El Caso Majaz es uno de los más emblemáticos en la cadena de resistencias que en los últimos diez años, viene tejiéndose en el Perú a raíz de las políticas económicas neoliberales aplicadas por los gobiernos que promueven inversión y crecimiento económico a costa del empobrecimiento de la calidad de vida, la vulneración de derechos fundamentales, la ruptura de vínculos comunitarios y la acumulación de desconfianza en quienes gobiernan, entran, saquean y contaminan sus territorios sin consulta ni licencia, territorios que habitan desde épocas originarias en este país.

La Criminalización de la protesta social y el caso Majaz es una publicación que sistematiza la experiencia de litigio estratégico que Fedepaz, institución que integra el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – OCM, llevó a cabo frente al proyecto minero Río Blanco, conocido como el caso Majaz. Proceso que tuvo el apoyo de Oxfam y que puede considerarse exitoso en cuestión de defensa de derechos fundamentales de las comunidades campesinas de las provincias de Huancabamba y Ayabaca de la región de Piura, al norte del Perú.

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Dentro de la cartera de proyectos mineros en el Perú hay ocho empresas chinas que invierten en operaciones, construcción y exploración por un total de US$ 22,659 millones.

El desplome de las acciones chinas registrado al inicio de la semana hizo que se afecten los mercados bursátiles de todo el mundo. Una de las razones para este hecho es la preocupación por el menor crecimiento de la economía del gigante asiático.

Pero este menor crecimiento chino, no afectaría a las inversiones que tienen las empresas de este país en otras naciones, entre ellas el Perú. “La inversión es de largo plazo y no debería de afectarse”, comentó el experto en economía asiática, Carlos Aquino.

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Los militares no se van. La medida fue rechazada por los dirigentes de la provincia arequipeña. Los militares, hasta el momento, han permanecido dos meses en dicha zona.

A través de la resolución suprema 158-2015 del Ministerio del Interior, el Gobierno prorrogó por 30 días más la presencia de las Fuerzas Armadas en la provincia arequipeña de Islay. El objetivo de esta medida- según el Ejecutivo- es mantener el orden en el Valle de Tambo cuya población se opone, en su mayoría, al proyecto minero Tía María.

El documento legal indica que las Fuerzas Armadas actuarán en apoyo de la Policía Nacional ante posibles actos de violencia, ta como se reportaron hace dos meses y que dejaron el lamentable saldo de cuatro fallecidos y decenas de heridos. Sobre las protestas ciudadanas, hay que mencionar que si bien en muchas de ellas hubo actos de violencia, no se puede pasar por alto el accionar de los agentes policiales que incluso llegaron a utilizar sus armas de fuego.

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Un equipo del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú visitó el pasado 20 de agosto el Valle del Tambo en la provincia de Islay. El motivo de la visita era realizar una suerte de constatación de la situación actual y recoger opiniones de sus pobladores, luego de la etapa de estallido social y movilización de rechazo al proyecto Tía María.

La visita coincidió con el anuncio que prorrogaba la presencia de las Fuerzas Armadas hasta el 20 de septiembre. Según la resolución publicada en “El Peruano”, la medida responde a un pedido expreso de la Policía Nacional, “con el fin de  asegurar el control y mantenimiento del orden interno y evitar actos de violencia o cualquier ilícito que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones y cualquier otro tipo de acto vandálico”.

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Investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), con sede en Montevideo, Uruguay, considera que se ha aumentado la dependencia de los extractivismos en los países.

Hace unas semanas los trabajadores de la minera Doe Run, en Junín, La Oroya, decidieron protestar porque la empresa no pasó la licitación para seguir operando en la zona. Las razones: no cumplía con el requisito de respetar los estándares ambientales que involucraban el aire de la zona.

Con esto, quedó descartada la presentación de ofertas económicas por el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la mina Cobriza. La ausencia de postores estuvo motivada por la rigidez de la legislación ambiental en el país materializada en el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) que recientemente aprobó el Estado.

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Los dirigentes del valle de Tambo acordaron hacer una marcha de protesta contra el proyecto Tía María el miércoles 23 de setiembre, en plena Convención Minera (Perumin). Buscarán acercarse al área de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), donde se efectuará el encuentro internacional.

La protesta está dentro de las actividades de la Cumbre de los Pueblos, que se llevará a cabo del 23 al 25 de setiembre, una especie de Convención Antiminera paralela a Perumin.

Según fuentes de Inteligencia de la Policía Nacional, dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Arequipa y de la Juventud Socialista, son los encargados de organizar las movilizaciones contra Tía María.

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El derrame de treinta toneladas de concentrado de cobre perteneciente a la empresa Hudbay cerca de un colegio de la comunidad de Pausiri, en la provincia cusqueña de Espinar, producido el 12 de mayo pasado, ha generado preocupación en el Instituto de Defensa Legal, luego de conocer que los escolares tomaron contacto directo con este material y muchos de ellos lo llevaron en bolsas a sus casas, tal como sucedió hace quince años en Choropampa, Cajamarca.

Autoridades del municipio de Espinar constataron el hecho nueve días después del suceso. Encontraron áreas extensas con capas de concentrado del mineral perteneciente a la empresa Hudbay.

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LOS ESFUERZOS DE LA COMUNIDAD NATIVA AWAJÚN DE SUPAYAKU EN MEDIO DE SU CONFLICTO LATENTE CON NARANJOS (CAJAMARCA)
21 de agosto de 2015

Un promedio de cuarenta comuneros y comuneras de todos los anexos de la comunidad de Supayaku participan del proyecto de reforzamiento de capacidades públicas y comunitarias, a través de la Escuela de Líderes “Waismag Aidaun Ayamtaiji” que viene ejecutando Fedepaz.

Los contenidos versan sobre derechos de los pueblos indígenas pero en esta ocasión, el módulo abordó la situación de conflictividad social que vive Perú, nuestra concepción del conflicto que en el caso awajún puede equivaler incluso a ‘guerra’ o enfrentamientos directos. A partir de ahí revisamos clasificaciones, dinámicas y dimensiones en que se suscitan los conflictos, en especial los que afectan a los pueblos indígenas.

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Observatorio de Conflictos Mineros del PERU
19 de agosto de 2015
Como lo señala un comunicado de prensa recibido, el 20 de agosto de 2015 se inicia el juicio oral en contra de Óscar Mollohuanca (ex alcalde de Espinar) y Herbet Huamán y Sergio Huamaní (dirigentes del Frente Único de los Intereses de Espinar – FUDIE), en el proceso penal seguido por los supuestos delitos de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de servicios públicos y disturbios. Como se sabe, el Poder Judicial cambió la competencia territorial del juicio, derivándolo a la ciudad de Ica, cuándo correspondía que se realice en el Cusco.

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Lima, 17 de agosto de 2015
Ante la exigencia nacional e internacional de diversos organismos de
defensa y promoción de los derechos humanos
EL ESTADO PERUANO DA UN PASO IMPORTANTE PARA
GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, CON
LA APROBACION DEL DECRETO NO. 1186 QUE REGULA EL USO
DE LA FUERZA EN LA FUNCION POLICIAL
La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ expresa su
satisfacción por la aprobación del Decreto Legislativo No. 1186, que regula el
uso de la fuerza por parte de la policía en el ejercicio de su función prevista en
nuestra Constitución.

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