Gretta Zegarra
Imagen: SPDA
10/03/2020
El pasado 24 de enero, el Perú dio un paso hacia adelante en materia ambiental. En el diario oficial “El Peruano” se publicó el Decreto de Urgencia (DU) Nº 022-2020, para el fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales, norma que regula la atención de pasivos ambientales generados por actividades productivas, extractivas o de servicios diferentes a las actividades de los subsectores minería e hidrocarburos.

Este DU llena un vacío en nuestro sistema de protección ambiental. Hasta ahora solo existían normas para la atención de pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos; lo cual hacía que la población se encontrase desprotegida frente a los pasivos ambientales producidos por actividades como la construcción, manufactura, etc.

Pero como toda obra humana, el referido DU tiene aspectos a mejorar y uno de éstos es la ausencia de un presupuesto exclusivo para la remediación de pasivos ambientales asumidos por el Estado. Ello se evidencia en su artículo 14, en el que se menciona que la implementación de la norma se realizará con recursos provenientes de la cooperación internacional, donaciones y otros mecanismos de financiamiento captados por el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE); así como, con las transferencias que las entidades de los tres niveles de gobierno tendrán que hacer al PROFONANPE, con cargo a los recursos de sus presupuestos institucionales.

La ausencia de un presupuesto exclusivo es un problema que también aqueja a los subsectores minería e hidrocarburos. Puesto que, en el artículo 9 de la Ley Nº 28271 -Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera- y el artículo 10 de la Ley N° 29134 -Ley que regula los Pasivos Ambientales del Sector Hidrocarburos-, se encarga al Fondo Nacional del Ambiente (FONAM)[1] la captación de cooperación financiera internacional, donaciones, canjes de deuda y otros recursos para solventar la remediación de pasivos ambientales asumidos por el Estado.

Además, en el artículo 23 del Decreto Supremo Nº 059-2005-EM- Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, se menciona que esta clase de pasivo puede ser remediado por terceros voluntariamente. De igual modo, en el artículo 4 de la Ley N° 30321- Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, se autoriza a dicho fondo para recibir aportes o asignaciones provenientes de personas o entidades privadas con el objetivo de que estos recursos sean utilizados en la remediación de sitios impactados por actividades de hidrocarburos.

Sin perjuicio de lo mencionado, sabemos que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) destina saldos de balance para la remediación de determinados pasivos ambientales asumidos por el Estado[2], acción que es realizada en observancia del artículo 25 del Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera. Asimismo, conocemos que en el artículo 2 de la Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental se ordenó a dicho fondo que destine la suma de S/ 50 000 000,00 para la remediación de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. A su vez, observamos que en el artículo 4 se autoriza al Minem para transferir saldos de balance[3] hasta por el monto de S/ 30 000 000,00, cantidad que deberá ser entregada al FONAM y usada para remediar sitios impactados por actividades de hidrocarburos.

No obstante, consideramos que este esfuerzo del Estado por solventar la remediación de sus pasivos ambientales es insuficiente, debido a tres factores: (i) la fragilidad financiera del sistema de remediación, lo que provoca que dependa económicamente de la cooperación financiera internacional, donaciones, saldos de balance del Minem, etc.; (ii) la asignación irregular de recursos para la remediación de algunos pasivos ambientales y la selección de algunos pasivos; (iii) la necesidad real de remediar todos los pasivos ambientales asumidos por el Estado: los artículos 7 y 10 del DU para el fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales; el artículo 5 de la Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera; el artículo 16 del Reglamento de la Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos y; el artículo 2 de la Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental. Todas estas normas ordenan que el Estado asuma la remediación de pasivos ambientales cuando sus responsables no puedan ser identificados y se trate de pasivos ambientales de alto riesgo para la salud y el ambiente.

Desde nuestra perspectiva, estos tres factores impiden que el Estado remedie pasivos ambientales de manera eficaz y ante esta problemática, surge la siguiente pregunta: ¿es materialmente posible que el Estado asigne un presupuesto exclusivo para la remediación de todos los pasivos ambientales que tiene a su cargo? Este tema debería ser una prioridad para los diferentes organismos involucrados: ministerios como el de Energía y Minas, Ambiente y Economía y Finanzas deberían tomar posición y no seguir postergando una decisión sobre este grave problema que afecta varios territorios del país.

En conclusión, el Estado ha tomado conciencia sobre los efectos negativos de los pasivos ambientales y por este motivo, asume la remediación cuando no se puede identificar a la persona o empresa que los causó y el pasivo ambiental representa un riesgo alto de afectación a la salud pública, la calidad ambiental y/o la funcionalidad del ecosistema. Sin embargo, esta preocupación solo ha llevado al Estado a conseguir financiamiento externo y asignar saldos de balance para la remediación de ciertos pasivos ambientales, lo cual es una clara limitación. Recomendamos que el Estado de un paso más y asigne un presupuesto que le permita sostener la labor de remediación.

[1] En la sexta disposición complementaria final del DU para el fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales se dispone que el FONAM sea absorbido por el PROFONANPE.

[2] En la Resolución Ministerial N° 419-2019-MINEM/DM, se autoriza la transferencia de S/ 80 000 000,00 (saldo de balance de la Dirección General de Electrificación Rural) a favor de la empresa Activos Mineros S.A.C para la remediación de pasivos ambientales mineros que fueron encargados a dicha empresa a través de las Resoluciones Ministeriales N° 482-2012- MEM/DM, N° 094-2013-MEM/DM, N° 420-2014-MEM/DM y N° 252-2016-MEM/DM, las cuales fueron modificadas mediante la Resolución Ministerial N° 408-2019-MINEM/DM.

[3] Los saldos de balance pertenecen a la Dirección General de Electrificación Rural.

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28/02/2020
La mayoría de los distritos más pobres de Perú, 16 de un total de 20, están en la región norteña de Cajamarca, donde también se encuentran algunas de las minas de oro más importantes del mundo, entre ellas Yanacocha, el mayor yacimiento aurífero de Suramérica.

Según el último “Mapa de la Pobreza Monetaria”, realizado con información de 2018 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante ese año 713 distritos del país presentaron una pobreza monetaria total estimada de 40 % a más de su población.
Los más vulnerables
El organismo considera como “pobres monetarios” a las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud y transporte, entre otros).

En ese sentido, en el grupo más pobre se encuentra los distritos cajamarquinos de Anguia y Oxamarca, así como el distrito de Uchuraccay, en la provincia ayacuchana de Huanta, que presentaron niveles estadísticamente similares.

Estos tres distritos cuentan con una población de 13 mil 153 habitantes y, de ese total, el 72 % de 15 a más edad estudió solo algún año de educación primaria y el 23 % es analfabeto, con la tasa más alta de analfabetismo, el 34 %, en Uchuraccay.
Entre la reducción y el incremento de la pobreza

A pesar de estas cifras específicas, el INEI señaló que la pobreza en el país se redujo de 2013 a 2018, ya que el rango de pobreza monetaria de 60 % a más comprendía a 495 distritos en el primer año, mientras que en 2018 llegó a 116 distritos.

De hecho, se conoció que en 331 distritos se redujo la pobreza en 20 o más puntos, de los cuales 123 tienen una población menor a 2 mil habitantes, mientras que en otros 22 distritos con una población menor a 5 mil pobladores aumentó la pobreza en 20 o más puntos.

La información estadística también señaló que la pobreza monetaria se incrementó entre 2013 y 2018 en el distrito de Huacaschuque, y en todos los distritos de la provincia de Pallasca, en la región norteña de Áncash, principalmente por su alta vulnerabilidad ante las inundaciones.
Situación actual de la población

También, el INEI señaló que veinte distritos con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) se ubicaron en las regiones amazónicas de Loreto, Amazonas y Ucayali, las andinas Junín y Puno, y Lima.

De los 20 distritos con mayor porcentaje de población con al menos una NBI, cuatro se encontraban en la región Loreto, tres en Junín y Lima y dos en Amazonas, Ucayali y Puno, en cada caso.

El Mapa de la Pobreza Monetaria 2018 fue presentado por el jefe del INEI, José García Zanabria, con los comentarios la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, el investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) del Gobierno de Francia Javier Herrera, y el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP), Federico Arnillas.

Para realizar el trabajo se utilizó la metodología propuesta por el Banco Mundial (BM) y los mismos términos empleados en 2013, con el acompañamiento técnico de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza, integrada por expertos nacionales e internacionales y funcionarios públicos. EFE
Fuente: El Carabobeño. El diario del Centro.

Perú: la pobreza se concentra en las regiones con minas de oro

DIFICULTAD. En Espinar y Chumbivilcas hay cinco conflictos que involucran a las mineras MMG Las Bambas y Glencore.
La República
08/03/2020
José Víctor Salcedo

El gobierno del presidente Martín Vizcarra amplió el estado de emergencia en el Corredor Minero del Sur, en los tramos situados entre las provincias de Chumbivilcas y Espinar, por otros 30 días. La medida inicial vencía ayer. El Ejecutivo no pudo resolver los conflictos y su objetivo es mantener el control de la vía en manos de la Policía, con apoyo del Ejército, y así garantizar el transporte de minerales al puerto de Matarani (Arequipa).

No obstante, el panorama en Chumbivilcas y Espinar, donde hay cinco conflictos activos, se complica y la posibilidad de diálogo está entrampada. Veamos cada caso. Para el 5 de marzo estaba programada una reunión entre los comuneros de Urinsaya (Espinar), representantes de la empresa MMG Las Bambas y el Ejecutivo nacional. La cita no se desarrolló por inasistencia de los dirigentes. Sucede que, en la reunión previa (27 de febrero), la comunidad propuso que MMG Las Bambas pague 2 millones de soles como indemnización. No hubo acuerdo, porque los representantes de la minera y MTC no firmaron ningún acta.

Tampoco hay diálogo con los cinco distritos de Espinar (Pallpata, Pichigua, Alto Pichigua, Condoroma y Ocoruro) para atender su reclamo de ser incluidos en la zona de influencia directa del proyecto minero Integración Ccoroccohuayco de la empresa Glencore.

El tercer caso corresponde al reclamo de las 13 comunidades de Espinar, que entre otras cosas demandan la aplicación de la consulta previa para validar el proyecto Integración Ccoroccohuayco y la instauración de un fondo social de emergencia. Solo se cumplió el primer punto.

En tanto, en la provincia de Chumbivilcas, las comunidades del distrito de Ccapacmarca piden anular la resolución ministerial N.° 372-MTC, que permitió reclasificar de manera definitiva como ruta nacional varias vías departamentales y vecinales.

Y en Velille, la empresa MMG propuso aportar S/ 2 millones como parte de un convenio de cooperación interinstitucional. La contrapropuesta de comuneros fue elevar la cifra a S/ 5 millones. Aún no hay acuerdo
https://larepublica.pe/economia/2020/03/08/pcm-no-resuelve-conflictos-y-amplia-emergencia-en-el-corredor-minero-lrsd/

Tras conocer el fallo, los comuneros absueltos y sus familias celebraron aliviados sin poder contener las lágrimas.
La República, 02/03/2020
Los implicados fueron acusados por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado, entre otros, durante el conflicto social con Las Bambas, en el 2015. No hallaron suficientes medios probatorios en su contra.
Celebran su inocencia. Los 19 comuneros del poblado de Cotabambas (Apurímac) que fueron denunciados por la empresa minera MMG Limited, quedaron absueltos. Así lo decidió el juez Andrés Abelino Aguilar del Juzgado Unipersonal de Cotabambas.

Los 19 pobladores eran investigados por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos. Esto tras el conflicto social desatado contra la mina Las Bambas, en setiembre del 2015.

PUEDES VER: Cusco: Declaran en estado de emergencia parte del Corredor Minero del Sur
Por estos presuntos ilícitos, la Fiscalía pedía entre 11 a 17 años de cárcel contra los comuneros denunciados. Además, solicitaba una reparación civil de 20 mil y 88 mil 660 dólares, en favor del Estado y la empresa MMG Limited, respectivamente.

El proceso judicial duró varios años y sufrió de múltiples postergaciones. Este lunes, por fin, el Juzgado emitió la absolución sustentada en la insuficiencia de medios probatorios contra los acusados y la aplicación de los principios de imputación necesaria.

Tras conocer el fallo, los comuneros absueltos y sus familias celebraron aliviados sin poder contener las lágrimas. Consideran que se hizo justicia y que su caso se configura como un precedente contra la criminalización de la protesta.

CONFLICTO
Cabe recordar que, en setiembre del 2015, las comunidades campesinas de Cotabambas iniciaron una protesta contra la empresa MMG Limited por realizar modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental en su proyecto Las Bambas, sin antes aplicar una consulta previa. El descontento de la población desembocó en un conflicto social que dejó tres muertos y varios heridos.
https://larepublica.pe/politica/2020/03/02/las-bambas-absuelven-a-19-comuneros-de-apurimac-denunciados-por-minera-mmg-limited-lrsd-protestas/

La minera Cerro Verde decidió demandar al país por pagos que le exige la Sunat, pero seguirán operando normalmente.
Fuente: Andina
02/03/2020
Actualmente Cerro Verde opera bajo un nuevo Contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión.
Perú presenta cartera de inversiones mineras por más de US$ 57,000 millones
La Sociedad Minera Cerro Verde inició una demanda contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por regalías que la empresa considera que no debería pagar.

El conflicto con la minera se debe a que la Sunat informó a la empresa que mantenían una deuda de US$1,100 millones por montos que la empresa no pagó entre el 2006 y el 2011.

Las regalías impagas son por la producción de la Planta de Flotación de Sulfuros Primarios que opera Cerro Verde desde el 2006. Sin embargo, la compañía señaló que tenían un contrato de estabilidad tributaria anterior a la ley de regalías mineras.

Cerro Verde argumenta que se buscó solucionar el conflicto y se puso en contacto con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, pero no se tuvo un debido proceso.

Además, la minera explica que el proceso de arbitraje no afectará en sus operaciones y que los montos están siendo pagados bajo protesto.
https://rpp.pe/economia/economia/esta-es-la-nueva-demanda-que-enfrentara-peru-ante-tribunal-internacional-noticia-1249059

Luis Espejo y José De Echave
COOPERACCION       02/03/2020
Imagen: El comercio

En los últimos años, las devoluciones de tributos internos se han incrementado de manera sostenida y el año pasado han batido un nuevo récord: S/. 17,131 millones. En los últimos 5 años, las devoluciones se han incrementado casi en un 80%.

Cabe destacar que desde el inicio del período de post súper ciclo de precios, la tendencia de las devoluciones ha ido al alza. En el período 2014-2019, prácticamente se han duplicado, mientras que la presión tributaria disminuía.

En el total de devoluciones, destacan nítidamente las del sector minero (27% del total): entre el 2015 y 2019, las devoluciones a empresas mineras pasaron de 2,385 millones de soles a 6,144 millones de soles el año 2017 y 4,643 millones de soles el año 2019. Esta situación tiene un impacto en la capacidad recaudatoria del Estado peruano.

Le sigue a la minería el sector manufactura (25%) y el de comercio (24%). Cabe destacar que las devoluciones de estos componentes se han incrementado significativamente desde el año 2014. Manufactura registraba devoluciones el año 2014 por un valor de S/ 2,169 millones, mientras que en 2019 ha sido S/ 4,222 millones. Por su parte, el sector comercio registró devoluciones en 2014 por un monto de S/ 1,522 millones de soles, mientras que en 2019 alcanzaron los S/ 4,180 millones.

En el Perú destacan las siguientes devoluciones por orden de importancia: devoluciones por exportación (el año pasado representaron el 68% del total); pagos en exceso o indebidos; recuperación anticipada del IGV; devoluciones de oficio; régimen de percepciones y retenciones del IGV y otros.

Los siguientes gráficos muestran la evolución de las devoluciones por exportación y las del régimen de recuperación anticipada por IGV. Si bien las devoluciones por exportaciones son las más relevantes y se mantienen por encima de los 10 mil millones de soles desde el año 2017, todo indica que el récord alcanzado el año pasado se debe, sobre todo, al importante incremento de las devoluciones por el régimen de recuperación anticipada por el IGV.

¿Cómo se explica este fuerte incremento? Esta variable estaría relacionada con las inversiones pre operativas de grandes proyectos (mineros u otros) y algunos cambios normativos: en primer lugar debemos recordar que mediante Decreto Legislativo N.° 973 (marzo de 2007), se pasó a un régimen que incluía devoluciones para todas las inversiones en actividades económicas que generen renta de tercera categoría. Es así que a partir de 2007, se comenzaron a devolver montos por encima de los 500 millones de soles. Sin embargo, en septiembre de 2018 -mediante el Decreto Legislativo N.° 1423-se simplificaron las formas para que una empresa se acoja a este régimen especial de devoluciones[1]. Además, se incluyeron nuevas formas para implementar las devoluciones, como abonos a cuentas corrientes o de ahorro[2]. Estas modificaciones habrían permitido que las devoluciones por el régimen de recuperación anticipada el año 2019 se incrementen de manera significativa.

[1] El DL N.° 1493 reemplaza todos los artículos, donde se hace mención al Contrato de Inversión con el Estado, (anterior requisito), reemplazándolo por una solicitud con carácter de declaración jurada.

[2] El DL N.° 1493 modifica el artículo 10.1, que incluye las notas de créditos negociables, agregando cheques no negociables o abonos en cuenta corriente o de ahorro.

El Estado prorrogó la permanencia del Ejército hasta el 31 de marzo
El Estado prorrogó la permanencia del Ejército en el puerto de Matarani hasta el 31 de marzo. Según la Policía, aún continúan las convocatorias para realizar protestas contra Tía María, proyecto minero de Southern.
La República
28/02/2020
Las Fuerzas Armadas continuarán un mes más resguardando la seguridad en el terminal portuario de Matarani, provincia de Islay en Arequipa. El último jueves, el Estado prorrogó la permanencia del Ejército hasta el 31 de marzo.

La medida fue publicada en el diario oficial El Peruano a través de la Resolución Suprema N° 019-2020-IN. Según lo detallado en la resolución, la IX Región Policial informó que los opositores al proyecto minero Tía María aún continúan las coordinaciones y convocatorias para continuar las protestas.

PUEDES VER: Siete proyectos dinamizarán la minería en el 2020
Se teme nuevamente el bloqueo de vías que paralice el transporte público y de carga pesada, así como el bloqueo y afectación a las instalaciones del puerto de Matarani donde llegan cargas provenientes de otras regiones o países.

El pasado 4 de agosto del 2019, el Estado autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en la provincia de Islay a consecuencias de los enfrentamientos que se desataron en rechazo a Tía María, proyecto cuprífero que la empresa Southern -desde hace años- intenta sacar adelante.

En seis ocasiones el Gobierno aprobó la permanencia del Ejército en el lugar. El último aplazamiento era del 1 de febrero al 1 de marzo, pero ahora los agentes permanecerán un mes más.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/28/arequipa-fuerzas-armadas-continuaran-en-islay-durante-marzo-por-conflicto-de-tia-maria-mineria-southern-lrsd/

Foto: Luisenrrique Becerra
Mirtha Vásquez, abogada, Congresista electa

Hace un par de días el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó el «Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018″ que reveló cuáles son los distritos más pobres en el Perú. Aunque el estudio sólo mide la pobreza monetaria, es decir cuántos ingresos en dinero tiene mensualmente cada familia, y además se trata de un estudio del 2018, es decir no tan reciente; la noticia levantó revuelo entre un sector de la prensa nacional y “opinólogos” de derecha, que resaltan un aspecto que, siendo cierto, exige una lectura adecuada e integral: de los 22 distritos más pobres del país, 16 se ubican en Cajamarca y de estos, 10 están en la zona de influencia del proyecto minero Conga.

Entonces vienen análisis y aseveraciones ligeras, intuitivas, sesgadas y hasta tendenciosas. ¿Por qué Cajamarca sigue ocupando el primer lugar de pobreza en el país teniendo los más grandes proyectos mineros de explotación de oro que abonan millonarias ganancias? Porque los alcaldes y gobernadores se robaron la plata. ¿Por qué son pobres los distritos de la zona de influencia de Conga? Pues porque no aceptaron el proyecto. Y siguen las preguntas airadas hasta que se atreven a dar la receta para salir de esta situación: más inversión minera, reactivación del proyecto Conga y otros, ya que sólo estos salvarán a Cajamarca; e inclusive algunos se atreven a señalar que los recursos provenientes de la minería deben pasar a ser manejados por las propias empresas, vía fondos de fideicomisos, y no ser transferidos a los gobiernos locales y regionales.

Frente a estas afirmaciones, cabe señalar que el estudio cubre el período 2013-2018, y de acuerdo a lo indicado por la propia Ministra en relación a los datos difundidos por el INEI, a pesar de que la mayor cantidad de distritos pobres siguen en Cajamarca, esta región es la segunda con el mayor número de distritos con reducción de la pobreza. Se agrega además que » es la región que menos anemia tiene en el Perú, incluso menos que Lima”. Dicho de otra manera, y aunque no sea un consuelo, estábamos peor en la época del gran boom minero. Es decir, se logró empezar a reducir la pobreza y mejorar los índices de salud, cuando la población frenó el avance irresponsable de la actividad extractiva.

Otro dato que no se resalta es que el distrito de La Encañada donde se aceptó la minería y ha sido el centro de la explotación minera desde que Yanacocha se instaló, está ubicado en el puesto 12 del ranking. ¿Cómo se explica entonces que en los lugares donde hay minería y reciben los recursos más altos de canon persista la pobreza? Si bien no podemos descartar la mala gestión, e inclusive la posibilidad de corrupción, no se puede afirmar a raja tabla que todos los alcaldes y gobernadores regionales han sido ladrones y se han quedado con las millonarias sumas de dinero provenientes del canon y las regalías.

Y hablando de canon y regalías y los ingresos millonarios que se presumen por estos conceptos, no está de más recordar que durante los años del boom minero y el aumento impresionante del precio de los minerales, el país no fue beneficiado como sí lo fueron las empresas mineras. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: porque desde los años 90 el sector minero ha sido protegido por un paquete de contratos y beneficios tributarios que se mantuvieron invariables y subsisten hasta hoy. En efecto, las mineras son beneficiarias de convenios de estabilidad jurídica y contratos de estabilidad tributaria que son su mejor arma para evitar el pago de nuevos impuestos, como las regalías fijadas el 2004.

Estos beneficios se aprobaron entre 1991 y 1992, congelando las condiciones fiscales hasta por 15 años. SI bien la mayoría de convenios vencieron hacia el 2007 (gobierno de Alan García) fueron renovados por los distintos gobiernos, de tal forma que empresas como Yanacocha siguen beneficiándose de los mismos en varios de sus proyectos. Por ello – atención amigos opinólogos- no es verdad que Cajamarca reciba sumas millonarias por canon y regalías, ya que varias empresas están exoneradas por sus convenios de estabilidad de pagar el último concepto.

Y en el caso del canon, tampoco se puede hablar de sumas millonarias. En realidad las empresas cuentan con diversos mecanismos para reducir el pago de los impuestos.

El primero, que viene desde 1993, permite a las mineras reinvertir hasta el 80% de sus utilidades en nuevos proyectos a cambio de exonerarles el mismo monto del impuesto a la renta. Osea, lo que ganan lo declaran invertido en otra mina y listo, se reduce el pago del canon. Según un estudio de la ONG Cooperacción, entre el 2001 y el 2011 se utilizó ocho veces más el beneficio de reinversión que cuando estaba vigente. En total se canjearon US$ 2.982 millones de utilidades, lo que significó una pérdida de US$ 447 millones por canon minero. Los principales perjudicados fueron las poblaciones asentadas en las zonas de explotación que son quienes reciben estos recursos. La empresa Yanacocha es una de las que ha venido usando más este beneficio en nombre de sus convenios de estabilidad. Y tal vez por eso la pobreza golpeaba más a Cajamarca en la época de la gran bonanza minera.

Por otro lado, el sector minero mantiene dos excepciones tributarias: se les devuelve el IGV que pagan por las actividades y compras que realizan durante la fase de exploración minera y se les reduce el 20% del valor anual de sus maquinarias (depreciación acelerada), lo que también aminora el monto sobre el que se deducirán sus impuestos. Por ambos “incentivos” el fisco dejó de recaudar S/ 609.555 millones en la última década. Dicho sea de paso, el presidente Vizcarra acaba de extender por tres años más este beneficio, vía Decreto de Urgencia, la reducción del Impuesto a la Renta (IR) por obras de infraestructura, es otra de las gracias que mantiene el sector minero.

De acuerdo a un informe de Ojo Público[1] el monto que el fisco dejó de recaudar por estos cuatro beneficios equivale a todo el presupuesto del Seguro Integral de Salud (SIS) para los 500.000 beneficiarios del país en 10 años. Como resultado de esta situación, el aporte de la minería a la recaudación peruana es ahora sólo del 3%, el más bajo desde hace 12 años, y en ningún momento, incluida la época del boom minero, los beneficios y convenios tributarios han sido cuestionados.

En conclusión, los ingresos millonarios de la minería son una aseveración mítica por los beneficios que gozan las empresas. Y ello se suma a los mecanismos de distribución del canon, que dependen de la ley, existiendo una serie de restricciones para la buena gestión e inversión de los recursos en aras del desarrollo regional.

Por el momento un dato objetivo del estudio del INEI que no puede pasar desapercibido es que el 87% de la población de los distritos con mayor pobreza tienen como principal actividad la agricultura ¿No deberíamos entonces enfilar los esfuerzos en potenciar esta actividad sostenible?

La solución no es más minería ni que las empresas manejen los fondos. Ir en ese sentido es terrible para la gobernabilidad, porque los propios datos arrojan que incluso en el periodo de mayor explotación y mayor cotización de los minerales, los territorios de explotación no solo se empobrecieron más, sino se perdieron zonas importantes de producción agropecuaria, sufrieron contaminación y la población fue afectada en su salud.

Por ello Cajamarca sigue siendo pobre, porque siendo la región que más ha aportado con minerales, nunca recaudó lo que debería y se siguen destruyendo grandes zonas de producción sostenible. Cajamarca sigue siendo pobre porque tiene la mayor cantidad de pasivos ambientales y gran parte de la población contaminada con metales pesados en Hualgayoc o Choropamapa, sigue sin atención. La economía no es el fin, es el medio para dignificar a las personas y si el modelo económico afecta la dignidad e integridad, no debe profundizarse sino revisarse.

Ahora mismo necesitamos diversificar la economía, revisar el modelo extractivista que ha llegado a su límite. También debemos volver a recaudar como país lo que realmente nos corresponde. Las empresas no deben tener más privilegios, las empresas deben pagar lo que le deben a este Estado. Y esta deuda no se reduce a las obligaciones tributarias sino debe incluir pagar por los graves efectos causados en el medio ambiente y sobre todo en la salud y la vida de las personas.

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[1] https://ojo-publico.com/331/las-intocables-exoneraciones-del-club-minero