Mientras tanto en Cajamarca denuncian que representantes de la Fiscalía de Celendín han llegado al predio en afán de hostigamiento.

La sentencia que ordena a Máxima Acuña y a su familia salir de un terreno que desde hace veinte años ocupan, para que la empresa minera Yanacocha opere en la zona sigue siendo motivo de mayoritario rechazo. La Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC- P) convocó a un plantón pacífico para hoy a las 5 de la tarde en el frontis del Palacio de Justicia. 

Mientras que esta convocatoria se viene dando en Lima, en estos momentos la familia Chaupe recibe la visita de los representantes de la Fiscalía de Celendín que han llegado hasta el terreno conocido como Tragadero Grande, en Cajamarca.

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Si bien algunos ministros y el propio presidente Humala ya lo habían anunciado en las semanas previas, el día de ayer se oficializó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero de Tía María, que se ubica en la provincia de Islay, en la región de Arequipa.

El proyecto, a cargo de la empresa Southern Perú, representa una inversión de US$ 1,300.00 millones y se explotará principalmente cobre en los yacimientos a cielo abierto de La Tapada y Tía María, tratándose aproximadamente 100 mil toneladas métricas diarias para producir en un inicio 120 mil toneladas métricas de cátodos de cobre por año. Se calcula que Tía María iniciará la fase productiva en año 2017.

Como se sabe, el proyecto ha sido cuestionado desde un inicio por la población de Islay, sobre todo la de Cocachacra, distrito que está en el área de influencia directa. Además, como se recuerda, la última audiencia pública de presentación del EIA, realizada el 19 de diciembre del año pasado, fue sumamente accidentada por los reclamos de participación de la población, y las autoridades tuvieron que movilizar más de dos mil policías. En la audiencia quedó demostrado que el proyecto Tía María seguía siendo cuestionado y que no tenía ni por asomo licencia social para operar. 

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PODER JUDICIAL ADMITE DEMANDA DE ACCIÓN POPULAR CONTRA D.S. 054-2013-PCM Y D.S. 060-2013-PCM POR PONER EN RIESGO EL PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO, AFECTAR EL DERECHO AL TERRITORIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE Y SOSTENIBLE

La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima admitió a trámite la demanda de acción popular que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Red Muqui interpusieron impugnando la constitucionalidad y legalidad de los D.S. 054-20013-PCM y D.S. 060-2013-PCM por ser normas que atentan    contra la protección del patrimonio cultural arqueológico de la Nación y contra el derecho al territorio y el derecho de propiedad de los pueblos indígenas en nuestro país. 

Como se recordará, en mayo de 2013, con el argumento de promover la inversión privada en obras públicas de infraestructura y de servicios públicos el Poder Ejecutivo expidió los decretos antes mencionados modificando los procedimientos administrativos que regulaban dichas inversiones. 

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Nuestro continente Abya Yala, destaca por poseer una de las mayores fuentes de biodiversidad, siendo en consecuencia también uno de los más vulnerables a los impactos del Cambio Climático. Este fenómeno está afectando a la flora, fauna y a nuestras poblaciones con especial incidencia en las regiones rurales, andinas, de costa y selva, quienes paradógicamente además son los sectores que cuentan con menores recursos para enfrentar los desastres climáticos y sus impactos en sus propias vidas. Además estas problemáticas generadas a causa del calentamiento global, nos afectan de manera diferente a las mujeres que a los varones, incidiendo especialmente en las mujeres campesinas indígenas que nos dedicamos a la agricultura familiar.

En este contexto, el próximo diciembre el Perú acogerá la 20º Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), en la que 195 naciones tienen el reto de alcanzar consensos vinculantes respecto al Cambio Climático a escala planetaria.

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El 1°Encuentro Internacional de los Guardianes y Guardianas del Agua y en Defensa de la Madre Tierra, se realizará en El Tambo, Bambamarca, Región de Cajamarca los días 4, 5, 6 y 8 de agosto. Guarango Cine y Video se suma con el estreno mundial del documental de “Guardianas y Guardianes de las Lagunas”, película protagonizada por la joven luchadora Nélida Ayay de Porcón y que cuenta las paradojas de la explotación del oro frente a la defensa de la vida.

  Temario:

• La lucha por la defensa del agua y su criminalización: experiencias y testimonios

• El capitalismo, el modelo extractivista y el cambio climático: efectos y consecuencias sobre el agua

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La justicia peruana ordenó a la empresa estadounidense Doe Run el pago de 163 millones de dólares al Estado por incumplir compromisos de inversión para proteger el medio ambiente en la ciudad La Oroya, una de la más contaminadas del mundo.

La Corte Suprema de Justicia falló a favor del Estado peruano en el proceso que interpuso Doe Run para evitar el pago de 163 millones de dólares al ministerio de Energía y Minas por no haber construido una planta de tratamiento destinada a reducir la contaminación, informó el Poder Judicial el sábado.

Indicó que monto la indemnización al Estado se justifica porque la obra no construida hubiera permitido la adecuación a los estándares ambientales exigidos por las leyes peruanas.

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Más de 15 comunidades de la zona alta del distrito de San Miguel, provincia de La Mar, rechazaron la explotación minera en la comunidad de Chaca, donde una empresa minera estaría haciendo cateos en varios lugares como prueba de la existencia de minerales.

En la reunión, realizada el 30 de julio en la comunidad campesina de Chaca, indicaron que se trata de una “empresa” de mineros informales, no descartándose que se trate de minería ilegal.

También asistieron las autoridades de la provincia de La Mar, María Magdalena Quispe Valdivia, Gobernadora Provincial; Nelly Mejía Paredes, Jueza de Paz no letrado; y el regidor Cirilo Coras Canales, en representación de la municipalidad provincial.

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Una menor de 3 años perdió la vida al ingerir cianuro que encontró al interior de una botella de gaseosa, cuando jugaba en los exteriores de su casa, ubicada en el caserío de Chiracmaca, provincia de Huamachuco, zona donde se practica la minería informal.

La menor de iniciales Y. C. R, sin imaginar el peligro, bebió el cianuro; a los pocos minutos convulsionó y cayó al suelo. Su primo de siete años, quien se encontraba con ella, avisó a sus familiares, quienes la trasladaron al hospital Leoncio Prado de Huamachuco, donde la menor llegó con un cuadro de intoxicación grave y  los médicos no pudieron salvarle la vida.

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El 14° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú,  elaborado por las organizaciones no gubernamentales Grufides, CooperAcción y Fedepaz, en esta edición hace un balance de los conflictos por macro regiones: sur, centro y norte. Si bien es cierto, es menor el número de conflictos así como su intensidad, pues los estallidos sociales del 2012 (Conga, Espinar y otros) no se han reproducido; la balanza ha girado hacia el sur andino, siendo además la región que concentra el 53% de inversiones mineras del país.  Apurímac es el departamento que concentra este año el mayor número de conflictos sociales.

El informe hace un análisis del impacto del  recién aprobado Proyecto de Ley  que establece un conjunto de medidas tributarias, la simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Este proyecto de Ley debilita las funciones del Ministerio del Ambiente (MINAM), ejemplo de ello es que  el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) priorizará temas de educación y difusión de la normativa, dejando de lado su función principal que es la de sancionar por tres años.

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