A mediados de la década del 90, el Perú firmó y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada de las poblaciones indígenas y tribales. El 23 de agosto de 2011, el Congreso peruano aprobó por unanimidad la Ley de Consulta Previa: la norma fue aprobada por 113 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones.
Durante el debate y como pocas veces ha ocurrido en el país, hubo consenso absoluto entre todas las fuerzas políticas sobre la importancia y la necesidad de aprobar la ley. Además, luego de la aprobación y la promulgación de la ley por el presidente Humala en la localidad de Bagua, el Perú fue reconocido por las Naciones Unidas como un país líder en la protección de los derechos de los pueblos originarios.