Desechos mineros de la mina Cobriza de Doe Run cayeron al río Mantaro, en Huancavelica, y causaron que tres mineros queden atrapados. Yanet Meza, alcaldesa de San Pedro de Coris, informó que hasta el lugar llegaron representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para investigar el impacto ambiental del relave.

Los mineros David Estrada, Ismael Javier y Jaime Huamaní fueron reportados como muertos a primeras horas del día. Sin embargo, Meza precisó que ellos se encontrarían vivos, por lo que vienen trabajando para rescatarlos.

“Hasta donde sabemos, a las 2 de la tarde, nos dijeron que posiblemente hay signos de que hay personas sobrevivientes. Han habido respuestas de señales de vida y están haciendo la labor de rescate y de oxigenación a la zona”, reveló.

El relave llegó hasta el río Mantaro después de que el muro de contención de la mina se rompiera en la zona 50 sur. La alcaldesa contó que los desechos de procesos mineros cayeron hacia la zona 28 sur como si fuera un huayco.

“No tenemos detalle (sobre cómo se originó la ruptura). Uno de los trabajadores es hijo comunero de la comunidad de San Pedro de Coris. Hasta el momento no hemos hablado con el Ministerio del Interior. Pero sí con la ANA”, declaró en Canal N.

La tragedia ocurrió a las 2 de la mañana de este sábado 21 de diciembre. Personal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) viene investigando cómo inició la ruptura del muro de contención.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/22/huancavelica-desechos-de-procesos-mineros-de-doe-run-caen-a-rio-mantaro-video/?fbclid=IwAR1QamC_X-S9tBI56aNl_V7AL0OtDg6Wg1WjXmOj6H4gn7YqT_MRe87Gjc0

El pasado 19 de diciembre se reunieron en la provincia de Espinar, Cusco, una comitiva del Poder Ejecutivo y representantes de las 13 comunidades de la zona de influencia de la mina Tintaya–Antapaccay y de la ampliación Coroccohuayco. La reunión tenía por finalidad dar seguimiento al compromiso asumido por el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, en la reunión del 19 de noviembre, relacionado con la implementación del proceso de consulta previa para el Proyecto Ampliación Coroccohuayco. En esta última reunión se acordó que las sesiones preparatorias para la realización de la consulta se iniciarían a fines de enero del próximo año, y que cada comunidad podría presentar su propio plan de consulta.

La gran pregunta es si este hecho constituye un avance en la implementación de la consulta en los términos señalados por el Convenio 169 de la OIT. Consideramos que no, y por el contrario, estamos ante un acto de mala fe por parte del Gobierno contra las comunidades, por las siguientes razones:

1. En el Perú, la consulta previa en el sector minero representa solo un acto formal. Esta se implementa antes de que se emita la autorización de inicio de actividades, y es esa la medida administrativa que se pone en consulta.
2. La autorización de inicio de actividades es una medida de tipo fast checking, que solo verifica el cumplimiento de requisitos que las empresas mineras previamente deben cumplir para iniciar actividades de exploración, explotación o beneficio minero, como por ejemplo contar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado.
3. Es decir, la consulta se realiza al final de la cadena de decisiones, cuando todos los permisos que ponen las condiciones para que el proyecto se lleve a cabo están aprobados y consentidos, incluyendo el EIA. Por tanto, en el momento de la consulta ya nada se puede cambiar, y los pueblos indígenas no tienen la posibilidad de influir eficazmente en la determinación de condiciones para el desarrollo de proyectos mineros. Como lo ha señalado CooperAcción en reiteradas oportunidades, bajo este esquema se resta eficacia al derecho a la consulta, vaciándolo de contenido.
4. Es por esa razón que las comunidades de la zona de influencia del Proyecto Ampliación Coroccohuayco, venían demandando que se consulte la Modificatoria del EIA (MEIA) de este Proyecto, ya que este es el documento que define la forma en que la mina impactará en el ambiente y las comunidades de la zona de influencia. Consultar la MEIA implicaba que se modificara la normativa sectorial, para que la consulta pudiera aplicarse en el momento mismo de su evaluación y antes de que fuera aprobado.
5. Pero nada de ello se hizo. Por el contrario, el 17 de diciembre, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) aprobó la MEIA Coroccohuayco de forma sorpresiva. Este hecho imposibilita en la práctica que esta MEIA sea tema de discusión en el proceso de consulta anunciado para inicios del próximo año.
6. Por lo tanto, con una MEIA aprobada, ya no habría medida administrativa consultable en lo inmediato. Y para el caso de Coroccohuayco, todavía se tienen que aprobar otros permisos previos para llegar a la etapa final de solicitud de inicio de actividades. Ello hacía imposible implementar en lo inmediato la consulta previa, lo cual había sido un compromiso asumido por el Gobierno hace un mes atrás.
7. Es por esta razón que el mismo 19 de diciembre, el Gobierno publicó en El Peruano la Resolución Ministerial (RM) N° 403-2019-MINEM/DM, que señala los procedimientos administrativos del subsector minero sobre los cuales corresponde realizar consulta previa. Esta es una norma hecha con nombre propio para el Proyecto Coroccohuayco. En esta RM, los supuestos en los cuales cabe aplicar la consulta previa son los mismos que ya estaban regulados (autorización de inicio de actividades).
8. En lo que hay variación corresponde al momento o a la oportunidad de implementación de la consulta previa. En esta RM se deja abierta la posibilidad de que la consulta se pueda realizar “luego de la admisión a trámite del instrumento de gestión ambiental” y hasta antes de la autorización de inicio/reinicio de actividades. Es decir, la RM establece un margen amplio de tiempo dentro del cual se puede realizar la consulta previa, pero siempre supeditando su implementación a que se discuta solamente el supuesto descrito previamente: la autorización de inicio de actividades.
9. Por lo tanto, considerando que la consulta previa para Coroccohuayco se iniciará a fines de enero del próximo año, esta RM habilita al Gobierno a realizar la consulta sin la necesidad de que el titular de la mina (la multinacional Glencore) haya cumplido con todos los requisitos previos para llegar a la última etapa del proceso de evaluación, con la autorización de inicio de actividades.
10. A partir de lo expuesto, consideramos que nos encontramos ante artimañas legales y normas Ad hoc para favorecer la ejecución de proyectos mineros determinados, como es el caso de Coroccohuayco, sacándole la vuelta al reclamo de las comunidades para que se consulten aspectos que realmente permitan garantizar la vigencia de sus derechos colectivos.
11. Por último, consideramos necesario aclarar cuanto antes los alcances de este proceso de consulta anunciado, a fin de que no sea una mera formalidad que genere nuevas frustraciones y riesgos sobre derechos tan importantes que están en juego en este caso, como el acceso al agua o el derecho a un reasentamiento que cumpla estándares internacionales de protección de pueblos indígenas.

23 de diciembre de 2019

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/estamos-ante-un-acto-de-mala-fe-del-gobierno-en-el-caso-coroccohuayco/

La madrugada de este lunes 23 de diciembre rescataron a dos de los tres mineros que quedaron atrapados en la mina Cobriza de Doe Run, en Huancavelica. Ellos desaparecieron tras el desborde de un depósito de relaves el pasado sábado 21.

Los trabajadores que están a salvo son el operador de maquinaria Jaime Huamán Huamaní y el comunero del poblado de Pumamarca, Ismael Taype Javier. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros de Cobriza, Elvis Yupanqui Camarena, informó que es poco probable que encuentren con vida al ingeniero de seguridad David Estrada Carhuallanqui.

«Posiblemente él se encuentra atrapado en una camioneta que también fue sepultada por el relave. No se han reportado señales de vida”, contó.

Después de ser salvados por la Cuadrilla de Rescate integrado por los trabajadores de la minera Doe Run, Huamán y Taype fueron trasladados a un centro médico de Cobriza para que los estabilicen. Se recuperarán en un nosocomio de Huancayo.

Las sanciones que se impondrán a la minera se determinarán en una reunión con el Ministerio de Energía y Minas a la que acudirá Yupanqui y la firma Carrizales, empresa liquidadora de la mina.

“Es preocupante toda esta situación, existe una posibilidad de parar las operaciones de la mina, somos más de 600 trabajadores y todos los pueblos aledaños que viven de la minería”, opinó.

Yanet Meza Aguirre, alcaldes de San Pedro de Coris, distrito donde ocurrió el accidente, anunció que cerraron las vías desde el poblado de Chonta – Oxapata (carretera Huancayo – Ayacucho) y los ingresos a Expansión – Cobriza.

“Queremos la liberación del fideicomiso para reactivar las operaciones de la Unidad Minera Cobriza, debido a la insolvencia económica que causa todos los accidentes durante este año”, señaló.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/23/huancavelica-rescatan-a-dos-mineros-de-doe-run-que-quedaron-atrapados-tras-desborde-de-relave/?fbclid=IwAR1BGdtk-6UqMDAMKbIVJbMTf-dyh8o_E7JnrlxnXHLCEqp3ejPUT7S3Axo

Más de diez millones de peruanos desconocen que corren el riesgo de quedarse sin agua por una mina en la altura de los Andes que puede contaminar la principal fuente de abastecimiento de agua para Lima y Callao, advirtieron organizaciones que buscan detener el proyecto minero.

La mina Ariana, de cobre y zinc, tiene previsto operar en el entorno de la laguna de Marcapomacocha, cuya agua es trasvasada por un túnel que cruza la cordillera de los Andes para suplir las necesidades hídricas de Lima, la capital peruana. Se trata de la segunda ciudad más grande del mundo después de El Cairo asentada en medio de un desierto.

Por ello las organizaciones CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal (IDL), que ya han denunciado este tema en ocasiones anteriores, presentaron un recurso de amparo para detener el proyecto hasta que existan las suficientes garantías de que no hay riesgo de que la actividad minera contamine el agua de la que depende una tercera parte de la población total de Perú.

“El caso ya está para sentencia. Ojalá que el Poder Judicial pueda tomar conciencia de este problema y podamos tener una sentencia para fines de este año o en la primera semana de enero”, indicó a Efe la abogada del IDL Maritza Quispe.
Las lagunas están ubicadas a más de 4.500 metros de altura.

Según la letrada, el proyecto minero Ariana amenaza tres aspectos fundamentales de la Constitución peruana, que son el derecho al agua, al medioambiente y a la salud, y así lo sustentaron ante el Sexto Juzgado Constitucional de Lima, encargado de emitir un fallo en este caso.
RESIDUOS MINEROS A 500 METROS DEL TÚNEL

Para la ex congresista Marisa Glave el riesgo de contaminación de las aguas que abastecen a Lima es evidente, porque la laguna de residuos de la mina se ubicará a menos de 500 metros del túnel transandino, cuya estructura no es impermeable para recoger también el agua que se filtra dentro de las montañas.

El túnel atraviesa la cordillera de los Andes (foto: CooperAcción)
También las operaciones de la mina pasarán muy cerca de dos lagunas que nutren de agua a Marcapomacocha y utilizarán el curso de un río contemplado en un futuro para conducir sus aguas para el trasvase hacia Lima, aseguró Glave a Efe.

Asimismo, la ex legisladora advirtió presuntas irregularidades en el estudio de impacto ambiental, pues aparentemente el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no insistió en pedir a la empresa que haga estudios más detallados sobre la eventual filtración de aguas en la zona y dio luz verde para que la mina empiece a operar.

“El Minem ha cometido un error grave al aprobar así el estudio de impacto ambiental. Estamos de acuerdo con la exigencia del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) de hacer estudios internacionales complementarios”, añadió.

Meses atrás, el abogado Juan Carlos Ruiz recordó que la minera Southern Peaks, a cargo de la concesión minera Ariana, tiene malos antecedentes en la mina Quiruvilca, donde “dejó altos niveles de contaminación en las aguas”.
Lima ya pasó cuatro días consecutivos sin suministro de agua en 2017 cuando los constantes deslizamientos de tierra sobre el río Rímac por las intensas lluvias en la sierra andina impedían captar agua potable para la población, que hizo largas colas en depósitos para conseguir agua repartida en cisternas.

Lima, frente al Océano Pacífico, está construida sobre un desierto y no cuenta con muchas alternativas para el suministro de agua (Shutterstock)

DESCONOCIMIENTO GENERAL
Por su parte, el director de CooperAcción, José De Echave, indicó a Efe que gran parte de la preocupación que genera este proyecto se basa en que ha sido aprobado por todas las instancias del Estado con el desconocimiento de casi toda la población de la capital peruana.

“La población de Lima no está enterada de que en la cabecera de cuenca que abastece de agua a la ciudad se está ubicando un proyecto minero que, desde nuestro particular punto de vista, pone en riesgo ese abastecimiento. Es esencial que la gente esté informada”, sostuvo.

El también ex viceministro de Ambiente aseguró que la oposición a este proyecto no es una cuestión antiminera, ya que la cartera de proyectos de este tipo en Perú se acerca a los 60.000 millones de dólares y la inversión de Ariana es de solo 125 millones de dólares.
“Ariana es un excelente ejemplo de donde no debería haber actividad minera, precisamente en este tipo de ecosistemas que prestan servicios ambientales sumamente importantes”, concluyó.
Para la minera, no hay riesgo
En un artículo publicado este miércoles en el diario La República, el portavoz de Ariana, Luis Pariona, afirmó que el riesgo de contaminación de las aguas de Lima es inexistente y acusó a CooperAcción de desinformar para paralizar el proyecto y de dañar la causa ambiental en Perú.

“Es un riesgo que no existe, una falsedad que no han podido demostrar. Pero, al parecer, esto no les importa mucho, que sus objetivos de grupo están por encima de la veracidad, el prestigio y la legitimidad que una causa colectiva y derecho fundamental, como el acceso al agua potable, debe tener”, señaló Pariona.

Ariana, que se ubica entre las regiones de Lima y Junín, en el centro del país, tiene previsto contar con una planta para procesar un máximo de 2.000 toneladas métricas de cobre para comenzar a producir al año entre 45.000 y 50.000 toneladas de cobre y cerca de 30.000 toneladas de zinc.

Fuente:https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2019/12/12/mas-de-10-millones-de-peruanos-podrian-quedarse-sin-agua-por-la-construccion-de-una-mina/?fbclid=IwAR3wLm9c5e0YOM8mI6rF8bBgu9ZEEW3Uk2mZZKwN9orpE0gTKgOiYvKtSQ4

Derechos Humanos sin Fronteras ha publicado en el 2019 el libro ‘Mujeres, Minería y Salud Mental. Afectaciones psicoemocionales en las mujeres en comunidades del entorno minero Tintaya-Antapaccay en Espinar, Perú’, que es el producto de una investigación que inició en el 2017. En las siguientes lineas compartimos con ustedes el contexto social en la provincia cusqueña de Espinar,  principales hallazgos, metodología que se usó para la investigación y recomendaciones.

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Contexto

Es reconocido a nivel mundial que proyectos mineros de gran escala generan una afectación mayor y diferenciada en las mujeres que en los varones, por su condición de desventaja social. Esta situación es preocupante para las mujeres de la provincia de Espinar, quienes por más de 35 años, son afectadas por los cambios sociales, ambientales y económicos generados por la actividad extractiva.

Objetivos

Se realizó este estudio para identificar las afectaciones psicoemocionales que genera el actual proyecto minero Tintaya-Antapaccay en las mujeres, como consecuencia de los impactos que genera en el tejido social, la economía y en la salud fisiológica de los pobladores de comunidades aleñadas al proyecto y en la ciudad de Yauri. Específicamente, se evaluó la presencia de estados emotivos negativos como la depresión y ansiedad y sus principales causantes.

Metodología

Durante 2017 y 2018 se realizaron entrevistas semi-estructuradas y grupos focales con 56 participantes: mujeres directamente afectadas, representantes de organismos del Estado y miembros de organizaciones sociales en Espinar, y se aplicó test psicológicos a 40 mujeres de 8 comunidades del entorno del proyecto minero.

Resultados

Se identificaron las siguientes emociones y principales factores causantes, directamente relacionados a los impactos diferenciados que el proyecto minero genera en las mujeres:

· Preocupación por sobrevivir

· Miedo a padecer enfermedades

· Frustración por ingresos económicos restringidos

· Tristeza y soledad por la venta de terrenos

· Indignación por el no cumplimiento de acuerdos

· Angustia por omisión a la asistencia familiar

· Desconfianza de todos

· Menosprecio de la mujer por “dejar valores”

La aplicación de los tests y entrevistas psicologicas revelaron que 26 de las 40 mujeres tamizadas sufren de algun tipo de depresion clinica (por comunidad minimo un caso) y que de esta cifra, 16 mujeres presentan un nivel de depresion leve; 9 moderado y 1 grave.

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Principales Hallazgos

El enfoque en las afectaciones psicoemocionales identifico casos de depresión clínica en casi dos tercios de las mujeres tamizadas que junto con la expresión del conjunto de emociones negativas, relacionadas con la depresión y ansiedad clínica, por la mayoría de las mujeres entrevistas y que surgen y son directamente relacionadas por los impactos diferenciados del proyecto minero, revelan un estado frágil y preocupante en su salud mental.

Problemas a nivel personal, familiar y comunal, centrados en dificultades económicas, la soledad física e incertidumbre sobre el estado de su salud y supervivencia, más las consecuencias de los problemas sociales que se dieron en la zona durante el conflicto social de 2012, fueron factores y eventos más resaltados por mujeres diagnosticadas con depresión clínica.

La contaminación ambiental, la desolación y las consecuencias socioeconómicas negativas que el proyecto minero genera en la mujer, se vuelven factores agraviantes y causantes de estados de emotivos negativos.

El contexto de conflicto significa ruptura de lazos sociales, desintegración de espacios organizativos e incremento de enfrentamientos y situaciones sociales negativas, que altera el estado psicoemocional de las mujeres, lo cual es preocupante ya que esta situación también destruye el soporte emocional que ellas necesitan para manejar y sobrellevar las situaciones negativas.

La violencia continua que viven las mujeres es como una falla central, situando su salud mental en un estado de fragilidad. Junto con la suma de afectaciones diferenciadas que ellas viven por el proyecto minero, las mujeres son más vulnerables a desarrollar estados psicoemocionales negativos y trastornos psicológicos.

Recomendaciones

Soporte y atención psicológica: Mujeres viviendo en este contexto minero requieren de soporte emocional de profesionales y la creación de espacios no profesionales, para revertir el desarrollo de estados depresivos leves y moderados ya presentes, al igual que fortalecer su capacidad de manejar emociones negativas y traumas, limitando el desenlace de trastornos psicológicos. Esta atención y espacios para las mujeres deben de ser continuos, con enfoque de interculturalidad, de derechos y de género, ya que la salud mental y estados emotivos no se pueden remediar con una sola intervención.

Entidades del estado (a nivel local, regional y nacional), como garantes de derechos frente a los impactos diferenciados y en su responsabilidad de proveedor de servicios básicos como salud y

acceso a la justicia, deben tomar todas las medidas necesarias para atender y prevenir la afectación negativa en la salud mental de poblaciones impactadas por el proyecto minero, lo que abarca las dimensiones económica, social y ambiental, asegurando que el plan integral de salud incluya atención de salud integral –psicológica y física- especialmente para pobladores que viven en el entorno del proyecto minero, con enfoque especial en las mujeres que viven en asilamiento.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/5289-2/?fbclid=IwAR3Yn3kF2O2yfXj9GKXdGrtRepAK-F82VgncbxWQK_1t8hkvAj0kgDz7OFQ

En noviembre, la Defensoría del Pueblo reportó 81 focos de convulsión social en territorios concesionados a mineras. Canadá es un país minero como el Perú y se configura como panacea de buenas prácticas comunales. ¿En verdad existe una receta para evitar los conflictos sociales?

En un hecho sin precedentes, el Gobierno de Vizcarra emitió una norma y esta fue modificada dos veces en un lapso de 48 horas. El 12 de diciembre publicó el Decreto de Urgencia 026-2019[1], que resolvió declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la obra de infraestructura denominada “Corredor Vial Apurímac-Cusco”, y que autorizaba al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a expropiar “las áreas que resulten necesarias para tales fines”, dejando a este sector en libertad de precisar quiénes serían los afectados.

Como lo advirtió CooperAccion[2] el mismo día que se publicó esta norma, esta contenía graves vicios de inconstitucionalidad. Lo más resaltante era que el procedimiento de expropiación contenido en esta norma no cumplía con dos condiciones necesarias: 1) La reserva de ley (solo puede ser aprobada por el Congreso), y 2) Que sea determinable en cuanto al sujeto y el bien a expropiar.

Quizás por tales motivos, en horas de la tarde del mismo 12 de diciembre, el Gobierno publicó una Fe de Erratas de este primer Decreto. En esta se retiró el término “expropiación” del título y del objeto de la norma. Luego, dos días después, el 14 de diciembre, se publicó un segundo Decreto de Urgencia (027-2019) que modificaba varios contenidos del primero. En esta última norma se retira la palabra “expropiación” en todo el articulado. También se cambia la palabra “afectados” por “beneficiarios”. Tal vez el Gobierno consideró que el impacto de esta medida sobre las comunidades sería menor si se les nominaba como beneficiarios y no afectados (o perjudicados).

Sin embargo, los vicios de inconstitucionalidad persisten. Si bien se ha excluido el término “expropiación”, los procedimientos de adquisición de las propiedades en el corredor minero dejan abierta la posibilidad de cometer arbitrariedades e incurrir en prácticas confiscatorias por parte del Gobierno, afectando la propiedad y el territorio de las comunidades ubicadas a lo largo del corredor minero. Por ejemplo, el primer Decreto de Urgencia estableció que, en caso el “afectado” se negara a aceptar la compensación o entregar su propiedad, se procedía automáticamente a aplicar la expropiación y ejecución coactiva del bien. Sin embargo, en la última modificación se señala que en ese mismo supuesto “se aplicará la ley que corresponda”; es decir, no precisa de ninguna manera qué pasaría en esas circunstancias.

La “ley que corresponda” a la que se hace referencia, no puede ser otra que el Decreto Legislativo 1192[3], que regula el proceso de adquisición y expropiación de bienes inmuebles para la ejecución de obras de infraestructura. Esta norma señala explícitamente, que la expropiación solo puede ser aprobada por ley expresa del Congreso. Imaginemos entonces un escenario en el cual un comunero de Cotabambas se niega a entregar su propiedad. ¿El Gobierno se animaría a expropiarlo vía decreto de urgencia u otra norma de menor rango? ¿Cómo se procedería en ese caso si aún no hay un Congreso instalado? Preguntas que quedan sueltas, pero que no deben dejar de ser aclaradas si nos atenemos a los antecedentes de Las Bambas, y las distintas arbitrariedades cometidas por el Estado y la empresa contra la población de Apurímac y Cusco a lo largo de la existencia de esta mina.

Como es de público conocimiento, Las Bambas y su corredor minero viven continuas crisis de gobernabilidad desde hace ya varios años. Se han creado numerosos espacios de diálogo, se han establecido varios acuerdos con la población, e incluso recientemente se ha creado la figura de Alta Comisionada para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial del Sur, cargo que recae en la ex ministra de Desarrollo Social e Inclusión, Paola Bustamante. Nos preguntamos: ¿para qué tanta burocracia y recursos públicos comprometidos si se siguen adoptando medidas inconsultas? Una norma inconstitucional aprobada de espaldas a la población, y de una forma tan desacertada que ha obligado al Gobierno a hacer dos rectificaciones en menos de dos días ¿Existe alguna estrategia o idea de lo que se quiere hacer con Las Bambas y el corredor minero? Consideramos que en las reuniones de la mesa de dialogo que se reanudan esta semana, debería ser un momento para aclarar estos temas.

[1] Como se tiene conocimiento, el 30 de octubre pasado se disolvió el Congreso, y hasta el período de instalación del nuevo Parlamento, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de legislar mediante decretos de urgencia, que tienen rango de ley.

[2] Ver: http://cooperaccion.org.pe/expropiacion-en-el-corredor-minero-del-sur-andino/.

[3] Que se desarrolla mediante el Decreto Supremo 011-2019-VIVIENDA.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/corredor-minero-de-las-bambas-entre-la-torpeza-y-la-improvisacion/?fbclid=IwAR3moLP195kAFQteb24C-ZD7oFUeTIBMpZrP_RwS6DDhwCqbnVEBERq4-dE

Decisión fue tomada a causa de supuestas actividades ilegales de extracción por parte Aurillac.

El gobernador regional de Áncash, Luis Gamarra, entregó la Resolución Regional N° 007-2018-GRA/DREM que dispone la “suspensión de las labores de exploración del Proyecto Minero César Jesús”, perteneciente a la empresa minera Corporación Minera Aurillac.

Una medida que tiene como origen la inspección realizada el 26 de enero en la que se detectaron labores de perforación en zonas no autorizadas y riesgos en la calidad del suelo y la cobertura vegetal.

En la sesión de la entrega del documento estuvieron presentes, asimismo, dirigentes de Picup, Cochac Alto, Pacuash, Huamarín, José Carlos Mariátegui y Ucro, que abarca 52 comités de la Cordillera Negra. Para Jhon Santos, del centro poblado de Quenuayoc, el “logro no es de los dirigentes, es de toda la población”.

“Agradecemos la decisión asumida por el gobernador. Estamos firmes en nuestra posición y haremos valer nuestros derechos en otras instancias”, concluyó Santos.

La autorización concedida a la minera Aurillac fue emitida el año 2014. Sin embargo, el rechazo de la población de la Cordillera Negra se hizo sentir desde el primer momento. Los habitantes de dicha localidad argumentan que la presencia de la minera hace peligrar los 84 ojos de aguas y bofedales del lugar.

Fuente:https://camiper.com/tiempominero/gobierno-ancashino-suspendio-actividades-de-minera-aurillac/

En esa fecha recién se conocerá si la ejecución del proyecto Quellaveco impactará en el agua de la cuenca. El análisis de las muestras se hará en un laboratorio neutral.

 El informe del Grupo de Trabajo de Tumilaca, creado por el Gobierno para despejar las dudas de los agricultores, concluirá la quincena de enero de 2020.

Según el coordinador Guido Herrera, en esa fecha recién se conocerá si la ejecución del proyecto Quellaveco impactará en el agua de la cuenca.

Los técnicos de los organismos del Estado, así como de los agricultores, realizaron la semana pasada un trabajo de georreferenciación en el campamento. Herrera dijo que regresarán nuevamente a realizar el monitoreo. El análisis de las muestras se hará en un laboratorio neutral.

Mencionó que cabe la posibilidad de que se amplíe el trabajo unos 15 días. En Tumilaca, los agricultores protestaron hasta en dos oportunidades en contra del proyecto cuprífero. Temen que con la construcción se contamine el agua de la cuenca.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/12/moquegua-en-enero-de-2020-acaban-mesas-por-quellaveco-lrsd/