época del boom y mayor producción de oro, el descenso progresivo de la producción y por tanto del canon minero, se verifica mas bien en esta etapa, concretamente del 2010 para adelante, y tiene que ver con el agotamiento de las reservas mineras y la intensa explotación sufrida por las vetas de alta ley.  Conforme a los propios datos del Ministerio de Energía y Minas, el año récord de producción de oro por Yanacocha fue en el 2005, cuando registró un volumen de 3 millones 333 mil 088 onzas troy, pero, para ser precisos la bonanza no era para los cajamarquinos, pues conforme a cifras del INEI, ese mismo año la región entraba en el primer quintil de pobreza, ocupando el cuarto lugar. En el 2012 ciertamente Yanacocha declaró las cifras más altas de inversión, pero ojo, la inversión de capital que hizo no fue para la construcción de escuelas, hospitales o sembrar árboles; fue para la construcción de Conga, su nueva mina que luego quedaría paralizada al evidenciarse los impactos que generaría y que no habían sido informados a la población.

Efectivamente, este artículo entonces no debería de pasar de ser solo una anécdota, de no ser porque tiene una clara finalidad: seguir afianzando el falso mito sobre el rol del extractivismo minero en el país, maximizando sus supuestos beneficios, tratando de ocultar los graves impactos a nivel ambiental y social que ha generado, e invisibilizando las serias distorsiones económicas que causan.

Que Cajamarca está en una etapa de desaceleración económica por las bajas recaudaciones que ahora tenemos, es cierto, sin embargo, la razón de ello, es la poca responsabilidad que se tuvo promoviendo una política extractivista en esta región, volviéndola dependiente de la minería, convirtiéndola en un enclave, que implicó que los esfuerzos se concentraran en privilegiarla, deprimiendo así las actividades tradicionales como la agricultura y ganadería.  Prueba de ello es que Cajamarca habiendo sido una de las cuencas lecheras más importantes de país antes de los 90, pasó a ser rebautizada abrupta y arbitrariamente como “Cajamarca región minera”, lo que causó un progresivo abandono de las políticas a favor de la agricultura, la ganadería o la forestación.

Los grandes beneficios tributarios, cambiarios y administrativos ofrecidos a la minería, hacían imposible que otras actividades económicas pudieran competir con la misma, y lo que es peor, los privilegios de esta actividad, que por ley fue calificada de Interés público y Necesidad Nacional [1], permitían que se desarrolle no solo sobre territorios tradicionalmente dedicados a la producción, sino sensibles ambientalmente, como las zonas colectoras de agua; aquello es lo que generó los conflictos, las resistencias, que aún subsisten en la región, sobre todo en la zona rural afectada que considera que el único “legado de la minería” fue dejarlos sin agua y contaminados.

Depender de una sola actividad económica, cuyo crecimiento y rendimiento depende de los mercados internacionales, es la forma más endeble y peligrosa de sustentar una economía, pues cuando las condiciones internacionales cambian, la economía interna cae estrepitosamente sin posibilidad de contrarrestar el efecto con otras actividades; es la “enfermedad holandesa” de la que hablan los economistas.   Esto es lo que está pasando en Cajamarca, años de extraer mineral, años de otorgar beneficios a la gran minería, sobre todo tributarios, años de deprimir a otras actividades económicas sostenibles, solo ha traído más riqueza para las trasnacionales, más miseria para Cajamarca, ahora ubicada en el primer lugar de pobreza en el país. La forma de distribución de los recursos recaudados en canon, sumada a sus restricciones legales y la falta de capacidad de gestión, no sirvieron para construir una sola carretera de envergadura, un solo hospital de primer nivel, o impulsar alguna otra actividad productiva.

Y como una cachetada a la pobreza de Cajamarca, este 5 de diciembre último, el gobierno publicó mediante decreto de urgencia la ampliación por 3 años más de un beneficio para las mineras, la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal.  Es decir en lugar de exigirles más inversión social o responder por los grandes daños ambientales provocados, les devuelve dinero, supuestamente para que sigan invirtiendo.

Así no podemos seguir promocionando esta actividad como la gran oportunidad de desarrollo, la evidencia no solo nos muestra lo contrario -por más que el señor Cillóniz y otros personajes nos quieran hacer creer en cuento-  sino que así como se promociona es una amenaza para los pueblos y sus modos de vida. Y en Cajamarca lo sabemos muy bien.

 

Fuente:https://kaosenlared.net/peru-el-viejo-cuento-de-agua-si-oro-tambien-otra-vez/?fbclid=IwAR1bQRQxyK_MqAzkIbVTEJjDHxS6sfaiZ5bnxtA57A3FTuHz6IoQhOJFn4U

Perú

Las Bambas: Publican decreto de urgencia para expropiar terrenos en Corredor Vial Apurímac-Cusco

El Ejecutivo publicó un decreto de urgencia que aprueba medidas extraordinarias para liberar y expropiar áreas en el Corredor Vial Apurímac-Cusco, también conocido como “corredor minero”.

Según el texto, el objeto de la norma es permitir el acceso a los servicios públicos y para ello, dispone la autorización de «la expropiación de las áreas que resulten necesarias”.

Como se recuerda, a lo largo del año, el corredor minero fue víctima de constantes bloqueos y declaratorias de emergencia, pues la población local protestaba por el transporte de minerales de la mina de cobre MMG Las Bambas en esa ruta hacia el puerto de Matarani (Arequipa). Actualmente, los vehículos circulan con normalidad.

Durante los próximos 30 días hábiles, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) deberá identificar el área para la ejecución de la obra, así como los afectados que ocupan y poseen las zonas requeridas.

La lista de personas naturales y jurídicas afectadas se publicará en los 10 días hábiles siguientes, luego que termine la labor de identificación del MTC.

Luego de la publicación, el afectado deberá acreditar su derecho sobre el área en cuestión. En caso de no hacerlo (o no aceptar el pago por el área), el MTC procederá a expropiar el terreno.

La compensación económica, como pago único hacia el afectado, será por un monto no menor a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor a 5 UIT. Es decir, actualmente se ubicaría entre S/ 4,200 y S/ 21,000.

“El valor de m2 de terreno, para los fines del presente Decreto de Urgencia, es el monto más favorable para el sujeto pasivo obtenido entre las tasaciones realizadas en el corredor vial a la fecha de emisión de la presente norma, distinguiéndose un valor para el tipo o uso de terreno, considerando las características homogéneas del terreno en cada uno de estos ámbitos”, señala el texto.

Además, el Gobierno señaló que garantiza “los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios”.

 

Fuente:https://gestion.pe/peru/las-bambas-publican-decreto-de-urgencia-para-expropiar-terrenos-en-corredor-vial-apurimac-cusco-nndc-noticia/?fbclid=IwAR2FVFZG6DbBiyK0Jz1MY74qJ9oz_JqUi8E7VVW2p4Bw16Xo_4quEAqTh5Q

Perú

Masivas protestas por el agua en Lima

En Lima y Callao cerca de medio millón de ciudadanos no tiene acceso al agua potable, millones no cuentan con un acceso de calidad según el INEI. Dada esta situación, en el último año nuevas amenazas al recurso vital han generado manifestaciones de la ciudadanía en la capital y el primer puerto. Esto refuerza los datos de la Defensoría del Pueblo que indican que el 30% de la conflictividad a nivel nacional se debe a la afectación del agua, de forma importante por parte de la minería irresponsable.

Al respecto, cabe señalar que Lima es una de las 20 ciudades del mundo con más alto riesgo de estrés hídrico ante el cambio climático. Las estimaciones que fechaban el 2030 como el año del agotamiento del recurso hídrico son cada vez más criticadas por evidencias de que el fenómeno sucederá antes.

En la capital, la constante contaminación de la actividad minera y la emisión del Decreto Supremo 214-2019 por parte del presidente Vizcarra que supone la posible privatización del SEDAPAL han generado multitudinarias movilizaciones. Dos marchas que en setiembre y noviembre movilizaron a más de 50 mil ciudadanos contra la afectación del servicio de agua y el proyecto minero Ariana. El Sindicato del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL) junto a diversas organizaciones ciudadanas organizaron las protestas, exigiendo además la protección de las fuentes de agua del río Rímac frente a la contaminación por pasivos ambientales mineros presentes en San Mateo.

Luisa Eyzaguirre, dirigente de SUTESAL, ha manifestado públicamente la oposición del sindicato al proyecto minero Ariana señalando que “Sutesal está pidiendo que el gobierno a través del ministerio de Energía y Minas le quiten la licencia de funcionamiento”. Según la dirigente, los principales conflictos en el mundo en la actualidad se dan por el agua y temas vinculados al medioambiente.

En este sentido, la campaña ambientalista mundial Viernes por el Futuro (Fridays For Future), reconocida por la activista Gretta Thunberg, ha sido acogida por organizaciones nacionales que luchan por el medioambiente. En Lima, con motivo de la COP25, el movimiento ha realizado protestas exigiendo al Ministerio del Ambiente nuevas políticas para reducir significativamente los gases de efecto invernadero y la protección de la amazonia y los sistemas hídricos.

La aceleración del movimiento ambientalista da cuenta de un cambio en la matriz de los procesos reivindicatorios. Reconocimiento que se plasmó en el enfoque en saneamiento que se impulsó en el gobierno de PPK que vuelve a cobrar relevancia ante la afectación del recurso vital. En el contexto presente, inclusive un análisis moderado indicará que la lucha por el agua se tornará cada vez más en un tema gravitante de la agenda pública y que los responsables de su afectación tarde o temprano tendrán que asumir los impactos que generan.

16 de diciembre 2019

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/12/16/masivas-protestas-por-el-agua-en-lima/?fbclid=IwAR3ZzdT_lYcPZU6mgxTKTpVaSYoYdhUxgptFEHCD-G5T6plxBKyXCV4Lf3g

Perú

Corredor minero: Modifican norma que autorizaba expropiación de terrenos por adquisición

El 12 de diciembre se publicó en el diario El Peruano un Decreto de Urgencia que permite la adquisición de terrenos en el corredor minero en el tramo Apurímac – Cusco para la ejecución de obras viales, consideradas de necesidad pública e interés nacional.

Sin embargo, su publicación ha llamado la atención, ya que en el Decreto de Urgencia Nº 026-2019 se señala expresamente la aprobación de “medidas extraordinarias de liberación y expropiación de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el corredor vial Apurímac-Cusco”. Horas después, El Peruano publicó una corrección (Fe de Erratas) en la norma, cambiando el término «expropiación» por «adquisición» y eliminando «liberación».

A raíz de esto, la organización Cooperacción se ha pronunciado calificando de inconstitucional la norma, y asegura que esta contiene «vicios de inconstitucionalidad», así se haya retirado la palabra expropiación. También señala que debe respetarse la integridad patrimonial de todo ciudadano(a), ya que representa uno de los más importantes bienes jurídicos en un Estado de Derecho.

Con su aprobación, la norma faculta al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) definir las condiciones de adquisición de los terrenos que se identifiquen como necesarios para ser adquiridos y precisar quiénes serán los afectados, ya sean personas individuales o comunidades.

 

Fuente:https://wayka.pe/corredor-minero-modifican-norma-que-autorizaba-expropiacion-de-terrenos-por-adquisicion/?fbclid=IwAR3pIPUbR-Wm5NzIa5-keZd4SS4Oe4CspovUA8AVGZ7B4wEF7X6ssrBfyGo

Perú

Comunidad indígena sufre epidemia de envenenamiento por mercurio

El diario inglés, The Guardian, informó que los Nahua, comunidad indígena de la amazonía ubicada en una de las zonas más alejadas de la selva peruana, viene sufriendo una epidemia de envenenamiento por mercurio.

Nahua fue una etnia no contactada hasta mediados de la década de los ochenta. Luego del primer contacto, la mitad de su población murió a causa de enfermedades. Quedaron, al menos, 500 habitantes.

El ministerio de Salud (Minsa), sabía de la epidemia desde el 2014. En esa fecha, una madre y su bebé de seis meses, que padecía una neumonía severa, llegaron a una clínica de Lima.  Ambos fueron diagnosticados con contaminación por mercurio.

Además, en setiembre del 2015, autoridades nacionales y regionales de salud, tomaron más de 150 pruebas de orina al 41% de la población de Nahua. De ellos, el 78% tenía altos niveles de contaminación. El más alto lo padecía una adolescente de 14 años y el segundo más alto un joven de 27 años. Además, se supo que la contaminación también se daba a través de la lactancia de las madres y sus hijos.

Minsa sí lo sabía

El ministerio de Salud asegura, en un comunicado, que ni bien se enteraron de la epidemia en  2015, se declaró la emergencia sanitaria en Santa Rosa de Serjali en la región Ucayali. Además la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP) ha venido desarrollando acciones vinculadas a la buena alimentación, prácticas saludables y vacunación.

Tambien se “desarrollaron campañas de asistencia integral en salud a la población Nahua en contacto inicial de la Comunidad Nativa de Santa Rosa de Serjali, ubicado dentro de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros”.

The Guardian también reporta que ni la ingesta de pescado o la extracción de oro son causas de la epidemia por mercurio y que no se consiguió información sobre el gas de Camisea. Además, ni el Ministerio de Energía y Minas, ni Pluspetrol dieron detalles sobre el volumen de mercurio permitido

Los Nahua se mueren

Dos jóvenes de la comunidad de Nahua han muerto durante las últimas semanas. Daniel Dixpopidiba Shocoroa y Ruben Yuradahua Shure tenían poco más de 20 años. De los dos, Yuradahua falleció por tuberculosis pulmonar a causa de la contaminación por mercurio. Según la Organización Nacional de la Salud (OMS), las altas dosis de mercurio pueden afectar al corazón, los pulmones y los riñones.

 

Fuente:https://wayka.pe/comunidad-indigena-epidemia-mercurio/?fbclid=IwAR1P4tiigGeApzrZJtWLUYGBsreBgr6Rp-4B5lHSVQZhwpbKRdKFSPMHZzM

Perú

Moquegua: En enero de 2020 acaban mesas por Quellaveco

En esa fecha recién se conocerá si la ejecución del proyecto Quellaveco impactará en el agua de la cuenca. El análisis de las muestras se hará en un laboratorio neutral.

Moquegua. El informe del Grupo de Trabajo de Tumilaca, creado por el Gobierno para despejar las dudas de los agricultores, concluirá la quincena de enero de 2020.

Según el coordinador Guido Herrera, en esa fecha recién se conocerá si la ejecución del proyecto Quellaveco impactará en el agua de la cuenca.

Los técnicos de los organismos del Estado, así como de los agricultores, realizaron la semana pasada un trabajo de georreferenciación en el campamento. Herrera dijo que regresarán nuevamente a realizar el monitoreo. El análisis de las muestras se hará en un laboratorio neutral.

Mencionó que cabe la posibilidad de que se amplíe el trabajo unos 15 días. En Tumilaca, los agricultores protestaron hasta en dos oportunidades en contra del proyecto cuprífero. Temen que con la construcción se contamine el agua de la cuenca.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/12/moquegua-en-enero-de-2020-acaban-mesas-por-quellaveco-lrsd/

Perú

Millones de peruanos desconocen que mina puede dejarlos sin agua, según ONGs

Lima- Más de diez millones de peruanos desconocen que corren el riesgo de quedarse sin agua por una mina en la altura de los Andes que puede contaminar la principal fuente de abastecimiento de agua para Lima y Callao, advirtieron este martes organizaciones que buscan detener el proyecto minero.

La mina de cobre y zinc Ariana tiene previsto operar en el entorno de la laguna de Marcapomacocha, cuya agua es trasvasada por un túnel que cruza la cordillera de los Andes para suplir las necesidades hídricas de Lima, la segunda ciudad más grande del mundo después de El Cairo asentada en medio de un desierto.

Por ello las organizaciones CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal (IDL), que ya han denunciado este tema en ocasiones anteriores, presentaron un recurso de amparo para detener el proyecto hasta que existan las suficientes garantías de que no hay riesgo de que la actividad minera contamine el agua de la que depende una tercera parte de la población total de Perú.

«El caso ya está para sentencia. Ojalá que el Poder Judicial pueda tomar conciencia de este problema y podamos tener una sentencia para fines de este año o en la primera semana de enero», indicó a Efe la abogada del IDL Maritza Quispe.

Según la letrada, el proyecto minero Ariana amenaza tres aspectos fundamentales de la Constitución peruana, que son el derecho al agua, al medioambiente y a la salud, y así lo sustentaron ante el Sexto Juzgado Constitucional de Lima, encargo de emitir un fallo en este caso.

RESIDUOS MINEROS A 500 METROS DEL TÚNEL

Para la excongresista Marisa Glave el riesgo de contaminación de las aguas que abastecen a Lima es evidente, porque la laguna de residuos de la mina se ubicará a menos de 500 metros del túnel transandino, cuya estructura no es impermeable para recoger también el agua que se filtra dentro de las montañas.

También las operaciones de la mina pasarán muy cerca de dos lagunas que nutren de agua a Marcapomacocha y utilizarán el curso de un río contemplado en un futuro para conducir sus aguas para el trasvase hacia Lima, aseguró Glave a Efe.

Asimismo, la exlegisladora advirtió presuntas irregularidades en el estudio de impacto ambiental, pues aparentemente el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no insistió en pedir a la empresa que haga estudios más detallados sobre la eventual filtración de aguas en la zona y dio luz verde para que la mina empiece a operar.

«El Minem ha cometido un error grave al aprobar así el estudio de impacto ambiental. Estamos de acuerdo con la exigencia del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) de hacer estudios internacionales complementarios», añadió.

DESCONOCIMIENTO GENERAL

Por su parte, el director de CooperAcción, José De Echave, indicó a Efe que gran parte de la preocupación que genera este proyecto se basa en que ha sido aprobado por todas las instancias del Estado con el desconocimiento de casi toda la población de la capital peruana.

«La población de Lima no está enterada de que en la cabecera de cuenca que abastece de agua a la ciudad se está ubicando un proyecto minero que, desde nuestro particular punto de vista, pone en riesgo ese abastecimiento. Es esencial que la gente esté informada», sostuvo.

El también exviceministro de Ambiente aseguró que la oposición a este proyecto no es una cuestión antiminera, ya que la cartera de proyectos de este tipo en Perú se acerca a los 60.000 millones de dólares y la inversión de Ariana es de solo 125 millones de dólares.

«Ariana es un excelente ejemplo de donde no debería haber actividad minera, precisamente en este tipo de ecosistemas que prestan servicios ambientales sumamente importantes», concluyó.

UN RIESGO INEXISTENTE, SEGÚN LA MINERA

En un artículo publicado este miércoles en el diario La República, el portavoz de Ariana, Luis Pariona, afirmó que el riesgo de contaminación de las aguas de Lima es inexistente y acusó a CooperAcción de desinformar para paralizar el proyecto y de dañar la causa ambiental en Perú.

«Es un riesgo que no existe, una falsedad que no han podido demostrar. Pero, al parecer, esto no les importa mucho, que sus objetivos de grupo están por encima de la veracidad, el prestigio y la legitimidad que una causa colectiva y derecho fundamental, como el acceso al agua potable, debe tener», señaló Pariona.

Ariana, que se ubica entre las regiones de Lima y Junín, en el centro del país, tiene previsto contar con una planta para procesar un máximo de 2.000 toneladas métricas de cobre para comenzar a producir al año entre 45.000 y 50.000 toneladas de cobre y cerca de 30.000 toneladas de zinc.

Fuente:https://es.finance.yahoo.com/noticias/millones-peruanos-desconocen-mina-dejarlos-agua-ongs-230823294–sector.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tLw&guce_referrer_sig=AQAAAEHPiGNj9PQByEeBBY8VbPAxBr3C1u0NBTdveSNcCXwEKhJKDmaxq_y8Zb515X3CuiW1juK88Rt7uNgUVHq0C0jfkHSj2VsgKfap8GdkuG9ReOb0RSLs76fvmivtUcD2ar4A_ApTzchlXYBHPupGWUw_XeCSmtvu-GvS2mP0GryW&_guc_consent_skip=1576237796
Perú

Expropiación en el corredor minero del sur andino

El día 12 de diciembre fué publicado en El Peruano el Decreto de Urgencia Nº 026-2019, que “Aprueba medidas extraordinarias de liberación y expropiación de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el corredor vial Apurímac-Cusco”. Esta norma ha sido emitida por el Poder Ejecutivo haciendo uso de la facultad que tiene de legislar mediante decretos de urgencia, luego de que se disolviera el Congreso de la República (Decreto Supremo N° 165-2019- PCM) el 30 de octubre pasado y que se extenderá hasta la instalación del nuevo Congreso.

En el artículo 2 de este Decreto de Urgencia se declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la obra de infraestructura denominada “Corredor Vial Apurímac – Cusco”, y, como consecuencia, autoriza la expropiación de las áreas que resulten necesarias para tales fines.

La norma faculta al Ministerio de Transporte y Comunicaciones a definir las condiciones de expropiación de los terrenos que se identifiquen como necesarios de ser expropiados, y a precisar quiénes serán los afectados (personas individuales y comunidades).

Con la expropiación se estaría dejando de lado la negociación con los propietarios o posesionarios afectados por la construcción o ampliación de la carretera que se usa para el transporte minero de Las Bambas. Estas negociaciones se llevaban a cabo para regularizar la situación legal de los predios usados sin el consentimiento de sus propietarios.

Una de las preguntas a realizarse es si es constitucional aprobar una expropiación por decreto de urgencia, considerando que la integridad patrimonial de todo ciudadano(a) representa uno de los más importantes bienes jurídicos en el Estado de Derecho peruano. Además, existen condiciones estrictas y explícitas que se tienen que cumplir para evitar actos arbitrarios de la administración pública contra la población.

Así tenemos que, las normas que desarrollan los mecanismos de expropiación para proyectos de inversión pública establecen que la expropiación es “autorizada únicamente por ley expresa del Congreso en favor del Estado”[1]. Esta posición también ha sido recogida por la doctrina y diversas sentencias del Tribunal Constitucional (TC). Como señala este Colegiado, “se estará ante supuestos inconstitucionales de privación del derecho de propiedad, cuando: a) no exista una ley del Congreso de la República que declare la expropiación sino otra norma con rango de ley”. En los supuestos que el Estado expropie sin cumplir este requisito, “confisca el derecho de propiedad por cuanto se apodera de la totalidad o de una parte considerable de los bienes de una persona sin que exista ley del Congreso de la República o sin que se presenten algunos de los motivos contemplados en la Constitución para que proceda la expropiación, o sin indemnización”[2].

Además, las medidas de expropiación siempre tienen un carácter particular, porque permiten determinar al sujeto pasivo (al que va a ser expropiado) y el bien inmueble objeto de la expropiación. Sin embargo, en el caso de este Decreto de Urgencia para el corredor minero, no se puede determinar claramente la dimensión de los afectados o la condición de los inmuebles que serían expropiados. Esta ambigüedad de la norma podría facilitar que también se expropien otros terrenos cercanos al corredor minero, alegando que estos tienen carácter estratégico para facilitar la pacificación de la zona y la viabilidad de carretera. El “interés nacional” que sustenta las medidas de expropiación podría dar lugar a una serie de arbitrariedades.

Tampoco se puede dejar de mencionar el componente político que encierra esta norma. La próxima semana se tienen programadas 3 reuniones de la Mesa de Diálogo de Cotabambas, que se han reiniciado tras los reacomodos que siguieron al cierre del Congreso. Nos preguntamos, cómo van a ir las autoridades del Estado a negociar con las comunidades habiendo aprobado una norma de estas características, pues esta medida genera un clima de desconfianza.

Consideramos que una decisión de este tipo puede causar mayor tensión social en una zona que se ha caracterizado en el último año por numerosas protestas sociales, tal como lo ha registrado el último Observatorio de Conflictos mineros del Perú.

Lea el Decreto de Urgencia Nº 026-2019 publicado hoy en el Diario El Peruano:

NORMAS- DECRETO URGENCIA EXPROPIACIÓN CORREDOR MINERO DIC 2019

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/expropiacion-en-el-corredor-minero-del-sur-andino/?fbclid=IwAR0RkyKWrVvBcpJAhXuCACOFgSD2HalE3kYBOiCumRfwHgDwKprhiTWdUUA