Defensores del territorio y del ambiente en riesgo de ser condenados a más de 20 años de cárcel

Entre noviembre del 2011 y febrero del 2012, pobladores de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, a través de sus  organizaciones sociales como el Frente de Defensa de los Intereses de LLusco, el Frente de Defensa de Chumbivilcas, las comunidades campesinas del distrito de Llusco, La Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), entre otras, ejercieron su derecho de libertad de expresión, opinión y de reunión, exigiendo diálogo con el Estado por la visible contaminación ambiental en la cuenca del río Yahuarmayo, conocido como Molino, y por las afectaciones negativas causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje generada por la empresa minera ANABI SAC.

Pese a múltiples pedidos ante las instancias del Estado, los dirigentes y las comunidades no fueron escuchadas, sin embargo a partir de las medidas de movilización y protesta social en el mes de enero de 2012 se instaló una mesa de diálogo integrada por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, Autoridades locales y regionales; y representantes de la empresa minera ANABI SAC. Uno de los compromisos acordados en este espacio de diálogo, fue la realización de un monitoreo ambiental, cuyos resultados debían presentarse públicamente ante la población, dicho acuerdo que no fue cumplido.

Lamentablemente el conflicto social se desbordó en distintos momentos, siendo uno de los hechos más graves el incendio del campamento minero ocurrido el 05 de febrero de 2012, por lo cual la empresa minera ANABI SAC denunció a varios dirigentes de organizaciones sociales por diversos delitos. Sin hacer mayor investigación penal, la fiscalía formalizo la denuncia penal contra nueve varones y una mujer, defensores del territorio y del medio ambiente, de Llusco, Chumbivilcas y Cusco, por delitos de secuestro, robo agravado, disturbios, daños agravados a la propiedad privada, entre otros.

El juicio contra dirigentes sociales está en las últimas etapas, y se estima que en las siguientes semanas de enero del 2020, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de Cusco se pronuncie con una sentencia condenatoria.

Lxs defensorxs están en grave peligro de ser encarcelados por 20 años, o más, considerando que esta es la pena mínima por el delito de secuestro, y la fiscalía ha pedido 30 años de cárcel. El elemento común entre los acusados es su condición de dirigentes de organizaciones sociales y/o autoridades, pues no existe evidencia confirmando su participación en los actos. Igualmente, las acusaciones están basadas únicamente en  testimonios de ex-trabajadores de la empresa minera ANABI SAC.

La sentencia de 20 años o más de los 10 acusados no solo significaría que ellos pasaran el resto de sus vidas adultas encarcelados por defender su territorio y medio ambiente, también marcaría un precedente para procesos judiciales contra hombres y mujeres que deciden ejercer su derecho constitucional de denunciar contaminación ambiental y demás vulneraciones de sus derechos por empresas extractivas.

Por tanto, desde la sociedad civil  solicitamos al “Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de Cusco” encargado de este caso, que:

– Desarrolle el juicio de manera imparcial, acorde a la Carta Magna en la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. En este sentido, la sentencia del colegiado tiene que fundamentarse en el derecho a una decisión justa como elemento esencial  de un proceso justo y sano.

– La decisión final debe versar en derechos fundamentales tal cual la Carta Magna hace mención “…gozar de un ambiente equilibrado  y adecuado al desarrollo  de su vida” y no basándose meramente en lo que la empresa contaminadora minera alega.  Hubo protestas porque los territorios de las comunidades están siendo depredados de manera irreversible.

(Puedes leer el contenido completo del petitorio aquí)

Trayectoria en la empresa minera ANABI SAC

La empresa minera ANABI SAC no es reconocida por tener buenas prácticas ambientales y que en diversas ocasiones ha sido sancionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por contaminación generada por los proyectos mineros que viene ejecutando en distintas partes del país. En el caso de Llusco, Cusco, habría sido sancionada en el año 2011, antes de que los pobladores se levanten y denuncien las afectaciones negativas en su territorio.. Información que se puede encontrar en la página web de OEFA (https://www.oefa.gob.pe/?s=anabi).

Los defensores del territorio que podrían recibir una pena de cárcel tan alta son: Jaime Mantilla Chancuaña, en ese entonces Alcalde de LLusco; Julian Alejo Ataucuri, ex Secretario General del Frente de Defensa de los intereses de Llusco; Victoria Quispesivana Corrales, ex Secretaria General del Frente de Defensa de los intereses de Chumbivilcas; Luciano Ataucuri Chavez , quien era Presidente del Comité de Lucha del Distrito de Llusco; Samuel Acero Hurtado, representante de la FARTAC en ese entonces; Urbano Cjulca Caceres ex Secretario General de los Intereses de Quiñota; Esteban Alvis Cahuana, ex Presidente de la comunidad campesina de San Sebatian Llusco; Wilber Garcia Huaycani, en ese entonces Presidente de la Liga Agraria provincial de Santo Tomás de Chumbivilcas; Grimaldo Asto Puma en ese entonces chofer de la Municipalidad Distrital de LLusco; y finalmente Edgardo Aguirre Pacheco, ex Secretario de actas del Frente Único de Defensa e Intereses de Chumbivilcas.

Petitorio ante el Sistema de Justicia Peruano

Petitorio Defensores Ambientales de Cusco by Derechos Humanos Cusco on Scribd

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/sindefensorxsnohaydemocracia-firma-peticion-por-defensorxs-del-territorio-en-cusco/?fbclid=IwAR2vS7BMmHHGOWI_QKVcpNheyqoeDPGyoHO7Xv1HvAqZq8DbRwftTi8iYeo

Con bloqueo de vías y un tramo del Corredor Minero del Sur, ayer empezó una huelga en las comunidades campesinas de los distritos de Condoroma, Ocoruro, Pallpata, Alto Pichigua y Pichigua, de la provincia cusqueña de Espinar. Rechazan la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA) del proyecto minero Expansión Tintaya Integración-Ccoroccohuayco. Dirigentes y autoridades exigen la “nulidad de la resolución directoral” que aprobó el MEIA.

Algunas de las comunidades que acatan la protesta son Huacroyuta Marquiri, Huarcapata, Chorrillo, Antacama, Pallpata, Canlletera, Cruz Pampa, Pirhuayani, Mamanocca, Jaruma Alccasana, Kanamarka y Molloccahua.

Hay que recordar que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó el MEIA sin considerar a las comunidades de influencia directa e indirecta del proyecto. Además, la aprobación se dio días después de que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) asumiera el compromiso de aplicar la consulta previa para continuar con el proyecto cuprífero.

En abril de 2018, Glencore presentó al Senace el Estudio de Impacto Ambiental Modificado (MEIA) de Antapaccay, que incluye el nuevo proyecto de Ccoroccohuayco. El 17 de diciembre de 2019 ese pedido fue aprobado. La mina se ubicará en territorio de la comunidad Huini Coroccohuayco, pueblo originario según el Ministerio de Cultura.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2020/01/10/cusco-espinar-rechaza-proyecto-minero-ccoroccohuayco-lrsd/?fbclid=IwAR003JfPIMTB6z1qOKADYIIw_qrqAQcqj3DKseLy8SvKrOuf8DJcLDjPoJM

Pronunciamiento del Colectivo Santiaguinos en Acción

Ante la presencia de la Empresa Minera Barrick Misquichilca S.A., nos dirigimos a los santiaguinos residentes en nuestra Provincia y las diferentes ciudades de nuestro Perú y el mundo, para manifestar lo siguiente:

1. El agua es un derecho constitucional. La ley de Recursos Hídricos, en su Art. 75, señala: “El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan los recursos de una red hídrica”. Por tanto, necesitamos conservar las cabeceras de cuencas, especialmente Huacamarcanga – Miaco, por ser zonas de recarga hídrica para la siembra, cría y cosecha del agua; elemento fundamental para todo tipo de vida.
2. Mediante Resolución Directoral N° 165 – 2019 / MINEM – DGAAM del 26 de setiembre del 2019 se aprueba la Ficha Técnica Ambiental (FTA) del proyecto de exploración “Antonio de Chuco” presentada por Minera Barrick Misquichilca S.A. Proyecto minero ubicado en la microcuenca Huacamarganga – Miaco, zona de recarga hídrica fundamental para las actividades agropecuarias y para el consumo humano de las diferentes poblaciones aguas abajo. Debemos cuidar nuestra microcuenca Huacamarcanga – Miaco, por ser la única fuente que abastece de agua a los diversos caseríos y la ciudad de Santiago de Chuco. Permitir la instalación y explotación minera es condenar a la desaparición de Santiago de Chuco y sus comunidades aledañas. Señalamos que dicho proyecto propone construir 20 plataformas de perforación con sondajes de 5720 metros en total (286 metros de profundidad cada una aproximadamente). Estas perforaciones no sólo alteran el curso de los canales de agua subterráneos; sino, lo preocupante es que las perforaciones liberan sustancias y elementos químicos presentes en la tierra que utilizan para sus estudios, los cuales modifican o desaparecen los manantiales y los contaminan.
3. Sin exageración, no está demás dar a conocer que el Perú está identificado como un país que ha comenzado a presentar una preocupante situación de estrés hídrico. Son 4 países latinoamericanos con este problema: Chile, México, República Dominicana y Perú. Asimismo, estudios de la propia Autoridad Nacional del Agua (ANA) muestra que 129 de las 159 cuencas hídricas tienen graves problemas de contaminación. Es nuestra obligación cuidar y defender nuestra microcuenca Huacamarcanga – Miaco.
4. La minería utiliza de manera intensiva grandes cantidades de cianuro, sustancia sumamente tóxica, y significa la remoción de la capa superficial de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral; por lo que, puede calificarse a esta actividad extractiva como una de las más agresivas con consecuencias nefastas en el área ambiental, social y cultural, pues genera grandes impactos: en la superficie, en el paisaje natural y cultural, contaminación del aire, afecta aguas superficiales, subterráneas o freáticas, impactos considerables en flora y fauna, en el micro clima y en las poblaciones, crea conflictos sociales que llevan a la muerte de personas que defienden el agua, en su mayoría, y de algunos que defienden los intereses de estas empresas que poco aportan la economía. Barrick es la sexta compañía con más deuda a la SUNAT: 260 millones de soles que no paga.
5. Los proyectos mineros traen graves problemas de contaminación alterando y modificando las formas locales de producción de alimentos, las relaciones entre organizaciones sociales, agudizando la pobreza, el incremento de la desigualdad y la corrupción: Es una gran mentira que trae desarrollo, por el contrario tenemos pueblos arrasados, medio ambiente contaminado y comunidades que han perdido sus fuentes de agua y al retirarse dejan una enorme pobreza, ejemplo de ello es Quiruvilca que con más de 100 años de minería y sigue tal cual lo describe César Vallejo.
6. Hacemos un llamado a las organizaciones de base y a las autoridades a la unidad para hacer una defensa cerrada de nuestra microcuenca Huacamarcanga – Miaco. Porque de lo contrario Santiago de Chuco y sus comunidades están condenados a desaparecer.

Sí al Agro, Sí a la Vida.

Fuente:https://muqui.org/noticias/la-libertad-pronunciamiento-no-a-la-mineria-en-huacamarcanga-miaco/?fbclid=IwAR2zWVoa6_7asCF2rWt9GWj_9IdGDOlFDkWQPhu41o6X93_u2AfHdPLdMT4

En Lima y Callao cerca de medio millón de ciudadanos no tiene acceso al agua potable, millones no cuentan con un acceso de calidad según el INEI. Dada esta situación, en el último año nuevas amenazas al recurso vital han generado manifestaciones de la ciudadanía en la capital y el primer puerto. Esto refuerza los datos de la Defensoría del Pueblo que indican que el 30% de la conflictividad a nivel nacional se debe a la afectación del agua, de forma importante por parte de la minería irresponsable.

Al respecto, cabe señalar que Lima es una de las 20 ciudades del mundo con más alto riesgo de estrés hídrico ante el cambio climático. Las estimaciones que fechaban el 2030 como el año del agotamiento del recurso hídrico son cada vez más criticadas por evidencias de que el fenómeno sucederá antes.

En la capital, la constante contaminación de la actividad minera y la emisión del Decreto Supremo 214-2019 por parte del presidente Vizcarra que supone la posible privatización del SEDAPAL han generado multitudinarias movilizaciones. Dos marchas que en setiembre y noviembre movilizaron a más de 50 mil ciudadanos contra la afectación del servicio de agua y el proyecto minero Ariana. El Sindicato del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL) junto a diversas organizaciones ciudadanas organizaron las protestas, exigiendo además la protección de las fuentes de agua del río Rímac frente a la contaminación por pasivos ambientales mineros presentes en San Mateo.

Luisa Eyzaguirre, dirigente de SUTESAL, ha manifestado públicamente la oposición del sindicato al proyecto minero Ariana señalando que “Sutesal está pidiendo que el gobierno a través del ministerio de Energía y Minas le quiten la licencia de funcionamiento”. Según la dirigente, los principales conflictos en el mundo en la actualidad se dan por el agua y temas vinculados al medioambiente.

En este sentido, la campaña ambientalista mundial Viernes por el Futuro (Fridays For Future), reconocida por la activista Gretta Thunberg, ha sido acogida por organizaciones nacionales que luchan por el medioambiente. En Lima, con motivo de la COP25, el movimiento ha realizado protestas exigiendo al Ministerio del Ambiente nuevas políticas para reducir significativamente los gases de efecto invernadero y la protección de la amazonia y los sistemas hídricos.

La aceleración del movimiento ambientalista da cuenta de un cambio en la matriz de los procesos reivindicatorios. Reconocimiento que se plasmó en el enfoque en saneamiento que se impulsó en el gobierno de PPK que vuelve a cobrar relevancia ante la afectación del recurso vital. En el contexto presente, inclusive un análisis moderado indicará que la lucha por el agua se tornará cada vez más en un tema gravitante de la agenda pública y que los responsables de su afectación tarde o temprano tendrán que asumir los impactos que generan.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/12/16/masivas-protestas-por-el-agua-en-lima/

Recientes denuncias en redes sociales nos han hecho recordar que el 22 de enero de 2018, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) hizo pública una concesión minera de 1000 hectáreas, que comprometería la zona turística conocida como las Aguas Turquesas de Millpu, en los distritos de Huancaraylla y Huamanquiquia, provincia de Víctor Fajardo en la región de Ayacucho.

La concesión minera Sombrero 38, de la empresa Sombrero Minerales S.A.C., fue presentada en 2017, actualmente se encuentra en etapa de estudio y cuenta con la autorización para el ingreso del personal minero a la zona. Si bien la zona  comprometida se encuentra a 10 kilómetros de las piscinas naturales, esta se ubica río arriba sobre las fuentes del río Millpu.

En 2015 el lugar fue revalorizado como zona turística, haciéndose famoso por su belleza paisajística, pero como su nombre quechua lo indica, su función ancestral es la distribución de recursos hídricos. Este territorio es parte de un extenso sistema de gestión del agua compuesto de bofedales, microcuencas, lagunas, cataratas, millpus (canales de captación) y ojos de agua, que abastecen a la actividad agropecuaria, acuícola y el consumo humano de las comunidades cuenca abajo.

El hecho ha suscitado la oposición de las comunidades de Llusita, Huancarayllina, Fajardina y del centro poblado de Circamarca, que han conformado un Frente de Defensa para la preservación de sus recursos hídricos, turísticos y la salud. Aún se requiere realizar un estudio hidrológico que determine la posible afectación del agua, pero debido a la importancia del sistema hídrico y su arraigo cultural para las comunidades locales, la actividad minera en este territorio se presenta riesgosa.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2020/01/06/denuncian-concesion-minera-que-afectaria-zona-turistica-en-ayacucho/?fbclid=IwAR3HXBXzSdReIQfyiB9tP5oFfK1V9n9hS8AjoEDw6KN1ewhuzuDHmm4h8yk

Las acciones en torno a los proyectos Tía María, Las Bambas y Quellaveco marcarán el inicio del año. Defensoría del Pueblo dice que en el 2019 disminuyeron los conflictos.

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/la-agenda-pendiente-de-los-conflictos-sociales-para-el-2020-informe-noticia/

Hace menos de dos años el Ministerio de Salud (MINSA) reconoció públicamente que el “asunto” de la contaminación de ciudadanas y ciudadanos, por metales tóxicos principalmente en zonas en donde se desarrollan actividades empresariales mineras, petroleras e industriales, es un problema de salud pública nacional.

Que el MINSA ponga en agenda la afectación de la salud humana por metales fue resultado de las luchas en varias partes del Perú. No podemos dejar de mencionar los constantes reclamos y movilizaciones de los afectados de la ciudad de Pasco, Espinar o La Oroya, así como las protestas de las comunidades indígenas amazónicas en la zona denominada Cuatro Cuencas o Chiriaco; lugares que en los últimos años han sido escenarios de conflictos por la precaria atención para las víctimas de la contaminación.

En el 2017 estas luchas se encontraron para organizar e impulsar la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, la cual entendió que el reclamo por la salud ambiental y humana en las zonas impactadas por los proyectos mineros, petroleros o industriales, necesitaba de un trabajo colectivo y articulado para lograr una política nacional multisectorial e integral que pudiera alcanzar una atención preventiva y especializada.

Para los integrantes de la plataforma queda claro que los estados de emergencia decretados en las zonas petroleras o mineras no son suficientes para solucionar un problema que tiene que ser asumido de manera multisectorial por el Estado, respondiendo con políticas, presupuestos, y personal capacitado en prevención y atención especializada para las personas afectadas por metales tóxicos a nivel nacional.

Para impulsar esta demanda, la plataforma ha venido desarrollando diversas acciones de fortalecimiento organizativo, así como de denuncia y acciones para visibilizar su plataforma de lucha. Es importante destacar su participación en la V Audiencia de la Comisión de Pueblos Indígenas: “Avances para la prevención y atención integral de la afectación de salud por contaminación con metales pesados y oros asociados a minería e hidrocarburo” realizada el 8 de julio, así como la primera reunión nacional “Mujeres, territorios y salud ambiental” realizada el 11 y 23 de setiembre y que contó con la participación de 30 mujeres de las provincias de San Mateo, Loreto, Bagua, Pasco, La Oroya, Lima, Melgar, Hualgayoc, Moquegua, Huancayo y Espinar, donde se logró el objetivo de construir una agenda de las mujeres rumbo al encuentro nacional.

El II Encuentro Nacional de afectados y afectadas se desarrolló bajo el lema “Salud, Territorio y agua para los pueblos” realizado del 30 de setiembre al 4 de octubre. Este tuvo como objetivo evaluar las principales acciones de los dos años de creación de la Plataforma, fortalecer la red de afectados y afectadas, y planificar acciones nacionales y regionales en los territorios en donde está presente la Plataforma.

Un logro de la plataforma es que se ha consolidado como un espacio reconocido por el Gobierno y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), llevando la voz de los afectados y afectadas a nivel nacional. El pasado viernes 4 de octubre, tuvieron una importante reunión con la PCM en donde el viceministro Molina se comprometió a emitir el Decreto Supremo para instalar la comisión multisectorial a inicios de noviembre. A pesar de estas acciones que se han realizado, la agenda de lucha de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas sigue sin resolverse. En este momento dos son los temas centrales que la plataforma está demandando al Estado: la creación de La Comisión Multisectorial y el Abordaje Integral que debe asumir el MINSA para la atención de los afectados.

La Plataforma Nacional viene solicitando una Comisión Multisectorial de naturaleza permanente, dada la magnitud y extensión del problema de salud humana y ambiental que se tiene en el Perú. La propuesta es que esta comisión esté adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y deba encargarse de elaborar un primer informe técnico que fundamente la propuesta del Plan multisectorial de prevención y control de riesgos y daños relacionados con la exposición a metales pesados y sustancias químicas, así como del seguimiento, implementación, evaluación y cumplimiento del plan multisectorial de parte de todos los ministerios, de manera que se garantice el derecho a la salud de las poblaciones afectadas que buscan una atención preventiva, integral y especializada.

Atención que sea integral de verdad

La segunda demanda es que se implemente una atención adecuada a las personas afectadas por metales tóxicos. En los últimos días hay mucha preocupación por la posibilidad de que se apruebe una directiva administrativa que no solucione el problema, sino que más bien perjudique lo avanzado hasta ahora en atención a las y los afectados. Si bien se reconoce que es importante una articulación e integración mayor de sectores y niveles de gobierno para el real cumplimiento de una atención integral, así como asegurar los recursos necesarios mediante una intervención desde los planes y presupuestos nacional y regional, es real que la débil rectoría del MINSA en cuanto a las políticas y programas nacionales y directivas para la identificación, priorización y atención de las poblaciones afectadas por la contaminación ambiental, no garantiza que el problema de la atención mejore en las zonas donde se requiere la implementación de un abordaje integral a las personas afectadas.

Por eso es importante que la aprobación de cualquier directiva esté respaldada con los mayores consensos, acuerdos formales, acciones de coordinación, mandatos normativos, compromisos y decisiones vinculantes que les permita efectuar las funciones y tareas con legitimidad y aceptación. Debe ser una acción conjunta multisectorial, multi e inter disciplinaria, que optimice el uso de los recursos y gane en eficiencia.

En resumen, estos han sido dos años intensos de lucha de la Plataforma Nacional que nos deja varias lecciones para los que venimos apoyando el proceso de construcción de un espacio de articulación nacional. La primera es que a pesar de la fragmentación social es posible hacer alianzas, articular y sumar acciones a nivel nacional que permitan avanzar en la defensa de derechos, en este caso el de la salud ambiental y humana. Segundo, que es posible ir uniendo las agendas de las y los afectados de comunidades amazónicas y comunidades andinas en una sola agenda nacional. Tercero, que las mujeres afectadas tienen impactos diferenciados en el cuerpo y viven de manera distinta los impactos en el territorio y que tienen una importante fuerza movilizadora dentro del movimiento. Y por último, que es posible ir construyendo un movimiento nacional por la salud ambiental y humana en el Perú que busque una atención preventiva, integral y especializada de personas contaminadas por los metales tóxicos en el Perú.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-complejo-camino-de-la-lucha-por-la-salud-ambiental-y-humana-en-el-peru/?fbclid=IwAR3HTeiUIARevaTa_Uz9bHWIglGK5otp7l4Ai5nWk6UYX1prX12X_Vr2gbA

Eduardo Gudynas: Investigador en el Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES) de Uruguay. Sus áreas de trabajo son las alternativas al desarrollo, especialmente el análisis de las estrategias de desarrollo de gobiernos sudamericanos, sus impactos sociales y ambientales

Las polémicas sobre la minería de oro en Perú están siempre presentes. Es como si nunca terminaran de resolverse. En las últimas semanas retornó una de las más viejas y repetidas defensas de la megaminería de oro insistiendo que es posible llevarla adelante preservando el agua. Un nuevo intento para revertir una de las más duras críticas y evidencias sobre los impactos negativos de ese tipo de minería, y sus efectos sobre las cuencas hidrográficas. Se sueña con un matrimonio armonioso entre las explotaciones a tajo abierto y la conservación del agua, la agricultura, ganadería y hasta la reforestación.

Una defensa de ese tipo para la megaminería de oro en Cajamarca fue presentada por el político Fernando Cilloniz, bajo la imagen de “agua sí” y “oro también”.  Algunos de sus argumentos ya fueron respondidos por Mirtha Vásquez. En este caso deseo ofrecer otra mirada que permite concluir que aquella imagen ya no tiene sustento en tanto no tiene sentido continuar extrayendo oro. La metáfora correcta sería “agua sí porque el oro es innecesario”.

Me explico: la demanda actual de oro está concentrada en dos usos claramente superfluos e innecesarios. Aproximadamente el 50% está destinado a la joyería, y se lo consume sobre todo en China, India y otros países del Medio Oriente y Asia. Un poco menos del 40% se lo utiliza en el sector financiero, para acuñar lingotes o monedas por ejemplo. Este sirve para la acumulación de muchos países, sea en sus propios bancos centrales como en otros sitios, o por particulares que lo acopian como resguardo financiero. Solamente alrededor del 10% tiene usos industriales.

Insisto en estos indicadores porque sirven para desmontar el repetido señalamiento de la necesidad de ese mineral para sostener la industria, la vida moderna o metáforas similares. Los que se oponen a esos extractivismos nos llevarían a la Edad de Piedra es lo que agregan los defensores del oro.

Pero la realidad es muy distinta. Puede afirmarse que en números redondos, casi el 90% del mercado internacional del oro radica en usos superfluos, suntuarios y banales. No tienen nada que ver con las demandas más necesarias en la industria o la medicina. En lugar de eso, se extrae el oro desde países como Perú para que algunos puedan comprar enormes aretes en China, o que otros acopien monedas en sus cofres. Dicho de otro modo, se está poniendo por delante los deseos de consumismo de señoras chinas que están dispuestas a gastar mucho dinero en esas joyas por sobre las necesidades de calidad en salud y ambiente de las comunidades andinas. Esto es sistemáticamente ignorado, ya que sería muy embarazoso que un político local defienda unos enclaves mineros para satisfacer la exhibición de la opulencia del otro lado del planeta.

Por si fuera poco, no tiene sentido seguir sacando oro del suelo, ya que con todo el mineral extraído se pueden atender todas las necesidades legítimas como son las industriales. Se estima que ya están “arriba del suelo” casi cuatro veces el volumen de oro que aún permanece “bajo suelo”. En efecto, se calcula que se han removido casi 200 mil toneladas de oro (dos tercios de ese total se deben a operaciones realizadas desde 1950), mientras que siguen enterradas en el subsuelo unas 54 mil toneladas.

Todo ese enorme volumen de oro que está allí afuera permite que pueda ser recuperado, reciclado o reutilizado para todas las demandas de usos industriales, médicos, etc. Entonces, incluso enarbolando la bandera de la modernización industrial, queda claro que los estilos de vida contemporáneos pueden continuar sin sobresaltos con todo el oro que ya se ha removido. Es más inteligente dedicarse a su reutilización y reciclaje.

Inmediatamente surge la pregunta de por qué no está ocurriendo eso en este momento. Y la respuesta es simple: la culpa la tienen políticas mineras al estilo peruano que se repiten en varios países. Ellas hacen que el precio de mercado del oro sea comparativamente más bajo al costo de los reciclajes y recuperaciones, y es tan barato porque ese valor económico no incorpora los daños sociales y ambientales. Si se sumaran al precio de la onza de oro los costos como los que demandarían asegurar el agua potable, rellenar y reforestar los tajos abiertos o limpiar los pasivos abandonados, estaríamos ante valores de mercado altísimos. En cambio, con ese “oro barato” siempre es más ventajoso seguir extrayendo en países del sur, como Perú o Sudáfrica, ya que la carga del deterioro en la salud, en la calidad de suelos y aguas, o la pérdida de biodiversidad, quedan en esas naciones, se “pagan” allí. Dicho de otro modo, las señoras y señores en China o la India pueden comprar oro del sur, porque ellos no pagan por sus impactos sociales y ambientales.

Tener presente estas particularidades es urgente. Es que actualmente se minan de 2.5 a 3 mil toneladas por año, y a ese ritmo el propio sector empresarial vaticina que hacia 2035-2050 se agotarán los depósitos accesibles o cuya extracción es económica o tecnológicamente posible. Esto no quiere decir que se agotará el oro, sino que otros yacimientos resultan inaccesibles o su concentración es tan baja que ya no es viable extraerlo. Por lo tanto se insiste en un sector destinado a desaparecer en unos años, mientras que los pasivos ambientales que deja estarán allí por décadas.

Una política nacional más inteligente es comenzar a prepararse para esa etapa postminera. En lugar de invertir en un sector moribundo y que genera impactos y conflictos, los recursos del Estado deberían enfocarse en aquellos rubros que los pueden reemplazar, y en especial aquellos que demanden menos insumos en energía y agua, pero más empleo humano, y produzcan bienes realmente necesarios.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/nuestra-mineria-de-oro-y-los-aretes-chinos-un-sinsentido?fbclid=IwAR1hfw5_cc1XTDRfFiECZgHHn6r9AgkOA6KoNNMgiPyKPy9QyEEihblvEIQ

El alcalde Melgar, Esteban Álvarez Casa, explicó que la empresa minera Arasi causó daños al medioambiente. Pese a esto, la empresa no se hará cargo de los estragos que causó.