Los empresarios mineros saben que para ganar plata hay que controlar a los cholos. Toda su política de responsabilidad social se trabaja en la perspectiva de cooptar al dirigente, para ello los ofrecimientos de dinero, de trabajo para él y sus familiares y convertirse en empresario que ofrece servicios a la mina constituye parte de sus políticas. Con el tiempo notaron que estas herramientas son insuficientes, para completar esta responsabilidad social basada en corromper, transitaron a manejar servicios de inteligencia que les proporcione información sobre la organización social y la acumulación de descontento, esto les permitía adelantarse con políticas clientelares, de represión con la siempre útil acusación de subversivo. El peso represivo los llevo a instalar comisarias al interior del campamento minero, de firmar acuerdos con la policía a cambio se suculentos beneficios pecuniarios y carta blanca para las empresas de seguridad. Sin embargo tener policías a disposición no infundía miedo ni atenuaba las protestas, para ello se requiere una propuesta más sofisticada. Que responsa a la organización social con organización social minera, que los discursos de reclamo sean enfrentados por “el dialogo” y la alternativa social con la “única” alternativa: la minería.
La Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque dispuso: “…CONFIRMAR la Disposición Fiscal No. 3 de fecha 31 de marzo de 2014 expedida por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, que dispuso la no procedencia de la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra … Marco Arana Zegarra … por delito contra el Patrimonio en la modalidad de Daños, y contra la Administración Pública en su figura de Usurpación de Funciones, en agravio de Minera Yanacocha S.R.L. y el Estado …”. Declarando, al mismo tiempo, “… infundada la queja interpuesta por Minera Yanacocha S.R.L.”.
El Ministerio de Energía y Minas acaba de aprobar los Decretos Supremos 039 y 040-2014-EM que contienen los nuevos reglamentos para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos y en la protección y gestión ambiental para las actividades de exploración, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero, respectivamente.
Parte de la selva de 
El nueve de noviembre se aprobó una nueva ley cuyo objeto declarado es «la promoción de la inversión para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, en las zonas de mayor exclusión social». En ella, se opera cambios en el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental; además, se establecen medidas sobre residuos sólidos, simplificación administrativa y promoción de la inversión, simplificación de procedimientos para establecer servidumbre en terrenos eriazos y protección de derechos de vía y de localización del área otorgados para proyectos de inversión y simplificación de procedimientos para la obtención de bienes inmuebles (expropiación) para obras de infraestructura de gran envergadura.
El dirigente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo y opositor al 
El 31 de Octubre de 2014, FEDEPAZ participó a la Audiencia General convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “Situación de Derechos Humanos y Estados de Emergencia en el Perú”. La audiencia tuvo lugar de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. en la Sala Rubén Darío del Edificio GSB de la Organización de Estados Americanos en Washington, USA, en el marco del 153o Período Ordinario de Sesiones de la CIDH.
Hace unos días se presentó el informe de investigación de Oxfam «Geografías de Conflicto: superposiciones de mapas de usos de la tierra para industrias extractivas, en Ghana y en el Perú»; informe elaborado por los geógrafos Anthony Bebbington, Jhon Rogan y Nicholas Cuba de la Facultad de Estudios Superiores de Geografía de la Universidad de Clark, de los Estados Unidos.
La reciente publicación del ranking para hacer negocios, Doing Business, del Banco Mundial muestra que el Perú ha subido al puesto 35 de 189 países evaluados y en América Latina sólo es superado por Colombia. Los indicadores que se evalúan son facilidad de pago de impuestos; agilidad del trámite de los permisos de construcción; licencias de funcionamiento, créditos, cumplimiento de contratos, eficiencia de mecanismos de resolución de insolvencias, entre otros.